Gobierno del sufrimiento y vulnerabilidad: ¿cómo podemos pensar la agencia de las víctimas?

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19/05/2026 – Carolina Schillagi, Universidad Nacional de General Sarmiento-Universidad del Gran Rosario (Argentina)

Desde hace varias décadas asistimos a transformaciones en las sensibilidades hacia la vulnerabilidad y el sufrimiento. Aquello que Fassin y Rechtman (2010) llamaron el imperio del trauma y Wiewiorka (2023) un “giro antropológico”, tiene como contrapartida la relevancia de la figura de la víctima como condición moral contemporánea. Estas transformaciones fueron a la par de distintas formas de institucionalización del acompañamiento a personas y colectivos dolientes. Los estados y las organizaciones humanitarias desplegaron todo un conjunto de normas, agencias y dispositivos de atención que en cada contexto nacional y regional adquirieron una impronta específica y dieron cuenta de la progresiva importancia del sufrimiento social como objeto de las políticas públicas.

En este escenario, los efectos políticos que estos procesos implican son una cuestión de interés para la reflexión sociológica. Podemos, entonces, pensarlos a través de algunos ejes de análisis.

I. La vulnerabilidad y el riesgo como rasgos de la vida social contemporánea contribuyeron a la centralidad del sufrimiento provocado por violencias, daños, catástrofes y delitos de distinto tipo. Situaciones y acontecimientos que en el pasado se explicaban a través de la idea del infortunio, el destino o el azar, en las sociedades de la modernidad tardía fueron paulatinamente atribuidas a causas racionales y vinculadas a la responsabilidad humana por acción u omisión.

En el escenario contemporáneo de creciente protagonismo de la víctima como personaje público, el sufrimiento se asimila a la vulnerabilidad. Se trata de una situación paradójica o cuanto menos ambigua pues a la víctima, en tanto sujeto frágil y expuesto al daño o la violencia se le otorgan cuidados y acompañamiento pero, al mismo tiempo, se le exige autonomía y gobierno de sí misma para salir adelante. Lo cierto es que la tríada vulnerabilidad-sufrimiento-víctima conforma un encadenamiento semántico sobre el que se monta una idea muy potente: todas las víctimas, en mayor o menor grado, son vulnerables porque sufren. Y si son vulnerables su voz (social) es una voz débil. La agencia resulta, entonces, alejada de sus posibilidades. En base a esto emerge toda una discusión sobre la relación entre vulnerabilidad y agencia de las víctimas (Martínez, 2019). Esa discusión tiene como trasfondo una pregunta: ¿qué efectos políticos tiene el tipo de subjetividad que presupone el gobierno del sufrimiento?

Las respuestas posibles son muchas y ninguna es concluyente. Se trata de un debate en curso, tanto político como académico. Existen críticas y análisis que recogen algunas aristas de este problema complejo. Por ejemplo, aquellos que hacen hincapié en la eficacia política del sufrimiento y la vulnerabilidad (y, por ende, la victimización) como las formas por excelencia en las que, en el contexto del “capitalismo emocional” es posible obtener legitimidad y apoyo social. Es interesante cómo en este caso el foco está puesto en el rol que tiene la vulnerabilidad en moldear el yo como una figura pública de sufrimiento que produce efectos políticos de reconocimiento. Para Chouliaraki (2021), las dos grandes narrativas que dieron sustento a esta “política afectiva del dolor” son el psicoanálisis y los derechos humanos. Aunque basadas en regímenes afectivos distintos como la empatía y la indignación, ambas tienen en común estimular en el público una respuesta inmediata al dolor al precio de suprimir la pregunta sobre el contexto en el que se producen los reclamos y reivindicaciones. Y eso es, precisamente, lo que está en el corazón de su eficacia política.

Más enfocados en realidades de los países del Cono Sur de América Latina, otros análisis  argumentan que tanto el lenguaje de los derechos humanos como el de la compasión, han moldeado los procesos de transición a la democracia y los ciclos progresistas de las primeras décadas del siglo XXI al punto de conformar un sentido común que tiende a opacar la idea de lucha por la transformación de las condiciones estructurales que fueron corroídas por las políticas neoliberales. En la medida en que los gobiernos interpretan las demandas sociales en clave de reparación y de alivio al sufrimiento de distintos tipos de víctimas (vía políticas públicas y leyes de garantías y derechos específicos o sectoriales) estos análisis advierten sobre el debilitamiento de la centralidad del sujeto colectivo como agente del cambio social y político.

Quizás debamos preguntarnos entonces qué tipo de relación posible podemos pensar entre víctima, vulnerabilidad y agencia que pueda sortear, aunque más no sea en parte, la visión determinista o unívoca que termina imponiendo el sufrimiento o el trauma si se los considera como inherentes a las subjetividades contemporáneas. Por ejemplo, pensar la agencia de los y las vulnerables despegada de la figura de la víctima como estatus y como condición únicamente individual, desprendida del entramado social-colectivo. Ello implica pensar esta figura en su contingencia radical, como proceso socialmente producido, vinculado a condiciones materiales concretas así como a trayectorias y legados políticos locales y por lo tanto con márgenes de acción que son singulares y no generales. Por otro lado, también podemos pensar la cuestión de la ambivalencia del sufrimiento como fuente de vulnerabilidad, de aislamiento, de impotencia pero también como un modo de construcción de la agencia y, por lo tanto, de su potencial capacidad para crear vínculos, comunidad y visiones del mundo más o menos compartidas (Schillagi, 2011). Si nos apoyamos en estas claves de lectura o si recogemos el desafío de pensar en otras formas de acercarnos a la agencia o las posibilidades de acción y de lenguajes de los sujetos vulnerables, es posible que avizoremos efectos políticos distintos de los que ya han sido señalados y generar -o continuar y profundizar- una discusión al respecto. 

