Represión en tiempos de pandemia: otro virus que se expande

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25/06/2021 – Emilio V. Silvestre González (GESP)

Después de poco más de un año desde que se decretase el Estado de Alarma, podemos advertir que tanto las consecuencias que han traído consigo el COVID19, como las medidas tomadas para paliarlo, han implicado grandes cambios y adaptaciones económicas, sociales y políticas. Las primeras consecuencias las observamos atendiendo a la caída histórica de los principales indicadores económicos durante la pandemia o al descontento generalizado con las medidas tomadas, algo que se dio de forma trasversal en todo el globo, y que se materializó en diferentes formas de protestas alrededor del mundo.

A su vez, hemos sido testigos de cómo esta pandemia y sus consecuencias han aumentado las desigualdades y acelerado el retroceso democrático. Sin embargo, tenemos que pensar esta involución en base a las diferencias culturales y contextuales existentes. Sirva de ejemplo la campaña anti-okupación en el contexto de crisis económica y sanitaria actual, donde se han dedicado a promocionar y reproducir en los medios de comunicación, dando una visión negativa de este fenómeno para crear una opinión pública contraria a éste. Es decir, se han utilizado los medios para crear e influir a la opinión pública, mediante un método más invisibilizado de manipular la información. Algo que ha servido a las grandes corporaciones y fondos buitre para mantener a salvo sus propiedades, millones de viviendas vacías sin opción a alquiler social y con ánimo especulativo y lucrativo.

Todo ello en un contexto de crisis sanitaria y económica que ha forzado a muchas familias a verse en procesos de desahucio sin alternativa habitacional y con una sociedad contraria a la okupación como opción o como herramienta de negociación con bancos y fondos buitre, principales propiedades okupadas. Así, nos encontramos con situaciones de violencia institucional diarias, forzadas por las grandes corporaciones y legitimadas por las instituciones que provocan aún más desigualdades y descontento social.

Al mismo tiempo, debemos repensar los efectos del poder y la resistencia foucaultianos, pues ya no están contenidos por la matriz política de la relación entre el Estado y la sociedad, sino que, superan el marco de las representaciones inscritas en el Estado-nación. En este sentido, las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos para hacer frente a la pandemia parecen responder a una lógica represiva propia de estados autoritarios, algo en auge ya antes de la pandemia. Tanto es así que, las continuas vulneraciones de derechos humanos han forzado a diferentes asociaciones y plataformas a realizar estudios sobre estas y sus implicaciones.

Así, Amnistía Internacional plantea en su informe sobre abusos policiales durante la pandemia cómo «en Europa hubo varios casos —en Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia y Rumania— en los que agentes encargados de hacer cumplir la ley recurrieron al uso ilegítimo de la fuerza para imponer medidas de confinamiento a personas que no habían ofrecido resistencia ni constituían una amenaza significativa» (pág. 16).

Esto es algo que hemos podido observar en las redes sociales con la cantidad de videos sobre abusos policiales que se han viralizado durante el confinamiento. Además, atendiendo a los millones de propuestas de sanción que se hicieron durante el confinamiento puestas ahora en duda por la ausencia de un marco legal que las respalde, entendemos que, las fuerzas y cuerpos de seguridad se excedieron de sus competencias, sancionando por conductas no tipificadas o interpretadas por los mismos agentes. Este exceso en las actuaciones policiales lo han sufrido en mayor medida las personas racializadas, respondiendo a un discurso racista que poco a poco va cogiendo fuerza y escaños. Lo que podemos advertir si nos fijamos en dispositivos especiales que se han dado durante el confinamiento, es decir, en las redadas raciales, y en los abusos de autoridad y usos de la fuerza ilegítima contra personas racializadas.

Como consecuencia, la ONG Rigths International Spain en colaboración con el Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendiente en España, ha creado un informe sobre racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España. En él, se han reportado 70 casos de abusos policiales, en menos de dos meses, teniendo en cuenta sólo perfiles raciales que hayan sido víctimas del uso ilícito de la fuerza.

Todo ello, como se refleja en el informe, sólo implica un aumento del racismo reforzado por discursos de odio reportados por figuras públicas. Lo que vemos en las declaraciones del 18 de junio de la portavoz de Vox de la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. Esta expuso que su problemática con el diputado de Podemos Unidas, Serigne Mbayé, de la Unión Madridista Manteros por los Derechos de los Residentes, no es si era negro o blanco, sino que había llegado a España desde «forma ilegal saltándose la cola de entrada de muchos legales que habían cumplido los requisitos y que durante años se ha lucrado vendiendo de forma ilegal».

Pero este fenómeno no es único de las instituciones políticas, sino también en el mundo del deporte, como los sonados casos de racismo dentro del fútbol. En las últimas semanas, surgía el debate sobre si la selección española tendría que arrodillarse o no en su partido contra Suecia como símbolo de solidaridad y apoyo al movimiento «Black Lives Matter». En este sentido, otra vez la extrema derecha y su discurso de odio han hecho que este acto simbólico, que no acaba con los casos de racismo en el fútbol, sino que más bien sirve cómo escaparate de los grandes clubs, no se realice. Así se ponía en marcha una campaña en contra basada en un discurso antiglobalización y resaltando el pasado imperio español, donde encontramos tweets como este: « (…) jamás (arrodillarse) ante una mafia globalista que pretende que pidamos perdón por dejar el mayor legado cultural de la historia».

Todo ello, implica una involución democrática que socaba los derechos fundamentales y, como siempre, afecta máxime a los más vulnerables. Con las consecuencias vinculadas a esta pandemia, podemos entender cómo los diferentes gobiernos han utilizado el COVID19 como excusa para tomar medidas y políticas cada vez más restrictivitas y discriminatorias. También podemos desprender que el uso de la fuerza, aun siendo siempre monopolio de los Estados, se ha intensificado con las medidas antiCOVID19 mediante el argumento de la defensa de la salud y la seguridad colectiva, aumentando la militarización y la represión social en todo el mundo. «Así, se crea un contexto de policialización del espacio público y militarización de la gestión, que puede llegar a justificar comportamientos de control de la vida y el espacio público que no se justifican en otros momentos» (SIRECOVI, 2020, pág. 4).

Pero el problema no parece tener una curva descendente de casos, sino que estas prácticas se han normalizado y se van reproduciendo y endureciendo por todo el globo. Baste como muestra, las protestas en Colombia como respuesta a la nueva Ley Tributaria que busca paliar los efectos económicos de la crisis causada por el COVID19, a este respecto, no podemos obviar la brutal represión que está sufriendo el pueblo colombiano. Donde uno de los principales lemas es: «Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia es porque el Gobierno es más mortal que el virus». Algo que, si observamos los datos proporcionados por la ONG TEMBLORES, es totalmente cierto. Reportando después de 50 días de paro en el país (a fecha de 17 de junio de 2021) 4.285 hechos de violencia cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública. De los cuales hay 43 presuntos asesinatos de civiles, 21 homicidios en investigación, 1468 agresiones físicas, 215 víctimas de disparo de armas de fuego o 734 actuaciones violentas.

