El problema de la vivienda en España. Desafíos y propuestas para un bien de uso esencial

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17/11/2023 – Álvaro Mazorra (UNED)

Introducción

Resulta difícil recordar una crisis de vivienda tan aguda como la que enfrentamos en la actualidad. Solo han transcurrido algunos años desde la crisis hipotecaria que hundió a millones de hogares, y ahora nos enfrentamos a una nueva oleada de especulación inmobiliaria que se extiende a nivel global (Madden y Marcuse, 2018).

En España, a pesar de que la Constitución Española de 1978 declara en su Artículo 47 el derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada, la realidad ha convertido en papel mojado el mandato constitucional, ya que los síntomas de la crisis de la vivienda son cada vez más evidentes en todas partes: la carestía de la vivienda no ha dejado de incrementarse, el sinhogarismo se ha generalizado, los desahucios y ejecuciones hipotecarias han aumentado exponencialmente, la gentrificación y la turistificación se han convertido en fenómenos inherentes a la dinámica de las grandes ciudades y la expansión de la segregación está generando la conformación de territorios cada vez más polarizados y desiguales. Todo ello ha provocado que los problemas de acceso a la vivienda y la inseguridad residencial se sitúen entre las principales preocupaciones de la sociedad española (CIS, 2022), especialmente en las grandes ciudades, ya que los precios, sobre todo en lo concerniente a la vivienda de alquiler, han experimentado un incremento continuo en los últimos años (Observatorio de Vivienda y Suelo, 2019).

El concepto de vivienda digna se utiliza para indicar a aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad (ONU, 1991).  El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que una vivienda es digna cuando reúne los siguientes elementos: que sea fija y habitable, de calidad, asequible ―tanto en el precio de la vivienda como en alquiler―, accesible, ubicada en entornos adecuadamente equipados ―empleo, servicios sanitarios, escuelas etc.― y con seguridad jurídica sobre la tenencia. Es decir, nos plantea que es “digna” cuando cumple unos requisitos mínimos de habitabilidad, accesibilidad y seguridad jurídica. Se puede considerar, por tanto, que una vivienda es digna cuando tiene la superficie, las condiciones ambientales ―calidades, aislamiento térmico y sonoro, etc.― y las instalaciones y los servicios mínimos ―electricidad, agua, gas, etc.― que la hacen apta para cumplir su función residencial. 

Esta definición debe ser entendida en el marco de lo que es actualmente una vivienda. Esta ha sido conceptualizada, básicamente, en dos dimensiones analíticas. Aguinaga (2015), como muchos otros, la conceptualiza por cómo la utilizamos; por su utilidad o función. Es el “lugar donde las personas tienen cubiertas sus necesidades primarias, como son el descanso, la alimentación y la higiene”. La estructura que llamamos vivienda lo es por la función que cumple, por el uso que necesitamos hacer de ella, por la necesidad social que cubre. Sin embargo, la vivienda en nuestra sociedad es también un producto, una mercancía producida a fin de ser vendida o alquilada a aquel que pueda pagarla y la necesite (Harvey, 2014). Ha adquirido un valor de cambio. Se ha convertido en una propiedad mercantil.

Ambas son dos dimensiones distintas que evolucionan según factores diferentes y que afectan a cómo son las viviendas en cada momento histórico. Pero, en un sistema social cualquiera puede llegar a ser más relevante el valor de uso, y en otros el valor de cambio, a la hora de definir como son las viviendas y quienes las habitan. El proceso de mercantilización de la vivienda supone sistemas sociales en los que se aliena el valor de uso de la vivienda para transformarla en un valor de cambio regido por las dinámicas del mercado. Cuando ello ocurre, una vivienda digna comienza a hacerse difícil de alcanzar para todos. La historia de la vivienda en España en las últimas décadas es la historia de su persistente mercantilización. 

El problema de la vivienda en España. Una panorámica de la situación actual

En estas circunstancias, son muchas las personas, las organizaciones e incluso los organismos oficiales que han realizado análisis y estudios sobre el problema de la vivienda que emerge en la sociedad actual y que, aunque ha existido siempre, no alcanzaba los niveles de dramatismo de hoy. No solo por la visibilidad e impacto del gran número de expulsiones y desahucios de personas de sus domicilios, sino por la diversidad de situaciones que se han dado en los casos en los que se ha terminado con el lanzamiento de la vivienda a sus habitantes.

Cuando hablamos del problema de la vivienda en España nos referimos a la enorme dificultad que encuentra una proporción significativa de la población para acceder a una vivienda digna. ¿Cómo se manifiesta está problemática? Sin duda, el desahucio es la representación más explícita de este fenómeno y su elevada prevalencia desde el inicio de la crisis económica de 2008 da cuenta de la enorme gravedad que reviste esta contingencia. Según los datos de Observatori DESC (2020), entre 2008 y 2019 hubo en España más de 600.000 desahucios, sobre una población aproximada de 47 millones de habitantes.  Esta tendencia presenta dos fases muy diferenciadas: la primera, de 2008 a 2014, tuvo lugar durante los años de crisis y se concentró en torno a la vivienda en propiedad; por su parte, la segunda fase se inició en 2014 y se caracteriza por la creciente prevalencia del número de lanzamientos derivados del impago de vivienda arrendada (Consejo General del Poder Judicial, 2020). Ello remarca que lo que en principio fue una situación de emergencia habitacional se ha convertido finalmente en un problema social estructural de la sociedad española.

Sin embargo, el conflicto adopta muchas más expresiones y también se encuentra reflejado en la tardía emancipación de los jóvenes españoles, en la elevada proporción de ingresos que conlleva para los trabajadores precarios, en la discriminación residencial de los grupos minoritarios, en la falta de viviendas adaptadas para personas en situación de discapacidad o en el hacinamiento al que se ven empujados los colectivos desfavorecidos (Provivienda, 2023). Todos estos grupos de población padecen una situación de precariedad habitacional, un contexto de inestabilidad vital provocado por los problemas derivados de la falta de recursos para acceder o mantenerse en una vivienda en condiciones dignas.

A pesar de que el perfil sociológico de estas situaciones es diverso y heterogéneo, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2023, el problema de la vivienda afecta especialmente las personas no propietarias y los hipotecados, especialmente aquellos empleados en trabajos precarios y/o en situación de desempleo. Asimismo, hay que destacar también el fuerte componente de clase y género que caracteriza a estos perfiles, concentrándose principalmente entre las clases populares y en los hogares monoparentales encabezados por una mujer trabajadora que son, entre todos, los que padecen una mayor situación de inestabilidad (Bosch, 2020).

Reflexiones finales y propuestas políticas para una asignatura pendiente de la sociedad española

Ante este panorama, es fundamental recuperar y fortalecer una política estructural de vivienda pública. Sin embargo, esta medida es, por sí sola, insuficiente. Las políticas para promover y adquirir vivienda son lentas y caras, difíciles de sostener con los recursos limitados y precarios del sector público. De este modo, si bien resulta esencial impulsar una política estructural de vivienda pública, resulta también necesario combinar esta política con otras acciones puntuales y estructurales para abordar el problema de manera integral.

En primer lugar, es fundamental mantener la vivienda pública exclusivamente para el mercado de alquiler y bajo el control de la Administración, ya que es el medio de acceso más común para los grupos sociales vulnerables. En España, a menudo ha ocurrido lo contrario, y muchas de las viviendas promovidas por las Administraciones han terminado siendo vendidas a sus inquilinos y, en algunos casos más graves, a fondos de inversión internacionales. Como resultado, ese parque de viviendas ha pasado al mercado inmobiliario privado y se ha vuelto inaccesible para los grupos económicos más desfavorecidos.

En una situación de escasez de vivienda pública, esa vivienda debe ser destinada fundamentalmente a quienes más lo necesitan en cada momento. Y, probablemente, quién más lo necesita no sea quién más lo vaya a necesitar durante toda su vida. Entonces, la vivienda pública debe tener una cierta rotación, y eso implica que no se debe vender. Preservar la vivienda pública para el mercado de vivienda de alquiler aparece, por tanto, como una primera medida con la que mitigar algunas de las situaciones de exclusión residencial más extremas y acuciantes.

