¿Y quién carga los patinetes?

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25/11/2024 – Francisco Fernández-Trujillo Moares (UNED)

En ocasiones lo invisible se hace visible. Una pregunta cotidiana, como la que titula esta entrada, a veces invita a reflexionar sobre cuestiones con profundas implicaciones sociales y económicas. Así ocurría en una conversación casual sobre las movilidades urbanas y la proliferación de medios de transporte como los patinetes eléctricos que ponen en alquiler por minutos empresas como Lime, Dott y Tier Mobiliy.  La primera vez que conocí de este fenómeno me encontraba en Francia, todavía no estaba extendido el uso de los patinetes eléctricos de alquiler en ciudades como Madrid y Barcelona. Recuerdo que paseando a última hora de la tarde me sorprendió el ruido de una furgoneta pasar a mi lado a toda velocidad. Unos metros más adelante frenó en seco y rápidamente se bajaron el conductor y el copiloto junto a una decena de patinetes eléctricos. Rápidamente cogieron algunos de ellos y los metieron en la furgoneta. Lejos de ser ladrones de patinetes, dejaron otros cuantos en su lugar. Tan rápido como llegaron se fueron. Inmediatamente busqué en mi móvil qué había podido pasar. La furgoneta no tenía distintivos corporativos, lo que me llamó la atención, pues estas start up se caracterizan por utilizar cualquier mínimo espacio como una superficie en la que publicitarse, presentando su logo y los colores identificativos de la empresa. Como es ya previsible, estas personas se encargaban de cargar los patinetes eléctricos de uso compartido. Iban por la ciudad recogiendo patinetes descargados para cargarlos en su casa y devolverlos a los puntos que más convenientes resultaban a la empresa, según la demanda.

¿Quiénes eran estas personas que trabajaban moviendo y cargando patinetes? ¿Qué vínculo tenían con la empresa? ¿Qué ingresos les generaba? ¿Hacían alguna otra cosa durante el día con aquella furgoneta destartalada? Analía Plaza daba cuenta de este fenómeno en 2018, que es un foco para la proliferación del trabajo informal, y contaba quién lleva a cabo esta actividad. Este tipo de actividades laborales suelen ser invisibles, nocturnas, pasajeras, y, a veces, ocultas a plena vista: el escenario perfecto para el trabajo informal.

Si bien es difícil ofrecer datos veraces sobre una actividad que se caracteriza, precisamente, por está oculta de cara a las instituciones, algunos datos dan cuenta de la envergadura del problema. En España se estimaba en 2022 que la economía sumergida se situaba en el 15,8% del PIB. Esto se considera un porcentaje moderado en comparación con el resto de Europa, que se sitúa en una media del 17% aproximadamente. La OCDE señaló en enero de 2024 que el empleo informal representa el 60% de la mano de obra mundial, más aún países en vías de desarrollo en los que el empleo informal se estima que puede alcanzar el 90% del mercado de trabajo, lo que equivale a unos 2.000 millones de trabajadoras y trabajadores.

Sin embargo, parece claro que son determinados sectores donde tradicionalmente hay mayor presencia de estas formas de economía informal, como son la construcción, el trabajo agrícola o la hostelería, pero también otras como las actividades de reparación y arreglos, el cuidado doméstico, la movilidad y la logística. Estos sectores están fuertemente marcados por la exclusión de los sistemas de protección social y la precarización, estando especialmente nutridos por las personas más vulnerables ante el mercado de trabajo.

Nuevas formas de trabajo informal

Algunos de los sectores a los que se ha asociado en las últimas décadas el empleo informal son precisamente aquellos donde la economía de plataforma ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, como son: trabajo doméstico, movilidad o logística. Las plataformas digitales permiten la intermediación de actividades y de servicios, lo que permite a estas empresas proveer de conexión directa entre usuarios y proveedores a través de su tecnología para organizar y gestionar estos servicios de manera flexible y bajo demanda. Es decir, que la provisión de estos servicios no queda a cargo de la empresa de plataforma, sino de terceros, habitualmente llamados eufemísticamente colaboradores o partners. Estas colaboraciones han supuesto que los vínculos y relaciones laborales se hayan visto frecuentemente difuminados, dando lugar no solo a la creación de empleo informal directo, sino a la subcontratación en condiciones de irregularidad.

Este proceso de plataformización del trabajo viene profundizándose y reproduciéndose en nuevos sectores, más allá de algunas experiencias ampliamente conocidas y cada vez más reguladas como pueden ser el sector del delivery (Glovo, Uber Eats o Just Eat), el transporte de pasajeros (Uber, Cabify y Bolt) o las microtareas (TaskRabbit, Freelancer y Fiverr). Resulta relevante en un espacio como este dar cuenta de algunas nuevas tendencias en la plataformización del trabajo que están suponiendo la proliferación de formas de trabajo informal, del mismo modo que ocurría y sigue ocurriendo en el sector del delivery con el fenómeno de las cuentas alquiladas (Fernández-Trujillo, 2024).

Hay que destacar que para las personas migrantes el trabajo informal se constituye como la única alternativa de ingreso, inevitable ante la imposibilidad de acceso al mercado laboral formal y regulado (González y Ortega, 201; Bernhardt et. al, 2013). Asimismo, las mujeres, significativamente presentes en el trabajo del sector de cuidados y el trabajo doméstico, encuentran en este sector la sombra de la informalidad, que refuerza la invisibilidad del sector (Díaz Gorfinkiel & Martínez-Buján, 2018) o la falta de atención a sus enfermedades profesionales[1].

(Licencia Unsplash Claudio Schwarz – https://unsplash.com/es/fotos/cajas-de-carton-marron-sobre-caja-de-carton-marron-a85IYeAXgxU)

Carga de patinetes eléctricos

Las empresas de alquiler de patinetes eléctricos, a través de aplicaciones móviles ofrecen servicios de movilidad urbana. Como se anticipaba, utilizan aplicaciones similares a las utilizadas para alquilar los patinetes para asignar el trabajo a personas que se encargan de recoger, cargar y redistribuir los patinetes por un precio establecido. Estas trabajadoras y trabajadores buscan y localizan los patinetes con la aplicación por toda la ciudad, transportándolos a sus hogares, locales o puntos de carga, donde los cargan durante las horas necesarias y los devuelven a las zonas designadas, ahí donde la empresa lo establece según las estimaciones de demanda.

Habitualmente esta actividad se vale de contratos de colaboración. Quienes establecen el acuerdo con las empresas de movilidad no cuentan con los beneficios laborales mínimos o unos ingresos garantizado, ya que trabajan por tareas. En otras palabras, ganan tanto como patinetes son cargados y reubicados. Asimismo, los gastos corren a cuenta de estas personas, no de la empresa, lo que pone en cuestión la retórica de la inversión y el riesgo del emprendimiento.

Reparto de mensajería y paquetería

Algunas empresas mensajería y paquetería han readaptado a las nuevas realidades y tendencias de la precariedad. Las limitaciones de acceso a vehículos a los centros urbanos y el aumento del comercio digital han hecho que estas empresas hayan renovado su modelo por la vía de la subcontratación a trabajadoras y trabajadores por cuenta propia.

Una práctica es la venta de códigos postales o zonas. Las empresas dividen sus zonas de distribución y venden la zona en la que se trabaja, asignando un precio por paquete entregado (en torno a un euro). Estas personas dadas de alta como trabajadoras por cuenta propia usan su propio vehículo para llevar a cabo la última fase de la cadena logística, lo que habitualmente se llama la última milla.

Es necesario destacar que esta es una tarea que difícilmente puede ser llevada a cabo por una sola persona, dada la necesidad de no interrumpir el tráfico y tener que entregar un gran número paquetes a gran velocidad. Esto ha llevado a que en muchos casos se cuente con trabajadoras y trabajadores irregulares para acompañar en esta tarea. Este es un nicho de empleo y una vía para el acceso a ingresos para quienes no tienen permiso de trabajo. Esto implica la pérdida de derechos laborales y, por supuesto, la reiterada inestabilidad de ingresos propia del trabajo de plataforma y de la informalidad laboral.