Como resultado, podemos entender que la violencia policial es un problema estructural global y, como elemento integral de los proyectos gubernamentales modernos, se manifiesta sistemáticamente en el contexto de la protesta social afectando de manera desproporcionada a colectivos minoritarios cómo personas racializadas, LGTBIQ+ o mujeres (Temblores, 2013). Y que, además, el contexto de pandemia global ha servido a los diferentes actores a acelerar una tendencia que ya se venía dando de forma más lenta, erosionando las instituciones. Algo, que ha permitido a su vez, llegar a esta situación donde hemos rechazado ciertas libertades y, sobre todo, las libertades de ciertos colectivos en favor de una supuesta seguridad.

Para colmo, sumada a esta involución en derechos y libertades, y como consecuencia de la revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente, observamos cómo cada vez más la democratización del uso tecnológico ha ido ligado a una capacidad mayor para extraer información para la vigilancia y el control social. Este hecho se encuentra lejos de ser algo propio de estados autoritarios, sino que es una práctica, que, como la represión, se está extendiendo por todo el mundo.

Bibliografía

Almeda, P., & Majó, A. (2021). La democràcia en perill. En defensa de la democràcia. 1–11.

Amnistía Internacional. (2021). REPRESIÓN Y COVID-19. Abusos Policiales y Pandemia. Informe.

Bigo, D. (2008). Globalized (in)security: The field and the ban-opticon. Terror Insecurity and Liberty: Illiberal Practices of Liberal Regimes After 9/11, 10–48. https://doi.org/10.4324/9780203926765

SIRECOVI. (2020). Consecuencias Del Estado De Alarma En La Vulneración De Derechos De La Ciudadanía. Monitoreando La Privación De Libertad Y La Actividad Policial Durante La Emergencia De La COVID-19. Informe, 1, 1–16.

Temblores, O. (2013). Bolillo, Dios y Patria. 53(9), 1689–1699.

ONG Rigths International Spain y Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendiente en España (2021). Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España. Crisis Sanitaria COVID19, 1–42.

Mirar diacrónicamente los movimientos sociales. La influencia de movimientos anteriores en el surgimiento del 15M en Madrid

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19/05/2021 – Gomer Betancor (UNED)

Introducción. El contexto del cambio de siglo

El cambio de siglo en Madrid supuso un cambio en la morfología de los movimientos sociales al haber un nuevo contexto político, social y económico. Este nuevo contexto sirvió de revulsivo para un cambio interno en los movimientos sociales autónomos en Madrid durante el emergente ciclo de movilización 2000-2004, que fue un ciclo duro de contestación social ante las medidas restrictivas y privatizadoras de un Partido Popular de corte thatcheriano que tenía a Madrid como laboratorio de sus políticas neocon en lo político y neoliberales en lo económico (decretazo, ley de extranjería, leyes educativas mercantilizadoras, entrada en la Guerra de Irak, mala gestión del Prestige, Plan Hidrológico Nacional, etc.).

El paso decisivo para una mayor repercusión es el trasvase de militancia del Movimiento Autónomo (que se concentraba en torno a la Coordinadora de colectivos Lucha Autónomas) al Movimiento de Resistencia Global (la rama española del Movimiento de Justicia Global), mediante una nueva generación de activistas (Wilhelmi y Salamanca, 2011). Este ciclo de 2000-2004 se distinguió por un conflicto social creciente en los años sucesivos a partir de diferentes leyes y pésimas gestiones gubernamentales que iban generando crecientes agravios en la ciudadanía.

Tras una masiva desobediencia civil en la jornada de reflexión del 13M por las más que documentadas mentiras del Gobierno de Aznar ante la autoría de los atentados yihadistas del 11M, el PSOE ganó inesperadamente las elecciones generales de 2004, que trajeron a Rodríguez Zapatero como nuevo Presidente. Con este triunfo del PSOE se produjo una bajada drástica de la movilización ciudadana al cubrirse algunas de las principales demandas urgentes de esta ciudadanía contestataria (derogación de leyes educativas, retirada de tropas de Irak, mayor diálogo social, leyes de igualdad de género etc.). Y los movimientos sociales hicieron un repliegue al trabajo cotidiano de esas redes sumergidas que se mantenían en latencia, como se expone a continuación.

2005-2008. Cambio de contexto, desescalada de la acción colectiva y trabajo latente de redes sumergidas

Las prácticas experimentadas por los colectivos por una globalización alternativa y el movimiento estudiantil más asambleario son utilizadas posteriormente por V de Vivienda y el movimiento anti-Bolonia (y sirven además de socialización política para una multitud de jóvenes), pero también reutilizadas y resignificadas por Juventud Sin Futuro y Democracia Real Ya como colectivos impulsores del 15M en Madrid. De modo que en estos años sucesivos se van a ver repertorios de organización y acción que resonarán en las acciones de los Indignados, como son las contracumbres, bloqueos, encierros o acampadas. En la siguiente figura podemos ver el proceso temporal de algunas redes de movilización y movimientos en esa primera década hasta la irrupción del 15M en 2011.

Figura I. Hilo temporal de las principales redes y movimientos anteriores al 15M

Fuente: elaboración propia

Coincidiendo con la llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero, que apacigua los grandes conflictos que venían protagonizando los movimientos sociales (y la promulgación de nuevas leyes y derechos civiles que aumenta los conflictos con la iglesia católica, la AVT y las organizaciones conservadoras), se produce un repliegue al trabajo en lo cotidiano. Esta circunstancia de vuelta al trabajo cotidiano por parte de muchos movimientos se aprovecha para reimpulsar la Semana de Lucha Social Rompamos el Silencio. Esta semana anual de lucha social ya se habían ensayado en 1998 y 1999 y significaba la colaboración estratégica de diferentes movimientos para reivindicar diferentes cuestiones mediante manifestaciones de desobediencia civil en varios ejes de conflictos invisibilizados en el día a día (globalización neoliberal, la cuestión agroecológica, el régimen punitivo carcelario, desigualdades sociales, segregación residencial, conflictos patriarcales etc.). Esta iniciativa anual que se vuelve a recuperar es crucial para entender la colaboración posterior de redes autónomas con otros movimientos sociales alternativos mediante el trabajo en diferentes líneas temáticas (como la okupación, la soberanía alimentaria, la globalización alternativa, o los feminismos). Estas redes sirven para construir una narrativa del encuentro y la multiplicación de luchas sociales, siendo punto de encuentro de activistas de diferentes movimientos que, a la postre, será crucial para reactivar las redes activistas cuando irrumpa el Ciclo 15M y llenar plazas de activistas (García Arístegui, 2011).