Además, la vivienda pública debe distribuirse equitativamente en las distintas zonas del territorio, a fin de prevenir la posible formación de comunidades marginadas y entornos vulnerables y desfavorecidos. Esta distribución geográfica equitativa no solo contribuye a garantizar el acceso igualitario a oportunidades y servicios, sino que también promueve la diversidad y la integración social. Al evitar la concentración de vivienda pública en áreas específicas, se fomenta un tejido social más cohesionado y se reducen las posibilidades de exclusión y estigmatización de determinadas comunidades. Esta estrategia no solo busca abordar las necesidades inmediatas de vivienda, sino también construir un entorno urbano más inclusivo y sostenible a largo plazo.

Sin embargo, es en el mercado privado de vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, donde se generan las tendencias especulativas y de inflación del mercado inmobiliario y, por ende, es ahí donde hay que actuar con mayor contundencia, desarrollando mecanismos de control que permitan atenuar los procesos negativos que se generan en el mercado. Junto a las medidas estructurales, también se defiende, por ende, la necesidad de implementar algunas medidas concretas que han demostrado ser efectivas en la regulación del mercado inmobiliario en el corto y medio plazo: la regulación del precio de la vivienda en alquiler y las políticas de control de las viviendas y alojamientos de uso turístico.

Con cada vez más personas con dificultades para pagar sus viviendas, garantizar el acceso a viviendas dignas y asequibles requiere regular el mercado inmobiliario privado. De hecho, ya está parcialmente regulado, como es el caso de las viviendas protegidas que se desarrollan para el mercado de propiedad, pero lo que se propone aquí es extender la regulación también al mercado de alquiler. Algo que ya sucede con otro tipo de bienes que ni siquiera son de primera necesidad, como sí sucede en el caso específico de la vivienda. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas indica que el costo de la vivienda no debería superar el 30% de los ingresos familiares para garantizar una vida digna. Sin embargo, en el caso de hogares que habitan viviendas de alquiler en las grandes ciudades españolas, este porcentaje puede ser mucho mayor que los estándares recomendados por los organismos internacionales.

A excepción de la Ley 11/2020, aprobada en Cataluña, actualmente el mercado de arrendamientos continúa sin ser regulado en España. Aunque que la nueva Ley de Vivienda aprobada en 2023 pretende dar pasos en este sentido, los interrogantes sobre su aplicación real son aún grandes. Este cambio se ha producido ya en países de nuestro entorno como Portugal, Francia o Alemania, e incluso en algunos estados norteamericanos ―California, Nueva York, etc. ― se han aprobado normativas dirigidas al control de las subidas desmesuradas de los alquileres. Si en el centro de la economía mundial se están habilitando mecanismos para controlar el incremento de los precios de los alquileres, no parece descabellado que medidas similares puedan aplicarse en las áreas más tensionadas contexto español.

La rápida expansión de viviendas y alojamientos de uso turístico en grandes ciudades, así como su fuerte impacto en los precios de la vivienda en áreas afectadas, ha desencadenado un importante debate social y político sobre la necesidad de controlar su crecimiento. El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) aprobado en Barcelona en 2017 marcó un avance significativo en este sentido. Aunque su impacto real ha sido limitado, ya que se esperaba reducir el número de alojamientos turísticos y esto no ha ocurrido de manera significativa, su aprobación por parte del ayuntamiento evidenció un cambio en la percepción pública sobre los efectos socioeconómicos del turismo masivo. Desde entonces, otros ayuntamientos, como los de Palma de Mallorca, Bilbao o Valencia, han implementado medidas restrictivas para abordar el desafío de armonizar los alojamientos turísticos con el avance hacia modelos urbanos más sostenibles e integradores.

En definitiva, el debate surgido en torno a la cuestión residencial es sumamente complejo y el reto es monumental. La amalgama de actores, intereses, demandas y conflictos que giran en torno al fenómeno dan buena cuenta del gran reto que supone regular la cuestión residencial en España. En este contexto, es esencial promover un diálogo inclusivo que involucre a la sociedad en su conjunto, incorporando perspectivas diversas para encontrar soluciones sostenibles y equitativa. La colaboración entre los sectores público y privado, así como la participación activa de la ciudadanía, serán elementos clave para abordar de manera integral este desafío y construir un sistema de vivienda que promueva la justicia social y el bienestar colectivo.

Referencias

Aguinaga, M.J. (2015). “Vivienda: de necesidades humanas y de altas finanzas”. En A, Lucas, M.D, Cáceres y E., Morales (Eds.), Madrid ante los desafíos sociales actuales: La realidad social de Madrid (pp. 83-110). Fragua.

Bosch, J. (2020). “La vulneración del derecho de la mujer a la vivienda en España (2008- 2018)”. En XIII International Conference on Virtual City and Territory: Challenges and paradigms of the contemporary city.

Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS] (2022). Barómetro de Julio 2023. Estudio nº 3413. https://bit.ly/477Iu37

Consejo General del Poder Judicial (2020). Las ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 36,5 por ciento en 2019 y, con un total de 17.411, alcanzaron la cifra más baja de los últimos doce años. https://bit.ly/477Ikc1

Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Traficantes de Sueños.

Madden, D. J. y Marcuse, P. (2018). En defensa de la vivienda. Capitán Swing.

Observatori DESC (2020). L’ evolució dels desnonaments 2008 – 2019: de l’emergència a la consolidació de una crisi habitacional. https://bit.ly/47vmgbi

Observatorio de Vivienda y Suelo (2019). Boletín especial. Alquiler residencial, 2019. Ministerio de Fomento.

ONU (1991). El derecho a una vivienda adecuada. https://bit.ly/3sxI0UZ

Provivienda (2023). La casa a cuestas: el problema de la vivienda asequible en España. http://bit.ly/3QJaIum 

Qué podemos aprender de la participación pública en China, comparando con Occidente

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05/07/2023 – Olga Gil (UCM)

La participación de la población en China y países occidentales es uno de los temas del trabajo publicado por la investigadora Olga Gil, miembro del grupo GESP en Philosophy and Public Administration in China and Western Countries.  Este trabajo muestra las diferencias en la participación pública en China y los países occidentales conceptualmente y con ejemplos destacados. En primer lugar se presentan las diferentes tradiciones filosóficas y de administración pública, con tablas y un panel que permiten hacer comparaciones generales y diferenciar los contextos en ambos entornos políticos, además de ser útiles para otros entornos. 

Este trabajo parte de la base de que la filosofía, según Anthony Kenny, implica comprender y organizar el conocimiento en lugar de simplemente adquirirlo (2010). El trabajo se centra en un subcampo de la ciencia política que ha adquirido independencia: la participación pública dentro de la administración pública -un subcampo también relacionado con la sociología. Al analizar la participación pública a través del prisma de la filosofía política, especialmente en el contexto de la comparación entre Oriente y Occidente, se hacen evidentes las preguntas filosóficas sin resolver dentro del campo de la administración pública. Este estudio tiene como objetivo explorar si los fundamentos filosóficos de la participación pública difieren entre Occidente y China. La hipótesis plantea que, de hecho, existen diferencias que van más allá de los modelos teóricos de la administración pública. La filosofía política arroja luz sobre estas diferencias, especialmente al examinar tipologías de innovaciones democráticas. Además, la investigación aborda la importancia de la innovación en la administración pública a nivel mundial, especialmente a la luz de las crisis económicas, las limitaciones presupuestarias y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También reconoce las realidades que contrastan entre Occidente, marcado por la tendencia a la fragmentación, y Asia, caracterizada por el creciente poder económico a lo largo de las Rutas de la Seda. Comprender el papel del contexto en la configuración y limitación de las políticas, especialmente en la participación pública y el diseño de políticas innovadoras, se vuelve crucial. El contexto, como enfatiza Pollitt (2013), sirve como el eslabón perdido para comprender la innovación en la administración pública. El examen de los fundamentos filosóficos de los regímenes político-administrativos es un factor contextual es definitorio en este estudio de caso, y fundamental en el enfoque de este trabajo. El desafío a la legitimidad de las organizaciones públicas a nivel mundial destaca la importancia de acometer este estudio.