Limpieza de casas y apartamentos turísticos

En los últimos años, las plataformas de alojamiento turístico han sido foco de atención y crítica. Pero no solo han supuesto un impacto relevante en la reconfiguración de los espacios urbanos expulsando a inquilinas e inquilinos o impactando directamente en el precio de la vivienda, sino que ha traído consigo la proliferación de una gran cantidad de trabajo informal. La garantía ofrecida por estas plataformas de limpieza y buen estado del espacio implica una carga de trabajo constante en la preparación de los pisos. Este cuidado del espacio no depende de plataformas digitales, como Airbnb o Booking, sino de la propiedad del piso. Habitualmente quienes son propietarios de estos pisos no preparan y limpian el espacio, especialmente en el caso de las empresas que acumulan una gran cantidad de alojamientos turísticos, sino que subcontratan a empresas o personas para que lo hagan. En los últimos años, se ha detectado que este es otro gran escenario para la proliferación de la informalidad. Dada la necesidad de llevar a cabo estos servicios bajo demanda y la invisibilización de la actividad del trabajo doméstico. Así, se ha generado un mercado de trabajo subterráneo en plataformas y webs como Wallapop o MilAnuncios, en las que trabajadoras (principalmente mujeres migrantes) ofrecen este servicio específico y dando cuenta de su experiencia en la preparación y limpieza de alojamientos turísticos.

Licencia Unsplash Sincerely Media – https://unsplash.com/es/fotos/un-armario-lleno-de-toallas-dobladas-y-mantas-dobladas-4hVH8NGwwbE

Nuevas formas de precariedad, viejos efectos de la informalidad

Esta expansión de formas irregulares e informales de trabajo responde a la tendencia hacia flexibilización y desregulación, donde las empresas buscan reducir costes y responsabilidades mediante el empleo de mano de obra desprotegida y sin acceso a los derechos laborales más elementales (Kalleberg, 2011). Esta situación de desprotección permite a las empresas adaptarse rápidamente a las fluctuaciones del mercado, al tiempo que carga sobre los trabajadores el coste de dicha flexibilidad. A pesar de la Ley Rider, que pretendía regular el trabajo en las plataformas digitales en general, no solo en el delivery, en estos sectores se elude la legislación o las plataformas se resisten a la contratación, siguiendo funcionando bajo el modelo de autónomos, falsos autónomos y el trabajo irregular. La entrada en vigor de la ley ha tenido diferentes consecuencias (Fernández-Trujillo, 2024), y aunque ha supuesto la reorganización de las plataformas que operaban en el mercado del reparto de comida y mensajería en España, los trabajadores contratados por las empresas de plataforma siguen trabajando bajo la organización bajo la gestión algorítmica, además de perpetuarse la presencia de las cuentas alquiladas y mantener a buena parte de sus colaboradores bajo el régimen de trabajo por cuenta propia.

El capitalismo de plataforma ha conformado nuevas realidades laborales precarias que escapaban en muchas ocasiones de las capacidades y coberturas que podían ofrecer los sindicatos convencionales en España (Fernández-Trujillo y López Calle, 2024), inmersos en una crisis generalizada de las formas sindicales tradicionales, no solo en el país sino en todo el mundo (Heery, 2009). La expansión del trabajo informal debilita la capacidad de organización y de acción colectiva de los trabajadores (Standing, 2011). Al no estar sujetos a un mismo empleador ni contar con condiciones laborales estables, la organización sindical es difícil y en ocasiones incluso poco efectiva, dada la constante renovación de quienes ocupan este sector.

La invisibilización del trabajo irregular e informal, como es el caso de los cargadores de patinetes, refleja un problema estructural en el mercado laboral actual alimentado por la plataformización. Esta falta de reconocimiento dificulta tanto la creación de marcos legales adecuados como la acción sindical efectiva, dejando a estos trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema. Sin visibilidad, no es posible articular soluciones laborales que garanticen derechos y dignidad en el ámbito del trabajo. Es urgente abrir un debate público y político que aborde estas formas de precariedad, reconociendo a quienes sostienen, desde las sombras, las nuevas economías urbanas y tecnológicas, para construir respuestas.

BILIOGRAFÍA

Bernhardt, A., Spiller, M. W., & Polson, D. (2013). All Work and No Pay: Violations of Employment and Labor Laws in Chicago, Los Angeles and New York City. Social Forces, 91(3), 725-746.

Díaz Gorfinkiel, M., & Martínez-Buján, R. (2018). Mujeres migrantes y trabajos de cuidados: transformaciones del sector doméstico en España. Panorama Social, (27), 105-118. Recuperado de https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PS/027art08.pdf

Fernández-Trujillo Moares, F. J. (2024). Conflictividad laboral en el capitalismo de plataforma: retos y oportunidades para sindicalismo en España. Anuario Del Conflicto Social, (15), e–45266. https://doi.org/10.1344/ACS2024.15.1

Fernández-Trujillo, F. y López Calle, P. (2024) RIDERS, la movilización de un nuevo sujeto laboral al final de la cadena logística. En Romero-Delgado, M.; Castillo, A.E.; y Betancor, G. (Eds.) Movimientos sociales en transformación. Protesta y movilización social en España (2000-2022) (pp. 241-262). FES-Marcial Pons

González, L., & Ortega, F. (2011). How Do Very Open Economies Adjust to Large Immigration Flows? Evidence from Spanish Regions. Labour Economics, 18(1), 57-70. Este estudio investiga cómo las economías abiertas, como la española, se ajustan a grandes flujos migratorios, destacando la prevalencia del empleo informal entre los migrantes.

Heery, E. (2009). The Representation Gap and the Future of Worker Representation. Industrial Relations Journal, 40(4), 324-336.

Kalleberg, A. L. (2011). Good Jobs, Bad Jobs: The Rise of Polarized and Precarious Employment Systems in the United States, 1970s to 2000s. Russell Sage Foundation.

Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic.

[1] En 2022, el Congreso de los Diputados ratificaba el Convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. El conflicto en el sector, sin embargo, tiene continuidad y un largo recorrido hasta la implantación de una legislación que asegure el bienestar de las trabajadoras del sector. El próximo día 30 de noviembre tiene lugar este encuentro resultado de las alianzas entre los distintos colectivos de trabajadoras de hogar y cuidados, en el  que abordarán la necesidad de reconocer las enfermedades profesionales y la salud laboral en los sectores vinculados a los cuidados: https://www.museoreinasofia.es/actividades/nosotras-movemos-mundo

El tortuoso camino de las mujeres hacia la paz

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20/10/2024 – Marisa Revilla y Anabel Garrido (Universidad Complutense de Madrid, GESP UCM-UNED)

Desde hace ya algunas décadas autoras feministas como Carole Pateman, Oyèrónkẹ Oyěwùmí, Wendy Brown, Chandra T. Mohanty, María Lugones, Rita Segato, Nancy Fraser, Silvia Rivera Cusicanqui o Cynthia Enloe, por citar tan solo algunas de las maestras, vienen prestando atención a los procesos históricos, a las estructuras y las instituciones occidentales que organizan la tupida y extensa red en la que se atrapan las vidas de las mujeres. Desde el colonialismo a la construcción de los estados, desde la articulación “caníbal” del capitalismo a la militarización, desde las agendas de desarrollo a la globalización, nos proponen superar el nacionalismo metodológico y adoptar la multiescalaridad para comprender la articulación global de nuestro mundo en la actualidad. En un trabajo reciente, Magalhães Teixeira (2024) plantea que América Latina es uno de los espacios en los que el desarrollo del Norte Global deja poco espacio para el desarrollo del Sur Global y donde el desarrollo es difícilmente sinónimo de paz dado que implica prácticas extractivistas de los cuerpos y de los territorios. Para la autora, “espacio para crecer” y “el derecho a decir no” se presentan como concepciones para la construcción de una paz liberadora que aborde las formas materiales y simbólicas de la violencia y la opresión (página 2). Esa violencia, esa opresión se ejerce sobre los territorios, pero, si adoptamos el cuerpo como escala, la violencia contra las mujeres (y, por tanto, la ausencia de paz para las mujeres) atraviesa el resto de las escalas (desde la comunidad hasta la globalidad) y todos los procesos (productivos y reproductivos, económicos, políticos, culturales, sociales…) (Fluri, 2011).

