25/06/2021 – Emilio V. Silvestre González (GESP)
Después de poco más de un año desde que se decretase el Estado de Alarma, podemos advertir que tanto las consecuencias que han traído consigo el COVID19, como las medidas tomadas para paliarlo, han implicado grandes cambios y adaptaciones económicas, sociales y políticas. Las primeras consecuencias las observamos atendiendo a la caída histórica de los principales indicadores económicos durante la pandemia o al descontento generalizado con las medidas tomadas, algo que se dio de forma trasversal en todo el globo, y que se materializó en diferentes formas de protestas alrededor del mundo.
A su vez, hemos sido testigos de cómo esta pandemia y sus consecuencias han aumentado las desigualdades y acelerado el retroceso democrático. Sin embargo, tenemos que pensar esta involución en base a las diferencias culturales y contextuales existentes. Sirva de ejemplo la campaña anti-okupación en el contexto de crisis económica y sanitaria actual, donde se han dedicado a promocionar y reproducir en los medios de comunicación, dando una visión negativa de este fenómeno para crear una opinión pública contraria a éste. Es decir, se han utilizado los medios para crear e influir a la opinión pública, mediante un método más invisibilizado de manipular la información. Algo que ha servido a las grandes corporaciones y fondos buitre para mantener a salvo sus propiedades, millones de viviendas vacías sin opción a alquiler social y con ánimo especulativo y lucrativo.
Todo ello en un contexto de crisis sanitaria y económica que ha forzado a muchas familias a verse en procesos de desahucio sin alternativa habitacional y con una sociedad contraria a la okupación como opción o como herramienta de negociación con bancos y fondos buitre, principales propiedades okupadas. Así, nos encontramos con situaciones de violencia institucional diarias, forzadas por las grandes corporaciones y legitimadas por las instituciones que provocan aún más desigualdades y descontento social.
Al mismo tiempo, debemos repensar los efectos del poder y la resistencia foucaultianos, pues ya no están contenidos por la matriz política de la relación entre el Estado y la sociedad, sino que, superan el marco de las representaciones inscritas en el Estado-nación. En este sentido, las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos para hacer frente a la pandemia parecen responder a una lógica represiva propia de estados autoritarios, algo en auge ya antes de la pandemia. Tanto es así que, las continuas vulneraciones de derechos humanos han forzado a diferentes asociaciones y plataformas a realizar estudios sobre estas y sus implicaciones.
Así, Amnistía Internacional plantea en su informe sobre abusos policiales durante la pandemia cómo «en Europa hubo varios casos —en Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia y Rumania— en los que agentes encargados de hacer cumplir la ley recurrieron al uso ilegítimo de la fuerza para imponer medidas de confinamiento a personas que no habían ofrecido resistencia ni constituían una amenaza significativa» (pág. 16).
Esto es algo que hemos podido observar en las redes sociales con la cantidad de videos sobre abusos policiales que se han viralizado durante el confinamiento. Además, atendiendo a los millones de propuestas de sanción que se hicieron durante el confinamiento puestas ahora en duda por la ausencia de un marco legal que las respalde, entendemos que, las fuerzas y cuerpos de seguridad se excedieron de sus competencias, sancionando por conductas no tipificadas o interpretadas por los mismos agentes. Este exceso en las actuaciones policiales lo han sufrido en mayor medida las personas racializadas, respondiendo a un discurso racista que poco a poco va cogiendo fuerza y escaños. Lo que podemos advertir si nos fijamos en dispositivos especiales que se han dado durante el confinamiento, es decir, en las redadas raciales, y en los abusos de autoridad y usos de la fuerza ilegítima contra personas racializadas.
Como consecuencia, la ONG Rigths International Spain en colaboración con el Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendiente en España, ha creado un informe sobre racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España. En él, se han reportado 70 casos de abusos policiales, en menos de dos meses, teniendo en cuenta sólo perfiles raciales que hayan sido víctimas del uso ilícito de la fuerza.
Todo ello, como se refleja en el informe, sólo implica un aumento del racismo reforzado por discursos de odio reportados por figuras públicas. Lo que vemos en las declaraciones del 18 de junio de la portavoz de Vox de la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. Esta expuso que su problemática con el diputado de Podemos Unidas, Serigne Mbayé, de la Unión Madridista Manteros por los Derechos de los Residentes, no es si era negro o blanco, sino que había llegado a España desde «forma ilegal saltándose la cola de entrada de muchos legales que habían cumplido los requisitos y que durante años se ha lucrado vendiendo de forma ilegal».
