Semillas de código abierto: Nuevo artículo & Abierta Convocatoria de Comisariados Artísticos

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18/11/2022 – Raquel Ajates (UNED)

La agricultura ha entrado en la 4ª Revolución Industrial

A lo largo de la historia, la agricultura ha sido el sector que siempre ha encabezado la automatización de la mano de obra en busca de eficiencia y del control de factores naturales del cultivo (incluidos los humanos) y las condiciones de transformación de alimentos con el objetivo de reducir costes y tiempo, y maximizar la homogeneidad de las cosechas y productos resultantes. Amplificando los avances técnicos de la Tercera Revolución Industrial – que utilizaban la electrónica y la tecnología de la información para automatizar la producción – la revolución digital de la Cuarta Revolución Industrial en la que nos encontramos, emplea una gran variedad de tecnologías que van desde la secuenciación genética, a la nanotecnología y la computación cuántica. La fusión de estas tecnologías está desdibujando los límites entre los dominios físicos, digitales y biológicos. La narrativa es la de un conjunto de tecnologías disruptivas interdependientes entre sí y transversales que emplean la robótica, la bioingeniería industrial, la inteligencia artificial y los grandes datos.

Nuevas tecnologías agrícolas, como drones y tractores en red con sensores incorporados, están cada vez más diseñados para recoger datos sobre un número cada vez mayor de métricas. Dichas innovaciones pueden llevar a cabo muchas labores, desde la siembra hasta la pulverización de los cultivos, pasando por el monitoreo y la cosecha, sin intervención humana. Estas tecnologías en red plantean cuestiones sobre la propiedad, comercialización y la seguridad de los datos. Este rápido crecimiento de big data está generando nuevos cerramientos digitales y exclusiones, y con ellos, acalorados debates sobre su gobernanza que han alcanzado también a los sistemas de semillas, planteando la preocupación por el surgimiento de un nuevo feudalismo tecno-digital.

¿Debería una línea de código de secuenciación genética de una semilla estar regulada por las mismas normativas que una semilla física?

La FAO estima que entre el 75 y el 90 por ciento de las variedades de cultivos de hortalizas y frutales se han perdido en el último siglo. Esta pérdida de biodiversidad cultivada incrementa la vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático. Además, el aumento del cultivo bajo cubierta, la acuaponía, los frutos sin semillas y la esterilidad masculina citoplasmática inducida, junto con el uso de insumos externos, como fertilizantes y pesticidas, están reduciendo la capacidad natural de las semillas para brotar, adaptarse y luchar contra las plagas y las enfermedades.

Desde el comienzo de la Revolución Verde, las semillas se consideraron un vehículo importante de difusión de la tecnología, tanto la incorporada en la propia semilla (por ejemplo, tallos más cortos y resistentes en el arroz y el trigo), como la tecnología de insumos que se vende con las variedades mejoradas (fertilizantes y pesticidas industriales). Hoy en día, los grandes datos han surgido como un nuevo producto en sí mismo, y los sistemas alimentarios y de semillas no han escapado esta tendencia. La reducción del coste de las tecnologías de secuenciación genética está permitiendo avances tecnológicos que permiten la reproducción del ADN de las semillas en formato virtual, generando la denominada información digital de secuencias o Digital Sequence Information (DSI) en inglés, dando lugar a la creación de grandes datos sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

Este avance técnico ha desencadenado una controversia en torno al marco de gobernanza que debería regular el acceso internacional a DSI, y las normas referentes al reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización, tal y como establece el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Desde 2017 se está manteniendo un acalorado debate político internacional sobre si el significado del término «recurso genético» en el marco jurídico actual de pagos y beneficios incluye DSI o sólo recursos fitogenéticos físicos. La variedad de aplicaciones que DSI ofrece, tanto comerciales como de investigación y conservación, complica los términos de un debate que intenta confluir las necesidades y objetivos divergentes de las diferentes partes representadas. La falta de definición y el actual vacío legal sobre DSI agrava la desmaterialización y la fragmentación de las semillas y otros recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, facilitando su control bajo cerramientos legales, tecnológicos, sociales y logísticos.

¿Debe una línea de código de secuenciación genética de una semilla estar regulada por las mismas normativas que una semilla física? En un nuevo artículo analizo las diferentes vertientes del debate sobre DSI, que implica una amplia variedad de argumentos entrelazados que van desde los conceptos de biopiratería digital y ciencia abierta, hasta la concepción de DSI como algo generado por humanos (a pesar de que no existiría sin la semilla física).  Presento evidencia de como los modelos de desarrollo de DSI y su falta de gobernanza se pueden identificar como parte de un conjunto más amplio de estrategias industriales de apropiacionismo y sustitucionismo en un sistema alimentario cada vez más digitalizado.

Encontrar una solución a esta controversia es urgente, ya que se espera un descenso continuado del coste de técnicas de secuenciación genómica, lo que conllevará una mayor disponibilidad de DSI de alta calidad, y a través de la biología sintética, de su síntesis. Aunque DSI procede de materiales vegetales físicos, y puede volver a sintetizarse en forma física de nuevo, ahora puede tener valor sin necesidad de recuperar su materialidad. Gracias a DSI, la información genética puede replicarse y experimentarse sin movimiento o acceso a las semillas físicas. Los grandes datos, en lugar de las semillas, se convierten en el cultivo a comercializar. La DSI está surgiendo como una coyuntura crítica para los movimientos de semillas, revelando cómo la construcción de la soberanía alimentaria y de las semillas es también un reto digital y tecnológico.

El concepto y movimiento social de Semillas de Código Abierto: un modelo de gobernanza en la interfaz de las esferas físicas y digitales

Basándose en los movimientos de bienes comunes digitales y de software de código abierto, que a su vez se construye a partir del concepto de bienes comunes y el movimiento cooperativo que se originó en la alimentación durante los últimos dos siglos, el concepto de semillas de código abierto ha ido desplegándose a lo largo de la última década, dando visibilidad a las luchas por las semillas en los ámbitos jurídicos y epistémicos.

Hasta ahora, las iniciativas de semillas de código abierto se han centrado en semillas físicas. Sin embargo, con la digitalización del material de semillas abriendo nuevos y urgentes retos para la soberanía de semillas, el artículo analiza el concepto y el movimiento social de semillas de código abierto como mecanismo de gobernanza en la interfaz de las esferas físicas y digitales.

El artículo completo y la bibliografía relacionada pueden consultarse en este enlace.

Convocatoria para tres Comisariados Artísticos sobre semillas

Se ha lanzado la convocatoria para tres comisariados artísticos [bases actualizadas] en el marco del proyecto de investigación Daniel Carasso Fellowship “El reto de la digitalización de semillas: sostenibilidad, big data y el movimiento social por sistemas de semillas de código abierto”. La convocatoria está financiada por la Fundación Daniel y Nina Carasso,  UNED50, y el Museu de la Vida Rural, en colaboración con Planea. La convocatoria, titulada “Brotando entre ciencia y arte: Las semillas como resilientes pilares  de la  alimentación sana y sostenible” invita propuestas para tres comisariados que comuniquen el rol clave de las semillas en mantener los derechos de las personas productoras, la sostenibilidad del sistema alimentario, y la diversidad cultivada en los campos y en los platos. Los tres comisariados son:

Comisariado 1: Encargo de banco de semillas portable

Comisariado 2: Semillas físicas

Comisariado 3: Semillas digitales

Los detalles para cada categoría pueden consultarse en las bases para la convocatoria. Como parte de cada comisariado, l@s artistas recibirán apoyo económico, de redes, una residencia en el Museu de la Vida Rural y dos exposiciones, una en las Escuelas Pías de la UNED (Madrid) y otra en el Museu de la Vida Rural (Tarragona). La convocatoria está abierta hasta las 23:59hrs (hora peninsular) del 15 de enero de 2023.

Imagen de portada: Fotografía por Alexander Klepnev CC BY 4.0

Hacia la gobernanza participativa. Un análisis de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de El Cabanyal-Canyamelar en Valencia

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19/10/2022 – Álvaro Mazorra (UNED) y Juan José Villalón (UNED)

La noción de gobernanza está hoy en medio del debate académico y político que gira alrededor de la pregunta acerca de cómo se debe gobernar. Hasta hace poco tiempo, la participación de la sociedad civil en las políticas urbanas no era mucho más que una utopía que autores como Henri Lefebvre (1968) reivindicaban al hablar del “derecho a la ciudad”. Sin embargo, durante los últimos años se ha extendido en los países de la OCDE la convicción de que la gestión del espacio urbano no debe depender exclusivamente de urbanistas e instituciones, sino que la sociedad civil debe ser también actor un fundamental en las políticas públicas urbanas de la ciudad contemporánea.