Experimentando la inclusividad desde las redes sumergidas y los Centros Sociales Autogestionados

El cambio de siglo en Madrid también implica experimentaciones de centros sociales nuevos, más allá de la práctica desobediente de la okupación de espacios liberados como fin último de la acción colectiva del “Movimiento Okupa”. Se había venido ensayando progresivamente en algunos colectivos autónomos una estrategia innovadora basada en la autocrítica de experiencias fallidas, en aprendizajes colectivos y en la necesidad de abrirse a la sociedad. De modo que a partir de los primeros dosmiles y a partir de la experiencia de algunos centros sociales más abiertos como el Centro Social Okupado y Autogestionado “El Laboratorio” o la lucha barrial del Centro Social Seco, el concepto de Centro Social se va haciendo más inclusivo a diferentes reivindicaciones sociales. A ello contribuye decisivamente un cambio interno en los movimientos sociales madrileños que tendrá efectos hasta el Ciclo 15M: la introducción del denominado sindicalismo social como línea prioritaria e innovación táctica. Este nuevo repertorio táctico de los movimientos sociales trasciende el campo de acción tradicional de sindicatos clásicos institucionalizados y se abre a nuevas experiencias de precariedad laboral y vital para “ayudar a la reconstrucción de formas asociativas y comunitarias que cortocircuiten los mecanismos concretos de desposesión que se nos imponen” (Carmona, 2017). Como destaca Beatriz García, “son grupos basados en el apoyo mutuo, que enfrentan problemas propios, pero se enmarcan en una lucha mayor, que emplean la acción directa y la pelea legal. Son como sindicatos, pero en el campo de la vivienda, la salud o los cuidados” (García, 2017). Así se empezó con las Oficinas de Derechos Sociales para empoderar la lucha de migrantes en situación irregular en diferentes centros sociales, o con el impulso de Ferrocarril Clandestino como colectivo de apoyo a migrantes precarios. Una forma de activismo que contribuyó en el corto tiempo a la hibridación de luchas sociales con nuevos sujetos que se empoderaban: migrantes, jóvenes precarias o trabajadoras del hogar. Y fue el germen necesario para la posterior creación de colectivos que han ensanchado e incorporado el eje de clase social en el activismo, como son la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas, el Sindicato de Manteros o la lucha de las Kellys.

Con esta apertura a diferentes experiencias de inclusión social el concepto de Centro Social se va haciendo más proclive a diferentes reivindicaciones sociales. Así, hay una mayor legitimidad de los centros sociales con “Los Laboratorios”, o la Eskalera Karakola (con la innovación de ser un centro social no mixto) a principios de la década del 2000, y con la irrupción del Patio Maravillas como cristalización de este modelo de Centro Social 2.0. Un modelo de centro social que se importa con la influencia de los centros sociales italianos (la autonomía italiana), distinguido por ser expresamente propenso a unir luchas sociales sin anteponer identidades cerradas, con el objetivo último de ensayar nuevas formas de lucha que se acomoden a las circunstancias cambiantes de este neoliberalismo tardío (desregulación laboral, financiarización de la vivienda, explotación laboral de migrantes etc.).

Efectos de contagio entre movimientos sociales. De V de Vivienda al Movimiento anti-Bolonia como antesala de Juventud Sin Futuro

Siguiendo la estela inmediata del tiempo, el Movimiento V de Vivienda emerge en 2006 como denuncia pública (y de origen anónimo) de un sistema político inmobiliario que condena a miles de personas a la precariedad habitacional con una burbuja inmobiliaria. Será una red novedosa y rupturista en el uso de un lenguaje que sale de los códigos militantes y resignifica el concepto de dignidad, tomado de los zapatistas y que llega al 15M. Supone el primer movimiento con autoorganización de convocatorias por Internet con continuidad, a partir del precedente de autocomunicación de masas por SMS del Pásalo del 11M. Hace uso de lo que Tarrow (2010) plantea como difusión no mediada: la experiencia de un particular que, a partir del éxito del 13M de convocatorias anónimas, marca este hito de una pauta de comunicación activista que se verá en redes sociales de internet más adelante.

Paralelamente en el tiempo, la misma generación de activistas jóvenes universitarios reactivaron el movimiento estudiantil con su protesta frente a la imposición del Proceso de Bolonia (el Movimiento anti-Bolonia). Ha sido en el movimiento anti-Bolonia donde dichas dinámicas han tenido un peso mayor, sobre todo por el calado que dejaron las dinámicas asamblearias en toda una generación de jóvenes activistas que luego impregnaron de las mismas a otros movimientos mediante una multitud de efectos derivados en los discursos, estructuras en red, cultura activismo, pero también de apertura hacia nuevos públicos sociales. Estas pautas serán utilizadas por estos activistas, que también plantean un cambio de relato que apele a mayorías sociales contra la mercantilización de la vida, ampliando el framing estudiantil anterior que se limitaba a medidas concretas y apelando a consecuencias que se veían en la educación superior y en otras instancias de la vida social como el empleo o la sanidad. Ese cambio de relato en una ampliación del master frame se ve de forma más clara en Juventud sin Futuro (JSF), en su cambio estratégico de enfoque hacia lo generacional, para llegar a una masa crítica mayor y accediendo a mayor apoyo social al hablar de forma innovadora de “mayorías sociales”.

Como se deduce del siguiente cuadro resumen (Cuadro I), este giro hacia el significante de una juventud sin futuro implica un exitoso enmarcamiento de juventud precaria que construyen principalmente debido a la especial cobertura informativa de los medios masivos convencionales. Y lo más importante, para ver su legado en el sentimiento discursivo general del 15M: logran construir estrategias para suscitar lealtades transversales que generan un apoyo general amplio a las demandas del movimiento.

Cuadro I. Tipos de difusiones en los movimientos en el Ciclo 2005-2008 en adelante

Fuente: elaboración propia

Redes madrugadoras, cambio de escala y precuela del 15M

La precuela del 15M va a estar marcada por una combinación creciente de acciones online y en la calle como reacción ante la salida neoliberal de la crisis por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Se producen así diferentes iniciativas que van a ir gestando la contestación juvenil online como precuela de las grandes movilizaciones que inicia el Ciclo 15M.

Así, la iniciativa #NoLesVotes (en adelante, #NLV) surge a comienzos de 2011 con el objetivo de denunciar y boicotear la «Ley Sinde», apoyada por la mayoría del PP, PSOE y PNV. Era una ley antidescargas de Internet, que limitaba la visualización de contenidos en la Red cerrando en un corto espacio de tiempo sitios web que facilitaran la descarga de material protegido por derechos de autor. Era concebida como medida recaudatoria y que recortaba libertades en un nuevo espacio como internet. El ciberactivismo contra la ley no se hizo esperar y marcó un precedente de movilizar a multitud de internautas que nunca antes habían participado en el activismo online.

El manifiesto lanzado por #NLV contra la ley se viraliza y se crean grupos en todas las comunidades. Como señala Razquin, también implica un desbordamiento con una denuncia que cogen redes siguientes en la prehistoria del 15M: «una denuncia del clientelismo partidista; desconexión entre representantes y representadas/os; profesionalización de los espacios de decisión ajena a la ciudadanía; y lo más crucial, la llamada a la toma de conciencia ciudadana» (Razquin, 2015, p. 66 y ss.).

#NLV será decisiva en otra red de protesta online que se va fraguando casi paralelamente: EDM (Estado Del Malestar). EDM será una iniciativa anónima que nace en Facebook a partir de los vínculos establecidos entre tres personas que no se conocían previamente. Un internauta propone en Facebook una acción puntual para salir a la calle a protestar en su ciudad; a partir de ahí se genera una conversación en que varias personas deciden reunirse en la Puerta del Sol todos los viernes a las 19 horas y hablar de la situación política y de su indignación ciudadana. Es todo un precedente, ya que crean un primer grupo con un ideario que influye en Democracia Real Ya (DRY) como red madrugadora y en el 15M, por ejemplo, mediante normas como no asociación a partidos políticos, movilizaciones ciudadanas como objetivo principal del grupo, responsabilidad de cada uno de los miembros, participación de forma horizontal sin mediadores y a partir de motivaciones e intereses individuales (Antolín, 2014).