Si sorprende la inclusión de la violencia contra las mujeres en este argumento, quizás quepa preguntarnos por el grado en el que la tenemos interiorizada social e individualmente. Aunque la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) estableció nítidamente todos los niveles y los agentes que pueden contribuir en el ejercicio de la violencia contra las mujeres, demasiadas veces, esta violencia aparece circunscrita a la violencia física contra las mujeres y a la violencia sexual.

Miramos la prensa un día cualquiera (por ejemplo, en el mes de septiembre) y podemos recopilar información sobre las formas diversas en las que se materializa esa violencia: por supuesto, gravemente, en las mujeres agredidas, quemadas, asesinadas… en las cifras de los femicidios en el mundo: “En 2022, unas 48.800 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Esto significa que, por término medio, más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia”. Pero hay otras noticias que nos hablan de la magnitud de la violencia que se ejerce sobre las mujeres: en agosto, el régimen talibán en Afganistán aprobó una nueva ley “sobre vicio y virtud” que establece que la voz de las mujeres no debe oírse en los espacios públicos porque se considera un instrumento propicio para el vicio. Este silenciamiento nos parece lógicamente atroz, pero rara vez reparamos en las voces silenciadas de las mujeres en los procesos históricos: por ejemplo, Beatriz Silva, con ocasión del aniversario del golpe de estado en Chile (11 de septiembre de 1973) nos recuerda que “…rescatar la memoria democrática de las mujeres de la desmemoria colectiva […] debería ser esencial para construir una identidad colectiva como pueblos, una que esté basada en la verdad y la reparación”. Porque ese silenciamiento de la memoria de las mujeres, en Chile, como en España, como en tantos otros lugares, ha invisibilizado su papel activo como resistencia, su acción política y su agencia… Afortunadamente también encontramos noticias positivas de cómo colectivamente se cambian algunas veces los órdenes que sustentan esas violencias: por el caso de Nai, que con 17 años consiguió escapar el día previsto para su boda forzada, conocemos la existencia del Consejo de Mujeres Pastoras en las comunidades masai en Tanzania comprometido con el avance de los derechos de las masái, el acceso a la educación y a la salud sexual y reproductiva, al agua potable, entre otros propósitos.

Lejos de identificar estas violencias con naciones o continentes concretos, el cuerpo de las mujeres se muestra como territorio de extractivismo en todo el mundo, también en el Norte Global. En esta línea, una de las noticias más leídas este verano ha sido el inicio del juicio por el caso Pélicot en Francia. La gravedad de lo acontecido ha suscitado preguntas y deconstruido ideas que normalizan las violencias o que muestran estos hechos como situaciones excepcionales: los 50 hombres acusados cuentan con “vidas normales”, no son monstruos ni excluidos sociales, como tampoco lo era el marido. El argumento de la defensa se refiere a los hechos como “violación involuntaria” o “violación inconsciente” porque existía la aceptación del marido. Lo que nos revela la consideración de las mujeres como objetos, de propiedad masculina, utilizadas con fines de explotación.

En la película de nuestros tiempos, en demasiadas ocasiones, las mujeres tenemos un papel secundario, somos percibidas como objetos. Las violencias estructurales se ejercen en diversas dimensiones: en la económica, con la feminización de la pobreza, su mayor participación en la mano de obra abaratada, y en el trabajo invisible y no remunerado mantenido por las mujeres en las cadenas globales de cuidados; también en la política con la exclusión, la escasa participación o con el acoso a las mujeres que tienen una vida pública. De hecho, la mayor participación de las mujeres en un proceso social o su incorporación a la acción a las distintas escalas no elimina la violencia: como analiza Enloe (2022), el mayor alistamiento de mujeres a los ejércitos no implica que disminuya la masculinización, el patriarcado o la militarización, probablemente, solo sirva para que las mujeres se militaricen más.

Magalhães Teixeira plantea que la violencia y los conflictos en el Sur Global no son aleatorios en un sentido geográfico, sino que son la manifestación de procesos estructurales de dominación y explotación violenta en un sentido geopolítico (página 10). Del mismo modo podríamos plantear la violencia y las situaciones vividas por las mujeres, incluyendo un sentido patriarcal. Porque el sentido geopolítico está incluido en la consideración de la interseccionalidad, esto es, en el modo en el que multiplican sus efectos los tres sistemas de estratificación social que organizan nuestro mundo: género, raza y clase social.

Todo ello nos lleva a considerar que, incluso en los contextos considerados de paz, la violencia contra las mujeres sigue siendo una constante, por lo que cabe preguntarse ¿qué paz existe para las mujeres? y ¿en el caso de que estas mujeres se encuentren ubicadas en el Sur Global? ¿o en el Norte Global mediadas por las distintas opresiones que sufren las diversas intersecciones? Y así, surge otra pregunta: ¿qué paz hay para qué mujeres?

Partiendo de la consideración galtuniana de la paz como ausencia de violencia, solo nos queda señalar que el camino para la paz para las mujeres del Norte y del Sur Globales sigue siendo tortuoso. La violencia patriarcal se erige como un mecanismo de dominación que va más allá de la violencia individual, ya que se estructura como un sistema disciplinante para todas las mujeres. 

Lo anterior nos permite plantear la violencia patriarcal como uno de los principales desafíos para las democracias en la actualidad. Motivo por el cual, parece necesario investigar y reflexionar entre las vinculaciones de la paz, la violencia y el desarrollo, planteando nuevas preguntas y herramientas que permitan acercarnos a distintas soluciones sociales y políticas.

La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas se ha articulado como una herramienta jurídica de incidencia política por parte de las organizaciones de mujeres y feministas, consiguiendo la atención del impacto diferencial de género en los contextos de violencia organizada, así como el ser escuchadas y tenidas en cuenta en las negociaciones de paz. No obstante, esto es solo una parte de la historia, la búsqueda de la paz parece transitar hacia otros marcos conceptuales más amplios como la paz feminista y sostenible.

REFERENCIAS

Magalhães Teixeira, B. (2024). Room to Grow and the Right to Say No: Theorizing the Liberatory Power of Peace in the Global South. Geopolitics, 29(5), 1724–1756. https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2286287

Fluri, Jennifer L. (2011) Bodies, bombs and barricades. Transactions of the Institute of British Geographers, NS 36: 280-296. https://www.jstor.org/stable/23020818

Enloe, Cynthia (2022): Globalización y militarismo. Las preguntas feministas. Trama Editorial (página 96).

‘Relevante y con impacto’:  dilemas para las ciencias sociales en el campo de la seguridad

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24/06/2024 – Laura Fernández de Mosteyrín (UNED)

Esta semana el Gobierno de España anunció la institucionalización de una oficina nacional de asesoramiento científico  para facilitar transmisión científica a la gestión de las políticas públicas. Ante los desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo, el Gobierno no parece querer ignorar los avances del conocimiento y ha creado este ‘ecosistema nacional de asesoramiento científico’.

Esta iniciativa abunda en una filosofía de la gestión científica que hace años promociona agendas de investigación de interés social y política, prioriza desafíos e incentiva la comunicación de resultados más allá de las instituciones académicas. Quienes nos dedicamos a la actividad investigadora hace tiempo que consideramos cuidadosamente este enfoque al formular, financiar, desarrollar y comunicar nuestras líneas de trabajo: que nuestro trabajo sea relevante para la política pública y que tenga un impacto en nuestras sociedades. Quienes además trabajamos en un campo ‘de interés prioritario’– el de la seguridad y la política del antiterrorismo y la prevención del extremismo-, englobado en los esquemas de financiación bajo la idea de sociedades seguras, enfrentamos además algunos otros dilemas que esta política presenta y que exploraré sucintamente en este texto.