Este trabajo examina los fundamentos filosóficos de la participación pública en la administración pública en China y Occidente. La investigación confirma la hipótesis de que los fundamentos de la participación pública difieren entre ambos contextos. La dificultad de estandarizar los conceptos de la administración pública en ambas regiones resalta la importancia de la filosofía para comprender estas diferencias. El estudio enfatiza los puntos de partida filosóficos entre China y Occidente, centrándose en la concepción confuciana del Estado en China y la visión de Aristóteles en Occidente. En China, el Estado se percibe como una extensión de la familia, enfatizando la tutela y el cultivo moral de los gobernantes. También se valoran los intereses a largo plazo, el conocimiento superior y la legitimidad basada en el consenso. En Occidente, la administración pública se basa en la subordinación burocrática a los órganos políticos y legales, con principios de legitimación basados en funcionarios electos y el Estado de derecho. 

La investigación explora la necesidad de legitimidad y eficacia en el contexto del cambiante panorama político de China. En Occidente, se observa la democracia participativa y deliberativa, junto con un enfoque en los arreglos institucionales y la participación de los ciudadanos en la promoción de valores públicos. El estudio propone el panel de control Gil como base para el estudio del cambio en la administración pública, que incorpora cuestiones de legitimidad, democracia -o su ausencia-, deliberación, Estado de derecho y administración pública democrática. El modelo revela diferencias específicas en los contextos entre China y Occidente. En general, la investigación demuestra la divergencia de los fundamentos filosóficos de la participación pública en China y Occidente. Las diferencias locales y los contextos culturales dan forma significativa a las administraciones públicas y las políticas en ambos contextos. El estudio contribuye a comprender estos contextos y resalta la necesidad de estudios de casos adicionales y perspectivas comparativas.

Gil, Olga. 2023 Philosophy and Public Administration in China and Western Countries. Intellectual Property Rights. Intel Prop Rights, Vol. 11 Iss. 1 No: 1000216. DOI:10.35248/2375-4516.23.11.216.

Vox y la democracia

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15/05/2023 – Antonio Álvarez-Benavides (UNED)

El próximo 28 de mayo se celebrarán elecciones en algo más de 8000 municipios, en doce comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. Desde su fundación en 2012, Vox ha concurrido en una veintena de comicios, cuenta ya con representantes en ayuntamientos por todo el territorio nacional, en la mayoría de los parlamentos autonómicos, en el congreso de Diputados y en el Senado. Incluso forma parte del gobierno de Castilla y León. Podría afirmarse que la ultraderecha española, o al menos una parte muy representativa de ésta, ha abandonado la vía golpista, renunciando a la reedición de la dictadura franquista o algún otro tipo de proyecto totalitario para abrazar la democracia.

Las nuevas extremas derechas democráticas

Lo primero que habría que señalar es que este mismo proceso de incorporación de partidos de ultraderecha al juego democrático se viene dando desde hace tiempo y se han intensificado a nivel global en la última década. Fue en Francia, en los años 70 y 80, donde desde el ámbito académico y político comenzó esta vía. La llamada Nouvelle Droite sentó las bases ideológicas y pragmáticas de una extrema derecha capaz de desligarse, al menos formalmente, del programa revolucionario fascista para integrarse en el juego democrático. Front National, de la mano de Jean-Marie Le Pen, se convertirá en el primer gran ejemplo de estos nuevos partidos. Bajo un ideario ultranacionalista, ultraconservador y, especialmente, a través de la articulación de un discurso frontalmente en contra de la inmigración, el “frente” comenzó a adquirir cada vez mayor relevancia en la escena política francesa, para convertirse, al mismo tiempo, en un referente para otras organizaciones, colectivos y actores de ultraderecha, primero en Europa y luego a nivel internacional. La mayoría de las iniciativas que siguieron la estela de FN en el entorno europeo tuvieron poco recorrido o éxito electoral en los 80’ y 90’, no superando generalmente el 5% del electorado. Es con el cambio de siglo, cuando esta tendencia se intensificó en toda Europa, surgiendo nuevos partidos y reformulándose otros, que incluso llegaron a formar gobiernos, y cuando también adquiere una dimensión global.

La proliferación de estas formaciones ha hecho que surjan diversas denominaciones, clasificaciones y tipologías, en base a sus articulaciones, características, ideologías y, especialmente, su relación con la democracia. Esta relación marcaría la línea divisoria entre dos grandes tipos de ultraderechas: la derecha radical, que acepta la democracia como método para acceder al poder político, y la extrema derecha, que sigue apostando por la violencia y por un proceso revolucionario antidemocrático. Sin embargo, todas ellas comparten su rechazo a la diversidad en sentido amplio, son xenófobas, sexistas y se oponen a la pluralidad política; son ultraconservadoras, ultranacionalistas y autoritarias, apuestan por la securitización y militarización de la sociedad; utilizan un discurso político iracundo, plagado de descalificaciones, amenazas y mentiras; y promueven la erradicación o limitación de la mayoría de los derechos civiles y sociales.

La democracia iliberal y el identitarismo  

El encaje de la derecha radical en las democracias liberales plantea muchísimas cuestiones, pues históricamente han sido antagonistas, pero la más acuciante es: ¿cómo es posible que partidos políticos cuya ideología se edifica a partir del rechazo al diferente participen en un sistema político cuya base es la igualdad?

Para adaptar una ideología fascistizante y que, consecuentemente, tiene un encaje difícil en los sistemas democráticos, los teóricos de la Nouvelle Droite desplegaron distintos artefactos ideológicos que se han ido actualizado y que han servido para edulcorar alguna de sus posturas más controvertidas. Por ejemplo, su racismo cuasi biologicista se ha disfrazado de etno-diferencialismo o etno-pluralismo, una teoría que surge en los 70’ y que recientemente se ha popularizado, que afirma que estos partidos no solo no rechazan la diversidad, sino que la valoran hasta tal punto que su oposición a las migraciones pretende, justamente, preservar y salvaguardar la riqueza de las diferencias culturales. Del mismo modo, para que su islamofobia no resuene al “problema judío” y al consecuente Holocausto, han divulgado la teoría del Gran Reemplazo, que sostiene que las poblaciones tradicionales europeas (y occidentales) y sus valores están siendo sustituidas por otras poblaciones, principalmente musulmanes, cuyas tradiciones, prácticas, valores y religión son eminentemente peores. Ha sido precisamente durante el s. XXI cuando estos preceptos rearticulados en torno al denominado “identitarismo” han sido masivamente distribuidos a través de Internet, cambiando las formas tradicionales de captación de los colectivos ultras, y calando, por tanto, entre muchos más individuos.

La normalización e incorporación de estas ideologías, partidos y prácticas políticas ha tenido consecuencias nefastas para la democracia liberal, que despojada de sus valores fundamentales muta hacia la llamada “democracia iliberal”. Se trata de una democracia en la que una ciudadanía desposeída de derechos civiles básicos, como la libertad de opinión, credo, ideología, protesta o reunión se limita, básicamente, a votar. Estos “sistemas democráticos”, fuertemente autoritarios y ultranacionalistas, en los que la separación de poderes se difumina y en los que se violan sistemáticamente los derechos de la ciudadanía, han sido abrazados con firmeza por las ultraderechas, que con la legitimidad pública que les da el paraguas democrático (el voto), han podido desarrollar una agenda política que consiste precisamente en ir eliminando poco a poco las bases fundacionales de la democracia liberal (la igualdad), cuestionando sus pilarles fundamentales (los derechos políticos, civiles y sociales), y vaciando de sentido y resignificando sus prácticas e instituciones (la separación de poderes y la justicia social). El motivo es, paradójicamente, salvar la democracia de sus enemigos, internos y externos.