En este marco, el proceso participativo objeto de esta aportación es el que ha tenido lugar en el barrio valenciano de El Cabanyal – Canyamelar. Su estudio tras cuatro años desde su implementación resulta relevante para comprender algunas de las lagunas que todavía quedan en cómo construimos y pensamos la participación de la sociedad en el gobierno. Fundamentalmente, lo que dicho estudio nos desvela es que, a pesar del deseo manifiesto de incluir a todos en los procesos de construcción del espacio urbano, la participación no queda al alcance de todos. Las desigualdades crean barreras que resultan a menudo infranqueables. La gobernanza participativa se produce en un espacio de diálogo. Pero, en realidad es un espacio de conflicto por la narrativa del lugar, del proceso y por los recursos escasos. Gana el que hace prevalecer su discurso y suele implicar la expulsión de los demás.

El entorno ha sido tradicionalmente un barrio marítimo con un fuerte carácter identitario, con tradiciones propias y caracterizado por su vitalidad cívica y por la variedad social y demográfica de sus habitantes (Azorín et al., 2016). Sin embargo, gran parte del barrio experimentó desde los años sesenta un largo período de abandono y deterioro que se tradujo en una fuerte estigmatización durante los años noventa y la primera década del siglo XXI.

En ese período, el barrio perdió población, muchas viviendas y espacios se degradaron, y se produjo la entrada de poblaciones precarizadas que se concentraron en zonas específicas del barrio (Mompó, 2019). En este contexto, el ayuntamiento municipal aprobó en 1998 el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (en adelante, PEPRI-Cabanyal-Canyamelar). El desarrollo de este proyecto urbanístico conllevaba dividir y destruir la trama urbana y el tejido social del barrio. Contemplaba la demolición de 1.651 viviendas para terminar de construir una gran avenida hacia el mar en un espacio que, paradójicamente, había sido declarado Bien de Interés Cultural en 1993 por su singularidad arquitectónica y patrimonial, una solución que ya se había planteado varias veces a lo largo del siglo XX.

El nuevo plan dio lugar a un largo periodo de lucha vecinal por la preservación del patrimonio que culminó simbólicamente en el año 2015, momento en el que el nuevo ayuntamiento municipal derogó el PEPRI y con él la ampliación de la avenida. El nuevo consistorio puso entonces en marcha un nuevo modelo de gobernanza que aspiraba a ser más democrático, transparente y participativo al albur de las nuevas ayudas de la Unión Europea que así lo exigían. En este contexto, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (en adelante, EDUSI) de El Cabanyal – Canyamelar – Cap de Franca (2016-2023) apareció como un nuevo programa de desarrollo urbanístico bajo los auspicios de la Comisión Europea. Con él, el ayuntamiento pretendía iniciar un proceso de regeneración urbana que contase con la participación de todos los grupos sociales del vecindario.

  1. Una breve descripción del contexto social y urbano actual de la ciudad de Valencia

La ciudad de Valencia está situada en el este de España, en la costa mediterránea. Su población supera actualmente los 800.000 habitantes. Es el núcleo central de un área metropolitana (L’ Horta) que actualmente es el hábitat de algo más de un millón y medio de habitantes (INE, 2021a). También es la capital de la Comunidad Valenciana, región formada por las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

La economía de la región urbana de Valencia está muy diversificada. Es una economía de servicios ―el 83% del empleo está en el sector servicios―, orientada a: 1) desarrollo logístico internacional, aprovechando el puerto y la conexión por carretera con toda Europa; 2) desarrollo del turismo internacional como centro cultural y de ocio; 3) centro universitario europeo; 4) centro político-administrativo de la Comunitat Valenciana. A éste hay que sumar un importante sector industrial que, tras la crisis económica de 2008, volvió a sus niveles anteriores (10,3% del empleo) en 2019 (INE, 2021b).

El municipio está dividido en 19 distritos político-administrativos, de muy diferentes tamaños de población. El centro geográfico se corresponde con el distrito de Ciutat Vella, centro histórico de la ciudad y que constituye el entorno originario en el que surgió la ciudad de Valencia. Entre la ciudad y el mar se encuentra la zona del paseo marítimo. Este territorio se compone de un solo distrito: Poblats Marítims, espacio en que se localiza el icónico barrio de El Cabanyal – Canyamelar.

En la actualidad, las diferencias internas entre unas zonas y otras de la ciudad son relativamente altas en algunas dimensiones importantes como el empleo, la educación y los ingresos. En este contexto, el centro histórico y las zonas circundantes a éste―distritos de L´ Eixample, Extramurs y El Pla del Real― suponen los principales centros residenciales de los grupos de población de mayor capital económico y cultural de la ciudad y los distritos periféricos concentran las posiciones sociales más precarias. Ello refleja el afianzamiento de un modelo de segregación centro – periferia que está asociado a la gentrificación del área central y la suburbanización de la pobreza y los grupos populares.

  1. Mirando hacia el mar. Gobernanza emprendedora y políticas de globalización en la Valencia cosmopolita

Desde los años 80, el horizonte económico y urbano de la ciudad de Valencia está vinculado a un contexto político y económico delimitado por: el advenimiento de la democracia, el avance de los procesos de globalización y la desindustrialización. En dicha coyuntura histórica, el Ayuntamiento parece haber optado continuamente por potenciar una ciudad globalizada que atrajera capital humano cualificado, turistas, mercancías y fondos de inversión internacionales, apoyándose en las potencialidades del litoral, entre otras cosas, y en el abandono de los espacios y grupos más desfavorecidos.

Los planes de aproximación de la ciudad al mar serán una constante en la agenda de los diferentes ayuntamientos locales de Valencia desde entonces. El Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU) de 1988, desarrollado de una forma participativa, marcaba de una manera estratégica que Valencia debía crecer hacia la costa, y que el frente marítimo debía pasar a ser un eje de desarrollo para el sector terciario recreativo y para el uso residencial de rentas medias. Pese a la filosofía regeneradora que caracterizaba el plan, opuesta al urbanismo expansivo del PGOU de 1966, el nuevo PGOU sentaba las bases de un modelo de gobernanza empresarial y emprendedor que hacía del litoral un espacio estratégico en las políticas de crecimiento económico de la ciudad. Y la reformulación de los planes parciales de reforma de zonas concretas, como los PEPRI, fueron mayormente en esa línea. Lo cual fortaleció la connivencia durante décadas entre las administraciones públicas municipales y autonómicas y el capital privado (Díaz Orueta, 2010).

A partir de 1995, el giro emprendedor de la gobernanza urbana se consolidó con la llegada al poder autonómico del Partido Popular, que conservaba además el control del Ayuntamiento municipal. El modelo urbanístico implementado en Valencia desde entonces hasta el año 2015 se caracterizó por la preeminencia de dos rasgos fundamentales: 1) el impulso al crecimiento residencial, con una expansión inmobiliaria desproporcionada respecto a su crecimiento poblacional; y 2) el desarrollo de operaciones de regeneración y marketing urbano, concretadas en la gestación de grandes proyectos urbanísticos ―con el ejemplo emblemático de la Ciudad de las Artes y las Ciencias― y la organización de megaeventos culturales y deportivos ―Gran Premio de Fórmula 1, Copa América, etc.―.

