Listado anual: 2022

^{Foto de Rodrigo Jiménez, Agencia EFE.}

25/02/2022 – Rubén Díez García (UCM)

Este texto resume el capítulo «Cultura cívica y polarización en tiempo de pandemia: complementariedad y lances de dos comunidades cívicas«, publicado en Sociología en tiempos de pandemia. Impactos y desafíos sociales de la crisis del COVID-19, Olga Salido y Matilde Massó, (ed.).

La pandemia de la COVID-19 en España ha transcurrido en un contexto de intensa disputa política y polarización a nivel formal o institucional, que se ha extendido a la esfera cotidiana, ―o afectiva―, a través de una creciente politización de la vida social. Estas hostilidades políticas no se circunscriben al caso español y guardan una relación estrecha con conflictos en torno a la identidad que vienen aquejando a numerosas sociedades democráticas en las últimas décadas. Un aspecto inquietante es que España se sitúa hoy entre los países con una mayor polarización afectiva.

Sobre la base del estudio piloto CiudCovid2020 realizado en la primavera de 2020 me aproximé al papel de la ciudadanía y de la sociedad civil trazando una breve reflexión en torno al concepto de cultura cívica durante la pandemia. En el trabajo que resumo con este texto, abordo los factores subyacentes que conformaron dos formas complementarias de entender este tipo de conciencia cívica durante los momentos más duros de confinamiento y del estado de alarma. La hipótesis central es que las dos dimensiones de este sistema de valores cristalizan en dos tipos ideales de comunidad cívica que, aún diferentes, son complementarias y mantienen rasgos en común, tal y como la ciudadanía puso de manifiesto esos meses a través de pautas de acción y formas de conducta que acentuaban su responsabilidad, solidaridad, y reconocimiento social hacia el personal sanitario y fuerzas de orden público.

Asimismo, sugiero que algunos de los rasgos o atributos que permiten delimitar ambos tipos ideales de comunidad cívica hunden sus raíces en la evolución de redes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales en España. La presencia y visibilidad de ambas comunidades a lo largo del tiempo informa sobre los consensos y controversias públicas de mayor relevancia en nuestro país, y son la muestra de que, dentro del marco de las sociedades democráticas, la tensión entre organización social y cambio se puede equilibrar gracias al potencial de un sistema compartido de valores y creencias de carácter civil.

En nuestro país existen notorios acontecimientos que desde la transición política han dado lugar a la emergencia de discursos rivales en torno a frecuentes controversias y debates públicos, consustanciales a toda democracia. En ocasiones surgen episodios con tendencia a generar un amplio consenso, en relación con su alcance y significado, para luego entrar en una lógica conflictual:  la aprobación del pacto constitucional o el rechazo al golpe de estado de 1981, los sentimientos de indignación y desprecio a que dieron lugar a mediados de los 90 los asesinatos de ETA, el terrorismo yihadista, o la corrupción y la connivencia entre políticos y grupos plutocráticos, en 2011.

En otros momentos se suscitan controversias que dan lugar a discursos rivales en torno al acontecimiento o situación que las motiva. En ambos casos se visibilizan conflictos que afectan a diferentes y múltiples esferas de la vida social y política, como muestran, sin ánimo de ser exhaustivo, los debates públicos en torno a las negociaciones entre el gobierno y ETA, y la autoría de los atentados de Atocha en 2004, o el proceso de independencia en Cataluña. También sobre cuestiones tan dispares como la relación entre hombres y mujeres, las políticas de género, y la identidad sexual; la forma de entender la familia y la crianza; la educación y la lengua a emplear en determinados contextos; nuestra relación con el medio ambiente y especies animales, o la forma de alimentarnos y nuestros estilos de vida. Esta última cuestión ha cobrado relevancia durante la pandemia dado que los estilos de vida inciden directamente sobre los contagios.

Estos conflictos no impiden que en momentos de fuerte incertidumbre y amenaza a la vida democrática y la cotidianidad, surjan acciones de expresión colectiva que permiten a una extensa pluralidad de individuos identificarse con su comunidad política. Estas formas de expresión revelan la existencia de circunstancias que motivan una definición colectiva de la situación compartida por una multiplicidad de actores. En estos casos la ciudadanía se reconoce parte de una misma comunidad y subordina sus intereses materiales e ideales en formas rituales de expresión colectiva, que se traducen en movilizaciones u ostensibles ejercicios democráticos de participación, ―de carácter transversal―. La relevancia de estos acontecimientos no solo marca biográfica y generacionalmente a la ciudadanía por su relación con los procesos de modernización, guarda también relación con el desarrollo de un sistema de creencias y valores democráticos o cívicos.

Estas dinámicas son promovidas y visibilizadas por grupos intermedios de la sociedad civil que actúan como agencias de reflexividad social al introducir controversias públicas y persuadir a la ciudadanía sobre un determinado estado de cosas. En el marco de este sistema de valores los cambios, por un lado, presentan resistencias, dado que en tales conflictos emergen aspectos emocionales vinculados a las identidades de las personas. Por otro lado, las situaciones que dan lugar a una definición de la situación ampliamente compartida por una pluralidad de actores son escasas, ya que frecuentemente emergen intereses particulares y contrapuestos que se manifiestan en la difusión de discursos rivales en torno a las causas y las acciones a desarrollar para enfrentarlas. Un proceso análogo parece haber tenido lugar durante la pandemia.