II. El gobierno del sufrimiento involucra la gestión, es decir, la forma en que el Estado tramita y lleva adelante un conjunto de acciones y de decisiones respecto de poblaciones afectadas por diferentes tipos de hechos dañosos. Así como antes planteábamos las implicancias políticas con relación a las subjetividades, la idea del gobierno del sufrimiento también nos invita a pensar la cuestión de las prácticas y los usos que movilizan los agentes estatales (saberes, lenguajes, expertise) cuando las personas toman contacto con los dispositivos. ¿Qué cuestiones podemos dejar planteadas para sugerir algunas pistas de análisis en casos empíricos?

– Las tecnologías de gobierno en las que se apoya el funcionamiento de los dispositivos son cruciales para entender el tipo de sujeto que moldean las prácticas y usos que el Estado pone en marcha. Por ejemplo, los registros escritos o documentos que se utilizan no son meros trámites administrativos; son tecnologías polifónicas (distintas voces de técnicos, profesionales y funcionarias narran ese paso por el dispositivo a la manera de un diario). Tecnologías, decíamos, que construyen la subjetividad de la víctima, moldean sus contornos como un sujeto sufriente y vulnerable que necesita tutela. Como dice Fassin (2006) “los relatos patéticos” frente a los agentes del Estado tienen efectos en el proceso de subjetivación y de sujeción, es decir, en la construcción de sí y en el sometimiento al Estado. El dispositivo, encarnado en protocolos, archivos y lugares físicos se entreteje con mundos locales que desafían las formas de intervención y sus sentidos. Esos mundos locales no son sólo las trayectorias biográficas de las personas (en las que se basan las agencias estatales para atenderlas y delinear sus intervenciones, es decir, para gobernarlas) sino también los mundos fabricados entre disciplinas y saberes profesionales que forman parte de lo que llamamos el aparato estatal.

-Lossaberes disciplinarios en práctica. En las rutinas diarias del trabajo con víctimas las fronteras profesionales suelen desdibujarse. Los abogados hacen «escucha» y los psicólogos gestionan trámites habitacionales o tramitan documentos de identidad. Se produce así un saber-hacer híbrido donde la formación disciplinaria original (por lo general el derecho, la psicología, el trabajo social) se transforma en una «especificidad de oficio» moldeada por la urgencia y, no pocas veces, la escasez de recursos. El trabajo de los y las profesionales en el Estado no sólo adquiere ribetes particulares en cuanto a las exigencias prácticas de la gestión diaria en contacto con el dolor y el sufrimiento (forzando frecuentemente los límites del tipo de intervención más distanciada que caracteriza al quehacer profesional tradicional) sino que trae aparejados tensiones políticas que gravitan en las lógicas profesionales y contribuyen a una selectividad y jerarquización de las personas y grupos que son validados y acompañados en su calidad de víctimas. En esa interacción entre el estado y los “mundos de víctimas” (Gatti, 2017), es necesario poner el foco analítico, tomando distancia de una visión normativa para poder comprender las prácticas disimuladas bajo el lenguaje en apariencia uniforme y técnico o las rutinas burocráticas estandarizadas.

Los márgenes de maniobra del accionar estatal -márgenes que emergen en los resquicios de las rutinas burocráticas, sobre todo en la forma en que se ponen en marcha saberes y modos de actuación por fuera de los protocolos- es donde debemos indagar para comprender cómo un modelo integral de atención a las víctimas se plasma y qué tipo de efectos tiene en las poblaciones y sujetos que entran en contacto con los dispositivos.

Referencias bibliográficas

Chouliaraki, L. (2021). Victimhood: The affective politics of vulnerability. European Journal of Cultural Studies, 24(1), 10–27. https://doi.org/10.1177/1367549420979316

Fassin, D. (2006). Souffrir par le social, gouverner par l’écoute: Une configuration sémantique de l’action publique. Politix, 73(1), 137–157. https://doi.org/10.3917/pox.073.0137

Fassin, D., & Rechtman, R. (2010). L’empire du traumatisme: Enquête sur la condition de victime. Flammarion.

Gatti, G. (Ed.). (2017). Un mundo de víctimas. Anthropos.

Martínez, M. (2019). Una breve (y no muy sistemática) aproximación a la noción de agencia desde la vulnerabilidad. Papeles del CEIC, 2019(1), Artículo 205, 1–9. https://doi.org/10.1387/pceic.20616

Schillagi, C. (2011). Sufrimiento y lazo social: Algunas reflexiones sobre la naturaleza ambivalente del dolor. Prácticas de Oficio. Investigación y Reflexión en Ciencias Sociales, 7/8.

Wieviorka, M. (2023). El surgimiento de las víctimas. En D. Zenobi (Comp.), Víctimas: Debates sobre una condición contemporánea. Teseo.

Feminismos en las nuevas derechas: activismo y subjetividades incómodas

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06/04/2026 – Antonio Álvarez-Benavides, Universidad Nacional de Educación a Distancia

El pasado 23 de marzo, Melina Vázquez y Carolina Spataro participaron en nuestro seminario de investigación para presentar su libro Sin padre, sin marido y sin Estado (Siglo Veintiuno) y el monográfico ¿Qué hacen las mujeres en las nuevas derechas? (revista Ensambles). A partir de estos trabajos discutimos sobre un tema tan incómodo como relevante: la emergencia de feminismos dentro del espacio ideológico de las nuevas derechas.