Sin entrar en una crítica a este modelo de producción de conocimiento basado en la medición del impacto social que, teniendo un objetivo  loable, produce todo tipo de dinámicas adversas para la investigación y para las personas que la desarrollamos (Chubb y Reed, 2018),  pienso que, como recordaba nuestro colega Antonio Álvarez-Benavides en su  magnífica entrada en este mismo blog, el fin de la ciencia social ha de ser la transformación social. Por ello, no podemos eludir la reflexión sobre los desafíos, los obstáculos y los dilemas que esta decisión plantea en nuestro contexto presente y en nuestros respectivos campos de estudio: ciencia social ¿para qué?, ciencia social ¿para quién?

Recientemente asistí a la conferencia de la British International Studies Association,  donde los estudios de seguridad están bien institucionalizados y donde los procesos de securitización, de militarización, las dinámicas globales y locales contraterroristas y, en general, los aspectos sociopolíticos de la seguridad se discuten desde diversas disciplinas, enfoques y regiones del mundo.  Uno de los paneles se preguntaba cómo navegar la presión de la cultura de la solicitud de proyectos y las determinaciones y los significados del ‘impacto’, manteniendo al tiempo una investigación crítica. Las dificultades que se presentan son muchas y distintas dependiendo del campo de estudio, de la posición en el ecosistema científico y en el mundo. Además, conocer las especificidades de tu campo requiere también reflexionar sobre las relaciones de poder que envuelven la producción del conocimiento y del impacto, y saber que el de la seguridad tiene la singularidad de que las audiencias de interés son, principalmente, las agencias de seguridad o la sociedad civil organizada en el ámbito de los derechos humanos.

Al entrar en este campo los desafíos se vuelven difíciles de navegar. Cuando se estudia sociológicamente la seguridad,  cuando la seguridad se entiende como discurso, como práctica, como organización social, como mecanismo de estratificación, como productor de desigualdades, como institución(es) patriarcal(es), como mecanismos de producción de control social y también de dominación política, es frecuente que emerjan al menos dos mecanismos de censura que afectan a la difusión de resultados y al impacto: el primero es  que “explicar es legitimar”; el segundo es  que el ‘buenismo’ es estéril y no conduce a soluciones prácticas. Ambos neutralizan visiones alternativas de la seguridad y planteamientos estructurales que atiendan a las causas subyacentes de las violencias que generan inseguridad en primera instancia.  

Mi colega de la UCM Alice Martini y yo hemos publicado un capítulo  sistematizando algunas de estas reflexiones en el terreno específico de la prevención del extremismo: ‘The role of research and researchers in counter-radicalisation policy and practice’. se inserta en el  extenso manual The Routledge Handbook on Radicalisation and Countering Radicalisation, editado por Joel Busher, Leena Malkki y  Sarah Marsden en 2024. Hemos reflexionado sobre nuestro papel en las distintas fases de la investigación pensando en estudiantes e investigadoras/es que entran por primera vez en este campo y en quienes trabajan profesionalmente en la prevención, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.

El estudio de la prevención del extremismo es un sub-campo de los llamados ‘estudios de terrorismo’ y ‘estudios de seguridad’ que comparte con estos una enorme presión por el conocimiento ‘solucionista’, una fuerte interrelación con la esfera de las políticas y una creciente colaboración/penetración de las instituciones de seguridad (militar, policial, inteligencia, prevención ‘blanda’ etc..). En todas las fases de la investigación, desde la formulación hasta la comunicación de los resultados, se encuentran oportunidades y, al tiempo, dilemas que son profesionales, sociales, políticos y éticos. Las decisiones que tomemos en cada una de ellas determinan y están determinadas por la agenda de investigación, su autonomía y la posición de las/os investigadores. Navegar este terreno es complicado y lo es más en posiciones concretas: en países del sur de Europa con escasa financiación, en posiciones precarias de la estructura académica; mujeres en un campo profundamente masculino, investigaciones con enfoques no ortodoxos en un contexto en el que a esta política subyacen consensos fuertemente arraigados e importantes mecanismos de censura. Además, elegir el objeto de estudio en un campo en el que la indefinición de los conceptos de ‘terrorismo’ y ‘extremismo’ es lo más divisivo; recoger datos en un campo en el que la opacidad y la dificultad de acceso está mediada por el mecanismo de cierre que es la seguridad nacional; enfrentar los dilemas éticos de trabajar con sujetos en procesos de radicalización  o con sus víctimas,  es difícilmente franqueable; asegurar fondos considerando que los esquemas de financiación incentivan la colaboración con las agencias de la seguridad por imperativo de la ‘ciencia relevante y con impacto’; todos estos condicionantes están muy presentes.

De hecho, se trata de un campo de estudio en el que la presencia de la seguridad nacional en las universidades, la hegemonía epistemológica de las redes mundiales de expertos (Burnett y White, 2003; Stampnitzky, 2013; Russo y Selenica, 2021), incluso la instrumentalización de la ciencia social en el marco de lo que aquí llamamos ‘antiterrorismo’, es un fenómeno creciente en todo el mundo. El interés de las instituciones militares y policiales en el conocimiento social y cultural ha transformado los contextos de producción de las ciencias sociales por la seguridad nacional en EEUU durante la guerra contra el terror (Price, 2015). Por su parte, la UE, adjudica desde hace más de diez años millones de euros en proyectos de investigación bajo la etiqueta sociedades seguras (TNI, 2020), una financiación que no deja de crecer y diversificarse en el contexto actual de militarización, y que estimula la cooperación entre la academia y las agencias de seguridad. Esta tendencia abre sin duda oportunidades para investigación ‘con impacto’ real y posibilidades de trabajar en proyectos intersectoriales, de acceder a datos y de devolver resultados que pueden incidir en políticas muy sensibles, y pueden también mostrar sus fallas. Siempre que no renunciemos a hacerlo de manera reflexiva y desde el compromiso con la libertad académica, y con la transformación social, el potencial de impacto me parece algo bueno.

Pero la pregunta de M. Buroway sobre el por qué y para qué del conocimiento no puede ser más compleja en el campo de estudio del conflicto, de la violencia, y de la seguridad, porque no solo no podemos sustraernos a nuestros planteamientos morales y a nuestros valores, sino que son la condición de nuestros programas de investigación (Burawoy, 2004). Pero tampoco podemos deshacernos de nuestras posiciones en la estructura institucional del conocimiento científico y esto plantea preguntas difíciles: ¿Asumimos las prioridades que nos proponen los esquemas de financiación y buscamos soluciones a problemas predefinidos o trabajamos también en la deconstrucción de esos problemas para redefinirlos (ej. ¿seguridad para quién? ¿seguridad frente a qué?) desafiando con ello la distinción entre conocimiento válido e inválido (políticamente definido) ?; ¿Colaboramos con las agencias de la seguridad asumiendo que si no lo hacemos otros lo harán sin desafiar una sola de las formulaciones oficiales?; ¿Podemos combinar una colaboración con el Estado y, al tiempo, con la sociedad civil capaz de desafiar las políticas?, al fin y al cabo, detrás de la idea de sociedades seguras está el ODS 16 que afirma ‘sociedades justas, pacíficas e inclusivas’. En realidad, deberíamos  trabajar por otras políticas preventivas distintas a las que se dan de un país a otro en un paradigma excluyente que erosiona la vida cívica (Miller et al, 2019) y hacerlo acompañando la seguridad  de inclusión, justicia y por la paz.

Pero ¿debemos por ello renunciar a otros objetos de estudio? ¿Qué ocurre con objetos de estudio ‘no convencionales’ en el presente como el estudio con ex militantes de organizaciones armadas (Sluka, 2015), o etnografías de la delincuencia (Goffman, 2014)?  Controversias importantes en otros países como el caso de las Boston College Tapes (Belfast Project), donde las prioridades de la seguridad nacional se impusieron sobre las garantías éticas de la investigación con sujetos, y otros casos relevantes (Hayes, 2020), han mostrado condicionantes del campo de la seguridad que erosionan de  la libertad académica  en nombre del impacto y sobre los que también conviene reflexionar (Massoumi et al, 2020ª y 2020b).