Se pretendía adaptar la ciudad a las transformaciones producidas por la globalización. Esta dinámica supuso la mejora sustancial de una gran zona central, la conexión con el puerto y el desarrollo de grandes infraestructuras. Varios PEPRI fueron reformulados en esta época para seguir ese sentido de “desarrollo urbano cosmopolita”. El avance de estas propuestas en los inicios del siglo XXI alentó la definitiva incursión de la capital valenciana en el circuito de ciudades globales. Consolidó la imagen de la marca “Valencia” a nivel mundial y promocionó la ciudad como uno de los principales centros turísticos y de inversión del sur del Mediterráneo. En este contexto, se seleccionó el frente marítimo como espacio privilegiado para crear una nueva Valencia de ocio, turismo y glamour, y El Cabanyal se convirtió en una pieza clave en los planes de expansión económica de la ciudad (Cucó, 2014).
A lo largo de este período, la situación de gran parte de los Poblats Marítims había empeorado sustancialmente, Centrados los planes en el puerto, las playas, el río principal y la ciudad central, el abandono social y urbanístico del entorno del litoral históricamente más humilde incentivó la definitiva degradación de algunas partes del distrito que estaban situadas dentro de los barrios de Nazaret, El Cabanyal-Canyamelar y La Malvarrosa. Los problemas sociales asociados al tráfico y consumo de drogas, el desempleo, el abandono y ruina de edificios y el empobrecimiento general de los vecinos y comercios de esas zonas dentro del distrito se mantuvieron y agravaron. Concretamente, en contraste con la situación de Valencia, el barrio de El Cabanyal-Canyamelar constantemente se mantuvo todo el tiempo como un barrio vulnerable” de nivel bajo (Hernández Aja et al., 2018). Parecía albergar una enorme desigualdad económica y social, así como estrategias de vinculación muy diferenciadas entre sus habitantes

El proceso de abandono público de una zona potencialmente estratégica encuentra todo su sentido si se contextualiza en el marco de las etapas de degradación que caracterizan las fases previas de la gentrificación. En los momentos de abandono el valor de cambio del espacio y las viviendas tiende a ser muy bajo. Ello incentiva la llegada y concentración de poblaciones precarizadas ―entre otras, de origen gitano y/o rumano, por ejemplo―. Como señala Neil Smith (1996) en su teoría de la rent gap, a medida que continua la desinversión, la diferencia que separa la renta del suelo en esta zona del que podría obtenerse en caso de que se regenerase aumenta hasta el punto de que la reinversión comienza a ser rentable. En este marco conceptual, el PEPRI de El Cabanyal-Canyamelar ―incluido ya en el PGOU de 1988― se puede comprender que exigía en esencia una transformación estructural de la morfología urbana del barrio, al contemplar la ampliación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar que sólo podía ser rentable si primero se bajaba el valor del suelo. El proyecto implicaba la demolición de más de 700 edificios, los cuales incluían 1.651 de gran valor urbanístico, arquitectónico y patrimonial.

Para García Pilan y Ruiz Torres (2013), la política de abandono fue la principal estrategia del Ayuntamiento para ampliar la avenida Blasco Ibáñez. Con ello se pretendía degradar las condiciones de vida de unas partes específicas del barrio de tal modo que los vecinos se vieran finalmente obligados a abandonarlo. Al respecto, Sorando y Ardura (2016) advierten que la lista de estrategias adoptadas para el abandono del barrio en el caso que nos ocupa incluyó la desatención del servicio de basuras, la falta de mantenimiento del estado de la urbanización de las calles y aceras, la obstrucción a la rehabilitación privada de las viviendas o la desinversión en los precarios equipamientos del barrio, entre otros. En este escenario, el Ayuntamiento llegó a adquirir más de 500 viviendas, muchas de las cuales permanecen tapiadas y/o en estado de ruina a día de hoy o simplemente, fueron totalmente demolidas.

Sin embargo, la población del barrio se organizó para paralizar estos planes. Por ejemplo, la «Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar» solicitó el 23 de diciembre de 1999 al gobierno español medidas para evitar el saqueo patrimonial que supondría el PEPRI de El Cabanyal. Asimismo, se desarrollaron durante años un gran número de iniciativas movilizadoras asociadas a los movimientos urbanos del barrio ―movimientos okupas y vecinales sobre todo― y la ciudad que adquirieron gran visibilidad. Finalmente, el gobierno de España paralizó el PEPRI de la zona de El Cabanyal en 2010, ya que su realización apoyándose en que supondría la destrucción de un gran número de edificios y calles de alto valor patrimonial y artístico.

  1. Cambio de ciclo: una EDUSI para El Cabanyal – Canyamelar

Tras 24 años de gobierno ininterrumpido del PP en la ciudad de Valencia y de veinte años a nivel autonómico, en 2015 se produjo un cambio de ciclo político con la conformación de un acuerdo progresista formado por Compromís, PSPV y València en Comú en el Ayuntamiento de Valencia ―Acord de la Nau― y entre PSPV y Compromís en la Generalitat Valenciana ―Acord del Botànic―. El cambio político implicó un giro en el modelo de gobernanza imperante, que apostaba ahora por ser más participativo, inclusivo y sostenible.

Tras ganar las elecciones municipales, el nuevo consistorio aprobó la propuesta para derogar parcialmente el PEPRI de El Cabanyal. Por ello, la Comunidad Autónoma suspendió parcialmente el proyecto, con el objeto de sustituirlo por una nueva propuesta que actualmente está en proceso de aprobación: el PEC (Plan Especial del Cabanyal). El nuevo Plan pretende el mantenimiento de la subdivisión tradicional, con la posibilidad de cambios muy limitados y bien documentados, así como indicaciones que aludían a la forma tradicional de construcción ya establecida en el lugar desde principios del siglo XX.

La Estrategia DUSI fue la oportunidad para implementar un nuevo método de gobierno más democrático y transparente, ya que esta herramienta obliga a un proceso participativo en la creación de la propuesta a desarrollar. Por lo tanto, el nuevo modelo de gobernanza aspiraba a mantener una conexión fuerte e intensa entre los actores políticos locales y los ciudadanos que marque las relaciones con el resto de los actores del mercado y del resto de los niveles político-administrativos superiores. El proyecto contó con la financiación de los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de la Unión Europea, el Estado y los gobiernos regional y local.

La EDUSI explicaba que el método a través del cual se presentaba este proyecto requería un intenso trabajo con el tejido social de la zona, a través de reuniones con las asociaciones, talleres participativos, encuentros sectoriales, comunicación a través de internet y presentación pública del documento. La idea era beneficiar e implicar a todos los grupos de población del barrio. También requirió un trabajo colaborativo entre los diferentes departamentos técnicos del Ayuntamiento, que habría que seguir durante todo el proceso de implantación de las medidas aprobadas. Por ello, el diseño de la Estrategia fue elaborado por tres grandes actores: la mayoría de los ciudadanos del barrio, un equipo externo de científicos sociales y urbanistas para trabajar en esta Estrategia (VaCavanyal!) y la Administración Pública Local.

Durante cuatro meses, los distintos agentes del espacio social de El Cabanyal trabajaron juntos en la elaboración del documento, siguiendo un estricto cronograma que permitía construirlo de principio a fin. Se contactó con todo tipo de colectivos, culturales, religiosos, vecinales, cívicos, deportivos, representantes de minorías, etc. Asimismo, se previó que después de la elaboración del documento, el proceso participativo continuaría a través de la «Comisión de Emergencia», la «Junta Municipal del distrito», la «Oficina Vecinal», los «Grupos de trabajo», el «Consejo de la Niñez y la Adolescencia» y el «Grupo Motor». Finalmente, se anticiparon problemas de funcionamiento por desconfianza en las instituciones, la fragmentación de los vecinos con intereses opuestos, la inercia del sistema administrativo para funcionar como compartimentos estancos y la falta de una oficina pública que permitiese un trato más directo entre los ciudadanos y los técnicos que trabajaban en el proceso.

  1. Análisis del proyecto

El resultado fue un proyecto de más de 60 millones de euros que abarca numerosas reformas y propuestas regenerativas del barrio. Éstas están todavía en marcha, queda menos de un año para terminarlas. Y, por tanto, no se puede todavía hacer un balance final sobre los objetivos logrados. Sin embargo, en una aproximación realizada a finales del año 2021 y comienzos del año 2022 hemos observado alguna cuestión sustantiva que pone en tela de juicio el modo en que operan los procesos participativos de este tipo y su aplicación posterior.

En nuestro estudio, sobre todo a través de las entrevistas a miembros de asociaciones, profesionales y algún político que habían estado en el proyecto, pero también a través de los fríos datos de los balances económicos, hemos constatado que los retos que se han abordado principalmente desde el año 2017 han afectado a cuestiones asociadas a la regeneración física del entorno ―rehabilitación del espacio y las viviendas, mejora de los equipamientos y las infraestructuras, etc.― y que, se ha ralentizado extraordinariamente el abordaje de las cuestiones más relacionadas con la degradación de las relaciones sociales. Es más, en las visitas al espacio físico realizadas hemos conseguido encontrar algún proyecto que ha conseguido ponerse en marcha, como el de un colegio de la zona, con una población con pocos recursos importante, que había habilitado un área próxima como patio del colegio y como zona para actividades cívicas de la población. Pero, que, tal y como nos narraba uno de sus creadores, iba a ser deshecho por la administración ante las necesidades “urbanísticas”.