Hablar de feminismos en las derechas sigue siendo, en muchos sentidos, problemático. No solo porque suscita irremediablemente la aparente contradicción entre ambos términos, sino porque nos obliga a cuestionar algunos de los supuestos más asentados en el campo académico y político de los movimientos sociales: que el feminismo es necesariamente progresista, que se articula en torno a demandas colectivas y problemas estructurales y que se opone sistémicamente al neoliberalismo.

Sin embargo, en los últimos años se ha ido consolidando una línea de investigación que invita a tomarse en serio este fenómeno. El planteamiento no consiste tanto en discutir si estas posiciones son o no son feminismo —más allá de la innegable pertinencia del debate—, sino en analizar cómo se producen, cómo se viven y cómo se justifican estas prácticas activistas que las propias implicadas describen como feministas. Es decir, en comprenderlas como formas de subjetividad política y no como anomalías o simples contradicciones.

Desde esta perspectiva, una de las claves metodológicas fundamentales que plantean estos trabajos es evitar una lectura normativa o externa y tratar de entender estos posicionamientos en sus propios términos. Esto resulta especialmente relevante cuando el objeto de estudio genera incomodidad o rechazo. En el fondo, se trata de un problema clásico de la sociología política: cómo analizar sujetos y movimientos ideológicamente distantes sin reducirlos a error, ignorancia o falsa conciencia. En esta línea se inscriben trabajos como los de Arlie Hochschild sobre el Tea Party o Kathleen Blee sobre el Ku Klux Klan, que apuestan por comprender antes que juzgar. Esta incomodidad no es solo teórica o metodológica, sino también situada. El acceso al campo está atravesado por relaciones de género, de posición académica y de identificación política. Ser mujer y ser leída como “zurda” introduce una tensión específica en la investigación, que atraviesa también a las propias participantes. Al mismo tiempo, surgen reparos deontológicos, internos y externos, al tratarse de un objeto de estudio que muchas veces se niega o se desestima. De ahí que emerjan preguntas que las propias autoras se plantean: ¿existen realmente estas mujeres?, ¿tiene sentido estudiarlas?, ¿no es darles visibilidad?

Más allá de estas incomodidades, uno de los elementos más interesantes que muestran estos trabajos es que no estamos ante sujetos pasivos, sino ante formas activas de militancia. Estas mujeres organizan grupos de lectura, encuentros y redes, producen documentos y participan en espacios digitales. Hay, por tanto, una creatividad social y una producción activa de sentido que no puede reducirse a una simple adhesión ideológica. Esto se expresa con especial claridad en sus consignas, que condensan de forma muy eficaz su marco interpretativo: “La primera propiedad es el cuerpo”, “Al violador bala”. En ellas se articulan feminismo, liberalismo y punitivismo de manera directa. No se trata de discursos improvisados, sino de elaboraciones que combinan referencias al empoderamiento individual con una fuerte dimensión securitaria. En este sentido, el activismo no puede entenderse únicamente como expresión de ideas, sino como resultado de prácticas, intercambios, formas de sociabilidad y construcción de marcos de sentido compartidos.

Aquí emerge una de las paradojas más sugerentes. Estas mujeres rechazan, desde un individualismo de corte randiano, el colectivismo representado en el feminismo de las “zurdas”, pero al mismo tiempo se organizan, crean redes y generan espacios de encuentro. No hay, por tanto, una ausencia de lo colectivo, sino una redefinición, al tratarse de formas de comunidad menos vinculadas a identidades políticas estables y más articuladas en torno a afinidades, redes, experiencias y acciones compartidas. Algo que no es exclusivo de este espacio, sino que remite a transformaciones más amplias de la acción colectiva en contextos de individualización avanzada.

El núcleo ideológico más consistente de este espacio liberal-libertario es, sin duda, la meritocracia. En consonancia con el antifeminismo de otras derechas radicales, en sus discursos aparecen críticas recurrentes a las cuotas, el rechazo de la victimización y la valorización del esfuerzo y el sacrificio individual. Se admira a quienes “llegan por mérito propio” y se cuestiona a quienes acceden a posiciones de poder a través de vínculos, imagen o mecanismos de discriminación positiva. Se configura así una subjetividad claramente neoliberal, basada en la autonomía, la responsabilidad y la competencia. El mercado se concibe como un espacio privilegiado de emancipación, lo que se traduce en la defensa de la educación financiera como vía de igualdad.

Estas ideas están en consonancia con procesos más amplios de individualización, como los descritos por Beck o Giddens, donde los sujetos están obligados a construirse a sí mismos en contextos de riesgo e incertidumbre. En este marco, la precariedad deja de ser solo una condición material y pasa a funcionar como una forma de gobierno —en el sentido que propone Isabell Lorey— que produce sujetos obligados a autogestionar su propia vida. Así, la meritocracia no sería solo una ideología, sino una forma de subjetivación: una manera de interpretarse a sí mismas, de explicar sus trayectorias y de dar sentido a sus posiciones. En este sentido, el sujeto neoliberal se concibe como un “empresario de sí mismo”, algo que aparece con claridad en estos discursos.

Igualmente central es la dimensión afectiva. El neoliberalismo no solo produce sujetos racionales y autosuficientes, sino también emocionalmente autorregulados. Frustraciones, desigualdades o problemas estructurales tienden a reinterpretarse en clave individual, vinculados al esfuerzo, la actitud o la responsabilidad personal, como también han señalado autoras como Rosalind Gill o Eva Illouz.