Vox, un partido constitucionalista

Vox ha interiorizado rápidamente las prácticas, tácticas y discursos de las nuevas derechas radicales. El partido ultra se reclama como el verdadero partido constitucionalista. Reivindica la democracia y sus instituciones, eso sí, siempre que se amolden a sus intereses político-económicos y a su ideario ultranacionalista, ultraconservador y neoliberal. Si a principios del s. XXI Nancy Fraser y Axel Honneth (2006) debatían sobre el futuro de la justicia social y la reconfiguración de las reivindicaciones de redistribución o reconocimiento, el proyecto democrático de Vox pasa, precisamente, por negar estos dos grandes campos de desarrollo de la democracia. Su visión ultraliberal promueve un estado reducido al mínimo en cuanto a la protección social, pero al mismo tiempo convertido en un Leviatán garante de una identidad nacional cuyos límites están férreamente establecidos y de la que desaparece cualquiera que no asuma su ideario.

Vox ha solicitado la ilegalización de los partidos independentistas, comunistas y todos aquellos que colaboran o gobiernan con éstos. Pretende eliminar el Estado de las autonomías y centralizar todas las competencias en materia de diversidad cultural y lingüística. En sus programas electorales ha asegurado que derogará leyes como la de prevención de la violencia de género, la de memoria histórica, todas las leyes LGTBIQ+ (incluidas la de matrimonio de personas del mismo sexo y la ley Trans), las leyes de promoción de la igualdad (eliminando el derecho al aborto y la ley de libertad sexual) o la ley de muerte digna. Al mismo tiempo pretende aprobar medidas como la cadena perpetua; repatriaciones en caliente, expulsión de inmigrantes irregulares o que comentan delitos (además de la retirada de la ciudadanía); la supresión de ONGs feministas, LGTBIQ+, de ayuda a los inmigrantes o consideradas ideológicas; la defensa de las terapias para “curar a los gays” y de la segregación escolar, o la prohibición de las charlas sobre género y educación sexual en los centros públicos.

Sorprendentemente, Vox se siente cómodo dentro de la democracia española, pues sus instituciones le han proporcionado la cobertura y legitimidad necesaria para poner en marcha su agenda política. La judicatura ha sido uno de sus grandes aliados. Vox ha denunciado a políticos, periodistas, activistas y a todo aquel que cuestiona su carácter democrático o su ideología, incluidos casos tan lamentables como su denuncia a Proactiva Open Arms por promover la inmigración ilegal (denuncia admitida a trámite e investigada por la Audiencia Nacional). En esa misma línea, ha interpuesto demandas basadas en bulos o a sabiendas de que son falsas, como a la ministra Irene Montero por promover la pederastia. A pesar de que la mayoría de los casos son sobreseídos, el mero hecho de ser tramitados y publicitados en los medios provoca cierto grado de verosimilitud entre la opinión pública, a la par que legitima esos discursos y prácticas.

Lo mismo sucede con los parlamentos, desde los que descalifica, insulta, miente, difama y señala. Los exabruptos de sus cargos públicos son tan comunes como notorios, y sus objetivos variados, destacando los miembros del gobierno de coalición, y de nuevo, la ministra de Igualdad, acusada de liberar a violadores, callar cuando una madre asesina a su hija o cuando un violador es inmigrante, y de ocupar su puesto por acostarse con Pablo Iglesias. Evidentemente, la actividad ejecutiva de Vox sigue la misma línea. Por ejemplo, en Castilla y León, donde gobierna con el PP, ha eliminado las subvenciones para empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia machista, ha suprimido la contratación de agentes de igualdad, las partidas a sindicatos y patronal para la promoción del empleo, el diálogo social y la prevención de riesgos laborales, y las ayudas para las mujeres rurales. Igualmente, ha intentado limitar el derecho al aborto modificando los protocolos para, por ejemplo, obligar a las mujeres a oír el latido del feto antes de abortar.

El futuro de la democracia

La multiplicación de casos como el de Vox hace preguntarnos por cómo imaginamos la democracia, sus límites y su futuro, pues no puede ser otra cosa que un proyecto colectivo en el que participamos y que construimos entre todas/os. Sin embargo, Vox utiliza la democracia y sus instituciones para deshacer y no para construir, para retroceder y no para avanzar. No pretende ampliar los derechos o la protección social, no plantea políticas redistributivas o de mejora de la calidad de vida de la mayoría, no promueve el reconocimiento y los derechos de las minorías, sino todo lo contrario. Decía Norberto Bobbio (1986: 30-31) que la democracia no está fuera de los ideales que la originaron: la tolerancia; la no violencia; la renovación gradual de la sociedad mediante el libre debate de ideas y el cambio de la mentalidad y la manera de vivir; y la fraternidad. Vox imagina una sociedad y practica una democracia en la que solo caben ellos y en la que estos valores son sustituidos por sus opuestos: la intolerancia, la violencia, la negación de la igualdad y de la pluralidad de formas de vida e identidades, y el racismo. Las próximas elecciones del día 28 son esenciales, pues marcarán el futuro de nuestra democracia. No se trata solo de elegir una serie de representantes públicos, sino también de legitimar y dar cabida en nuestra sociedad presente y futura a los discursos y las políticas de odio de la ultraderecha y de quienes sin escrúpulos la apoyan o gobiernan con ella.

Bobbio, Norberto (1986). El futuro de la democracia. México D. F.: Fondo de Cultural Económica.

Fraser, Nancy y Honneth, Axel (2006). ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico. Madrid: Morata.

Nuevas formas de control: neopunitivismo en España 

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17/04/2023 – Emilio V. Silvestre González

Hace unas semanas éramos testigos de una serie de movilizaciones que culminaron en las jornadas de protestas por parte de nuestros vecinos franceses a consecuencia de que Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, aprobara la polémica ley que aumentaba la edad de jubilación a los 64 años de forma unilateral. Esto se dio gracias al artículo 49.3 de la constitución francesa donde se permite, previa aprobación por parte del senado, aprobar una ley sin el voto de la asamblea nacional. Esta aprobación está pensada únicamente para situaciones excepcionales y es por ello por lo que el presidente y su primera ministra (Élisabeth Borne) han sido tan duramente criticados, porque han impuesto una ley sin seguir los cauces democráticos a los que se han adscrito formando parte del tejido institucional francés.

Para frenar la reforma, a la oposición sólo le quedaba una última opción, presentar una moción de censura al gobierno. Sin embargo, esta última opción tampoco funcionó y, cómo no podía ser de otra forma, las calles de Francia se inundaron desde esta aprobación unilateral, hasta hace pocos días. Pese a que estas protestas se llevan gestando desde principios de año, tras su aprobación de forma antidemocrática, han tomado un plano más amplio que ir en contra de la reforma de pensiones. Estas protestas van en contra de las nuevas formas de imposición, en contra de una paulatina perdida de garantías democráticas en pro de una violencia institucional y unas instituciones cada vez más refinadamente autoritarias. Y, aunque las manifestaciones han sido pacíficas en su mayoría, ha habido algunos enfrentamientos con la policía y los disturbios en algunas ciudades que han mostrado una fuerte resistencia social. Y es que, toda relación de poder implica una estrategia de lucha que trate de romper ese vínculo paradójico entre sujeto y objetivación, luchando contra esa técnica de individualización que utilizan las relaciones de poder para mantener sus dispositivos. 

Algo que claramente podemos ver en el gobierno francés, pues este ha respondido con una fuerte presencia policial, el uso de gases lacrimógenos y la prohibición de algunas marchas y protestas, además de algunos arrestos y juicios rápidos de manifestantes, individualizando así la lucha social. Como siempre, observamos como todas estas medidas, lejos de enmarcarse en ciertos ámbitos de la vida cotidiana, se encuentran tanto en la esfera pública como en la privada, lo que implica una influencia continua de prácticas discursivas y subjetividades que convierten a los cuerpos en sujetos, sumergiéndolos en relaciones de poder. Estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión porque se consideran una violación de los derechos civiles básicos y las libertades fundamentales de los ciudadanos a protestar pacíficamente.

De esta forma, todas estas noticias son recibidas en España con resignación y sorpresa a partes iguales, sin llegar a entender ¿por qué protestan los franceses si siguen teniendo 4 años menos que nosotros para acceder a la jubilación? Sin embargo, la pregunta no es tanto que está pasando en Francia, que tiene una historia de lucha y protesta muy arraigada en su historia social, sino más bien, ¿qué está pasando en España?