Éste es solo un ejemplo de la falta de apoyo de los proyectos más “solidarios” dentro de esta Estrategia DUSI. Pero, es que nos encontramos, al hablar con algunos de los protagonistas de esta historia que, desde el principio, la principal minoría que existe en esta zona ha quedado al margen de los procesos de toma de decisiones, no de los espacios de discusión, no de la calle, pero sí de los momentos cruciales de decisión y planificación. De manera que, al hacer balance del proceso, resulta que las clases medias de la zona, así como los agentes mercantiles, bien organizados y representados son los que han conseguido, una vez más, construir la narrativa dominante. Y, así, podría explicarse que, a pesar del cuidado y esmerado proceso participativo que alentó la EDUSI, el proceso esté tendiendo hacia la gentrificación del lugar, una vez más con la consiguiente expulsión de los más desfavorecidos. De modo que, cuando se implementen, por fin, los proyectos más sociales, los últimos parece que están llamados a haber desparecido del paisaje urbano construido.

Por otro lado, la EDUSI planteaba varios elementos positivos del barrio que podían ayudar a su regeneración: la calidad urbana, la adaptación al entorno del edificio, la proximidad al mar, su tranquilidad, su sentimiento de identidad, su vitalidad cívica y su preocupación por recuperar la convivencia y rehabilitar el barrio. Con ello se destacaban los rasgos «positivos» de la población tradicional de clase media, que es propietaria y está bien organizada en torno a las asociaciones vecinales y sociales del barrio.

Por consiguiente, la preminencia de las cuestiones urbanísticas sobre las sociales constituye en nuestra opinión una de las principales limitaciones del proceso de regeneración acaecido. La precariedad de la cuestión social en el planteamiento y ejecución del proceso ha provocado que no se hayan resuelto algunos de los problemas sociales que caracterizan al barrio desde hace años. Y eso es lo que provoca que con la rehabilitación se haya incentivado una incipiente gentrificación que está expulsando fuera del barrio a los grupos con menos recursos que anteriormente lo habitaban.

Tal vez, si el proceso de ejecución de los proyectos se hiciese al revés, es decir, que prevaleciese la cuestión social sobre la urbanística, que se resolvieran los problemas de carencias, desconfianza y desvinculación social primero entre la población y después, o al tiempo, se promoviese el cambio del entorno físico, ajustándolo a las posibilidades de los grupos, tal vez, entonces, la población marginada sería bien incluida y podría formar parte del proceso de regeneración y disfrutar de él. Y dejar de pensar, cuando ven a dos investigadores venir: ¿ya nos vais a echar de aquí también?

Bibliografía
Azorín, F., Raga, E., González Galindo, I., Català, L., y Caparrós i Gironés, P. (2016): “Más allá del simulacro: redacción colaborativa de la EDUSI del barrio del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (Valencia)”. Sociologiados, 1(1), pp. 119-140. DOI: 10.14198/socdos.2016.1.1.05
Cucó, J. (2014): “En aras de la globalización neoliberal: los barrios del waterfront de Valencia”. Sociología Urbana e rurale, 104, pp.12-28. DOI:10.3280/SUR2014-104002
Díaz Orueta, F. (2010): «Regímenes urbanos y movimiento ciudadano en Valencia». Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad, 9 (9), pp. 275-294. DOI: http://dx.doi.org/10.30972/crn.99912
García Pilan, P. y Ruiz Torres, F. (2013): “La Valencia desigual. La precarización del espacio urbano. En Colomer, J.C. y Sorribes, J. (coords.): València, 1808-2015: la historia continua” (pp. 147-175). Valencia: Balandra Edicions.
Hernández Aja, A.; Rodríguez, R.; Rodríguez, I.; Gómez, J.M.; González, I; Córdoba, R.; Alguacil, J; Camacho, J.; Carmona, F.; Jaramillo, S (2018): Barrios vulnerables de las grandes ciudades españolas. 1991 / 2001 / 2011. Madrid: Instituto Juan de Herrera.
Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021a): Atlas de distribución de ingresos de hogares. Estadísticas experimentales. Disponible en www.ine.es
INE (2021b): Indicadores Urbanos. Disponible en www.ine.es.
Lefebvre, H. (1968: 2018): El derecho a la Ciudad. Barcelona: Capitán Swing.
Mompó, E. (2019): Por un barrio vivo y combativo. Movimientos urbanos en búsqueda de autonomía desde el Cabanyal. [Tesis Doctoral]. Universidad de Valencia.
Smith, N. (1996): The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. New York: Routledge.
Sorando, D. y Ardura, A. (2016): First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades. Madrid: Catarata.

Discursos contra la okupación

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25/09/2022 – Javier Gil (Uppsala University)

Todos los veranos lo mismo. Los discursos contra la okupación que se escuchan a lo largo del año, se desbocan en julio y agosto. Algunas de las grandes cadenas de televisión dedican horas a este fenómeno. Es el momento perfecto, porque es cuando las personas se encuentran de vacaciones. Si no estás preocupado, deberías estarlo, y ahí están los tertulianos para recordarte que mientras estás en la playa, en el pueblo o has bajado a por pan, puede haber alguien al acecho para okuparte la casa. Obviamente, esto no sucede así. Es mentira. Pero han conseguido que muchas personas vivan con ese miedo. Se trata de un miedo con fuertes implicaciones políticas y económicas.

Durante los últimos años el “problema de la vivienda” ha ocupado el primer plano de la agenda política y mediática del país. Alquileres abusivos, desahucios, vivienda vacía y fondos buitre son ya lenguaje común. Pero es solo una cara de la realidad. En el mismo periodo, invertir en vivienda para ponerla en alquiler se ha convertido en un mercado extremadamente rentable a nivel internacional, lo que ha disparado las inversiones hacia este sector desde todas las partes del mundo. Lo que para algunos era una crisis, para otros estaba siendo un proceso de enriquecimiento abismal.

La polarización social en torno a la vivienda no se ha producido de forma natural. El Gobierno de Rajoy intervino el mercado entre 2012 y 2013 de diversas formas para producirla. Todo auspiciado desde Europa, porque si los bancos españoles no se deshacían de todo el “ladrillo tóxico” que acumulaban, la crisis bancaria pondría en peligro a Europa y al Euro. Este proceso, junto a la reforma laboral y la política de austeridad, fueron los elementos clave de la reestructuración político-financiera realizada en España como respuesta a la crisis del 2008.

El objetivo de este arreglo fue impulsar un nuevo ciclo inmobilario, basado en conectar el entorno construido español con los mercados de capitales. Con las propiedades inmobiliarias completamente devaluadas, los tipos de interés en mínimos históricos y la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo inundando los mercados de liquidez, una enorme masa de capital comenzó a desplazarse hacia el sector inmobiliario español. El arreglo funcionó a la perfección. Creció la inversión, subieron los alquileres y empezó a subir el precio de la vivienda. Una vez más, el ladrillo se convertía en el motor de la economía española.

Pero esta situación también ha sido contestada de múltiples formas. Han aparecido nuevos actores, como los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, y nuevas políticas, como la regulación del precio de los alquileres o diversas leyes por el derecho a la vivienda, que  han conquistado el primer plano de la política estatal y autonómica. Estas medidas buscan garantizar en mayor o menor medida una vivienda digna para la población, al margen de su situación económica. Pero al hacerlo, también reducen los beneficios del sector inmobiliario y las posibilidades de extraer rentas por medio de propiedades inmobiliarias. Y este es el verdadero problema, porque como nos recordó el antiguo ministro José Luis Ábalos, “la vivienda es un derecho pero también un bien de mercado que genera actividad económica”. Entonces, para garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna, hay que poner límites a su función económica o especulativa, algo que a los reyes del ladrillo no les gusta.

Esa es la razón por la que estas políticas producen tanto revuelo entre el sector inmobiliario y sus aliados políticos y mediáticos. Regular el precio de los alquileres significa limitar los beneficios del sector, pero sobre todo, limitar las expectativas de revalorización de sus propiedades inmobiliarias. Esta medida constituye un ataque al carácter de activo financiero que cumple la vivienda en alquiler, ya que pone límites a posibles ingresos y revalorizaciones futuras. Es una medida contraria a la financiarización de la vivienda, algo que los impulsores del modelo no se pueden permitir. De hecho, necesitan todo lo contrario: que la vivienda sea un activo extremadamente líquido, que facilite la circulación del capital a la mayor velocidad posible, ya que la extracción de rentas depende del ritmo de circulación. Regular los precios es levantar barreras y ralentizar el proceso de rotación del capital, lo que obstaculiza la función de las viviendas como medio para la acumulación de capital en las sociedades financiarizadas. Por eso estas medidas son tan disputas desde el sector inmobiliario y sus aliados, porque hay mucho dinero en juego y este tipo de políticas entorpecen la especulación.