Otro elemento clave a la hora de analizar sus discursos y su acción colectiva es la dimensión generacional. Muchas de estas mujeres no llegan a estos espacios desde fuera del feminismo. Al contrario, se han socializado en contextos profundamente atravesados por él, han recibido educación sexual integral, han participado en los debates sobre el aborto, se han sumado a movilizaciones en favor de este derecho y han portado símbolos como el pañuelo verde. No hay en las más jóvenes una ruptura con el feminismo, sino una relectura de sus logros en clave individual. Los derechos se dan por garantizados y dejan de percibirse como resultado de conflictos colectivos, lo que desplaza el foco desde la movilización hacia la gestión individual de esos mismos derechos en la vida cotidiana.

Otro eje analítico central es el securitismo. El empoderamiento se articula en torno a la autodefensa, coherente con una racionalidad neoliberal en la que el riesgo se gestiona de forma individual. El miedo, la inseguridad o la vulnerabilidad no se traducen en demandas colectivas, sino en estrategias individuales de autoprotección. La promoción de la defensa personal o de la libre portación de armas se justifica a partir del rechazo al Estado y la exaltación del individuo, a través de proclamas como: “Defendete hermana” o “Al violador bala”.

Estas posiciones ocupan un lugar ambivalente en el campo político. No encajan plenamente en la derecha clásica, puesto que rechazan el feminismo de las “zurdas”, pero también ciertos elementos del conservadurismo tradicional. Se sitúan en un espacio intermedio, lo que genera tensiones tanto con el feminismo hegemónico como con los sectores conservadores. Son profundamente antikirchneristas y antiperonistas, pero sobre todo antiestatistas. Hay también una relación ambivalente con Milei, al que critican pero finalmente votan, en un porcentaje más paritario que en otros contextos y con un apoyo significativo de mujeres jóvenes. Esto rompe la idea de que la ultraderecha es solo masculina, o que las mujeres que la apoyan son siempre mayores y ultraconservadoras, lo que obliga a complejizar el análisis.

Todo ello remite a un proceso más amplio de disputa por el significado, las luchas y los logros del feminismo. Conceptos como sororidad, feminicidio o colectivismo son resignificados y disputados. Hay, en definitiva, una batalla cultural en curso que en este caso pretende darse desde dentro del movimiento, intentando generar un espacio propio entre el feminismo “de las zurdas” y los sectores más conservadores del liberalismo. Esto genera una posición híbrida, con tensiones internas.

Por lo tanto, desde las ciencias sociales y, en especial, desde la sociología política, quizá la pregunta de si esto es o no feminismo no sea la más productiva, sino entender qué nos dice este fenómeno sobre las transformaciones contemporáneas del feminismo y de la política. Lejos de ser una anomalía, estas formas de feminismo en las nuevas derechas expresan una tensión central de nuestro tiempo en la que conviven en disputa lenguajes emancipadores y lógicas neoliberales, demandas de autonomía y procesos de individualización, politización y despolitización. Tomarlas en serio, como han hecho Melina Vázquez, Carolina Spataro y las autoras que participan del monográfico, no implica legitimarlas, sino reconocer que forman parte de las transformaciones actuales del campo político. Para entenderlas, no basta con analizarlas como reacción, sino como producto de procesos sociales más amplios que las hacen posibles. A partir de ahí, el análisis permite generar mejores herramientas, desde la academia y el activismo, para discutirlas, cuestionarlas y disputarlas.

¿Qué democracia quieren las élites económicas?

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24/02/2026 – Alejandro Osorio-Rauld, Universidad de Alicante

Cuando hablamos de crisis democrática solemos mirar hacia abajo. Encuestas, índices, gráficos: cuánto apoyo conserva la ciudadanía, cuánta desafección crece, cuánto aumenta la polarización. Los datos comparados muestran una brecha persistente entre el apoyo abstracto a la democracia y la satisfacción con su funcionamiento. Sabemos bastante sobre cómo piensan los votantes. Pero sabemos sorprendentemente poco sobre cómo entienden la democracia quienes concentran poder económico.

Y esa omisión no es trivial.

La democracia no es un concepto unívoco. La investigación ha demostrado que muchas personas pueden declararse demócratas y, al mismo tiempo, sostener concepciones muy distintas sobre lo que significa que un sistema sea democrático. Hay una amplia literatura que demuestra la naturaleza polisémica de este concepto (König y otros, 2022). Para algunos, democracia es ante todo elecciones libres y libertades civiles; para otros, participación directa; para otros, igualdad social o justicia distributiva. Bajo la misma palabra conviven modelos diferentes, a veces compatibles, a veces en tensión.

Pero cuando desplazamos la mirada hacia las élites económicas, el vacío es evidente. Y, sin embargo, estos actores no son observadores neutrales. Influyen en políticas públicas, en marcos regulatorios y en procesos de reforma institucional. En contextos de crisis política o cambio constitucional, su concepción de la democracia puede convertirse en un factor decisivo para estabilizar o bloquear transformaciones.

Un estudio cualitativo reciente basado en entrevistas a altos dirigentes empresariales de España y Chile permite iluminar esta zona poco explorada. El patrón que emerge es consistente y, al mismo tiempo, incómodo.

En ambos países, las élites económicas expresan un respaldo claro a la democracia liberal: elecciones libres, Estado de derecho, libertades civiles, previsibilidad institucional. En España, ese apoyo se vincula con la memoria positiva de la transición democrática y con la integración europea. La democracia aparece como sinónimo de normalización, modernización y apertura. En Chile, se asocia sobre todo con orden institucional y estabilidad normativa tras décadas de crecimiento económico.

Hasta aquí, todo parece alinearse con el consenso liberal.

El problema —si queremos llamarlo así— no está en el apoyo al régimen, sino en el modelo de funcionamiento de toma de decisiones que se considera deseable.