Podríamos responder a esta pregunta planteando la idea de que este contexto es consecuencia, al menos en parte, del auge del individualismo y el declive de las estructuras sociales tradicionales, sufriendo una paulatina objetivación de las personas y las relaciones. Dentro de este panorama encontramos una tensión entre la necesidad de cohesión social y el deseo de individualidad y autoexpresión que aumenta la cohesión a costa de incrementar la coacción entre iguales. El neoliberalismo marca una búsqueda activa de intereses y ambiciones propias, lo que implica una desvinculación y fragmentación del tejido social (Alastuey, 2005).  Además, no podemos olvidar que la pandemia por COVID19 ha conllevado un aumento de las medidas formales e informales de control social que ya hemos normalizado e interiorizado. Poniendo así de manifiesto la complejidad de las estructuras de poder y las posibles implicaciones que las medidas de control pueden tener sobre la perdida de libertades individuales y principios democráticos.

Sin embargo, estos cambios sociales tienen implicaciones también en la sociedad francesa, entonces, ¿qué es lo que marca estas diferencias? ¿qué está pasando en el tejido social español? Para responder esta pregunta debemos primero hacer cierta retrospectiva en la historia de España, que goza de una larga tradición en el uso del castigo como medio de control social. Esta tradición se remonta a los tiempos de la inquisición y el periodo colonial, continuando posteriormente en formas cada vez más sofisticadas con la dictadura, y más tarde con la transición a la democracia (Sánchez, 2021).

Para ilustrar mejor esta evolución cultural, podemos ver cómo la falta de reforma de la Ley Mordaza refleja la resistencia al cambio y las ataduras del pasado, mostrando el bagaje punitivo de las instituciones españolas. Esta tendencia es algo que podemos observar aun a día de hoy con las últimas  controversias que ha traído consigo el proyecto de reforma de la ley mordaza. Pues, esta ley ha sido una de las herramientas de las que se ha valido el gobierno español para imponer las medias restrictivas con las que ha hecho frente a la pandemia, utilizando el control social y el castigo para crear un estado policial cercano a una distopia de Orwell. Así, el aumento de la presencia policial durante la pandemia se tradujo en más de 1,1 millón de multas y más de 9.000 detenciones, una cifra superior al total de sanciones impuestas entre 2015 y 2018 en virtud de la «ley mordaza». Además, no podemos olvidar cómo los gobiernos locales han utilizado las fuerzas de seguridad para imponer el confinamiento en las zonas más “conflictivas”, algo que hicieron imponiendo un estado policial donde el castigo y la autoridad exacerbadas impusieron las medidas de confinamiento en los barrios más marginalizados.

Atendiendo a todo ello, nos encontramos ante un contexto definido por un aumento de la coacción entre iguales y la fragmentación de un tejido social cada vez más debilitado tras normalizar las medidas adoptadas durante la pandemia por COVID-19. Es necesario recalcar el impacto que la pandemia ha tenido en la sociedad española, que ha acatado una serie de medidas a lo español: por encima de sus posibilidades. Esto es, no sólo han cumplido con las restricciones impuestas para contener el virus, sino que se han encargado de controlar y vigilar que sus convecinos también las cumpliesen. De esta forma, y siguiendo una lógica excepcionalista propia del neoliberalismo, podemos ver como en todas estas medidas se ha reforzado la responsabilidad individual, justificando el castigo como respuesta al fracaso moral. Esta moralización, presente ya en la época inquisitoria, ha provocado un aumento de la punitividad y la expansión del control social a todas las esferas de la vida social, algo que se ha normalizado tras la pandemia. Sirviéndose de políticas neoliberales basadas en principios como las “ventanas rotas” o la “tolerancia cero” en la creación subjetiva el castigo en la sociedad española, que entiende este como una respuesta natural y necesaria ante los problemas sociales (Sánchez, 2021).  Es más, siguiendo la lógica económica, estas respuestas políticas son las más eficaces y eficientes para mantener el orden social, que dispositivos únicamente basados en el control formal ejercido desde las instituciones puesto que permiten utilizar dispositivos de control en ámbitos a los que antes no tenía acceso.

Estas políticas, además, se basan en la idea de que los problemas sociales pueden ser resueltos mediante coerción y  fuerza, sin entender que la solución más efectiva a la marginalidad y la exclusión social requeriría un enfoque más integral que aborde las causas estructurales de la pobreza. Alejándonos de individualizar y objetivar los problemas estructurales en sujetos, ya que el proceso de normalización de las conductas conlleva la promulgación de leyes que tipifican, penalizan y excluyen otras formas de vida que no siguen estos cánones. En este horizonte, estamos siendo testigos de cómo los gobiernos utilizan el castigo como método de gestión del riesgo y control de las poblaciones indeseables, normalmente relacionadas con los grupos en situación de exclusión social.  Además, como vemos en la mayor parte de las sociedades occidentales, la expansión penal, con ejemplos materializados en la criminalización de la inmigración, el uso del sistema de justicia penal para hacer frente al malestar social y la disidencia política refuerza las desigualades sociales y perpetua la marginación de ciertos grupos de la sociedad.

Una de las últimas actividades que podríamos enmarcar dentro de estas prácticas para construir un nuevo “estado securitario”, donde el control informal toma un papel cada vez más importante, es el control policial encubierto. O lo que es lo mismo, a la infiltración policial en movimientos de base (mayoritariamente libertarios) para controlar y desvirtuar la lucha social desde sus cimientos. Este tipo de prácticas son la culminación de una línea securitaria y de control que ha ido cristalizando nuevos dispositivos cada vez más refinados, dando un papel más relevante al control informal. Así, estas infiltraciones no suponen una amenaza por sí mismas, sino que “tiene como componente inherente la guerra psicológica que va implícita a estas técnicas policiales y ‘de inteligencia’ que pretenden hacerse con el control de las asambleas y espacios, pero también, de los estados mentales de los compañeros y las relaciones de horizontalidad “ (Cultura de la Seguridad, 2023, p.12).

Estas nuevas formas de control son acumulativas al resto de brazos del Estado y, particularmente en España, se suma al aparato punitivo que recoge una de las tasas de encarcelamiento más altas en Europa pese a tener una tasa de criminalidad baja. Tanto es así que ocupamos el puesto 29 de los países considerados más seguros en el ranking del informe Global Peace Index 2022. Algo que no refleja nuestra tasa de encarcelamiento, que se encuentra todavía por encima de la media europea y con condenas más largas que nuestros vecinos europeos. Admitamos pues que todas estas realidades materializadas en la expansión de la represión han provocado que la  legalidad sea cada vez sea más punitiva contra la disidencia política y donde cada vez más se dan nuevas formas de violencia institucional más sofisticadas, que van erosionando el tejido social español, y por lo tanto, generando una desmovilización que ha conllevado una pasividad casi absoluta ante los dictados cada vez más autoritarios del gobierno. Ante esta situación tan sólo queda preguntarnos ¿Qué podemos hacer para cambiar este rumbo? ¿Cuáles son los nuevos horizontes a los que nos enfrentaremos sin cohesión social y con un estado cada vez más punitivo?

BIBLIOGRAFÍA

Alastuey, E. B. (2005). La cultura del horror en las sociedades avanzadas: de la sociedad centrípeta a la sociedad centrífuga. Revista Espanola De Investigaciones Sociologicas, 110, 53. https://doi.org/10.2307/40184683

Cultura de la Seguridad (2023) – Fanzine – Sobre la infiltracion y la delacion en los entornos de lucha. Autoeditado. https://culturadelaseguridad.noblogs.org/files/2023/02/Sobreinfiltracionculturaseguridad.pdf

Foucault, M. (1979). El sujeto y el poder. Primera traducción al castellano por Santiago Carassale y Angélica Vitale. 1–31.

García Roca, J. (2012). Reinvención de la exclusión social en tiempos de crisis. Cáritas Española Editores.

González Sánchez, I. (2021). Neoliberalismo y castigo. Bellaterra Edicions.