Preguntarnos por la relevancia y por el impacto social es urgente en cada campo de estudio, pero es ineludible en un momento en el que la integración de la inteligencia artificial que afecta a todos los ámbitos de la vida social – y mucho al de la seguridad- nos apremia a integrarnos en equipos interdisciplinares e intersectoriales en los que se nos va a requerir un esfuerzo teórico-epistemológico y ético para contribuir a las ‘soluciones’.

REFERNCIAS

Burnett, J., & Whyte, D. (2003). Embedded expertise and the new terrorism. Journal for Crime, Conflict and the Media, 1(4), 1–18.

Burawoy, M. (2004). Public sociologies: Contradictions, dilemmas, and possibilities. Social Forces, 82 (4), 1603–1618.

Chubb, J., & Reed, M. S. (2018). The politics of research impact: Academic perceptions of the implications for research funding, motivation and quality. British Politics, 13(3), 295–311.

Goffman, A. (2014). On the run: Fugitive life in an American city. University of Chicago Press.

Mark Hayes (2018): The ESRC university project on ‘dissident’ Irish republicanism: some reflections on the relationship between research, academia, and the security state, Contemporary Social Science, DOI: 10.1080/21582041.2018.1427884

Mills, T., Massoumi, N., & Miller, D. (2020). The ethics of researching ‘terrorism ‘and political violence: a sociological approach. Contemporary Social Science, 15(2), 119-133.

Massoumi, N., Mills, T., & Miller, D. (2020). Secrecy, coercion and deception in research on ‘terrorism’ and ‘extremism’. Contemporary Social Science, 15(2), 134-152.

Miller, D., Massoumi, N., Blakeley, R., & Kapoor, N. (2019). Leaving the war on terror: A progressive alternative to counter-terrorism policy. Transnational Institute, TNI.

Russo, A., & Selenica, E. (2021). Actors and sites for knowledge production on radicalisation in Europe and beyond. Journal of Contemporary European Studies, 1–19. https://doi.org/10.1080/14782804.2021.1997729

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¿Ciudadanía? Una aproximación a los requisitos lingüísticos desde las propuestas electorales de la ultraderecha europea

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20/05/2024 – Alba Polo-Artal (UNED) e Ignacio Andrés Soria Ruhr-Universität Bochum (RUB)

El estado (des)aparece en los procesos de construcción de la ciudadanía. Por ejemplo, a la hora de designar quién es considerado parte del propio estado. Revisemos rápidamente el caso del derecho al sufragio. Tal y como señala Ruiz de Azua (2009: 5), habitar una piel negra suponía no poder ejercer el voto en el contexto del apartheid sudafricano; de la misma manera que, actualmente, se necesita ser musulmán en países como Irak para ser candidato a las elecciones. Ah, y recordemos que las mujeres no pudieron votar en España hasta la II República. Esta pulsión diferenciadora se articula de acuerdo a los entendimientos sociopolíticos de cada época, y cristaliza en forma de requisitos lingüísticos cuando el objeto sobre el que se construye la distinción entre ciudadanos/as es la lengua (cf. Piller, 2001). De este modo, los procesos de (re)construcción de los Estados-nación se fundamentan en la circulación de ideologías excluyentes, tales como el nacionalismo lingüístico (Moreno Cabrera, 2012). Un ejemplo es el articulado la Constitución de la Pepa de 1812, por el que se establecen las condiciones de suspensión de derechos del ciudadano. En su punto sexto, se indica:

Art. 25.

Sexto. Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano

Y si bien la Constitución recogía tal punto como parte del proyecto de democratización de la instrucción y el impulso de la escuela en los territorios españoles, es patente como la lengua deviene requisito para ejercer los derechos que confiere la pertenencia a un estado emergente. En la actualidad, por señalar algún ejemplo, Brasil aún restringe el derecho a ser electo a las personas analfabetas, y en países como Sierra Leona, Guayana, Filipinas o Egipto el conocimiento de las lenguas coloniales o nacionales es un requisito del sufragio pasivo (Ruiz Azúa 2009, p. 9). En Europa asistimos desde hace dos décadas a la intensificación del proceso de lingualización de las políticas de extranjería, particularmente de aquellas ligadas a la integración cívica. La integración se convierte de este modo en una continuación lógica de los procesos de producción, ordenamiento y categorización de la ciudadanía que atendería a los cambios socio-culturales y antropológicos derivados de los procesos contemporáneos de globalización y movilidad.

De este modo, se ha observado la incorporación de la lengua como un elemento formal en la consolidación de las políticas orientadas a la integración migrante, muy frecuentemente en forma de los mencionados requisitos lingüísticos. De hecho, la integración a través de la lengua ha sido constatada en Europa como uno de los discursos históricos más activos. Siguiendo a Bauman y Briggs (2000), estos discursos se materializan en prácticas de integración vinculadas a la ideología de que «la cohesión social y política exigen una única lengua, un único orden metadiscursivo y una única voz» (p. 201). Las políticas de integración vinculadas a la lengua están entreveradas en los procesos históricos de construcción de los Estados-nación y han sido impulsadas y desarrolladas por diferentes partidos y agentes. Sabemos que las formaciones contemporáneas de ultraderecha no han sido ni las primeras ni las únicas que han implementado estas políticas y, por ello, se hace necesario estudiar el papel histórico que las derechas y las socialdemocracias han desarrollado en su gestación.

Cabe tener en cuenta, sin embargo, que en un contexto electoral europeo de potencial (ultra)derechización de las instituciones se esperan procesos de intensificación de la lingualización nativista de la integración como parte de las lógicas de cierre de fronteras reclamadas e impulsadas por los grupos de ultraderecha. Estas formaciones están reforzando la matriz (ultra)nacionalista lingüística. En este reforzamiento se activan requisitos lingüísticos formulados desde la ideología monoglósica que, al mismo tiempo, intensifica la incidencia de los componentes ideológicos del nacionalismo. Esta matriz integración-lengua está siendo instrumentalizada para justificar y legitimar el racismo y estratificar la migración. Esta observación nos ha llevado a interrogarnos: ¿Qué papel juegan las lenguas en las políticas migratorias de los partidos de ultraderecha y cuál es su vínculo con la denominada integración cívica? Para responder a esta pregunta, analizamos los programas electorales de los partidos de ultraderecha para los casos de España (Vox), Portugal (Chega!), Francia (RN) y Alemania (AfD) examinando los valores atribuidos a las lenguas en las propuestas de políticas migratorias, de ciudadanía y de integración.

Los requisitos lingüísticos en los estados de la Unión Europea

El proceso contemporáneo de lingualización de la integración se fundamenta en dos tensiones particulares. En primer lugar, el espacio sociolingüístico de muchos de los países miembros de la Unión Europea está atravesado en su dimensión ideológica por férreas tesis del nacionalismo que impulsan un escenario de asimilación monoglósica. El segundo factor, la reconceptualización de la noción de integración que ha modificado la forma en que las lenguas están participando de las políticas de integración/migración en el marco de la ciudadanía. Sales Ten (2020) observa cómo la “recomendación de integración” formulada por la Unión Europea está virando hacia lo que denomina “la obligación de integrarse”. En este giro, la noción de integración pasa a conceptualizarse como un hecho jurídico dependiente de la voluntariedad del migrante y se posibilita la construcción de la integración como requisito previo incluso al proceso migratorio.

En el marco de la lingualización de la integración, este giro implica frecuentemente la adscripción del aprendizaje de elementos culturales (lengua y/o cursos de cultura nacional) a la obtención de los derechos y condiciones (entrada en el país, permisos de residencia, nacionalidad) como parte del proceso de construcción de la ciudadanía y de incorporación migrante. La incorporación de la lengua como requisito a la obtención de los estatus de ciudadanía se puede rastrear, por ejemplo, en el informe de 2018 del proyecto Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM). El informe constata la tendencia creciente (2007 al 2018) en la incorporación y endurecimiento de los requisitos lingüísticos al dispositivo de integración de los diversos estados miembro.