Cuando la conversación pasa de la arquitectura del sistema a su dinámica cotidiana, emerge con claridad una preferencia por decisiones tomadas por actores “competentes”, “preparados”, “con experiencia”. La política es valorada cuando se ejerce como gestión técnica eficiente. La participación amplia, el conflicto social intenso o los procesos deliberativos abiertos, en cambio, suelen generar incomodidad.

Esta orientación encaja con lo que Hibbing y Theiss-Morse (2002) denominaron stealth democracy: una democracia en la que la ciudadanía delega y los expertos gestionan, minimizando el conflicto visible. No se trata de rechazar el régimen representativo, sino de reducir su dimensión conflictiva y participativa.

En el caso chileno, tras el proceso constituyente, esta inclinación se expresó con particular nitidez. La representación parlamentaria fue descrita como la vía legítima para cualquier reforma institucional profunda. Los mecanismos asamblearios o deliberativos amplios fueron presentados como riesgosos, emocionales o fácilmente capturables por minorías activistas. El conflicto social intenso se percibe más como amenaza que como componente inherente al pluralismo democrático.

En España, como ya lo habían demostrado hace más de una década Font y otros (2012), el tono es menos abrupto, pero el patrón es similar. Se elogia la política ejercida por perfiles meritocráticos, por “los mejores”. La legitimidad se asocia con competencia técnica más que con inclusión amplia. El conflicto es algo que debe gestionarse, no algo que deba expandirse.

Nada de esto implica una defensa abierta del autoritarismo. Al contrario, el respaldo al régimen liberal es explícito. Pero sí revela una concepción de democracia donde la estabilidad y la previsibilidad ocupan el centro, y donde la participación es legítima siempre que esté encauzada y no desborde los márgenes institucionales.

Hay además un silencio significativo. La desigualdad, la redistribución o el conflicto entre capital y trabajo apenas aparecen cuando estas élites definen qué es la democracia. A diferencia de amplios sectores ciudadanos —que en muchos países asocian democracia con justicia social— aquí predomina una comprensión procedimental a lo Schumpeter: reglas claras, instituciones fuertes, competencia política y orden. La democracia se evalúa por su capacidad de producir estabilidad, no necesariamente por su capacidad de transformar estructuras sociales.

Ese desplazamiento no es inocente. Define una democracia de intensidad social limitada: plenamente legítima, aunque conviva con desigualdades persistentes, siempre que preserve reglas previsibles y límites claros al conflicto.

La tensión se vuelve visible cuando contrastamos esta concepción con otras visiones democráticas más participativas o más orientadas al cambio estructural. Si una parte de la ciudadanía entiende la democracia como ampliación de voz y capacidad de redefinir el contrato social, mientras una parte significativa de la élite económica la concibe como estabilidad institucional y gestión competente, la disputa deja de ser simplemente política. Es una disputa o una batalla cultural sobre el significado mismo del régimen.

Y esta diferencia conceptual adquiere un peso especial en el contexto global actual.

En distintas regiones del mundo, las tendencias conservadoras y nacionalistas han ganado terreno. El liberalismo político y las poliarquías enfrentan cuestionamientos tanto desde movimientos populistas que erosionan contrapesos institucionales como desde sectores que priorizan orden y autoridad sobre deliberación plural. Como han advertido Levitsky y Ziblatt (2018), la erosión democrática contemporánea rara vez adopta la forma de un quiebre abrupto; suele avanzar de manera gradual, a través de cambios en normas informales, discursos legitimadores y equilibrios institucionales.

En ese escenario, la posición de las élites que detentan el poder económico resulta crucial. Si su modelo preferido converge con una democracia menos conflictiva, más habermasiana que agonista, más tecnocrática y más restrictiva en términos participativos, puede contribuir —aunque no sea su intención explícita— a reforzar dinámicas de cierre institucional. No por convicción autoritaria, sino por búsqueda de estabilidad y control de la incertidumbre. El ejemplo de lo ocurrido en Chile es tremendamente ilustrativo sobre esta cuestión, cuando los poderes fácticos organizados se inclinaron por clausurar la posibilidad de un cambio institucional.  

El punto no es demonizar a las élites económicas. Tampoco idealizar a la ciudadanía. La democracia liberal necesita reglas, necesita previsibilidad y necesita cierto grado de profesionalización política. Pero también necesita conflicto social legítimo, competencia real y apertura a demandas sociales emergentes.

La cuestión central es reconocer que bajo la etiqueta “democracia” conviven modelos distintos. Y que el consenso retórico puede ocultar desacuerdos profundos sobre qué grado de participación es deseable, qué nivel de conflicto es aceptable y qué tipo de transformación es legítima.

Las élites económicas pueden defender sinceramente la democracia liberal y, al mismo tiempo, preferir una democracia donde la participación esté filtrada, el conflicto social moderado y la decisión concentrada en actores competentes. No es una contradicción. Es un modelo específico, coherente con su posición estructural y con su valoración de la estabilidad.

Pero cuando ese modelo se articula en un clima global de repliegue conservador y desconfianza hacia la deliberación pública amplia, la pregunta deja de ser meramente académica.

Quizá el debate más relevante hoy no sea cuánto apoyo tiene la democracia en abstracto, sino qué versión concreta de democracia están dispuestos a sostener los distintos actores con poder. Porque la erosión democrática no siempre comienza con la negación frontal del régimen. A veces empieza cuando el conflicto se redefine como problema, la participación como riesgo y la política como mera gestión técnica.

Y en ese desplazamiento sutil —entre el pluralismo y la tecnocracia, entre la inclusión y el filtrado— se juega buena parte del futuro democrático.