EL DISCURSO DE LA #EMERGENCIADEMOGRÁFICA DE LA ULTRADERECHA ESPAÑOLA: LA INTERSECCIÓN GÉNERO/RAZA

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20/03/2023 – Alba Polo-Artal (UNED)

El auge y la normalización de la ultraderecha, así como sus pactos con otros partidos de la derecha neoliberal, han suscitado numerosas investigaciones. La complejidad de estos fenómenos requiere de estudios exhaustivos que profundicen en los constructos sociales implicados, entre los cuales el género está jugando un papel fundamental por la presencia social, mediática e institucional del feminismo y la fuerte reacción antifeminista y antigénero (Kuhar and Paternotte, 2017). Igual de relevante es la intersección con la categoría de raza y la (re)producción biopolítica repronormativa y etnonacionalista. Estos factores, junto con el contexto histórico español en el que la invisibilización de las prácticas coloniales, de la raza y del racismo han jugado un papel central en la configuración del nacionalismo español, están necesitando de una especificidad conceptual: el nativismo hispánico-patriarcal (Polo-Artal, en prensa), especialmente porque el abordaje del ensamblaje de género y de raza no puede entenderse de manera aislada puesto que para comprender la exclusión y la construcción de la otredad, así como la configuración de los estados-nación, necesitamos de ambas categorías. La configuración del otro racial es necesaria para la conformación de las fronteras, del mismo modo que la configuración de la otra es necesaria para la reproducción de la nación. Otredades que no serán “integradas” porque son necesarias para construir el nosotros/ellxs (no) nacional. Este concepto contribuye a revelar cómo la intersección entre el género y la raza juega un papel fundamental en los discursos de la ultraderecha española que, a diferencia de lo que ocurren en otros países como Francia y Bélgica donde se recurre al laicismo para argumentar exclusión racial (Fassin, 2006), aquí se apela al catolicismo de manera implícita a través de implicaturas y presuposiciones, especialmente cuando se activa la teoría del reemplazo demográfico con la que producen europeización/occidentalización racial (Goldberg, 2006). No obstante, algunos discursos explicitan el supuesto “choque de civilizaciones”, como se observa en el retuit de @FronteraSur en la cuenta de la diputada de Vox, Rocío De Meer:

Rocío De Meer. [@MeerRocio]. (23/8/2022). Ceuta. Ese lugar donde el fin del Ramadán ya es festivo laboral y se debate prohibir nuestras propias tradiciones. Nosotros no nos rendiremos.

Esta intersección género/raza se revela pertinente cuando abordamos algunas de las estrategias empleadas por los partidos de derecha radical, quienes combinan el antifeminismo y el antigénero, su resignificación y el feminacionalismo, explicado en una entrada anterior del blog por Almudena Cabezas González (https://blogs.uned.es/gesp/vox-y-el-odio-en-el-espacio-digital-femonalicionalismo-o-etnosexismo/). Aunque en el estado español aún no ha sido extensamente abordado, encontramos interesantes líneas de investigación europeas y estadounidenses al profundizar en la intersección género/raza en/para la ultraderecha. Una de las primeras investigaciones que atendió al género en este ámbito fue la de Kathleen M. Blee (2002), retomada posteriormente bajo el paraguas de las narrativas de género excluyente, línea que desarrolla Dietze (2020) al analizar el paralelismo entre los discursos de la ultraderecha, principalmente alemana, y de feministas destacadas que coinciden en configurar a los estados-nación occidentales como superiores en el ámbito cultural-sexual. Una línea similar es la que lleva a cabo Farris (2021), quien acuña el concepto de feminacionalismo, caracterizado por la utilización del feminismo para defender medidas o políticas racistas con la excusa de que son necesarias para la liberación de las mujeres.

La intersección género/raza opera en diversos ámbitos discursivos y está en la base de varios marcos de la ultraderecha, tal y como ocurre con la estrategia de la racialización del sexismo y del feminacionalismo. Estas estrategias se apoyan en una serie de topoi (Wodak y Meyer, 2001) como danger and threat -cuando los hombres migrantes no occidentales son representados como ilegales, violentos, delincuentes, violadores, machistas y homófobos-, humanitarism and justice -cuando se justifica la expulsión de menores migrantes no acompañados bajo el argumento de que los hijos tienen que crecer junto con sus padres-, responsability -cuando se apela a la responsabilidad social para con la igualdad de género y de protección de las mujeres y las personas homosexuales-, history and culture -al activar el marco del choque de civilizaciones-. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo el discurso de protección de la mujer es empleado para justificar las necropolíticas fronterizas:

Rocío De Meer. [@MeerRocio]. (19/8/2022): ¿Puede ser que para proteger a las mujeres hagan falta menos puntos violeta y más seguridad en las fronteras?

Puesto que en la mencionada entrada del blog se abordaron precisamente estas dos cuestiones, me centraré ahora en el enmarcado que hace el partido sobre los cambios demográficos, donde dicha intersección está interviniendo.

Natalismo y nativismo: el discurso de la “emergencia demográfica”

Diversas investigaciones revelan una bajada de la tasa de fecundidad en España. La ultraderecha española, siguiendo el topoi numbers, recurre a las estadísticas para construir los marcos del “problema social”. Estos datos, aunque revelen tasas más bajas, no tendrían por qué implicar un “invierno demográfico”, concepto empleado por los partidos de derecha radical en términos catastrofistas.

La teoría del gran reemplazo no es nueva, pero desde la publicación de la obra Le grand remplacament del escritor francés Renaud Camus y de la novela Soumission de Michel Houellebecq se hizo más popular, especialmente entre grupos de la (ultra)derecha, alcanzando a los discursos políticos de la familia Le Pen y de Zemour. También ha nutrido teóricamente a los terroristas Anders Breivik en Noruega y a Brenton Tarrant en Nueva Zelanda. Desde esta teoría que combina el nativismo con el natalismo se denuncia a las “élites reemplacistas” que se estarían beneficiando con el reemplazo demográfico y cultural, tanto electoralmente, como económicamente a través de la inclusión de en los estados-nación de mano de obra barata que pone a competir a lxs trabajadorxs nativos, agraviados socialmente.

Si se realiza un barrido para observar las respuestas políticas a los cambios demográficos, se observan tendencias que van desde las políticas de conciliación y corresponsabilidad, políticas redistributivas, así como posturas tímidamente no restrictivas en políticas migratorias, hasta discursos natalistas articulados desde el nativismo patriarcal. Los partidos de derecha radical están enmarcado la cuestión demográfica a través de pánicos morales y demográficos, así como en las narrativas del miedo. Veamos a continuación algunos ejemplos de cómo se está construyendo discursivamente el marco para comprender la cuestión demográfica. En algunas ocasiones se activa desde la crítica al multiculturalismo:

Vox. [@vox_es]. (10/12/2022). El multiculturalismo progre empobrece a los españoles. Con este gobierno, los españoles pueden trabajar porque las únicas políticas que aplica son las políticas de llegada masiva de inmigrantes ilegales. Pronto España no será España. #EmergenciaDemográfica.

En otros tuits vinculan el reemplazo, a través de las colocaciones, con la inmigración, la baja natalidad y la priorización de lo que consideran que no son problemas reales o principales, como el cambio climático:

Jorge Buxadé. [@Jorgebuxade]. (17/8/2022). 18500 ilegales en lo que va de año. Y la natalidad en el niel más bajo desde 1941. Algunos de Davos, o en Nueva York, sonríen, así, como de lado. Todo concuerda en su #Agenda2030 y su fanatismo climático. No tengas hijos por el clima; acepta inmigrantes ilegales por el clima.

Rocío De Meer. [@MeerRocio]. (17/8/2022). El verdadero cambio dramático al que se enfrenta España y sobre el que nadie apaga escaparates ni sufre ecoansiedad es el suicidio demográfico. Vamos, el fin de los españoles.  #EmergenciaDemográfica.

La cuestión de la natalidad también opera con el reemplazo:

Vox. [@vox_es]. (18/8/2022). Las dos opciones contra el #InviernoDemográfico: ayudas por hijo a las familias y luchar contra la brecha maternal, como propone VOX, o inmigración masiva, como apoya el consenso progre.