¿Pero qué se propone desde los partidos de ultraderecha? Una de las ideologías presentes en los partidos de ultraderecha es el (ultra)nacionalismo, especialmente en su articulación nativista. No podemos olvidar que esta tiene su especificidad en la dimensión lingüística. Tras nuestro análisis de los programas constatamos la activación de la ideología del nacionalismo lingüístico (una lengua, un estado, una nación) y observamos un proceso de lingualización etnonacionalista de las políticas de integración que reproducen la ideología del nativismo lingüístico (en España se habla español, España para quienes hablen español). Identificamos un marco común, pero con diferentes formulaciones, desde un mayor detalle de los requisitos lingüísticos para el caso alemán, y una generalización más difusa para el caso español. 

El nacionalismo y los requisitos lingüísticos en los programas electorales de los partidos de derecha radical

El análisis de las colocaciones de los principales términos analizados – inmigración, integración, lengua e idioma – arroja resultados en cinco categorías relevantes:

 VoxChega!AfDRN
Nacionalismo lingüísticoConstrucción lingüístico-cultural de la nación “Nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra nación”Idioma nacionalConstrucción cultural polarizada “Deutsche Leitkultur” vs. MulticulturalismoApelación al mandato constitucional-identitario. La constitución mandata a la República conservar la identidad francesa.
Requisito lingüístico– Nacionalidad: Título EOI -“Elevar la exigencia del nivel de idioma” y “Perfecto conocimiento del español”-Nacionalidad o visado laboral: “Prueba hablada y escrita”– Requisito lingüístico de admisión al país: Certificado B2   – Los imanes deben predicar en alemán.–  Necesario “dominio de la lengua” francesa
Integración-Unidireccionalidad, meritocracia: “la capacidad de integración del inmigrante” o “la voluntad”-Unidireccionalidad, meritocracia: “potencial propio”-Asimilación -Lo lingüístico como barrera laboral-Asimilación -Unidireccionalidad -Supresión de ELCO (enseñanza lenguas y culturas  de origen)
Sujetos explícitos__________________Los imanes y el Islam_________
Jerarquización lingüístico-migratoriaIdeología de la hispanidadFortalecer lazos con “PALOP”__________________
Tabla 1. Lengua y ultraderecha

Se observa que la noción de integración, en el caso francés, está completamente unida a la de mandato. El sustantivo idioma, en el programa de Vox permite que la lengua funciona en dos marcos concretos: 1) la ideología de la hispanidad, cuya instrumentalización posibilita la estratificación de los migrantes en sus políticas migratorias, 2) la adquisición del español como un requisito lingüístico necesario para residir en España y obtener la nacionalidad. Además, el término inmigración, en todos los casos, se vincula con la ilegalidad y como un aspecto a controlar. Con respecto a la integración, Vox activa el marco de la unidireccionalidad, del mérito o de capacidad así como la jerarquización de los migrantes en base al origen, priorizando a los migrantes de las excolonias y mostrando la relevancia de la lengua como un elemento que aglutina a algunos y que diferencia a otros:

La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España (Vox, 2023)

En el caso de Chega!, sin embargo, los requisitos lingüísticos se convierten en un elemento que posibilitan la adquisición de un visado de trabajo. A su vez se señala la adaptabilidad a la lengua y a la cultura nacional como un factor que mediaría en la aceptación de la solicitud de visado:

Cada ciudadano extranjero que quiera solicitar un visado de trabajo para Portugal deberá solicitarlo y esperar a las pruebas de selección, siendo uno de los requisitos la adaptabilidad a la lengua y cultura nacionales. (Chega!, 2021)

La ultraderecha francesa habla en términos de asimilación republicana ligada al mandato constitucional de la conservación identitaria. En el ámbito del contexto educativo pretenden asegurar la suficiencia de la transmisión de los aprendizajes fundamentales, un aspecto que implicaría reservar la mitad del tiempo de enseñanza de la lengua escrita y oral del francés en la escuela primaria. Por otro lado, en un ejercicio de control lingüístico educativo, se propone la supresión de las enseñanzas de las lenguas y culturas de origen (ELCO), un conocimiento y experiencia que dificulta o impide la denominada asimilación republicana:

Garantizar la transmisión de conocimientos reforzando los aprendizajes básicos (francés, historia, aritmética). En la escuela primaria, reservar la mitad del tiempo de enseñanza al francés, tanto escrito como oral.  Suprimir la «enseñanza de las lenguas y culturas de origen» (RN, 2022)

Para el caso alemán, el partido recurre al topos de la nivelación apoyándose en un el MCER como instrumento europeo de medición. En este caso, la relación entre migración, integración y la cuestión musulmana se explicita:

86.Islam: Deben poder presentar en el momento de la admisión un certificado B2 de lengua alemana del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. (AfD, 2021)

Cabe señalar que en los programas electorales analizados, tan solo AfD corporiza los requisitos lingüísticos, asociándolos explícitamente con el islam y con los musulmanes, siempre bajo la sospecha migrante. Haría falta constatar si el resto de ultraderechas estén corporizándolos de igual manera, pero que, sin embargo, no incluyan referencias en sus programas electorales a causa del propio género discursivo. Esta no inclusión puede deberse también a un intento de desdemonización y de mitigación del racismo. Podemos señalar que, aunque los requisitos lingüísticos forman parte desde hace tiempo de los mecanismos de inclusión/exclusión de las otredades en Estados-nación, si la ultraderecha comienza a gestionar públicamente estas políticas, endurecerá los test lingüísticos desarrollando el monolingüísmo como forma de homogeneización administrativa y burocrática para “cerrar” las fronteras. Además, prevemos la racialización de los requisitos lingüísticos. Los test de español y las pruebas de cultura española serán objeto de examen para sujetos previamente racializados, y legitimarán la exclusión a la residencia o ciudadanía.

Bibliografía

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¿Cómo estudiar estrategias colectivas en dinámicas sociopolíticas? Una propuesta conceptual

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24/04/2024 – Federico M. Rossi (UNED)

Los estudios de los movimientos sociales han concedido mucha importancia al análisis de las tácticas y las estrategias. Un enfoque fundamental de la estrategia es el concepto de Tilly de “repertorio contencioso”. Su concepto nos ha permitido estudiar los acontecimientos contenciosos y públicos y su lento ritmo de cambio como parte de lo que se conoce como “política contenciosa”. Tilly (1995, 26-27) definió el repertorio contencioso como un conjunto limitado de acciones basadas en un proceso de elección relativamente deliberado, en el que las relaciones sociales se agrupan en patrones recurrentes basados en el capital social y cultural acumulado a través de la lucha. Su definición se limita inequívocamente a los actos disruptivos realizados en el espacio público (Tilly 1986, 3-4; 1995, 32; 2008, 203-204). Por tanto, la definición de Tilly no permite el estudio de un caso de movilización que no se produjo; por ejemplo, uno que fue planeado y organizado por los miembros de un movimiento pero que nunca se llevó a cabo. De este modo, la narrativa construida dejaría de lado que una acción pública surge porque se realizaron varias otras acciones no públicas que condujeron a un resultado contencioso. La imagen completa de la dinámica estratégica de la interacción de los movimientos sociales con el Estado, los aliados y los antagonistas surge si ampliamos nuestro alcance más allá de la dimensión pública y contenciosa de los movimientos sociales únicamente.