Referencias bibliográficas

Font Fábregas, J., Navarro, C. J., Wojcieszak, M., & Alarcón, P. (2012). ¿“Democracia sigilosa” en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos (Opiniones y Actitudes, No. 71). Centro de Investigaciones Sociológicas. https://doi.org/10.5477/cis/opyac.71.132

Hibbing, J. R., & Theiss-Morse, E. (2002). Stealth democracy: Americans’ beliefs about how government should work. Cambridge University Press.

König, P. D., Ackermann, K., Wuttke, A., Rooduijn, M., & Steenbergen, M. R. (2022).

Conceptualizing and measuring citizens’ preferences for democracy: Taking stock of three decades of research in a fragmented field. Comparative Political Studies, 55(12), 2015–2049. https://doi.org/10.1177/00104140221082109

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown.

Cuando la lucha se contradice: violencia y coherencia en los espacios de militancia

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Arantxa Cantarero

Entre las (muchas) contradicciones que enfrentan quienes militan en los movimientos sociales, atraviesan en especial —cada vez más en los últimos tiempos— aquellas relacionadas con los casos de violencia sexual que se producen en los espacios de participación, protagonizados por personas que son compañeras y, con frecuencia, también amigas. La existencia de vínculos afectivos con quienes cometen y sufren estos hechos provoca que aquello que, visto desde fuera, se interpreta con claridad meridiana e impulsa a salir a la calle al grito de “Yo sí te creo”, en la cercanía se vuelva difuso: los contornos se desdibujan y las creencias sobre lo que se considera o no violencia se llenan de matices que dificultan su reconocimiento y, por tanto, la reacción ante lo que se tiene delante.

Que se trata de un asunto a flor de piel y que preocupa queda patente en la frecuencia con que aparece en conversaciones, asambleas y espacios de debate. Cuando comentaba con compañeras y compañeros de militancia el tema que había escogido para la investigación de mi TFM —las violencias sexuales en los movimientos sociales de Madrid—, con frecuencia me encontraba con la frase: “Pues yo conozco una historia…”. En el caso de las mujeres, además, suele añadirse la coletilla “Siempre estamos igual”, que revela el cansancio que estos episodios dejan a su paso.

Lo que ha cambiado en la última década no es, ni mucho menos, la existencia de la violencia sexual (que se cuela en cualquier espacio humano, en cualquier época y en cualquier lugar), sino su identificación, su visibilidad y las exigencias hacia el propio colectivo cuando las víctimas o sus redes deciden romper el silencio. Los movimientos sociales se presentan como espacios de emancipación, pero también son microcosmos donde se reproducen las mismas jerarquías, lealtades y silencios del sistema que, desde dentro, son criticados. Cuando el agresor es un compañero de lucha, se activan lógicas que actúan como barreras poderosas para la visibilización y la denuncia (Asensio, 2019).

En Madrid, al igual que en el conjunto del estado español, se han sucedido episodios que están empujando a muchos espacios de militancia a una autorrevisión profunda. No me refiero a los escándalos mediáticos que han salpicado a figuras concretas, sino a casos de violencia sexual de los que se sabe por el “boca a boca”, algunos ya lejanos en el tiempo y otros más recientes, que salen a la luz en una asamblea o en espacios reducidos como el que ofrece un grupo de amigas. Sucesos que se sostienen en una cultura organizativa que durante años normalizó comportamientos y relegó la protección de las víctimas a un segundo plano. Las denuncias públicas y las investigaciones, como la llevada a cabo por Tania Martínez Portugal y Marta Luxán Serrano (2022) han revelado que, en no pocas ocasiones, los colectivos optaron por la discreción o la contención para preservar la imagen pública o la cohesión interna del grupo, decisiones que terminaron alimentando la desconfianza de quienes buscaban protección dentro de esos espacios. Se han documentado casos en los que el silencio fue la primera respuesta, seguido de la minimización del relato o de la falta de crédito a la víctima, y esa constatación ha provocado un debate necesario sobre protocolos, rendición de cuentas y ética militante.

Cuando la persona afectada reclama apoyo y se encuentra con incredulidad, minimización o exigencias de prueba, la repercusión psicológica y social es enorme. A través de relatos compartidos conocemos cómo estas compañeras perdieron redes de apoyo, su lugar en el espacio de militancia y, en algunos casos, su voluntad de seguir participando en cualquier movimiento social. La revictimización —esa doble violencia que atraviesa el relato judicial y, en estos casos, sobre todo el social— actúa como un castigo añadido. Y en los espacios que dicen defender la justicia y los valores feministas, esa contradicción se siente aún más dolorosa.

Un elemento que aparece una y otra vez en las conversaciones es la desigualdad simbólica entre quien tiene capital militante y quien no. Hay personas, a quienes Biglia y San Martín bautizan como “maltratadores políticamente correctos” cuyo prestigio, redes y visibilidad funcionan como escudo. Eso no sólo facilita la repetición de conductas de violencia sexual, sino que distorsiona la percepción colectiva de los hechos: cuando el agresor es respetado, la tendencia a minimizar o explicar el comportamiento como “un error” o “un malentendido” aumenta. En cambio, cuando quien agrede es periférico o poco conocido, la condena es más rápida. Esa asimetría revela cómo los movimientos, aun abrazando discursos igualitarios, reproducen jerarquías que dañan a las personas más vulnerables.

A menudo, la duda ante los hechos narrados o la falta de herramientas de actuación inmovilizan al grupo, que asiste como espectador ante hechos que solo tiempo después, y gracias a la conversación y el debate, terminan siendo reconocidos como violencia sexual. La pregunta es ¿cómo conciliar la confianza mutua necesaria para construir espacios de militancia cohesionados y eficaces con la necesidad de prevenir violencias? No hay una receta sencilla, pero sí algunos principios que, en los espacios donde ya se debate este tema, se plantean como innegociables: la conversación abierta, sosegada y formativa en torno al consentimiento y los límites; la existencia de canales confidenciales de escucha y acompañamiento; y la garantía de procesos de reparación justos que aseguren la seguridad de las víctimas.