En este contexto aparecen los discursos contra la okupación. Estos discursos no buscan proteger a la población, ni mucho menos. Por el contrario, son una forma de reacción contra la amenaza que suponen ciertas políticas de vivienda. Incluso desde el sector inmobiliario reconocen que los precios de los alquileres han subido abruptamente durante los últimos años y que se debe intervenir públicamente. Para estos, la solución no consiste en regular los precios (según ellos, traería el efecto contrario), sino aumentar la oferta y garantizar mayor seguridad jurídica a los propietarios, lo que en última instancia significa facilitar los procedimientos de desahucio y desalojo. Para ellos la supuesta inseguridad jurídica produce situaciones de escasez: los propietarios perciben riesgos de alquilar la vivienda, y prefieren no alquilarla, lo que reduce la oferta y hace que suban los precios, lo que además alienta la okupación. Google está repleto de entradas que reproducen estos discursos: “Más del 80% de los españoles cree que la ocupación ilegal de viviendas es un freno para el alquiler[1]”. Y así es como establecen el nexo entre inseguridad jurídica, okupación y precios de los alquileres.

En esta situación agitar el fantasma de la okupación permite desplazar el marco sobre las posibles causas de la crisis de vivienda y las respuestas públicas a las mismas. El objetivo es que cuando se hable de vivienda, no se hable de alquileres abusivos, fondos buitre o desahucios, sino de okupación. Esto se observa con claridad en los debates electorales cuando llega el bloque de vivienda, y determinados candidatos solo hablan de okupación. De hecho, el Partido Popular, que lleva una década votando en contra de todas las políticas de vivienda en incluso recurriéndolas  ante el Tribunal Constitucional, acaba de registrar una “ley antiokupas”. Esta es la única propuesta de la segunda fuerza parlamentaria ante la crisis de vivienda.

El poder de estos discursos reside en que producen una [1] cultura en torno a la situación de la vivienda, basada en alinear las preocupaciones e intereses de la población con los del sector inmobiliario. Para ello extienden la idea de que toda la población es susceptible de que le okupen la casa en su ausencia, cuando bajan a hacer la compra o se van de vacaciones, por ejemplo. Pero judicialmente es imposible. Si alguien entra en la vivienda de una persona en su ausencia, será desalojada y detenida de inmediato. Así lo establece el delito de allanamiento de morada, que será efectivo cuando se trata de la morada de la persona, es decir, del lugar de residencia de la persona o su segunda residencia (sí, tu casa, la de la playa, la del pueblo e incluso otra que puedas tener en la montaña). En cambio, si estamos ante un inmueble abandonado, que no constituye morada, el delito será de usurpación. En este caso, la pena es más baja y el procedimiento judicial para ejecutar el desalojo más largo. La legislación española diferencia entre los delitos de allanamiento de morada y usurpación, que son tipos penales distintos y su comisión depende de la naturaleza del inmueble en el que se ha entrado[2].

Por lo tanto, una condición necesaria para que a alguien le puedan okupar la casa, es que tenga una vivienda en propiedad en situación de abandono y desuso. Pero la mayoría de la población no cumple esta condición, porque la gente corriente no se puede permitir tener una vivienda en desuso, sino todo lo contrario. De hecho, según el CIS, solo el 2,9% de los hogares tienen una vivienda sin habitar[3]. De esta manera, quienes acumulan mayoritariamente vivienda en desuso y son susceptibles de sufrir una okupación, son las entidades financieras, las inmobiliarias, los multipropietarios o aquellas personas que se pueden permitir tener viviendas en desuso. ¿A cuántas conoces? Por eso la mayoría de pisos okupados son propiedad de grandes tenedores, y principalmente de bancos (que llevan años vacíos porque el banco no los ha vendido ni alquilado tras desahuciar a la familia que los habitaba, esperando a una subida de los precios para movilizar la vivienda).

Aunque la población no se vea afectada por el fenómeno de la okupación, se ha creado un relato y una cultura donde grandes grupos de población viven atemorizados porque su vivienda sea okupada, cuando en realidad no cumplen las condiciones para que esto suceda. Algunos de los grandes medios de comunicación y sus tertulianos han sido los responsables. Han dedicado largas horas de sus programas a difundir comentarios y reportajes sin base jurídica, distorsionando la realidad al confundir los delitos de allanamiento de morada y usurpación. Una confusión creada intencionadamente, para hacer creer que los intereses de la población coinciden con los de los grandes propietarios de vivienda. Y lo han logrado. Porque el anciano que se manifiesta contra la okupación por miedo a que le okupen la casa, en realidad se está manifestando en favor de los intereses de los bancos, porque él no cuenta con las condiciones socioeconómicas necesarias para sufrir una okupación.

Esta alarma social basada en una distorsión jurídica con efectos socioeconómicos, ha llevado a algunos jueces a intervenir en los debates televisivos para desmentir esta cuestión e intentar poner fin a esta inquietud social. Tomemos una de las intervenciones más recientes del juez Joaquim Bosch, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. En una intervención en agosto, afirmó que en 16 años como juez instructor no ha tenido ni un solo caso de okupación de una vivienda habitada, y que esa es la regla general entre sus compañeros de otros juzgados. También afirmó que estadísticamente es más probable que a una persona la maten por la calle, a que entren okupas en la vivienda en la que reside y defendió que es irresponsable alarmar a la sociedad con la posibilidad de que uno vaya a la compra y le entren en su domicilio[4], como hacen muchos medios. Unos años antes, el mismo juez recomendaba detener estas campañas, al considerarlas poco saludables porque generan ansiedad en la población[5].

Producir y difundir discursos contra la okupación tiene fuertes impactos políticos y económicos, y afecta a los beneficios de los bancos y del sector inmobiliario en dos sentidos. De forma directa, porque ellos sí que se ven afectados por la okupación. Desde 2008 se han producido más de medio 750.000 desahucios. Los bancos desahuciaban a familias, pero mantenían la vivienda vacía bajo la expectativa de venderla en un futuro ciclo de recuperación de los precios. Muchas de estas familias vieron en la okupación la única forma de acceder a una vivienda, algo que contó con amplio apoyo social. Leyes más restrictivas contra la okupación facilitan que las entidades financieras puedan acumular vivienda vacía hasta que una rentabilidad determinada les anime a introducirlas en el mercado. De forma indirecta, porque desplazan el debate sobre el “problema de la vivienda” y las medidas necesarias que se deben adoptar. Estos discursos promueven que no se regule el precio de los alquileres, ni se apruebe un impuesto a la vivienda vacía ni se dificulten los desahucios. Por eso interfieren en los ciclos financieros-inmobiliarios y en la función que deben cumplir las viviendas en nuestras sociedades, manteniendo el carácter de activo financiero como su rasgo principal.

Es muy probable que estos discursos se multipliquen en el futuro. Por un lado, porque las políticas de vivienda cada vez son más centrales. Ahora mismo hay una Ley de Vivienda en proceso parlamentario y el movimiento por la vivienda acaba de lanzar una campaña para que el Gobierno regule los precios de los alquileres en el contexto de la nueva crisis (como ha hecho Escocia). Por otro, porque ha comenzado un ciclo de subida de las hipotecas, y muchos hogares que se hipotecaron durante los últimos años no podrán afrontar los pagos, lo que derivará en una ola de desahucios. Ante ambos fenómenos, la patronal inmobiliaria junto a sus aliados políticos y mediáticos agitarán los discursos contra la okupación para defender sus intereses.

De todas maneras, si alguien considera que la okupación es un fenómeno con el que hay que acabar, en vez de criminalizar a quien lo hace, debería preguntarse: ¿Por qué hay vivienda vacía? ¿Por qué hay familias que no pueden acceder a una vivienda y se ven obligadas a okupar? Estas preguntas llevan a la raíz del problema. Es decir, a la estructura de propiedad inmobiliaria. Pero claro, este es un tema que ni los bancos, ni el sector inmobiliario ni la mayoría de medios de comunicación están dispuestos a tratar.