Con el objetivo de desarrollar un enfoque de los movimientos sociales basado en la agencia, Jasper (2004, 2006) propone como alternativa el estudio de los “dilemas estratégicos/trade-offs”, sugiriendo la universalidad de las decisiones tácticas a micro-corto plazo. Aunque esta propuesta reintroduce la táctica en los estudios de los movimientos sociales, no establece una distinción conceptual entre “estrategia” y “táctica” (Jasper 2004, 14, n.1) y carece de “una comprensión de hasta qué punto los dilemas están interrelacionados y cómo se limitan sus soluciones” (Meyer y Staggenborg 2012, 6). Un problema adicional de este enfoque es que, aunque a veces una acción parece lógica cuando se analizan retrospectivamente sus efectos, los “agentes sociales tienen ‘estrategias’ que sólo en raras ocasiones tienen como principio una verdadera intención estratégica” (Bourdieu 1998, 81). En consecuencia, se omiten las limitaciones que imponen a la agencia humana los legados históricos de las luchas pasadas, que proporcionan un sentido y orientan, limitan y enriquecen cada táctica a corto plazo. Por lo tanto, es necesario rastrear la historia de la estrategia/táctica que se está llevando a cabo para proporcionar un significado contextualizado de la misma. Mantener la tradición de análisis político contextualizado de Tilly nos permite evitar universalizar lo que es específico en tiempo y espacio, y nos empuja a preguntarnos cómo y por qué ciertas estrategias entran en el repertorio predominante de un movimiento mientras que otras no. Ofrezco aquí un resumen de una alternativa conceptual para poder estudiar estrategias colectivas en dinámicas sociopolíticas.

Repertorio de estrategias

El punto de partida es la identificación y definición del “repertorio de estrategias”, el que, aunque inspirado en Tilly, permite explicar aspectos que el concepto original ignoraba. Un repertorio de estrategias es un conjunto históricamente limitado de opciones disponibles para la acción estratégica no teleológica en ámbitos públicos, semipúblicos (que evolucionan a través de grupos específicos) o privados (Rossi 2015, 22). En otras palabras, el conjunto de estrategias utilizadas por un movimiento social para alcanzar sus objetivos principales. La idea básica es considerar simultáneamente los repertorios contenciosos y rutinarios, sin limitar el análisis a los aspectos del movimiento en el espacio público, y lograr una descripción más completa de los acontecimientos históricos.

Los movimientos sociales ejecutan simultáneamente dos tipos de repertorios. Por lo tanto, es importante identificar las tres formas principales en las que el repertorio de estrategias difiere del repertorio contencioso. En primer lugar, el repertorio de estrategias es más dinámico. En segundo lugar, no es únicamente contencioso ni siempre público. Incluye las formas de irrupción pública de Tilly, así como acciones privadas no contenciosas como reuniones informales, audiencias con autoridades, etc. El término «estrategia» y no «táctica» forma parte de este concepto porque los actores del movimiento eligen una acción disruptiva y pública frente a otra forma de acción como parte de los objetivos a largo plazo del movimiento y de una comprensión más amplia de la realidad social. Cada elección estratégica incluirá necesariamente muchas decisiones tácticas para alcanzar el objetivo. La tercera diferencia es que el repertorio de estrategias se define sobre todo en su relación con los cambios a medio y corto plazo en el contexto político, mientras que el repertorio contencioso se asocia a cambios a más largo plazo.

Siguiendo a Bourdieu (2000, 145), la acción es el producto de la acumulación de legados históricos. Aunque reconoce las limitaciones contextuales de las elecciones de los agentes, el repertorio de estrategias presenta dos diferencias fundamentales con Bourdieu. En primer lugar, los actores colectivos, y no los agentes individuales, realizan repertorios de estrategias. En segundo lugar, esta definición se basa en una perspectiva que no es estructuralista, lo que permite espacios de ruptura y dislocación. Sin embargo, el repertorio de estrategias está informado por el atributo del “habitus” de Bourdieu (2000, 160): que las elecciones del actor no son necesariamente coherentes. Por lo tanto, la definición de repertorio de estrategias se sustenta en la idea del carácter restringido de las opciones disponibles percibidas como factibles por el actor. Mientras que para Bourdieu el agente individual está estructuralmente predispuesto a seleccionar una estrategia determinada, en el repertorio de estrategias la elección estratégica es el resultado de un conjunto históricamente restringido de opciones disponibles y concatenadas (es decir, el stock de legados,que veremos más adelante). En resumen, la acumulación de estrategias por parte de un actor colectivo construye repertorios basados en la evaluación (correcta o no) de sus estrategias pasadas (y/o las de los demás) y, por tanto, en la opción de innovarlas, emularlas, readaptarlas o rechazarlas de forma (socialmente delimitada) consciente e inconsciente.

El concepto de repertorio de estrategias tiene dos atributos específicos que lo diferencian del de ideología: sólo representa las opciones estratégicas elegidas y, aunque es modular, está arraigado en el tiempo y el espacio. Permite la selección de estrategias (contenciosas o no), en arenas públicas, semipúblicas o privadas, y ofrece así una herramienta para mejorar la conexión analítica entre múltiples tipos de acciones simultáneas pertenecientes al mismo actor. En otras palabras, el repertorio de estrategias tiene un origen histórico y una tradición que pueden explicarlo, pero puede ser, y generalmente es, redefinido por otros actores procedentes de diversas posiciones ideológicas y diferentes momentos históricos.

Los repertorios contenciosos y los repertorios de estrategias se refieren a cosas que ocurren dentro del mismo movimiento y que están relacionadas, pero son diferentes. Su interrelación se observa cuando el uso de diferentes métodos contenciosos puede ser el resultado de la misma estrategia, o cuando la misma acción contenciosa está relacionada con diferentes estrategias. La interacción entre los dos repertorios es asincrónica porque el repertorio de estrategias no evoluciona a través de un lento cambio social, lo que significa que la innovación en los repertorios de estrategias es mucho más rápida y fácil que en los repertorios contenciosos.

Stocks de legados

El repertorio de estrategias representa el conjunto predominante de estrategias utilizadas por un movimiento en un periodo de tiempo concreto. Pero, ¿qué delimita la percepción de los actores sobre la disponibilidad de estrategias en su repertorio? Como en el caso del repertorio contencioso, hay elementos que limitan lo que puede contener el repertorio. Mientras que el repertorio contencioso cambia muy lentamente, vinculado como está a macro-transformaciones como los cambios de régimen, el repertorio de estrategias es más dinámico, lo que implica que su delimitación se basa en la participación de los actores en una acumulación histórica de acontecimientos, experiencias y procesos de aprendizaje intencional que construyen un stock de legados.

El stock de legados es la concatenación de luchas pasadas que, a través de la sedimentación de lo que se vive y se percibe como vivido, así como de lo que se aprende intencionalmente, produce una acumulación de experiencia que añade o elimina estrategias específicas del repertorio de estrategias como un proceso tanto autoconsciente como inconsciente (Rossi 2015, 31). El repertorio de estrategias y el repertorio contencioso están conectados a través del stock de legados porque ambos están informados por este último. En otras palabras, en interacción con la configuración del contexto político, el stock de legados es la limitación histórica y no racionalista de los repertorios.

El concepto de stock de legados se inspira en el concepto de «stock de experiencia» de Schutz (1967, 76-77). Según Schutz (1967, 77-78), una «experiencia vivida significativa» es el producto reflexivo del flujo de experiencias de cada individuo que construye un stock de conocimiento, aquel que permite a cada persona guiar su conducta en el curso de su vida. En un stock de legados, el actor opta por acciones basadas en un conjunto de opciones disponibles identificadas y abiertas a la innovación. Pero este proceso de selección no es el de un agente totalmente libre, ni el resultado de una deliberación coherente. Más bien está limitado por la socialización, entre las opciones disponibles acumuladas (mal) percibidas, y dentro de un conjunto restringido de legados que enriquecen o empobrecen el abanico del stock. El stock de legados ofrece una explicación complementaria a las limitaciones puramente estructurales de las innovaciones sugeridas por Tilly (1986, 2008), que tienden a hacer mucho más fácil explicar la estabilidad de los repertorios que los cambios en ellos.

El stock de legados se compone de experiencias acumuladas múltiples y a veces incluso contradictorias que construyen expectativas que son razonables para ciertas experiencias vividas más que para formas de acción racionales o universales.