Vox. [@vox_es]. (18/8/2022). La #AgendaEspaña propone repoblar España con españoles frente al reemplazo demográfico. ¿Cómo? Bajada radical del IVA en los productos de primera necesidad y esenciales; tales como productos y fármacos infantiles o pañales entre otros.

El partido vincula la “emergencia demográfica” con la maternidad, enmarcada bajo el hashtag #BrechaMaternal. Si se rastrean las diferentes variedades discursivas de los distintos ámbitos de acción, como el de su programa político, se observa que la la maternidad es abordada desde el enfoque de políticas públicas neoliberales y valores morales conservadores. Se despolitiza la maternidad y abogan por políticas de familización explícita. El partido propone un plan de fomento a la “natalidad nacional” bajo la idea de que el crecimiento demográfico producirá crecimiento económico. De esta manera, se vincula la teoría del reemplazo, el nativismo y el natalismo a través de tuits en el que el sustantivo “madre” es nuclear. Vox propone beneficios económicos y fiscales progresivos para las familias con descendencia y la exención del pago de impuestos para familias numerosas. No obstante, ello no implica que Vox reduzca a las mujeres a su papel de madres a tiempo completo. Consciente del consenso social sobre el acceso de las mujeres a la esfera laboral, así como de la precariedad económica actual, el partido no limita el salario a un único proveedor, sino que lo extiende a ambos. Por eso, encontramos discursos que apelan a las madres trabajadoras exaltando su esfuerzo, dedicación y sacrificio, en la línea de la investigación citada. La corresponsabilidad, la reflexión sobre la ética de los cuidados o sobre el papel de las masculinidades no aparecen en sus tuits. El partido niega la discriminación laboral de género, de hecho, las barrearas laborales solo aparecen cuando se vinculan con la “brecha maternal”, concepto que aún no han definido con claridad y que, por el momento, vinculan con el escaso valor que la sociedad otorga a las madres y con la falta de reconocimiento de los trabajos vinculados a la crianza. Las líderes proponen una modificación del marco: la inexistencia de la brecha de género y el análisis social desde la brecha maternal. En este sentido, la diputada de Vox Carla Toscano y la ex diputada del mismo partido, Macarena Olona, afirman lo siguiente:

Carla Toscano. [@eledhmel]. (26/3/2021). La brecha de género no existe, porque las personas no tenemos género; lo que hay es una brecha maternal, por eso @vox_es quiere protección para todas las madres, tengan los hijos que tengan. #BrechaMaternal

Macarena Olona. [@Macarena_Olona]. (15/5/2022). @vox_es quiere que para una empresa sea una auténtica lotería premiada tener en su plantilla una mujer que se queda embarazada. Nuestro objetivo es acabar con la BRECHA MATERNAL

Asimismo, el reemplazo es vinculado con la decadencia de la cultural nacional y occidental, así como con un choque de civilizaciones y de religiones incompatibles, con especial énfasis en el islamismo, conceptualizado de manera negativa argumentando, en reiteras ocasiones, que incumple los derechos humanos:

Ignacio Garriga. [@Igarrigavaz]. (1/2/2023). El islamismo es incompatible con la cultura occidental, genera violencia y la degradación de nuestros barrios.

Esta teoría del reemplazo demográfico-cultural y, en el caso español, también religioso, refuerza las fronteras, cuya materialidad no solo hace referencia al espacio geopolítico, sino también a la construcción del género, de la raza, de la sexualidad y de la reproducción que afectan a las fronteras epistémicas y a la representación de los estados-nación.

Referencias

Blee, K. M. (2002). Inside Organized Racism: Woman in the Hate Movement, California, University of California Press.

Dietze, G. (2020). Excepcionalismo sexual. Narrativas de la superioridad en el rechazo a la migración y en el populismo de derechas, Katakrak, Pamplona.

Farris, S. R. (2021). En nombre de los derechos de las mujeres. El auge del feminacionalismo, Mapas-Traficantes de Sueños, Madrid.

Goldberg, D. (2006) Racial Europeanization, Ethnic and Racial Studies, 29:2, 331-364.

Kuhar, R., and Paternotte, D. (2017). Anti-gender campaigns in Europe: Mobilizing against equality, Rowman & Littlefield.

Polo-Artal, A. (en prensa). La ultraderecha española: la construcción discursiva del nativismo patriarcal, Nazioni e Regioni.

Wodak, R. y Meyer, M. C. (2001). Métodos de análisis crítico del discurso, Barcelona, Gedisa.

Desigualdades y comportamiento político. Voto y desafección política en la Unión Europea

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13/02/2023 – Damián Herrera Cuesta (UNED)

Es difícil encontrar un área de conocimiento de la sociología dedicada al estudio de las transformaciones sociales, que no haya incluido como estrella de estos cambios a la institución educativa, al menos desde el surgimiento de la teoría del capital humano.

Previamente, la educación ya se venía considerando, y aún hoy, como condición necesaria para la emancipación individual y colectiva, así como constructo fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática, conformada por individuos iguales (no ignorantes) y, con ello, también libres.

No en vano, tradicionalmente, los estudios sobre participación, versus desafección, han considerado la educación como uno de los elementos axiales de la socialización política. A través de ella se espera que los individuos accedan al conocimiento del mundo social en el que viven, tomen consciencia de sus propias relaciones con la colectividad, así como de las relaciones de ésta con su entorno. Además, se espera que a través de la educación puedan desarrollar la capacidad de pensar críticamente sobre este conjunto de relaciones.

Sin embargo, la relación proporcionalmente inversa existente, desde hace ya varios lustros, entre la caída del voto y el crecimiento de la población educada viene a contradecir la máxima de Converse (1972, en Perssons ), según la cual, “a mayor educación mayor participación política”. Según datos de Eurostat (2020), la población de la Unión Europea (EU27), con educación superior, presenta una tendencia positiva entre los años 1994 y 2019. En el mismo periodo la tendencia general abstencionista fue, por el contrario, negativa, pasando del 57% al 51%. Obviamente, la participación en los procesos electorales no es el único modo de participación.

Gráfico 1. Crecimiento del nivel educativo de la población y participación política (UE-27)

Gráfico de elaboración propia. Fuente: Eurostat, 2020

Hoy en día, la desafección política no sólo se encuentra entre población con baja educación, también entre individuos con titulaciones superiores. En este sentido, numerosos sociólogos han venido advirtiendo que un foco importante de desinterés hacia la política en el siglo XXI lo podemos encontrar entre las clases profesionales técnicas, es decir, individuos con titulaciones educativas superiores.

Con todo ello, parece que el estudio sobre el papel de la educación ha venido perdiendo fuelle entre politólogos y sociólogos. La dispersión de causas coyunturales – crisis económicas, etc.- además de las ya consabidas -ignorancia política ligada a la indefensión aprendida y a la pobreza intergeneracional, ideología, apatía social, edad, etc.- han terminado desplazando el interés por la educación en los estudios sobre la participación política.

Partiendo de estas premisas, decidimos iniciar una nueva investigación sobre la particular relación entre la educación y la participación, versus desafección política.

Nuestro interés radicaba en comparar el impacto del nivel educativo, además de otras variables como la edad, el sexo o la clase socioeconómica, en distintos países con diversas características en cuanto al nivel educativo alcanzado por la población. Los cinco países europeos considerados -Finlandia, Francia, Alemania, el Reino Unido y España-, a pesar de haber sido clasificados por el índice de desarrollo humano (UNPD, 2020) dentro del grupo de naciones más desarrolladas del mundo, tienen grandes diferencias entre ellos en términos de desigualdad educativa y de ingresos, compartiendo, por otro lado, sistema político (democracia liberal).  

