Medidas contra el COVID19: Lo temporal puede volverse permanente

/1 Comentario/en , /por

24/04/2020 – Emilio V. Silvestre González (GESP)

El impacto mediático del COVID19 ha provocado que durante estas últimas semanas hayan aumentado las noticias y las búsquedas en internet relacionadas con esta pandemia. Esta situación se presenta como el caldo de cultivo perfecto para la invención y divulgación de noticias falsas. Son muchas las dudas que nacen a título individual, dudas que se reproducen y se regeneran en una colectividad digital, ¿por qué China no evitó, desde un principio, que se propagase el virus?, ¿acaso el virus ha sido creado o ha sido modificado genéticamente en un laboratorio para hacerlo más fuerte y contagioso?, ¿ha sido el ejército estadounidense el que llevó el virus a China?, ¿o son las ondas radiales de la nueva red inalámbrica 5g las responsables de esta pandemia? Estas son solo algunas cuestiones frente a la batería de preguntas que surgen en el imaginario colectivo después de vivir uno de los fenómenos de sobreinformación (y desinformación) más fuertes de las últimas décadas. Pero ¿cuánto hay de cierto en estos bulos?, y algo más importante, ¿a quién benefician este tipo de fake news?

La información que rodea el coronavirus está infectada por la desinformación y el bulo, con el fin de alcanzar ciertos objetivos geopolíticos. Podemos observar 3 grandes tendencias en las fakes news que rodean al COVID19. En primer lugar, toda una serie de teorías conspiranoicas acerca de la creación del virus como un arma biológica, en segundo lugar, noticias falsas acerca de la gestión de la pandemia por los distintos Estados, y finalmente, una tendencia a descubrir remedios, curas, y falsas informaciones acerca de cómo se transmite o cómo podemos prevenirlo. Tal ha sido la cantidad y el peso que han tenido este tipo de noticias falsas, que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en su último barómetro especial de abril de 2020, centrado en entender las opiniones de la ciudadanía respecto de la crisis del COVID19, ha materializado esta preocupación en la pregunta 6 del cuestionario. Donde se pregunta explícitamente por la restricción en el acceso a la información con el objetivo de acabar con la divulgación de estos bulos, lo que ha desatado la polémica. La pregunta es la siguiente: «¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?». A lo que el 66,7% de los encuestados (con una muestra de 3.000 personas) contesta que «Cree que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información», frente a un 30,8% que «Cree que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información». Es decir, que, si esto representará el total de la población española, más de la mitad de la población renunciaría a uno de los derechos y libertades fundamentales recogido en la constitución, la libertad de expresión. Esto representa un indicativo del momento en el que nos encontramos, la oposición entre libertad y seguridad. En este escenario, vemos cómo mientras la noción de seguridad se expande y se hace más latente, la libertad no deja de presentarse como un seguro conceptual para un supuesto futuro mejor. Pero ¿por qué rechazamos nuestros anhelos de libertad?, ¿es necesario rechazar nuestras libertades en pro de la seguridad? ¿La pandemia ha cambiado las prioridades de la sociedad? ¿Y de ser así, estas prioridades volverán a cambiar después de la crisis del coronavirus?

Como señala Tedros Adhanom, director general de la OMS, el mayor enemigo no es el COVID19 sino la desinformación, los rumores y la situación de incertidumbre y miedo. Por ello, y frente a la guerra de información en la que estamos sumidos, las reacciones colectivas de miedo e indefensión aprendida han propiciado el rechazo a las libertades más fundamentales a favor de la seguridad colectiva. Esto lo podemos ver en la actitud general de nuestra población, pues se ha mantenido un clima de aceptación de las medidas, pese a las prohibiciones extremas que se siguen dilatando en el tiempo y que determinadas clases sociales sufren mucho más que otras. Sin embargo, toda esta sobreinformación e incertidumbre ha ido moldeando la opinión pública a favor de medidas represivas por parte del Estado hacia las personas que no cumplan las normas, bajo el pretexto de paliar al virus. Si a todo ello le añadimos tratar esta emergencia sanitaria en términos bélicos estaríamos provocando ese sentimiento de inseguridad que justifica y legitima estas medidas represivas.