Los resultados del estudio sugieren que durante la pandemia han coexistido dos comunidades cívicas, que ya venían jugando un papel protagonista en el desarrollo de la cultura cívica en España. La aplicación del análisis factorial a los datos de encuesta muestra la existencia de dos dimensiones de la cultura cívica: una de carácter normativo, orientada hacia el individuo y el pluralismo, otra de carácter comunitario, centrada en la participación y la solidaridad. Éstas entroncan con dos redes o nodos de la sociedad civil y movimientos sociales que han venido cohabitando y protagonizando importantes conflictos desde la transición. Sin embargo, sus fundamentos son complementarios, y esenciales en la defensa y mantenimiento del orden democrático, la incorporación civil y el cambio.

El primer factor destaca tres rasgos clave en la delimitación de un sistema de valores e institucional de carácter cívico: i) cumplimiento de leyes y normas, ii) respeto hacia las ideas de otras personas con ideas diferentes, y iii) responsabilidad como criterio o guía de acción del ciudadano. Estos rasgos informan de una dimensión que defino como cívico-normativa, que se orienta hacia una forma de conciencia cívica centrada en el individuo como sujeto de derechos y deberes, en la autonomía personal y el pluralismo garantizados por la existencia de marcos normativos estables. Adicionalmente, en consonancia con una perspectiva que pone el acento en los aspectos formales de la democracia, en esta dimensión adquiere presencia un cuarto rasgo, el ejercicio del voto.

El segundo factor, por otro lado, enfatiza tres rasgos esenciales de la cultura cívica, ―para la expresión de la solidaridad civil: i) una ciudadanía activa consciente de la importancia de participar en grupos de la sociedad civil, ii) la solidaridad para con aquellas personas en una peor situación, y iii) el voto como expresión de la voluntad ciudadana. Estos rasgos informan de una dimensión que defino como cívico-comunitaria, que se orienta hacia una forma de conciencia cívica centrada en la participación, y la incorporación civil de nuevos colectivos. En consonancia con una perspectiva que se orienta hacia la comunidad y la implicación de la ciudadanía en los asuntos que la atañen, en esta dimensión asoma un cuarto rasgo: la responsabilidad personal para con la conformación de la propia vida en comunidad.

En definitiva, tenemos, por un lado, una dimensión comunitarista, —o rousseauniana—, que informa de la democracia como principio de legitimidad, que apela a la expresión de la voluntad ciudadana, y sobre la que ha gravitado el segundo nodo de redes activistas, colectivos y organizaciones de los movimientos de carácter alternativo y por la justicia social. Por otro, la dimensión democrática, —de carácter montesquiano—, que apela al imperio de la ley, al estado de derecho como garantía de la igualdad y de las libertades, que cristaliza en las redes y entidades cívico-constitucionalistas.

En el contexto de las primeras semanas de confinamiento la ciudadanía y la sociedad civil exhibieron la complementariedad y equilibrio de ambas comunidades en su compromiso y sentido de pertenencia para con la comunidad política frente al virus. Lo hicieron a través de su actitud responsable en el seguimiento de normas e indicaciones de movilidad y salud pública, la organización de redes y acciones de solidaridad, y los multitudinarios aplausos que tuvieron lugar. Por ejemplo, las puntuaciones más altas de la dimensión cívico-comunitaria se vinculan a personas solidarias que participaron en el aplauso sanitario, sin menoscabo de que estas personas también presentaran puntuaciones positivas en la dimensión cívico-normativa, si las comparamos con aquellas que no participaron en los aplausos.

Diferencias en las dimensiones cívico-normativa y cívico-comunitaria

Fuente: Encuesta piloto CiudCovid2020. Elaborado por Andreina Pérez Alfaro

Asimismo, ambas dimensiones presentan puntuaciones más altas, y equivalentes, entre aquellas personas que afirmaron seguir las normas, respecto a las que indicaron no hacerlo, con puntuaciones significativamente negativas. El desarrollo de los acontecimientos evidenció, no obstante, el conflicto hacia el que derivaría la situación en un contexto ya de por sí polarizado. Esto se visibilizó a primeros de mayo cuando en el madrileño barrio de Núñez de Balboa los vecinos comenzaron a celebrar caceroladas y protestas que rápidamente se extendieron a otros barrios y ciudades. Las personas que participaron en ellas muestran puntuaciones muy altas en la dimensión cívico-normativa, tornándose negativas en la cívico-comunitaria.

Esta brecha guarda relación con dos interpretaciones enfrentadas sobre el origen de las caceroladas. Por un lado, la que subrayaban sus promotores, y motivó las protestas, que atribuían la responsabilidad al gobierno central en la gestión de la pandemia y sus graves consecuencias, por ejemplo, en lo relativo a su falta de previsión y tardía reacción, las estrictas medidas de confinamiento y el estado de alarma, que supuso de facto una supresión de derechos individuales, y el procedimiento para sancionarlo legalmente. Por otro, la que describía a sus promotores como desleales con el gobierno y/o personas individualistas e insolidarias centradas únicamente en sus intereses económicos y políticos, atribuyéndoles la responsabilidad en un posible incremento en los contagios.  Sucesivamente, transcurrido el verano, colectivos y asociaciones vecinales convocaban protestas en contra de las restricciones a la movilidad establecidas por el gobierno de la Comunidad de Madrid en zonas de salud con altos índices de contagio. Estos colectivos vecinales, que calificaban como irresponsables e insolidarios a los promotores de las caceroladas en mayo, se movilizaban en septiembre contra las medidas del gobierno regional por considerarlas arbitrarias y segregacionistas, ya que éstas se concentraban en barrios populares.