Ya se venía gestando la Plataforma de Grupos Pro-Movilización Ciudadana, grupo de Facebook en el que participan algunas personas de EDM y que da el paso de coordinar DRY en todas las capitales de provincia y otras ciudades importantes, nodos que organizan la movilización del 15 de mayo. Pocas semanas antes se produce la fusión de la acción online y offline: personas a título individual se reúnen presencialmente para organizar la movilización bajo unas demandas mínimas y con la intención clara de salirse de movimientos clásicos y hacia la apertura y lo inclusivo. En Madrid, varias semanas antes el grupo de este proto-colectivo (DRY) se reúne en el Patio Maravillas y recibe el apoyo de este centro social, que durante la Acampada y todo el 15M suspenderá actividades (como muchos centros sociales y colectivos auntónomos) para fundirse con el 15M.

Discusión. La influencia de movimientos previos en el surgimiento del 15M

Lo que sucede a partir del 15 de mayo de 2011 con la Acampada en la Puerta del Sol es una aceleración de la protesta y el nacimiento de un gran fenómeno social del que ya se ha escrito en abundancia. Pero lo que interesa aquí es resaltar estas redes e influencias previas. El legado y las formas de la movilización toman herencias claras de V de Vivienda y Juventud Sin Futuro, cuyas redes se incorporan a fondo en el proceso movilizador: cartelería similar, framing más amplio e identidad colectiva abierta.

Entre estas redes anteriores existe una continuidad de activistas, recursos e identidad colectiva que son determinantes para la organización y el desarrollo de Acampada Sol y el 15M en Madrid. Estas redes logran introducirse en la primera línea del debate de los medios de comunicación y de la política institucional, cuestionando incluso las elecciones locales en la desobediencia a la jornada de reflexión, un aprendizaje ya experimentado en la desobediencia ciudadana en el 13M de multitudes conectadas (Sampedro, 2005).

La interacción de estas redes de movimientos sociales es fundamental para entender el buen arraigo del 15M en diferentes aspectos que se consolidarán en la cultura española de protesta (Cruz, 2015): cultura deliberativa, apertura social e inclusividad a públicos diversos, creatividad e innovación, nuevos discursos hacia mayorías (Flesher, 2015). Todo ello lo podemos observar de forma esquematizada en el siguiente cuadro.

Cuadro II. Cuadro resumen de influencias de movimientos analizados en el 15M

Fuente: elaboración propia

El trabajo progresivo y latente de estas redes de movimientos sociales incide, en este sentido, en el cambio de modelo de movimientos sociales en España que se traduce en algunos nuevos elementos: configuración progresiva de las identidades de cohesión y abiertas, aumento de la capacidad inter-organizativa, nueva cohorte activista que usa masivamente redes sociales y tecnologías de la información y comunicación, construcción de una estructura y discurso de trabajo descentralizado y en red de los movimientos sociales (Jiménez y Calle, 2007; Romanos 2013). Y cristalizan en el fenómeno de movilización social más importante de las últimas décadas: el 15M, e influyen en la estructuración, identidad y discursos de movimientos derivados del Ciclo 15M (Mareas, asambleas de barrio, PAH…).

La utilidad de este tipo de análisis estriba en arrojar luz sobre las dinámicas temporales de procesos de movilización de onda larga, para poder comprender así la alta complejidad de estos procesos (pautas de interacción micro y meso sociológicas entre los diferentes movimientos sociales, la sociedad civil, la opinión pública y el estado) y los diferentes actores colectivos que están detrás en procesos innovadores y de difusión de nuevos temas en la agenda setting, que en última instancia introducen nuevos temas de debate público y generan cambios culturales en nuestras sociedades.

Bibliografía

Antolín, V. (2014). En los orígenes del Movimiento Indignado en España. Estado del Malestar: de Facebook a Sol, un estudio de caso. Disponible en: https://canal.uned.es/video/5a6f37ccb1111fe1388b45a1

Carmona, P. (2017). “Sindicalismo social en la nueva fase del ciclo institucional”, en Diagonal. Disponible en https://www.diagonalperiodico.net/blogs/funda/sindicalismo-social-la-nueva-fase-del-ciclo-institucional.html

Cruz, R. (2015). Protestar en España 1900-2013. Madrid: Alianza Editorial.

Flesher, C. (2015). Debunking Spontaneity: Spain’s 15-M/Indignados as Autonomous Movement. Social Movement Studies, 14 (2), 142-163.

García, B (2017). “Centros sociales y sindicalismo: la potencia colectiva”, en Diagonal. Disponible en https://www.diagonalperiodico.net/blogs/funda/centros-sociales-y-sindicalismo-la-potencia-colectiva.html

Razquin, A. (2015). Desbordamientos y viaje hacia la izquierda. Prehistoria del movimiento 15M: de #Nolesvotes a Democracia Real Ya. Daimon: Revista de filosofía, 64, 51-70.

Romanos, E. (2013). Collective learning processes within social movements: some insights into the Spanish 15-M/Indignados movement. En C. Flesher y L. Cox (Eds.), Understanding European movements: new social movements, global justice struggles, anti-austerity protest (pp. 203-219). Londres: Routledge.

Sampedro, V. (Ed.) (2005). 13-M. Multitudes on-line. Madrid: La Catarata.

Tarrow, S. (2010). El nuevo activismo transnacional. Sevilla: Editorial Hacer.

El estudio del gran empresariado y los grupos de presión: Notas de investigación a propósito del caso chileno

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25/03/2021 – Alejandro Osorio Rauld (Universidad de Santiago de Chile)

Como es de conocimiento general, el estudio de las élites como ‘objeto de investigación’ nace a comienzos del siglo XX con las aportaciones de Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Robert Michels, quienes desarrollaron teorías y leyes para examinar este fenómeno. Para estos pensadores, las élites pueden ser entendidas como grupos o minorías que ocupan posiciones de conducción y liderazgo en estructuras del poder político, sus miembros poseen características excepcionales y recursos extraordinarios, que buscan ser monopolizados para asegurar su permanencia y reproducción en posiciones de dominación. 

Pero, efectivamente, la definición de ‘élite’ a lo largo de su tradición no ha sido estática. Así, en el contexto de posguerra y de auge de las democracias representativas en occidente, elitistas de afiliación liberal como Robert Dahl, Raymond Aron, Suzanne Keller, Harold Lasswell, entre otros, observaron una distribución del poder diferente al ‘monopolismo’ que registraron los clásicos a principios de siglo: la competencia de un conjunto de colectivos sociales y políticos con distintos grados de acumulación de poder, que hacían improbable la existencia de una sola ‘élite’ que pudiera apropiarse por sí sola de todos los recursos disponibles. Desde luego, la contribución teórica elaborada por los pluralistas permitía complejizar la comprensión de las relaciones de poder, al concebir la existencia de varios grupos en constante pugna por apropiarse de los recursos y ocupar posiciones de dominación.