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron las bases de datos del Índice de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad (IDH-D, 2020), y el de la European Social Survey (9). El universo de la encuesta se restringe a personas de ambos sexos, mayores de edad (18 años) y, por lo tanto, con capacidad de voto (22.247 encuestas). Sus características permiten construir los tipos de comportamiento político a partir de dos variables, la práctica del voto y el grado de interés hacia la política. De este cruce se obtienen cuatro modelos: Modelo cívico-formal, del que formarían parte individuos con poco o ningún interés por la política, pero que votan regularmente (3-4 de la escala Likert). En segundo lugar, un modelo de activismo de tipo 1 con el que se corresponderían individuos que ejercen su derecho al voto al tiempo que comparten un alto interés hacia la política (Likert 1-2). Un tercer modelo activista de tipo 2, estaría conformado por aquellos individuos que afirman tener un gran interés por la política (Likert 1-2), pero se declaran abstencionistas. Y, finalmente, para hacer que nuestra tipología sea más completa, hemos incluido una variable que cubre todo lo contrario del compromiso y la participación, es decir, la desconexión política. Este tipo de comportamiento es descrito en la literatura especializada como una forma pasiva de no compromiso entre los ciudadanos que perciben que la política no es interesante. Los individuos con esta orientación no sienten ninguna necesidad particular de hacer oír su voz, y la política simplemente la dejan para otros.

Tabla 1. Distribución de la población según tipo de comportamiento por país (ESS9)

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se calcula a partir de tres componentes: la esperanza de vida, la educación (con dos indicadores) y los ingresos/consumo per cápita por país. Por su parte, el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D), es el resultado de la pérdida en IDH debido a la desigualdad. El coeficiente de desigualdad es calculado a partir del promedio no ponderado de las desigualdades en cada uno de los tres componentes mencionados. Los dos indicadores utilizados para medir el componente educativo son, por un lado, los años de escolarización esperados (población entre 5 y 24 años), y, por otro, los años finales de escolarización (población mayor de 25 años), mientras que los indicadores utilizados para determinar el componente relacionado con las rentas son los ingresos familiares disponibles y el consumo per cápita (PNUD, 2020).

Tal y como recoge el último informe (IDH-D, 2020), los cinco países seleccionados presentan diferentes niveles de desigualdad educativa y de ingresos. Mientras que España presenta los índices de desigualdad más altos en ambas dimensiones (19,5 en desigualdad de ingresos y 16,9 punto en desigualdad educativa), Finlandia se sitúa en el lado opuesto, con los valores más bajos (un índice 10,6 en desigualdad de ingresos y de 2,2 en desigualdad educativa). Alemania y el Reino Unido, por su parte, presentan una baja desigualdad (medida por número de años de escolarización. -2,3 y 2,7-, respectivamente), pero una alta desigualdad de ingresos (rentas de los hogares entre otros indicadores. -17,7 y 17-, respectivamente). Finalmente, Francia, es, podemos decir, un país con valores intermedios, tanto en desigualdad de ingresos (13,5) como educativa (9,5).

Las variables independientes introducidas en la regresión logística son variables socioestructurales politómicas, como el nivel de educación (que se subdivide en cuatro categorías: individuos con nivel educativo hasta primaria; individuos con alguno de los dos niveles de secundaria; individuos hasta post-secundaria no terciaria; y, finalmente, individuos con título de educación superior), y la clase socioeconómica, que, por su fácil adecuación a los datos disponibles por la ESS9 (2018), utilizamos la Clasificación Socioeconómica Europea (ESEC, por sus siglas en inglés).

Entonces, ¿La educación importa?

Los resultados de esta investigación se presentaron en el XIV Congreso Español de Sociología entre el 29 de junio y el 2 de julio del año en curso (2022), dentro de las actividades del grupo de trabajo 08 de Sociología Política.

En países con una baja desigualdad, tanto educativa como de ingresos (Finlandia), la educación y las desigualdades socioeconómicas pierden su efecto sobre la probabilidad de que un individuo participe políticamente, tomando mayor importancia otras variables sociodemográficas como los antecedentes migratorios (segundas generaciones) o la diferencia de edad.

En sentido contrario, con la excepción de Finlandia, donde los factores moduladores de la desconexión política se concentran en la edad de los individuos, en el resto de países analizados encontramos que tener un bajo nivel educativo aumenta la probabilidad de que los individuos desconecten de la política.

También vemos que, en los casos de Francia, Alemania y el RU, una vez se han alcanzado altos niveles de educación promedio entre la población (estudios por encima de la secundaria postobligatoria), el peso relativo de esta variable sobre la participación disminuye, pasando a dominar en el análisis la variable socioeconómica (act2).

Por último, en países con una alta desigualdad educativa y de ingresos (España), la variable educativa presenta un efecto directo (explicativo) en todos los modelos, confirmando la máxima ya citada de Converse -a mayor educación, mayor participación política-, es decir, la probabilidad de encontrar individuos interesados por la política aumenta en la medida que aumenta su nivel educativo, del mismo modo que dicha probabilidad se reduce hasta la desafección a medida que el nivel de educación baja.

Principales conclusiones

Este estudio prueba, en primer lugar, el papel determinante que juega la educación en relación con la desconexión política en cinco países altamente desarrollados en la segunda década del siglo XXI. Bajos niveles de educación y bajos recursos socioeconómicos, a menudo de la mano, tal y como sugieren autores como Gilens (2012) o Bartels (2016), parecen actuar, a modo de mecanismo de cierre social, expulsando de los procesos participativos a los individuos menos educados y peor situados en la estructura social, lo que, sin duda, tiene importantes implicaciones políticas en el marco de las democracias liberales.

En segundo lugar, este estudio evidencia que, en aquellos países con poblaciones más educadas, la variable educación es desplazada de la centralidad participativa aflorando en su lugar otras variables, como las diferencias socioeconómicas entre los individuos (Francia, Reino Unido y Alemania) y/o las diferencias de edad (Finlandia).

En tercer lugar, en el caso de España, con altas desigualdades educativas y de ingresos, encontramos que la educación domina la centralidad explicativa del comportamiento político de los españoles, absorbiendo el efecto del estatus socioeconómico.

Por último, frente a la tesis más general, que afirma la existencia de una fuerte asociación entre la educación y el estatus socioeconómico de los individuos, encontramos resultados, para el caso de España, que permiten interpretar los datos, más bien, como la consecuencia de una disociación entre ambas condiciones. Nos referimos al modelo act2 -individuos interesados en la política, al tiempo que abstencionistas- donde la probabilidad de que los individuos se ajusten a este modelo aumenta con el nivel educativo.

Es decir, hemos visto que el ajuste a este modelo aumenta entre individuos, con niveles de educación secundaria superior y terciaria, que, en contextos estructurales específicos, con la existencia de mercados laborales descualificados, y altos niveles de población ocupada por debajo de su cualificación, factores ambos que han venido caracterizando el caso español (Alegre y Benito, 2010; Herrera, 2017), practican formas de activismo político alternativas a la participación a través del voto.

Para concluir este resumen, podemos decir que las dos conclusines de mayor calado que extraemos de esta investigación son, en primer lugar, que la importancia de la variable educativa sigue siendo una clave fundamental hoy para explicar la desafección política -asociada con bajos niveles educativos-. Y, en segundo lugar, sólo en poblaciones con niveles superiores de educación ampliamente expandidos (igualdad educativa), la educación pierde relevancia en el análisis de la participación política a favor de otras variables -socioeconómicas, sociodemográficas, socioculturales, etc-.

Referencias utilizadas en el texto

Alegre, M.A. y R. Benito (2010): “Los factores del abandono educativo temprano. España en el marco europeo”. Revista de Educación, número extraordinario, 65-92. https://bit.ly/3nAWqgd

Bartels, M. (2016): Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age, Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400883363

Gilens, M. (2012): “Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America”. Princeton, NJ: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400844821

Herrera Cuesta, D. (2017).Empleabilidad versus sobrecualificación. Desajuste entre formación y empleo en las trayectorias laborales de los jóvenes titulados en España. Sociología del trabajo, (89), 29-52. Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/STRA/article/view/59635/4564456546827

Persson, M. (2015): “Education and political participation”. British Journal of Political Science, 45(3), 689-703. https://doi.org/10.1017/S0007123413000409

[1] Damian Herrera Cuesta es Doctor en Sociología. Profesor tutor de la UNED y miembro del Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política (GESP) – Dherrera@madrid.uned.es