Pero este fenómeno no es único de las instituciones políticas, sino también en el mundo del deporte, como los sonados casos de racismo dentro del fútbol. En las últimas semanas, surgía el debate sobre si la selección española tendría que arrodillarse o no en su partido contra Suecia como símbolo de solidaridad y apoyo al movimiento «Black Lives Matter». En este sentido, otra vez la extrema derecha y su discurso de odio han hecho que este acto simbólico, que no acaba con los casos de racismo en el fútbol, sino que más bien sirve cómo escaparate de los grandes clubs, no se realice. Así se ponía en marcha una campaña en contra basada en un discurso antiglobalización y resaltando el pasado imperio español, donde encontramos tweets como este: « (…) jamás (arrodillarse) ante una mafia globalista que pretende que pidamos perdón por dejar el mayor legado cultural de la historia».
Todo ello, implica una involución democrática que socaba los derechos fundamentales y, como siempre, afecta máxime a los más vulnerables. Con las consecuencias vinculadas a esta pandemia, podemos entender cómo los diferentes gobiernos han utilizado el COVID19 como excusa para tomar medidas y políticas cada vez más restrictivitas y discriminatorias. También podemos desprender que el uso de la fuerza, aun siendo siempre monopolio de los Estados, se ha intensificado con las medidas antiCOVID19 mediante el argumento de la defensa de la salud y la seguridad colectiva, aumentando la militarización y la represión social en todo el mundo. «Así, se crea un contexto de policialización del espacio público y militarización de la gestión, que puede llegar a justificar comportamientos de control de la vida y el espacio público que no se justifican en otros momentos» (SIRECOVI, 2020, pág. 4).
Pero el problema no parece tener una curva descendente de casos, sino que estas prácticas se han normalizado y se van reproduciendo y endureciendo por todo el globo. Baste como muestra, las protestas en Colombia como respuesta a la nueva Ley Tributaria que busca paliar los efectos económicos de la crisis causada por el COVID19, a este respecto, no podemos obviar la brutal represión que está sufriendo el pueblo colombiano. Donde uno de los principales lemas es: «Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia es porque el Gobierno es más mortal que el virus». Algo que, si observamos los datos proporcionados por la ONG TEMBLORES, es totalmente cierto. Reportando después de 50 días de paro en el país (a fecha de 17 de junio de 2021) 4.285 hechos de violencia cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública. De los cuales hay 43 presuntos asesinatos de civiles, 21 homicidios en investigación, 1468 agresiones físicas, 215 víctimas de disparo de armas de fuego o 734 actuaciones violentas.
Como resultado, podemos entender que la violencia policial es un problema estructural global y, como elemento integral de los proyectos gubernamentales modernos, se manifiesta sistemáticamente en el contexto de la protesta social afectando de manera desproporcionada a colectivos minoritarios cómo personas racializadas, LGTBIQ+ o mujeres (Temblores, 2013). Y que, además, el contexto de pandemia global ha servido a los diferentes actores a acelerar una tendencia que ya se venía dando de forma más lenta, erosionando las instituciones. Algo, que ha permitido a su vez, llegar a esta situación donde hemos rechazado ciertas libertades y, sobre todo, las libertades de ciertos colectivos en favor de una supuesta seguridad.
Para colmo, sumada a esta involución en derechos y libertades, y como consecuencia de la revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente, observamos cómo cada vez más la democratización del uso tecnológico ha ido ligado a una capacidad mayor para extraer información para la vigilancia y el control social. Este hecho se encuentra lejos de ser algo propio de estados autoritarios, sino que es una práctica, que, como la represión, se está extendiendo por todo el mundo.
Bibliografía
Almeda, P., & Majó, A. (2021). La democràcia en perill. En defensa de la democràcia. 1–11.
Amnistía Internacional. (2021). REPRESIÓN Y COVID-19. Abusos Policiales y Pandemia. Informe.
Bigo, D. (2008). Globalized (in)security: The field and the ban-opticon. Terror Insecurity and Liberty: Illiberal Practices of Liberal Regimes After 9/11, 10–48. https://doi.org/10.4324/9780203926765
SIRECOVI. (2020). Consecuencias Del Estado De Alarma En La Vulneración De Derechos De La Ciudadanía. Monitoreando La Privación De Libertad Y La Actividad Policial Durante La Emergencia De La COVID-19. Informe, 1, 1–16.
Temblores, O. (2013). Bolillo, Dios y Patria. 53(9), 1689–1699.
ONG Rigths International Spain y Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendiente en España (2021). Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España. Crisis Sanitaria COVID19, 1–42.