Si bien es cierto, la tradición teórica elitista estuvo mayormente enfocada en el análisis de minorías selectas prestando escasa atención a las élites económicas, desde hace un tiempo hasta ahora, esta desatención ha intentado ser subsanada por la emergencia de un campo de investigación interesado en el fenómeno de concentración de poder en actores con capacidad de influencia. Así, en aras de rescatar o recuperar la herencia teórica del elitismo tradicional y también la literatura que ha tratado a los ‘grupos de interés’ y ‘grupos de presión’, se ha sugerido avanzar hacia un ‘enfoque integrado’, que sea capaz de articular y hacer dialogar ambas tradiciones intelectuales (Milner 2015; Scott 1990).

Bajo el presupuesto mencionado es posible considerar a las organizaciones del gran empresariado como parte de una ‘élite económica’ y también como ‘grupo de presión’. Esta articulación se puede hacer porque la literatura retrata que en los hechos, las asociaciones empresariales actúan coordinadamente frente al poder político para incidir a su favor en los asuntos públicos (Binderkrantz 2005; Linz y de Miguel 1966), utilizando recursos en forma estratégica para incidir en la orientación de decisiones gubernamentales y legislativas (Thrift 2006). Sin embargo, esta actuación sólo es posible en la medida en que se trata de una ‘élite’, al estar compuestas por individuos en posiciones de conducción, y con recursos de poder extraordinarios, que pueden ir desde la dimensión material hasta la dimensión simbólica.

Antes bien, consideramos que la línea de análisis propuesta puede ser un buen insumo teórico para acercarse a observar el fenómeno de las élites en algunos países, como bien puede ser el caso chileno el cual interesa ilustrar en esta breve reflexión.

En efecto, en Chile, la élite empresarial ha sido desde siempre un actor social relevante, de gran influencia en el espacio público y en la clase política. En la historia más reciente, podemos distinguir que a mediados del siglo pasado tuvo una colaboración ‘estrecha’ con los gobiernos nacional-populares en materia de planificación y gestión gubernamental; también participó activamente en la creación de instituciones como el Banco Central, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Fomento, entre otras; y muchos de sus dirigentes ocuparon altos cargos de gobierno, transitando desde el sector privado al sector público y viceversa. Incluso, uno de ellos llegó a ser Presidente de la República, como fue el caso de Jorge Alessandri Rodríguez (1959-1964).

No obstante, conforme avanzó el proceso de profundización de la democracia, el rol de este grupo social se fue modificando, comportándose cada vez más como ‘grupo de presión’. Este comportamiento se puede apreciar con claridad en ciertas ‘coyunturas críticas’ de la historia de Chile, como fue el caso de la reforma agraria y la reforma a la propiedad de 1967, que modificaron la concentración de la propiedad en muy pocos propietarios (no más del 10% de la población concentraba el 86% de las tierras dedicadas a la agricultura). Ante esta evolución del sistema político, la élite empresarial ofreció resistencia y retiró su apoyo al presidente Eduardo Frei Montalva, al que había sufragado en la elección de 1964 para evitar que Salvador Allende llegara a La Moneda.

 Sin embargo, durante el gobierno del presidente socialista (1970-1973), los empresarios tuvieron un cometido más agresivo aún, ya que la profundización de la reforma agraria y la expropiación de empresas privadas cambiaron la distribución de poder de la sociedad chilena. Esto llevó a la élite empresarial a protagonizar una ‘acción colectiva’ articulada con otros sectores económicos, en la que se buscaba la desestabilización del gobierno y la intervención de los militares (Campero, 1984). Así fue como la élite apoyó el golpe de Estado de 1973 (Osorio 2019), y luego, en dictadura, abandonó su actuación confrontacional adoptando una postura de apoyo a los dictámenes de la Junta Militar. Este apoyo fue particularmente fuerte en materia económica, donde los empresarios no pusieron mayor resistencia a las transformaciones implementadas por los ‘Chicago Boys’, lo que se debió fundamentalmente a que los cambios implementados fueron favorables para aumentar su capital y riqueza, gracias a las privatizaciones y al nuevo modelo de ‘economía pura de mercado’ al decir de Linz y Stephan (1996). Y en el orden de lo político, la élite apoyó formalmente la Constitución de 1980, porque esta institucionalidad consagraba un tipo de democracia ‘autoritaria y protegida’ que permitía la continuidad de la obra de Pinochet en democracia con reglas destinadas a preservarla.

El enfoque que articula la tradición del elitismo con los grupos de presión vuelve a ser útil para observar el comportamiento político del empresariado chileno en democracia. En efecto, a partir de 1990 este actor social abandona la postura ‘pasiva’ que le caracterizó en dictadura, para volver a intervenir directamente en el curso del proceso político al comportarse nuevamente como un agresivo ‘grupo de presión’, salvo que lo que se jugaba en esta oportunidad no era el tipo de ‘modo de producción’ como en la década del 70’, sino el ‘modelo de democracia’ y el ‘modelo de desarrollo’. Por ello, algunos intelectuales llegan a interpretar el cometido de las organizaciones empresariales como símil de un partido político de extrema derecha, desde el cual se ha defendido acérrimamente la economía neoliberal y el bastión institucional que la ha sostenido, la actual Constitución heredada de la dictadura.

Desde luego, esta defensa a la que hacemos mención ha tenido diversas líneas o cursos de acción. Así, por su condición de élite representante del gran empresariado, ha estado presente en todos los canales abiertos por los gobiernos democráticos, participando a través del lobby, comisiones parlamentarias, asesorías técnicas, diálogos en la Casa de Gobierno, entre otras instancias de acuerdo con la élite política, prescindiendo del Sindicato de Trabajadores, la CUT. Luego, en calidad de ‘grupo de presión’ han movilizado inestimables recursos por ‘circuitos extrainstitucionales’, como fue el financiamiento ilegal de campañas políticas a gran parte de los partidos entorno ideológico desde 1990 hasta 2016, fecha en que se regularizó legalmente esta situación. Y, finalmente, para fortalecer las estrategias de acción anteriores, la élite ha intervenido activamente en medios de comunicación masivos a través de diversos ‘dispositivos culturales’, que van desde el financiamiento de universidades y centros de estudios, elaboración de columnas y artículos de contingencia política en diarios y revistas, apariciones periódicas de sus dirigentes en televisión, hasta documentos con propuestas para la Nueva Constitución.

Referencias

Binderkrantz, A. (2005). “Interest Group Strategies: Navigating between Privileged Access and Strategies of Pressure”. Political Studies (53), 694-715.

Campero, G.(1984), Los gremios empresariales en el período 1970-1983: comportamiento sociopolítico y orientaciones ideológicas, Santiago: Instituto Latinoamericano de estudios transnacionales

Linz, J., & de Miguel, A. (1966). Los empresarios ante el poder público. Madrid: Instituto

de estudios políticos.

Linz, J., & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation.

Baltimore: The John Hopkins University Press.

Milner, M. (2015). Elites. A General Model. Cambridge: Polity Press.

Osorio, A.(2019), La cultura política de la élite empresarial chilena. Un análisis comparado de los dirigentes gremiales de la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabril (2018–2019), Tesis doctoral, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Scott, J. (1990). Corporate Business and Capitalist Classes. Oxford: Oxford University Press.

Thrift, N.(2005), Knowing Capitalism, California: SAGE Publications Ltd.

Vox y el odio en el espacio digital ¿femonacionalismo o etnosexismo?