Nos enfrentamos a resistencias comprensibles: el miedo a que un caso mal gestionado fracture la imagen pública de un colectivo o su cohesión interna, o a que la especulación mediática convierta una acusación en linchamiento público. También el temor a no actuar de manera justa con alguna de las partes implicadas. Esas preocupaciones son legítimas, pero la respuesta no debería ser la represión del testimonio ni la preferencia por el silencio, ni tampoco el linchamiento y la condena inmediata. Este miedo refleja, no obstante, la tensión constante de los movimientos sociales entre la voluntad de alejarse de prácticas punitivistas propias del sistema penal tradicional, tratando así de alinearse con opciones dentro de la justicia restaurativa, y la precaución de no convertir todo en violencia ni dejar que el señalamiento público libre la batalla.

A esto se suma la dificultad de los procesos internos de investigación: ¿quién investiga?, ¿cómo se garantiza la independencia del procedimiento?, ¿qué sucede cuando las partes no confían en el mecanismo interno y optan por la vía pública o judicial? Las respuestas varían, pero parece crecer el consenso sobre la necesidad de instrumentos que garanticen imparcialidad y protección. Algunos colectivos han experimentado con comisiones mixtas, asesorías externas o mediación. Estos intentos, aún lejos de alcanzar una plena eficacia, contribuyen a señalar un camino: combinar la responsabilidad política con el respeto a los procesos personales.

Es fácil señalar culpables; más difícil es construir alternativas. Por eso muchos colectivos y espacios de militancia buscan medidas concretas y alcanzables, a la vez que asumen el ejercicio quizá más complejo: reconocer sus propias contradicciones y la falibilidad de los sistemas que han construido durante años. Esto requiere un ejercicio de valentía colectiva, que permita admitir los errores del pasado, asumir la tarea de reparar y aceptar que la coherencia exige poner en riesgo la comodidad. Significa que los espacios de la izquierda política y los movimientos que han acogido a los feminismos en sus idearios deben aceptar que sus fantasmas internos serán visibles, y que la exigencia de justicia no es una espada que se dirige solo hacia fuera, sino también hacia dentro. Para que la lucha por la justicia social sea sólida, los movimientos deben ser capaces de recoger e incorporar sus incoherencias y trabajar sobre ellas. La transparencia y la voluntad de reparación deberían situarse en el centro de la práctica militante.

Tras reflexionar sobre las conversaciones mantenidas, pienso en las muchas charlas que aún quedan por mantener: en las asambleas donde habrá que acordar cómo intervenir, en los espacios informales donde se tejerán redes de apoyo y en los grupos de trabajo donde se redactarán protocolos. Partimos de la convicción de que hablar y escribir sobre la violencia sexual en el propio entorno con rigor, empatía y responsabilidad forma parte del proceso de transformación que se pretende impulsar.

Si algo se ha aprendido durante estos años en los movimientos sociales en el estado español es que la justicia se construye paso a paso: a través de normas, sí, pero también (y sobre todo) mediante prácticas cotidianas que respeten la dignidad de las personas. Se trabaja con la intención de no permitir que los espacios de lucha se conviertan en refugio para quien ejerce violencia, y desde la firme creencia de que la militancia puede y debe ser un lugar más seguro, porque solo así las demandas de justicia social serán creíbles y sostenibles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asensio Lozano, M. (2019). Cuando el agresor es compañero de militancia. El Salto Diario, 2 de mayo.

Biglia, B., y San Martín, C. (2007). Estado de Wonderbra: Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. VIRUS Editorial.

Martínez Portugal, T., y Luxán Serrano, M. (2022). Movimientos sociales y violencia contra las mujeres. Resistencias, obstáculos y propuestas emancipatorias. Política y Sociedad, 59(1), 1-12.

Call for Abstracts- Jornadas Internacionales sobre Contentious Politics en España

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El Grupo de Estudios de Política y Sociedad de la UNED y el Comité de Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social de la Federación Española de Sociología (FES), en colaboración con MOVICON-UCM (Grupo de Investigación sobre Movilización, Contienda Política y Cambio Social), convocan las primeras Jornadas Internacionales sobre Contentious Politics en España, que se celebrarán en Madrid el 20-21 de noviembre de 2025.

Estas Jornadas se conciben como el primer foro académico internacional dedicado exclusivamente al análisis de las dinámicas de movilización social en el contexto español, en el que se reunirán investigadoras e investigadores de Europa, América Latina y otras regiones. El programa será bilingüe (español e inglés) y contará con la participación de ponentes internacionales y especialistas reconocidos que actuarán como discussants, fomentando debates rigurosos, complejos y diversos.

El objetivo principal de este encuentro es establecer una red internacional de estudios sobre movimientos sociales en España, creando vínculos estables entre jóvenes investigadores/as en fases iniciales y de consolidación, y grupos de investigación con temática afín. La participación será abierta y gratuita, previa inscripción, y se regirá mediante este Call for Abstracts.

Se invita especialmente a investigadores predoctorales, doctorandos/as y early career scholars a presentar propuestas de trabajos en curso o finalizados, desde diversas disciplinas (sociología, ciencias políticas, antropología, historia del presente, estudios de juventud, estudios feministas, etc.). Se dará prioridad a este perfil en el proceso de selección.