Conclusión

Los conceptos propuestos diluyen la distinción artificial entre política rutinaria y política contenciosa, conectando ambas como parte de un arcoíris de posibles opciones estratégicas. La identificación de un repertorio predominante de estrategias permite reconocer elementos fundamentales de un movimiento social que de otro modo no habrían podido percibirse. Permite explicar qué ocurre cuando no se despliega el repertorio contencioso, narrando un proceso de acción estratégica mucho más dinámico y rico de lo que es posible a través del concepto de repertorio contencioso solo. Y abre la puerta al análisis de la complejidad interna de un movimiento. Esta riqueza interna nunca sería percibida si el análisis se redujera únicamente al enfoque tillyiano. Además, estos dos conceptos ayudan a cerrar la brecha entre las microtácticas y los macrorepertorios con una comprensión colectiva e históricamente arraigada de la elaboración de estrategias. Por último, con estos conceptos es posible vincular las esferas públicas y no tan públicas para analizar la escena completa de la dinámica de interacción, explicando lo que ocurre cuando no hay protesta.

Nota: este artículo reproduce y sintetiza Rossi (2015, 2017).

Referencias

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¿Para qué la sociopraxis? ¿para quién investigamos?

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22/03/2024 – Antonio Álvarez-Benavides (UNED)

Hace 20 años, Emilio Lamo de Espinosa, uno de los sociólogos españoles más relevantes de los últimos 50 años, se preguntaba para qué las ciencias sociales y para quién escribimos los sociólogos. En un texto breve y directo, distinguiendo el conocimiento científico (ciencia) del conocimiento social (etnociencia), reflexionaba sobre la ontología de las ciencias sociales y sobre alguna de las cuestiones que hace que la producción de conocimiento en estas disciplinas científicas sea compleja y, en cierto sentido, paradójica.

La complejidad de las ciencias sociales reside en que la realidad social está en continua transformación -cambios que se producen cada vez más rápido-, pero sobre todo en que el propio acto de investigar transforma la realidad que se está estudiando. Nuestro objeto de investigación somos nosotros mismos, pues somos inevitablemente parte de lo social. Por mucho que queramos, por mucho que lo intentemos, solo podemos tomar distancia, pero nunca despojarnos del todo de aquello que investigamos. He ahí la paradoja. Somos científicos y, al mismo tiempo, actores sociales, y en nuestra práctica, aunque no queramos, influimos en la realidad en la que intervenimos. Esa realidad, conformada por otros sujetos, también está compuesta por los resultados de nuestras investigaciones, que no solo reflejan lo que vemos a través del método científico, sino lo que otros ven e interpretan del conocimiento que nosotros mismos vertimos a lo social con nuestras investigaciones. Lamo lo resume muy bien en las siguientes frases: Los virus no leen libros de biología; los humanos sí, y también de ciencia social. Y, de hecho, cada vez más.

Pero aun así investigamos, producimos conocimiento científico, resultados validables que se obtienen a través de metodologías de investigación que tienen en cuenta las peculiaridades de las epistemologías de las ciencias sociales. De hecho, esta consciencia de la ontología de las ciencias sociales y de su forma peculiar de acceder al conocimiento hizo posible el surgimiento de nuevas metodologías y técnicas de investigación. Del mismo modo que la física abrazó la mecánica cuántica, las ciencias sociales abrazaron las metodologías cualitativas como una forma de acceder a las generalidades a través de las particularidades. Y aún más, esta lógica circular e imbricada que llevó a entender que somos parte de lo que investigamos y que lo que investigamos es parte de lo que somos, sirvió para promover un conocimiento científicamente válido y socialmente relevante a partir de esta relación compleja y paradójica.

Es ahí donde surge la sociopraxis y las metodologías participativas de investigación e intervención, que toman la contingencia y la complejidad como paradigmas de partida y la cocreación de conocimiento como fin y método. Como el conocimiento, también el científico, siempre es parcial y situado, y como la realidad se transforma y la transformamos por el simple hecho de investigar, podemos desde esta autoconsciencia pasar de la involuntariedad a la acción transformadora e intervenir en la realidad social a través de procesos colaborativos.

La producción participativa de conocimiento y la investigación-acción-transformación grupal tiene precedentes muy lejanos en el tiempo. Han pasado casi cien años desde que Kurt Lewin empezara a experimentar la «research action». Desde entonces su desarrollo se ha producido desde distintas disciplinas, en distintos contextos y con objetivos muy variados, pero el paradigma que impulsa este método es siempre el mismo: los sujetos de estudio dejan de ser objetos, es decir, no se objetivaban, para establecer una relación sujeto-sujeto durante todo el proceso de investigación e intervención. La diversidad de tipos de conocimientos, aprendizajes, experiencias y epistemologías no se jerarquizan y se sitúan en compartimentos estancos precintados con el velo aséptico de la imparcialidad, sino que se complementan, imbrican y democratizan. De la misma manera que siempre hay diversas formas de afrontar un problema, por ejemplo, matemático, distintas alternativas, fórmulas, estrategias y cálculos posibles, sucede lo mismo con la investigación y la intervención social desde la sociopraxis.

Dentro de todos los desarrollos de la sociopraxis y las metodologías participativas cabe destacar el impulso que estos paradigmas y metodologías de investigación tuvieron en Latinoamérica, donde además se articularon como una práctica liberadora. La educación popular y la pedagogía crítica, que surgen en Brasil hace ya casi sesenta años, representada por su más reconocido exponente, Paulo Freire, señala y desarrolla una forma de acceder, entender y trabajar con la realidad social en la que los destinatarios son también protagonistas y en la que los educadores aprenden enseñando. El fin último es la transformación de una realidad injusta, el desarrollo personal y comunitario, no en el sentido capitalista y liberal, sino en la experiencia de los oprimidos. En definitiva, aprender a ser libres siendo libres. Desde algo aparentemente tan sencillo, que se justificaba en adaptar a la realidad de aquel tiempo lo que en cierta manera se venía haciendo desde siempre, surgió toda una revolución epistemológica y metodológica que afectó a disciplinas aparentemente tan alejadas como la arquitectura y la psicología, la ingeniería agraria e hidráulica y la medicina, incluso a la religión. La pedagogía de la liberación mostró que la producción de conocimiento compartido tiene un componente reparativo, pero a través de una acción que es eminentemente crítica y con pretensión transformadora.

Las técnicas comprendidas dentro de las metodologías participativas son muy variadas y se adaptan tanto a los sujetos como a los contextos de la investigación: desde el sociograma y el flujograma, al teatro foro, los juegos de rol o los multilemas, por citar solo algunas. Todo ello sin renunciar a otras metodologías, que se combinan y que multiplican la capacidad de acceder a los fenómenos sociales y darles una respuesta colectiva, participada. Los procesos siempre son codirigidos a través de grupos motores, compuestos por los investigadores, que actúan como facilitadores, y los sujetos de la investigación y/o la intervención. Los diagnósticos se devuelven, se contrastan con aquellos y aquellas que han participado en el proceso de cocreación de conocimiento, también se participan, para contestarlos, matizarlos y ajustarlos, para hacerlos, en definitiva, más precisos, más realista, más situados. Y el recorrido trazado siempre adquiere una estructura circular, cíclica, no lineal, con momentos más cerrados y otros más abiertos, en el que los sujetos de la investigación son siempre protagonista, y en el que los y las investigadores/as-facilitadores/as, acaban diluyéndose y desapareciendo.

Y para acabar, volvamos de nuevo a la pregunta que se hacía Lamo de Espinosa: ¿para qué las ciencias sociales?, ¿para quién escribimos los científicos sociales?, ¿por qué, para qué y para quién investigamos? Pues para conocer la realidad social, pero también transformarla, para conocer los problemas sociales, pero al mismo tiempo para solucionarlos, para entender las causas de la desigualdad, pero de igual forma para erradicarla y prevenirla. Las epistemologías, las metodologías de investigación, los modelos y los modos de intervención determinan, queramos o no, la realidad. Son un reflejo de un pasado, de una tradición, se perpetúan en el presente, pero además edifican los cimientos sobre los que se levanta el futuro. Es por eso que la sociopraxis asume como axioma que la dimensión colectiva de los problemas es sin ninguna duda el origen de las soluciones, y que el conocimiento y la transformación social surge de esa relación compleja y fecunda de lo individual y lo colectivo, de la compresión y aprehensión de las desigualdades desde lo político y desde el conocimiento científico, desde lo micro y lo macro, desde lo local y lo cotidiano, desde lo global y lo institucional.