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03/03/2021 – Almudena Cabezas González (UCM)

Los delitos de odio y la violencia contra las mujeres, la población LGTBIQ y migrante se han disparado en los últimos años (Naciones Unidas), coincidiendo con el auge electoral y el fortalecimiento social de las formaciones políticas de la nueva derecha radical o populismos de derecha –también conocidas como neo-fascismo o neo-populismo–. Estas formaciones políticas se caracterizan por discursos ultranacionalistas, nativistas, autoritarios y regeneracionistas que están teniendo un fuerte impacto en otras formaciones políticas al conseguir que la política se mueva en los marcos conceptuales que ellos desarrollan.

El denominado nuevo giro a la derecha o giro iliberal se extiende por Europa con alto rédito electoral desde la década pasada, llegando a conformar un frente común en el Parlamento Europeo, el denominado Grupo Parlamentario Identidad y Democracia (2019). La irrupción electoral de VOX, primero en las instituciones autonómicas (2018) y posteriormente en el parlamento estatal (2019), y la creciente pujanza social de su entorno ha puesto fin a la excepcionalidad española respecto a este fenómeno.

El aumento de los delitos de odio en España y, en especial, de los mismos en el espacio digital, coincide con la irrupción institucional de Vox, que ha sabido conquistar el espacio público digital en el que han centrado su estrategia política con un posicionamiento en redes y foros sociales a través del microtargeting, la creación y difusión de bulos, y la desinformación para influir en la opinión pública. De esta forma, sus integrantes conducen y reconducen el debate público, especialmente a partir de su posición en las redes sociales, y definen a sus “enemigos” a través de la formación de figuras de odio y narrativas defensivas –anti-mujeres, anti-LGTBI, antiinmigrantes, anti-islam, anti-progresismo, anti-comunismo, anti-separatismo, anti-globalismo. Estas figuras se han convertido en vehículos de incitación, autorización, legitimación y aceptación de la violencia, pues como señala la especialista en populismos Esperanza Casullo al referirse a los populismos de derecha– el discurso de odio siempre viene con asteriscos, es decir, es indirecto, así los líderes pueden afirmar “yo no dije esto”, pero sus seguidores escuchan y se movilizan por el mensaje más obvio.

Junto al racismo y la xenofobia, el lugar privilegiado del feminismo como enemigo declarado de Vox y su entorno extraparlamentario permite pensar en la relevancia de los usos del etnosexismo y/o del femonacionalismo en nuestra sociedad. La alemana Dietze ha definido el etnosexismo como la combinación sexismo racializado y el racismo sexualizado que genera una jerarquía sexual de razas o culturas. Se trata de una práctica política en la que se afirma la primacía de las leyes occidentales y la supremacía blanca, en la que la condición de las mujeres blancas heterosexuales y los hombres homosexuales se utiliza para demostrar que la nación es vanguardia moral y social de Occidente, y con ello negar los derechos de las otras y los otros.

En el país de la vanguardia feminista en las huelgas del #8M y con un gobierno nacional autonombrado feminista, el etnosexismo es utilizado por Vox y su entorno para diseminar discursos de odio y mensajes agresivos. Esta práctica se encuentra al analizar la reacción antifeminista en Twitter a las denuncias sobre abusos y violaciones colectivas del fenómeno #Cuéntalo. Almazor, Canteli y Congosto (2020) identifican la alineación entre antifeminismo, racismo y neoliberalismo en mensajes con cuatro temas que se relacionan fuertemente entre sí: el feminismo como ideología autoritaria que oprime a los hombres y a las mujeres que no suscriben sus dogmas (feminazis); las feministas como mujeres sin juicio, nubladas por los prejuicios de la izquierda en relación a la inmigración y el nacionalismo/separatismo; el doble rasero de las feministas que tratan mejor a los violadores extranjeros que a los nacionales; y, por último, el clásico de las mujeres mienten y los hombres son maltratados por el sexo débil –el mito de las denuncias falsas y otros bulos–. Ahora bien, Vox y su entorno se defiende de las acusaciones de antifeminismo alegando ser el único partido que defiende a las mujeres de verdad:

@Santi_ABASCAL: ¿Quién se preocupa de verdad por la seguridad y la libertad de las mujeres en España? Se silencian los ataques en manada porque el 70% de sus integrantes son extranjeros.

@Santi_ABASCAL: Ahora sabemos por qué la manada de Azuqueca fue silenciada, por qué la fiscalía pactó con los salvajes, y por qué el feminismo subvencionado y los medios no convirtieron esa violación en tema de preocupación nacional. No les interesa que se hable de quiénes integran esas manadas.

Las nuevas derechas radicales o populistas, entre las que Vox se encuadra, defienden una visión tradicional-moderna de los roles de género, en el que las mujeres procreamos y somos fuerza laboral que no precisa de apoyos para triunfar –cuotas de género; pero, sí necesitamos de políticas natalistas que no ahonden en la cultura de la muerte, en alusión al derecho al aborto y a la eutanasia, para defenderse de los ataques combinados del feminismo y la inmigración, y así evitar el “suicido de Europa”.

@Juana_VOX: “PP y Vox reservan dos pisos de un lote de viviendas sociales en Majadahonda para que los ocupen “mujeres desamparadas” que no quieren abortar #teamVox @sialavida

Sin embargo, en consonancia con el ultranacionalismo y nativismo de Vox, el maternalismo y la lucha y defensa de la familia no se aplica a las mujeres migrantes o refugiadas, ni a sus hijos e hijas, como muestra la campaña de odio contra los que denominan despectivamente como “menas”–, que legitima las agresiones que tuvieron lugar en el madrileño barrio de San Blas el 14 de octubre de 2020, al grito de “San Blas será la tumba de los menas”, tras las celebraciones del Día de la hispanidad y las manifestaciones de Vox del #12OAlacalle.

El sesgo anti-inmigración y marcadamente anti-Islam del ultranacionalismo de Vox remite a la posible aplicación del concepto de femonacionalismo, acuñado por Farris (2017) para describir la invocación de los derechos de las mujeres cuando se pretende cercenar los derechos de minorías no autóctonas. Como ha explicado la autora, el concepto se refiere al hecho de que otras mujeres, especialmente las mujeres musulmanas deban ser salvadas, rescatadas, por salvadores blancos (hombre o mujeres).