Las propuestas deberán centrarse en el caso español o incluirlo en análisis comparados. El tema general de las Jornadas es el estudio de los movimientos sociales y la política contenciosa en la historia reciente de España (últimos 25 años). Se priorizarán propuestas que se alineen con alguna de las siguientes líneas temáticas preferentes:

  • Movilizaciones feministas, LGTBQ+ y luchas por la justicia de género
  • Dinámicas de movilización de la extrema derecha y sus retos
  • Conflictos ecológicos y nuevas formas de activismo climático
  • Innovaciones teóricas y metodológicas en el estudio de los movimientos sociales
  • Protestas urbanas frente a la ciudad neoliberal y la turistificación
  • Transformaciones del movimiento obrero y el sindicalismo en la actualidad
  • Activismos juveniles en un contexto de policrisis
  • Memorias colectivas y transmisión de experiencias de lucha
  • Ciclos de movilización y análisis longitudinal de la protesta
  • Desigualdades sociales, nuevas formas de precariedad y luchas por los derechos
  • El caso español en perspectiva comparada (Europa del Sur y más allá)

Envío de propuestas:

Las personas interesadas deberán enviar un abstract de un máximo de 300 palabras, en español o inglés, a través del formulario habilitado. La fecha límite para el envío de propuestas es el 30 de septiembre de 2025. Los resultados del proceso de selección se comunicarán a principios de octubre. Se deben registrar todos los datos en el siguiente Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/1vQtKyBrKwUX-bkPmqqIerTc6DpeRViF3K_A1F1hK32g/viewform?edit_requested=true

A los/las participantes seleccionados/as se les solicitará la entrega de un working paper de entre 5.000 y 7.000 palabras (versión preliminar del trabajo o texto en desarrollo) antes del congreso, con fecha tope de envío el 11 de noviembre de 2025, con el fin de facilitar que las y los discussantstengan tiempo suficiente para leer los textos y ofrecer sugerencias y comentarios a cada paper.

La inscripción será gratuita. Se dispondrá de un número limitado de ayudas de viaje para personas que no cuenten con financiación institucional ni recursos suficientes para asistir. Finalmente, se valorará la posibilidad de organizar una publicación colectiva con una selección de trabajos presentados en las Jornadas. Estas jornadas cuentan con el apoyo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la UNED.

Comité organizador de las Jornadas

Federico Rossi, UNED

Patricia García, UGR

Jorge Benedicto, UNED

Alba Arenales, Scuola Normale Superiore

Gomer Betancor, UNED

María Martínez, UNED

Rubén Ruíz, UNED

Marta Romero-Delgado, UCM

Call for Abstracts – International Workshop on Contentious Politics in Spain

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The UNED Policy and Society Study Group and the Spanish Federation of Sociology (FES) Committee on Social Movements, Collective Action and Social Change, in collaboration with MOVICON-UCM (Research Group on Mobilisation, Political Conflict and Social Change), are organising the first International Workshop on Contentious Politics in Spain, to be held in Madrid on 20-21 November 2025.

This workshop is conceived as the first international academic forum dedicated exclusively to the analysis of the dynamics of social mobilisation in the Spanish context, bringing together researchers from Europe, Latin America and other regions. The workshop will be bilingual (Spanish and English) and will feature international speakers and renowned specialists who will act as discussants, fostering rigorous, complex and diverse debates.

The main objective of this meeting is to establish an international network for the study of social movements in Spain, creating stable links between young researchers in the early stages of their careers and established researchers, and research groups working on related topics. Participation will be open and free of charge, subject to registration, and will be governed by this Call for Abstracts.

PhD. Students, postdoctoral researchers and early career scholars are especially invited to submit proposals for work in progress or completed work from various disciplines (sociology, political science, anthropology, contemporary history, youth studies, feminist studies, etc.). Priority will be given to this profile in the selection process.

Proposals should focus on the Spanish case or include it in comparative analyses. The general topic of the workshop is the study of social movements and contentious politics in the recent history of Spain (the last 25 years). Priority will be given to proposals that align with one of the following preferred thematic lines:

● Feminist mobilisations, LGTBQ+ and struggles for gender justice

● Dynamics of far-right mobilisation and its challenges

● Ecological conflicts and new forms of climate activism

● Theoretical and methodological innovations in the study of social movements

● Urban protests against the neoliberal city and touristification

● Transformations of the labour movement and trade unionism today

● Youth activism in a context of polycrisis

● Collective memory and the transmission of experiences of struggle

● Mobilisation cycles and longitudinal analysis of protest

● Social inequalities, new forms of precariousness and struggles for rights

● The Spanish case in comparative perspective (Southern Europe and beyond)

Submission of proposals:

Those interested should send an abstract of no more than 300 words, in Spanish or English, using the form provided. The deadline for submission of proposals is 30 September 2025. The results of the selection process will be announced in early October. All details must be entered in the following Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/1vQtKyBrKwUX-bkPmqqIerTc6DpeRViF3K_A1F1hK32g/viewform?edit_requested=true

Selected participants will be asked to submit a working paper of between 5,000 and 7,000 words (preliminary version of the paper or text in progress) before the workshop, with a deadline of 11 November 2025, to allow the discussants sufficient time to read the texts and offer suggestions and comments on each paper.

Registration will be free of charge. A limited number of travel grants will be available for people who do not have institutional funding or sufficient resources to attend. Finally, the possibility of organising a collective publication with a selection of papers presented at the workshop will be considered. This workshop is supported by the Faculty of Political Science and Sociology of the UNED and the Vice-Rectorate for Research, Transfer and Scientific Dissemination of the UNED.

Workshop Organising Committee

Federico Rossi, UNED

Patricia García, UGR

Jorge Benedicto, UNED

Alba Arenales, Scuola Normale Superiore

Gomer Betancor, UNED

María Martínez, UNED

Rubén Ruíz, UNED Marta Romero-Delgado, UCM