[1] https://inmodiario.com/170/0/mas-del-80-de-los-espanoles-cree-que-la-ocupacion-ilegal-de-viviendas-es-un-freno-para-el-alquiler.html

[2]     https://red-juridica.com/diferencia-allanamiento-okupacion/

[3]     https://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3200_3219/3212/es3212mar.pdf

[4]     https://www.youtube.com/watch?v=DJM6rOjBtWE

[5]     https://www.cuatro.com/todoesmentira/diferencia-allanamiento-morada-usurpacion-okupacion_18_3007470262.html

Este artículo forma parte de una investigación en curso sobre los discursos en torno a las políticas de vivienda. El contenido ha sido elaborado para el blog de GESP y publicado en el diario El Salto.

La ciudad plataforma. La nueva fórmula del capitalismo urbano

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Jorge Sequera (UNED e Investigador Principal del proyecto Likealocal)
Pablo Martínez (UNED e investigador del proyecto Likealocal)

La progresiva digitalización de las ciudades mediterráneas, con un nuevo urbanismo empresarial importado del modelo «Silicon Valley» está capitalizando un flujo constante de capital tecnológico hacia ciudades como Madrid, Barcelona o Lisboa. Una nueva organización espacial en (de) las ciudades que se apoya en un cambio de paradigma, que apuesta por un capitalismo tecnológico. Se dispone así un espacio híbrido entre «lo urbano» y «lo digital». Estos ensamblajes y desensamblajes complejos en la ciudad están teniendo profundas consecuencias en el comercio, la movilidad, la concentración del control sobre los recursos comunes urbanos, así como los flujos de información y la inversión de capital, como elementos centrales de un entorno urbano en constante proceso de cambio. Nos referimos a los impactos urbanos que la economía de plataformas está teniendo sobre la forma en que nos relacionamos en nuestra vida cotidiana en/con la ciudad.

El turismo urbano, de algún modo, personifica esta reorganización de la ciudad entorno al capitalismo de “app”.  Como hemos visto durante estos último 3 años en el marco del proyecto Likealocal, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el turismo urbano en las grandes ciudades del sur de Europa se ha convertido en un elemento central de la transformación espacial, económica, social y cultural, no tanto por las dinámicas económicas fruto del turismo en sí, sino por la vertebración de nuevas formas de encontrarse en el espacio urbano: ciudadanía como cliente o usuario del espacio urbano, vivienda como alojamiento efímero, fijación espacial de la reputación digital, la plataformización de nuestras necesidades y consumo urbanos o la algoritmización del encuentro social.

Este proyecto ha querido durante este tiempo analizar algunos de los impactos del capitalismo de plataforma que representa Airbnb sobre el espacio urbano, el trabajo, la vida cotidiana y la vivienda. No se ha tratado tanto de una sociología del turismo, como pudiera parecer, sino de una mirada socioespacial sobre la acentuación de éste sobre las vidas urbanas. Tampoco de unos estudios urbanos críticos que se basara en la operatividad «clásica» de la exploración de los procesos de cambio residencial/poblacional y urbano/espacial en «la ciudad turística» bajo las dos dicotomías clásicas (especulación-expulsión y gentrificación-desplazamiento) más utilizadas en los últimos años. Entre nuestros objetivos se encontraba el identificar, examinar y evaluar las transformaciones espaciales y los cambios sociales derivados de los procesos de turistificación urbana en barrios céntricos de cuatro ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Palma y Sevilla), a través de los discursos y prácticas sociales de los distintos actores implicados en el ecosistema Airbnb. Aquí, algunos apuntes de lo aprendido estos años.

En primer lugar, hemos encontrado una complejidad mayor de la esperable entre los actores y los discursos que rodean la economía de plataformas turísticas. Entre ellos, detectamos una serie de actores que identificamos como «resistentes» (que muestran resistencia a la turistificación relacionada con Airbnb), «adaptativos» (que muestran cierta adaptación), «los especuladores» (que hacen negocio con bienes inmuebles) y «los desplazados» (que son excluidos). Estos perfiles se atravesaban asimismo con otros cuatro vectores fundamentales en la compresión de la economía Airbnb y el turismo urbano contemporáneo: los vecinos/as (de los barrios turistificados), los trabajadores/as (dependientes de la economía de Airbnb), los anfitriones y los huéspedes. Ambos ejes han funcionado como un caleidoscopio analítico durante toda la investigación. De este modo, estos 4 últimos actores identificados (vecino/a, trabajador/a, anfitrión/a y huésped) pueden matizarse en ese movimiento caleidoscópico mediante cualquiera de los otros cuatro perfiles (resistentes, adaptativos, especuladores y desplazados) conformando un sociograma variable.

Asimismo, hemos observado que este despliegue de nuevas formas de “extracción digital” sobre el espacio urbano, viene acompañada del desembarco de grandes multinacionales tecnológicas – algunas pioneras revestidas de “sharing economy”- y que han supuesto la punta de lanza para esta nueva forma de producción urbana. Airbnb, como mejor expresión de lo que es y supone el capitalismo digital y de plataforma, abrió nuestras ciudades a través del turismo, a todo tipo de empresas digitales (Uber, Glovo, Deliveroo, Cabify, etc), generando nuevas formas de habitar (consumir, desplazarse, relacionarse, etc.) los espacios centrales de las ciudades y cada día más, de espacios metropolitanos ampliados.

Finalmente, vimos que el estallido de la crisis sociosanitaria a raíz de la Covid-19 hace 2 años, funcionó como catalizador de este capitalismo digital, con fuertes repercusiones sobre la vida urbana. Esta situación global aprovechada por las diferentes plataformas digitales, está desplazando al sistema productivo de la economía de servicios posfordista tal y como la conocíamos, provocando o acelerando nuevas dinámicas sociales y culturales en la era digital. En el centro de estas transformaciones del espacio digital y físico, encontramos los GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), los NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber), los BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) o las empresas del “capitalismo de app” como Deliveroo, Glovo, Tiktok o Instagram. Éstas son cada vez más poderosas en la configuración de la vida de la ciudad y el contexto pandémico no ha hecho más que extender su consumo y dominio sobre determinadas esferas laborales y sociales, tanto en lo que respecta a los usos como a los estilos de vida o a las nuevas formas de trabajo emergentes. En una investigación reciente de la socióloga urbana Sharon Zukin sobre las grandes transformaciones digitales que se están dando en la ciudad de Nueva York, muestra cómo el crecimiento – y de hecho, la supervivencia- de las ciudades está ahora  interconectado con el poder de la industria tecnológica. Estamos por tanto, ante un poder tecnoeconómico que liderado por las mayores empresas de tecnología digital (Apple, Amazon, Microsoft, Google / Alphabet y Facebook), nos lleva a la era de «la gran techificación del espacio urbano”, donde se darán las nuevas luchas entorno a las nuevas formas de configurar la vida en las ciudades, nuevas transformaciones del consumo colectivo o nuevas formas de estilo de vida y de trabajo.

Salir del laberinto, una necesidad para nuestras ciudades

Las consecuencias del despliegue de este capitalismo digital en nuestras ciudades, ha llevado a diversos análisis sobre qué ha sucedido y sucede en el espacio urbano de las ciudades del sur europeo. En estos días tendrá lugar el encuentro LIKEALOCAL. Vidas itinerantes, rentismo turístico y trabajo en el capitalismo de plataforma, los días 23 y 24 de Junio en Madrid, donde se debatirá qué está ocurriendo en los espacios metropolitanos a partir de tres ejes concretos. El primero, la irrupción de las migraciones transeuropeas combinado con nuevas formas de trabajo -capitalismo digital- y las nuevas formas de uso de la vivienda que van más allá de las categorías establecidas de segunda residencia o alquiler turístico. El segundo, la exploración del mercado inmobiliario de plataformas, su financiarización, los conflictos políticos derivados de la apropiación de las rentas del suelo y el turismo, y la profesionalización y concentración de la gestión y la propiedad de la vivienda turístico. Y el tercero, las relaciones entre el capitalismo de plataforma y las modalidades de trabajo/empleo: desde los trabajadores móviles, teletrabajadores, trabajadores remotos o trabajadores globales, a la cara oculta de la plataformización del empleo, con la expansión de los «gig workers» y microtrabajadores.