@MonateriorR: “¿Donde están nuestras feministas? ¿Dónde está la defensa de la libertad? Sólo en @vox_es hablamos de esto…El secreto de las niñas catalanas /y musulmanas) forzadas a casarse http://elmundo.es/cronica/2018/06/24/5b2d1f92e5fdea03498b45aa.html… vía @elmundoes

El femonacionalismo se vincula con el lavado violeta y la injerencia en naciones extranjeras, pero también con la mayor tolerancia hacia las mujeres migrantes y las mujeres musulmanas, dado que son útiles para ciertas industrias y para el sector de la reproducción social. Aquí sobresale el complejo caso de las migrantes que trabajan como temporeras en la industria de la fresa en Huelva (que mueve alrededor de 600 millones de euros al año). Estas trabajadoras migrantes han denunciado numerosas infracciones laborales y abusos sexuales desde 2018, y fueron abandonadas en los campos de Huelva sin derechos en los meses de confinamiento de la pandemia durante 2020. En ese entonces, Vox aprovechó la situación para exacerbar la necesidad de negar los derechos a las mujeres migrantes y exigir su recolocación o deportación. Asimismo, las diferencias entre la desigualdad laboral que afrontamos todas las mujeres y la combinación de la Ley de Extranjería y de la Ley de empleo del hogar, que legitima y perpetúa un régimen de trabajo desigual e impide a las mujeres migrantes una vida digna, son cuestiones que plantean la necesidad de repensar las formas de sororidad feminista a la luz de las celebraciones del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y reexaminar las relaciones entre las duplas género-nación y racismo-nación. No en vano, la contraposición entre la vigencia de la discriminación por apariencia (looking- juventud, blanquitud y delgadez) y el “problema del velo” amerita indagar sobre las formas en que el cuerpo de las mujeres sigue siendo objeto de sujeción y disputa política. Se muestran así terrenos fértiles para el desarrollo de nuevas formas de sororidad feminista y para ahondar en los espejismos sociales sobre la participación y la pertenencia en igualdad de condiciones como parte de un contrato democrático, que el quehacer de las nuevas derechas radicales o populistas están poniendo en riesgo.

Referencias

Gutierrez Almazor, Miren; Pando Canteli, Maria J. y Congosto, Mariluz (2020) New Approach to the propagation of the antifeminist back-slash on Twitter, Revista de Investigaciones Feministas 11 (2), 221-237.

Arcila Calderón, Carlos, de la Vega, Gonzalo y Blanco Herrero, David. (2020). Topic Modeling and Characterization of Hate Speech against Inmigrants on Twitter around the Emergence of a Far-right Party in Spain. Social Sciences (9), 1-19.

Cabezas G., Almudena y Medina G., Paula (2021) Mapeo de actores y repertorios de odio: El género y la migración en el epicentro de las políticas anti-derechos en España y la Unión Europea, AIETI, Madrid.

Dietze, Gabriele (2020) Excepcionalismo sexual. Narrativas de la superioridad en el rechazo a la migración y en el populismo de derechas, Traducción por Gema Facal Lozano. Katakrat Liburuak.

Doná, Alessia (2020) Whats’s gender go to do with populism? European Journal of Women`s Studies, 27:3.

Farris, Sara R. (2017) In the Name of Women´s Rights. The Rise of Femonationalism. Duke University Press.

FRA. (2018). Hate crime recording and data collection practice across the EU: European Union for Fundamental Rights (FRA)

Miró Llinares, Fernando. (2016). Taxonomía de la comunicación violenta y el discurso de odio en Internet. Revista de Internet, Derecho y Política (22), 82-107.

Actividad GESP: Primera sesión del seminario «Democracia y autoritarismo en el mundo (post)COVID»

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El próximo 4 de marzo tendrá lugar la primera sesión del seminario permanente sobre «Democracia y Autoritarismo en el mundo (post)COVID» del Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política (GESP):

¿DEMOCRACIAS EN PELIGRO? REFLEXIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD DE LOS RIESGOS DESDE UN PUNTO DE VISTA CONCEPTUAL

Agenda

10:00: Puesta en común temas de interés del GESP

Presentación de lecturas:
10:15-10:30: Emilio Silvestre: “La democracia y sus otros. Una contribución desde la semiótica al debate sobre la erosión democrática” S. Moreno.
10:30-11:00: Debate.
11:00-11:15: Jorge Benedicto: “Cómo mueren las democracias” S. Levitsky y D. Ziblatt.
11:15-11:45: Debate.
11:45-12:15: Descanso.

12:15-13:00: Conferencia de José Javier Olivas sobre las concepciones del populismo y los riesgos para la democracia siguiendo su texto “De perseguir populistas a deconstruir el populismo: un nuevo enfoque multidimensional para comprender y comparar el populismo”.
13:00- 13:30: Debate.
13:30- 14:00: Debate conjunto de la sesión y las diversas lecturas. Valoración de la sesión y previsión de la siguiente.

La agenda de Mujeres, Paz y Seguridad veinte años después: avances, obstáculos y desafíos

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25/01/2021 – Anabel Garrido Ortolá (UCM)

En 2020 se cumplieron veinte años de la aprobación de la Resolución 1325, que iniciaría la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se trata de uno de los grandes logros conseguidos por las organizaciones de mujeres en el mundo. Esta herramienta jurídica supuso un hito internacional al abordar el género en los contextos de violencia organizada mediante dos vías: atendiendo al impacto diferencial de la violencia en las mujeres e instando a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a adoptar medidas para aumentar la presencia y participación de las mujeres en todos los procesos de construcción de paz. Posteriormente, distintas resoluciones y varios informes del Secretario General han reforzado el marco normativo de protección de los derechos de las mujeres durante y después del conflicto, como la satisfacción de sus necesidades en el proceso de paz. Así pues, las resoluciones 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2242 (2015) y 2467 (2019) señalan de manera específica a la violencia sexual contra las mujeres como táctica de guerra. Y las Resoluciones 1889 (2009), 2122 (2013), 2106 (2013) y 2493 (2019) refuerzan la voluntad de Naciones Unidas y de los Estados firmantes de involucrar a las mujeres en los procesos de paz, la gobernabilidad y la recuperación postconflicto. También la agenda MPS se establece como eje fundamental en otras iniciativas como en la de Acción para el Mantenimiento de la Paz (A4P) del Secretario General de Naciones Unidas.

¿Cuáles han sido los avances y las estrategias feministas veinte años después?

Tras veinte años y diez resoluciones, la agenda MPS ha logrado varios avances que han sido posibles gracias al trabajo de las mujeres y de las organizaciones de mujeres y feministas. El trabajo de ellas ha sido cardinal, no solo para el impulso de la agenda MPS, sino también en su implementación. La perseverancia de las mujeres por la paz ha mostrado que, al margen de los obstáculos que se deriven de su incidencia, han conseguido trastocar estos procesos principalmente masculinizados.

Muchos son los ejemplos en esta línea. En Liberia las mujeres irrumpieron en las conversaciones de Accra para presionar en la firma de un acuerdo de paz (2003). Este movimiento de mujeres liderado por Leymah Gbowee contribuyó al fin de la guerra civil y la promoción de elecciones en 2005, en las cuales se eligió la primera mujer Jefa del Estado, Ellen Johnson Sirleaf. En Somalia, Asha Hagi Elmi fue la primera mujer en el país en firmar un acuerdo de paz, que puso fin a la guerra civil entre los clanes rivales y líderes militares (2004). Su táctica fue la creación de un Sexto Clan donde se reclamaba la participación femenina ausente en los cinco clanes existentes (Magallón, 2010). En Darfur el acuerdo de paz entre el gobierno y una facción de rebeldes contó solo con un 10% de mujeres entre sus delegados/as (2006). No obstante, la participación de ellas consiguió diseñar e impulsar una plataforma que influyó en los acuerdos. En Colombia el inicio de las negociaciones con las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos se caracterizaron por discurrir en un espacio exclusivamente masculino (2012). Por este motivo, a iniciativa de ocho organizaciones de mujeres y feministas del país, se celebraron la I y II Cumbre Nacional de Mujeres (2013 y 2016), espacios de incidencia que bajo el lema “no queremos ser pactadas, queremos ser pactantes” lograron revertir el proceso. En esta línea, se incrementó la participación de las mujeres y se creó la subcomisión de género, encargada de aplicar una perspectiva de género e interseccional a los Acuerdos de Paz con las FARC-EP (2016). La apropiación de la Resolución 1325 en las organizaciones de mujeres y feministas en Colombia se ha evidenciado también como una herramienta no solo jurídica, sino política que ha permitido la transformación a un proceso más equitativo. En Sudán la activista Alaa Salah se convirtió en un icono de las protestas contra el presidente Omar al Bashir (2019). El papel de las mujeres en estas revueltas fue predominante, liderando varios comités de resistencia. Aunque fueran excluidas en la formación del nuevo gobierno, consiguieron garantizar la referencia a la Resolución 1325 en la Declaración Constitucional, comprometiéndose a una representación de mujeres de al menos un 40% en el Consejo Legislativo y el compromiso con la protección de los derechos de las mujeres.

Estos ejemplos ilustran que el impulso colectivo e individual de muchas mujeres, junto al marco normativo internacional, ha generado un contexto de avances. En términos generales se ha observado un incremento en la participación de las mujeres en los procesos de paz de distintos países. Tras la desaparición del régimen talibán, cuatro mujeres, de un total de 36 delegados/as, participaron en la conferencia en Bonn (Alemania) para buscar un gobierno provisional (2001). En Filipinas se eligió a una mujer, Miriam Coronel-Ferrer, para dirigir las negociaciones de paz (2014) con el grupo insurgente Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI). En Sierra Leona las mujeres han ocupado los puestos de presidencia, registro, fiscalía y defensa de los tribunales internacionales e híbridos, sentando jurisprudencia sobre justicia de género. Además, coincidió con el nombramiento de la primera mujer fiscal en jefe de la Corte Penal: Fatou Bensouda.  En Colombia la tercera parte de los/as delegados/as de La Habana eran mujeres y miles de mujeres del país participaron en consultas, foros nacionales y regionales, así como en el acuerdo de paz.

La participación de las mujeres ha sido clave en la transformación internacional y el respaldo de los organismos multilaterales. No obstante, aunque la participación de las mujeres ha sido significativa, los datos no muestran un gran avance en términos generales. Como señala el Informe del Secretario General (2019), en los últimos años se ha observado un retroceso de la agenda MPS. En 2015 las mujeres estaban presentes en 12 delegaciones, en 2016 han bajado a 11 y en 10 en 2017. En 2018 de los 52 acuerdos solo 4 (7,7%) contenían cuestiones relacionadas con el género, siendo una disminución con respecto al 39% en 2015. Esto ha estado marcado por una falta de compromiso político: solo el 0,2% de la ayuda bilateral se destinó a organizaciones de mujeres (2016-2017); tan solo el 41% de los Estados han aprobado planes de acción nacionales sobre MPS y el 22% de estos incluían un presupuesto aplicado (S/2019/800).

El auge de la extrema derecha y la crisis del COVID-19.

La agenda MPS se encuentra obstaculizada por dos problemas principales: el auge de la extrema derecha con discursos que han producido retrocesos en los derechos de las mujeres; y la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19 que tiene un impacto mayor en las mujeres.

El auge del de la extrema derecha se articula en torno a un discurso patriarcal que niega la violencia específica que sufren las mujeres, rechazan abiertamente el movimiento feminista y se estructura en torno a la familia tradicional (Mesa, 2019). El rechazo al feminismo y al movimiento LGTBIQ+ se ha realizado a través de la utilización del concepto “ideología de género”. En este sentido, el Vaticano se pronunció por escrito en 2019 condenando la teoría del género con el documento titulado Varón y Mujer los creó. En concreto, la agenda MPS ha sido atacada desde diversos espacios. En Colombia mediante la “ideología de género” se articuló la campaña contra el NO a los acuerdos de paz de Colombia. Aunque en el plebiscito ganó el No, con un porcentaje muy ajustado (50,21%), el enfoque de género se mantuvo, pero tuvo que negociarse entre las élites (Gómez, 2017). En la escena internacional, la Resolución 2467(2019) evidenció un escenario poco propicio para la agenda MPS en el mundo. Esto se debió a que tres de los miembros del Consejo de Seguridad (EEUU, Rusia y China) tuvieron una posición contraria a los avances en género, oponiéndose a la creación de mecanismos y rechazando la utilización de la expresión “derechos sexuales y reproductivos”, siendo finalmente eliminado del texto (Solanas, 2020). Este retroceso discursivo ha impactado también en la violencia, siendo 2019 el año en el que se han registrado mayores niveles de violencia política contra las mujeres.

Por otro lado, la crisis económica y sanitaria generada por la Covid-19 muestra un panorama de mayor vulnerabilidad para las mujeres y las niñas en el mundo. En consecuencia, se puede indicar que la agenda MPS se encuentra en riesgo por la pandemia, ya que mujeres y las niñas sufren más violencias de distinto tipo (violencia de género, matrimonio forzado, abusos y violaciones), peores condiciones para el acceso a bienes o servicios básicos, mayor precariedad laboral, la carga del trabajo de cuidado no remunerado, así como la vulneración de los derechos humanos en los contextos de conflicto, postconflicto o crisis humanitarias (Perianes, 2020). La crisis económica y social que deriva de la crisis sanitaria de la COVID-19 dará lugar a un escenario hostil para las mujeres, y de manera más acuciante aquellas que se encuentren en escenarios de violencia organizada. Por este motivo, las respuestas a la crisis de la COVID-19 han de: 1) ser sensibles al género en el conflicto para no perpetuar las distintas discriminaciones que se refuerza en los contextos de violencia; y 2) velar por que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones, incluidas en la elaboración de políticas e implementación de estas.

En consecuencia, ambos obstáculos se plantean como desafíos que han de abordarse y superarse para seguir avanzando en la construcción de paz en el mundo. Para ello, es fundamental mantener el compromiso político por parte de los Estados y de organismos internacionales para atender al género y a la participación de las mujeres y de organizaciones de mujeres y feministas como eje central de las políticas de paz. Porque solo con la participación de las mujeres en los espacios de decisión y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas podremos hablar de un verdadero pacto democrático.

 

Referencias

Gómez, Diana (2017). “Mujeres, Género y el Acuerdo de La Habana”, LASAFORUM, Vol. XLVIII, n.º I.

Magallón, Carmen (2010). “Decidir en los procesos de paz, un derecho de hombres y de mujeres. ¿Qué ha aportado la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad?”, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, Nº 109, pp. 45-56.

Mesa, Manuela (2019). “Educación y retos globales: promover la ciudadanía global en tiempos de involución”, en Mesa, Manuela (coord.). Ascenso del nacionalismo y el autoritarismo en el sistema internacional, Anuario 2018-2019 CEIPAZ, pp. 61-86. Madrid: CEIPAZ.

Perianes, Ana (2020). “COVID-19: La agenda de mujeres, paz y seguridad en riesgo” Impakter, [en línea]https://impakter.com/covid19-women-peace-security-risk/, último acceso, 19 de enero de 2021.

Solanas, M. (2020) “(Sin) Mujeres, Paz y Seguridad”. Real Instituto el Cano, [en línea]https://blog.realinstitutoelcano.org/sin-mujeres-paz-y-seguridad/, último acceso, 18 de enero de 2021.