En definitiva, una diversa y multifacética vida digital urbana en este nuevo escenario urbano tecnosocial, que debe seguir analizando con perspectiva crítica cómo se está pensando, diseñando e imaginando la sociedad digital urbana presente y futura, poniendo especial atención a los principales actores y grupos sociales involucrados, así como las nuevas formas de consumo urbano, de ocio, de cultura del trabajo o de estilos de vida urbanos.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en los activismos juveniles? Un análisis exploratorio para el caso español

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30/05/2022 – Gomer Betancor Nuez (UNED)

Desde la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, la limitación de aforos y de movilidad restringieron mucho la libre circulación en la calle y, por tanto, la acción de los movimientos sociales (uno de cuyos rasgos definitorios, y más desde el Ciclo 15M, es la ocupación del espacio público). Este corte en el tiempo de la libre circulación se dio de manera especialmente acuciante en España, donde un durísimo estado de alarma decretado por el Gobierno implicó un confinamiento domiciliario de los más largos de la pandemia a nivel global. Por ello, cuando estaba empezando la pandemia y estábamos en la etapa de mayores restricciones, un grupo de académicas y académicos nos preguntamos qué impactos iba a tener la pandemia sobre la acción colectiva.

La investigación de la que parte esta reflexión tiene dos fases diferenciadas. Una primera coordinada por CLACSO y en la que participaron de seis países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, y México), además de España. Esta consistió en la confección de un cuestionario que fue cumplimentado por colectivos juveniles, o en los que la presencia de jóvenes fuera alta, tipos diferentes: estudiantiles, sindicales, feministas, partidistas, ambientalistas, y socio-comunitarios. Los resultados más destacados de esta investigación internacional, que se pueden ver en el artículo de este blog “Acciones colectivas juveniles durante la pandemia: una visión comparada”, mostraban algunas novedades en este laboratorio social cronotópico que era la pandemia.

Así, sus autoras destacaban que “se producen pequeñas innovaciones o desplazamientos” en las agendas y los repertorios de movilización de las personas jóvenes. También reseñaban el cambio que significaba la pandemia para ciclos de movilización, que taponaba algunos ciclos ascendentes (como el del activismo climático o las movilizaciones feministas en España) y resignificaba otros (como el estallido social chileno). El análisis del material producido durante la primera fase de la investigación confirmó la hipótesis de que la pandemia y las medidas tomadas estaban afectando al activismo juvenil tanto en lo organizativo como en los repertorios de acción y en la agenda temática.

Partimos de la hipótesis que coincide con la que manejaban otros trabajos publicados en la primera etapa de la pandemia: que las medidas tomadas por los gobiernos (confinamientos, restricciones del uso del espacio público, medidas sanitarias…) para contener la pandemia producida por el COVID-19 debían tener efectos claros sobre la acción colectiva, con una innovación de sus formas como respuesta al estrecho marco de actuación de los estados de alarmas y decretos estatales (Bringel y Pleyers, 2020). Nos preguntamos sobre la acción colectiva y los activismos de las personas jóvenes, una edad en la que el activismo se forma y puede llegar a ser fundamental para la construcción del ciudadano/a. Consideramos que el efecto de la pandemia no puede sólo medirse en la disminución, aunque también, de acciones colectivas en el espacio público, sino que también puede tener consecuencias sobre las formas de organización en las que la relación es un elemento fundamental (Martínez, 2018), así como en los temas de reivindicación de los activismos jóvenes.

Para ello, diseñamos una investigación cualitativa en base a entrevistas en profundidad semi-dirigidas. Seleccionamos tres tipos de colectivos: feministas, ambientalistas y socio-comunitarios. La selección respondía al siguiente criterio: las movilizaciones feministas y ambientalistas (ecologistas) habían tenido un auge significativo justo antes de la pandemia (recordemos las huelgas feministas y las manifestaciones del 8-M, así como los Fridays for Future y el activismo climático) en las que las personas jóvenes habían tenido un papel relevante (Galdón, 2018). En la contra parte, los colectivos socio-comunitarios han tenido un papel central durante la pandemia, creando redes de apoyo vecinales y barriales y en los que, de nuevo, las personas jóvenes han desempeñado un rol central.

Tras más de dos años de pandemia, ¿ha habido transformaciones coyunturales o estructurales en los activismos?

Tras el análisis de las entrevistas realizadas, tenemos que ser cautos a la hora de debatir si los impactos de la pandemia en estos activismos han sido coyunturales, o más bien estructurales. Primero, por la propia historicidad de la investigación, cuyo campo se hace entre enero y sigue en marcha en mayo de 2022 (algo más de 2 años del impacto de la pandemia). Segundo, porque nos focalizamos en los activismos en colectivos juveniles, que tienen como uno de los rasgos distintivos estar en una fase de transición a la vida adulta cada vez más incierta en las sociedades actuales.

No obstante, a continuación, detallamos y discutimos algunos impactos a corto-medio plazo que hemos hallado a partir de las más de 15 entrevistas realizadas a colectivos juveniles, diferenciando en ellos los tres tipos de colectivos: colectivos socio-comunitarios; colectivos ecologistas; colectivos feministas. Como se puede ver en la siguiente figura, también diferenciamos tres tipos de impactos: impactos organizacionales; impactos en la agenda temática; impactos en los repertorios de acción.

Tabla I. Tipos de impactos por cada tipo de colectivo

Impactos de la pandemia por tipo de colectivo

La pandemia ha impactado de lleno en los colectivos ecologistas y feministas que estaban en ese ciclo creciente de movilización, porque desactiva todas las acciones colectivas que venían desarrollando. Así, en el caso de los colectivos feministas, la convocatoria del 8M de 2020 fue masiva, aunque con menor convocatoria que años anteriores, y con una gran criminalización por parte de muchos medios de comunicación y partidos de derechas que lo planteaban como alto foco de contagio (mensaje lanzado por grupos de ultraderecha como Vox, que paralelamente contraprogramaba el 8M de 2020 con un mitin en Vistalegre que llenaba el reciento, sin medida alguna de seguridad).

El confinamiento supuso un largo periplo durante varios meses de replantear de forma online todas las reuniones, al igual que para el activismo ecologista. Asimismo, para el tipo de activismo feminista que requiere de muchas reuniones y asambleas y el planteamiento de acciones presenciales, la pandemia supuso un parón de algunas actividades. Y el sufrimiento asociado la cotidianidad de la pandemia, con el sesgo de género que implica (intensificación de cuidados, tareas domésticas, dificultad de conciliar etc.), ha facilitado la incorporación de la salud mental como un nuevo eje estratégico necesario, según nos relatan varias activistas.

En el caso del activismo climático, la pandemia supuso una interrupción de muchas acciones colectivas en la calle. Muchas de estas acciones suponían una gran repercusión mediática y la entrada en la agenda de nuevos temas en la agenda, como la justicia climática, con una gran espectacularización de algunas acciones mediante la desobediencia civil pacífica (cortes del tráfico, boicot de cumbres internacionales etc.), pero la llegada del confinamiento y las restricciones siguientes a la circulación en la vía pública desactivaron durante casi un año las acciones desobedientes en la calle y paró un ritmo intenso de actividades de denuncia pública. Como señala una informante,

“con la pandemia se ha hecho mucho más palpable, y sobre todo en temas, por ejemplo, de desobediencia civil, que también es una manera de hacer acciones disruptivas y que suenen mucho sin la necesidad de tener que aglomerar mucha gente. Yo creo que se ha notado mucho” (Fridays for Future).

En lo organizacional, supuso la reconfiguración organizativa en dos aspectos: por un lado, fue un parón en las carreras activistas, que bajaron la intensidad organizativa de colectivos; por otro lado, supuso el fortalecimiento del funcionamiento en red del Movimiento Ecologista, al necesitar mejor organización y logística en las acciones de denuncia en las acciones en la calle (entrevistas a informantes ecologistas). Esta pauta es comentada también por los colectivos socio-comunitarios, ya que las necesidades de ayuda detectadas en el confinamiento implicaron un aumento de facto de las alianzas entre movimientos sociales, ONGs y organizaciones estatales (Nel·lo, et al., 2022).

En lo referente a los colectivos socio-territoriales, los impactos se refieren más a la intensificación de una actividad cotidiana, antes poco visible. Y en la mayoría de los casos a reorientar las actividades de solidaridad y apoyo mutuo a lo inmediato, sobre todo en la primera fase: redes comunitarias de apoyo a vecinos y ancianos para tener alimentos, para hacer compras o para ir a centros sanitarios; alianzas con entidades del Tercer Sector y administraciones para desarrollar ayuda básica a vecinos, como bancos de alimentos. Esto implicó la realización de actividades novedosas, como fue las redes de recados a vecinas necesitadas, para lo cual fue importante el trabajo en red de diferentes organizaciones y colectivos que antes funcionaban fragmentariamente.

Ha sido igualmente importante las redes de apoyo mutuo en barrios y localidades, algunas de las cuales surgieron gracias al apoyo del movimiento vecinal (asaciones de vecinos/as), o eran redes recuperadas de las iniciativas de la crisis de hace una década, como las referentes a los bancos de alimentos (Tangente, 2022). Asimismo, ha sido importante la incorporación de la represión institucional y policial como eje de denuncia, ya que en las primeras fases de la pandemia hubieron muchos abusos policiales a través de denuncias arbitrarias a viandantes, ciudadanos/as y activistas, como ha expuesto Emilio Silvestre en una entrada anterior de este blog.

Otras de las cuestiones más visible y que además sirve para todo tipo de activismo, como señala en su análisis de datos en este blog Francisco Fernández-Trujillo, es que “los activismos digitales se han reforzado, lo que las limitaciones de para eventos sociales que genera la pandemia COVID-19 consolida y hace proclive un activismo que sea llevado a cabo a través de Internet y redes sociales”. Y en esta dimensión la brecha que nos encontramos es generacional, ya que en varias entrevistas los y las jóvenes nos relataban lo complicado que era la comunicación online con colectivos y organizaciones en los que personas de avanzada edad tenían mucha presencia.

¿Impactos coyunturales, o estructurales?

Nuestra pregunta de investigación se cuestionaba sobre los impactos a medio plazo que ha tenido la pandemia en los activismos juveniles (en sus demandas, en sus formas organizativas y en sus repertorios de acción). En este sentido, las conclusiones que presentamos son abiertas, pues hace falta un estudio longitudinal dentro de unos años para ver los impactos a largo plazo.

Pero algunos impactos pueden valorarse como estructurales, a raíz de lo vivido por los colectivos entrevistados. Como se puede ver en la figura siguiente, destaca en primer lugar el impacto que tiene una gran crisis en los movimientos sociales cuando están en ciclos álgidos de movilización, ya que se ha observado que el confinamiento total desactivó a muchas personas en el activismo y cortó temporalmente los ciclos del activismo climático y del movimiento feminista (Martínez y González, 2021). En esto influye de forma decidida en la constricción de la disponibilidad biográfica, entendida como la ausencia de restricciones personales que pueden aumentar los costes y los riesgos de la participación en el movimiento (McAdam, 1988). Y también en la suspensión o interrupción de carreas militantes (Agrikoliansky, 2017), que en el caso de activismos juveniles es más volátil y que ha coadyuvado a la desactivación en los momentos más duros, como nos señalan algunas informantes. Este fenómeno de suspensión temporal de las carreras militantes es especialmente crucial en las personas jóvenes, pues se encuentran en un estadio vital de socialización política y cuyos efectos están por ver. En este sentido, algunos colectivos de estudiantes nos relatan el efecto de corte de la memoria de lucha militante en el activismo estudiantil que ha supuesto dos cursos seguidos de restricciones en la movilidad y las condiciones de socialización juvenil.

Figura I. Impactos de la pandemia en el activismo, a partir del eje cambios coyunturales-cambios estructurales

Los impactos estructurales más inmediatos, a primera vista, tienen relación directa con la salud mental de los activistas y se refieren también a cómo afrontar la represión, a la necesidad de cuidados grupales y de introducir la salud mental como eje transversal en los colectivos (entrevistas a colectivos feministas y ecologistas). Esto anticipa un cambio interno que se venían sedimentando en los movimientos sociales en los últimos años, algunos de los cuáles ya habían transversalizado la praxis feminista de los cuidados, que se complejiza con la necesidad de hablar de la salud mental.

También supone el aumento de la represión y, sobre todo, la burorepresión a los activistas, entendida como “forma de represión basada en las sanciones administrativas indiscriminadas a personas por ejercer sus derechos fundamentales”, cuyo ejemplo ilustrativo es la gran cantidad de multas como desincentivo de la participación en actividades en la calle durante el período de restricciones. Están por ver sus efectos a medio-largo plazo, pero las miles de multas sin fundamento legal a viandantes en la pandemia, denunciadas por organizaciones de derechos humanos y derecho a la protesta, no presagian precisamente un escenario óptimo para las libertades civiles. Un informante señala, al hilo de la represión creciente en las manifestaciones en el post-confinamiento, que

“por toda la represión que se ha vivido en las manifestaciones, al final, entiendo que de miedo. Que de miedo ir a manifestaciones pues te estás jugando multas y golpes. Y, por otro lado, porque el discurso [criminalizador]de alguna forma u otra, pues cala” (Colectivo Karraka).

Pasados dos años de la irrupción de la pandemia, estos cambios prefiguran unas condiciones nuevas para los movimientos sociales en España. Y lo hace en un contexto de cierto impasse movilizador, pero con una posible recesión económica duradera a la vuelta de la esquina y la anunciada vuelta de la ortodoxia neoliberal por parte de la Comisión Europea (las consabidas recetas de recortes sociales y ajuste estructural, que tanto dolor generó hace algo más de una década), después de la performance keynesiana de gasto público obligada por la pandemia. La bajada en el volumen de la movilización propia de la pandemia, además de estos efectos generados, también han creado el caldo de cultivo necesario para lo que Antonio Melucci (1989) denomina como el estado latente de las redes sumergidas de los movimientos sociales, que son esos momentos en los que las redes activistas replantean estratégicamente los conflictos sociales y las ideas nuevas que quieren introducir en la sociedad. Solo pasado unos años podremos ver los efectos duraderos que ha tenido la pandemia en los procesos de movilización, y comprobar así si estos nuevos ejes de lucha anunciados han venido para quedarse en la agenda activista (Martínez, 2018).

Bibliografía

Agrikoliansky, É., (2017). Las «carreras militantes»: Portée et limites d’un concept narratif. En O. Fillieule, (Ed), Sociologie plurielle des comportements politiques. Paris: Presses de Sciences Po.

Bringel, B., y Pleyers, G. (Eds.) (2020). Alerta global. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia. Buenos Aires y Lima: CLACSO y ALAS.

Galdón, C. (2018). Cosmovisiones feministas en clave generacional. Del movimiento 15M a la Huelga Feminista del 8M. Encrucijadas. Revista crítica de Ciencias Sociales, 16.

Martínez, M. (2018). Reiteraciones relacionales y activaciones emocionales: hacia una radicalización de la procesualidad de las identidades colectivas. Athenea Digital, 18(1), 293-317.

Martínez, M. y González, R. (2021). Acción colectiva durante la crisis pandémica en España (2020-2021) (en línea) www.fundacionbetiko.org       

Melucci, A. (1989). Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. California: Hutchinson Radius.

McAdam, D. (1988). Freedom Summer. New York: Oxford University Press.

Nel·lo, O., Blanco, I., Gomá. R. (Eds.) (2022). El apoyo mutuo en tiempos de crisis. La solidaridad ciudadana durante la pandemia Covid-19. Buenos Aires: CLACSO.

Tangente (2022). Solidaridades de proximidad. Ayuda mutua y cuidados frente a la Covid-19. Informe de investigación.

Actividad GESP: Seminario temático «Emociones y política»

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Día 4 de Mayo a las 10:00 h. Sesión online a través de Microsoft Teams y presencial en Sala 5.19, 5ª planta, Faculta de Ciencias Políticas y Sociología (UNED) C/ Obispo Trejo s/n, 28040, Madrid

10:00 – 10:20: Introducción del seminario por parte de las coordinadoras y presentación de Alberto Martín Pérez: Breve introducción al estudio de las emociones y lo político desde la Sociología.
Presentación de los conferenciantes.
10:20 – 11:10: Conferencia de Jonathan Heaney (Queen’s University Belfast)
Título: Emotions, Power & Populism: Exploring the Strange Case of Ireland from the Political Sociology of Emotions
11:10 – 11:45: Debate sobre ambas presentaciones
11:45 – 12:15 Descanso
12:15 – 13:00 Conferencia de Nina Margies (Humboldt Universität Berlin)
Título: Collective emotions in post-crisis Spain
13:00 – 13:30: Debate

Sesión para miembros del GESP
13:30 – 14:00: Puesta al día por parte de las coordinadoras de cuestiones de interés del GESP, novedades de los miembros del grupo. Propuesta del siguiente seminario y acuerdo sobre fecha.