Toda esta especie de psicosis colectiva generada por el desasosiego que provoca esta situación de (des)información, ha explicitado conductas que van en contra de nuestra propia colectividad como sociedad. Ejemplo de esto son los llamados «policías de balcón», quienes se dedican a vigilar y controlar a sus vecinos, muchas veces con suposiciones infundadas. Llegándose a constatar iniciativas que señalan a quienes tienen permiso para salir a la calle durante el confinamiento, forzando el uso de distintivos que estigmatizan a las víctimas para que los vecinos al acecho puedan reconocerlos desde sus ventanas: como si el problema fuese la mirilla y no el arma. Además, en un grado mayor, encontramos a esos vecinos que salen puntuales a las ocho a sus balcones, pero que luego en el garaje rallan el coche de sus vecinos sanitarios por ser «ratas contagiosas». Esta es la solidaridad que vivimos en nuestro país, una solidaridad caracterizada por conductas contrarias que aumentan la cohesión a costa de incrementar la coacción social. Estas acciones denotan el reflejo de los sentimientos y preocupaciones de nuestra sociedad, marcadas por el pánico colectivo que se ha creado en torno al virus, consecuencia de la sobreinformación y sugestión. Lo que hace preguntarnos, ¿realmente no hay medios para el COVID-19 o para el pánico que impregna al virus?, y de haberlos, ¿cuáles son los medios para combatir este pánico desinformado? ¿Son la punitividad y la coacción el único camino?

Para tener en cuenta cual es la gravedad del problema, se ha prestado especial atención al caso de Hungría, donde el pasado 30 de marzo se aprobó una ley que tenía como objetivo «la protección contra el coronavirus». Sin embargo, esta ley también permitía al gobierno de Viktor Orban suspender leyes ya existentes, suspender la supervisión parlamentaria, introducir multas y penas de cárcel desproporcionadas por difundir bulos o romper la cuarentena y el toque de queda. Otro de los casos más sonados, ha sido el de Polonia, donde se ha aprovechado esta situación de confinamiento de una forma muy clientelar para tratar de aprobar dos leyes que han traído mucha polémica, y que se encontraban en stanby desde 2018. Estas leyes no corresponden a estrategias o planes concretos frente a pandemias mundiales, sino que atienden a las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo y los castigos hacia la educación sexual. Polonia también nos sirve de ejemplo para observar como si un estado se ve amenazado por una pérdida de legitimidad es muy probable que aproveche situaciones de emergencia o alerta para consolidar su poder, en este caso se baraja que será lo más conveniente para el gobierno actual si celebrar o posponer las elecciones, lo que es muy conveniente para afianzarse en las instituciones. En este sentido, ¿la crisis del coronavirus podría utilizarse como una herramienta para asegurar los intereses del estado? En el caso de España las medias coactivas y punitivas han sido materializadas en el Real Decreto por el cual entramos en Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. Pues, solo en el tiempo que llevamos confinados, hasta el lunes 20 de abril, las propuestas a sanción en base a ese decreto se han elevado a un total de 667.437, mientras que las detenciones ya han superado las 4.500 según fuentes del Ministerio del Interior. Desgraciadamente estos no son los únicos métodos de control puestos en marcha por el gobierno como consecuencia de la pandemia. De hecho, el gobierno ha encargado a las comandancias de la Guardia Civil recopilar y perseguir bulos que generen «estrés social y desafección a instituciones del gobierno». ¿Se entiende mejor ahora la pregunta del CIS?

A escala global, los gobiernos de la mayoría de los países han impuesto medidas de control centradas en mecanismos de Big Data, al igual que el estado español. Por ello algunas corrientes de pensamiento crítico se preguntan qué hay de cierto en que el coronavirus se haya desatado para poner en marcha las tecnologías de control social y poblacional que se han ido desarrollando hasta ahora. Estas medidas impuestas violan las libertades de la sociedad con el propósito de controlar los datos y poder frenar los contagios por coronavirus. Los casos más sonados son Rusia o China, quienes han invertido en sistemas de reconocimiento facial que además toman la temperatura. Pese a que en España no se han adoptado medidas tan drásticas (al menos hasta ahora), se han tomado medidas igual de peligrosas. En nuestro país se han puesto en marcha diferentes proyectos para frenar el avance del COVID-19 como la geolocalización, la tomografía y la detección de zonas geográficas de mayor riesgo. Esta geolocalización, a diferencia de otros países como China o Corea del Sur, utilizará datos agregados y no personales de los móviles de la población española para definir los flujos y aglomeraciones de gente. Este proyecto, bautizado como DATACOVID-19, busca entender los desplazamientos de las personas y anticipar los posibles cuellos de botella o aglomeraciones. Esta medida tuvo un proyecto piloto en Valencia, firmado por el INE con las principales teleoperadoras españolas (Telefónica, Orange y Vodafone). Una vez extrapolado al conjunto nacional se pretende extraer patrones de movilidad que se consideran claves para frenar el virus. En este sentido, otros países ya han usado herramientas de control poblacional sin cuidar la privacidad, teniendo una justificación para seguir utilizándolas. ¿Hemos reconceptualizado el significado de la libertad? ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra seguridad?

Los límites de la libertad y la seguridad, hoy más que nunca están extremadamente difusos. Podría ser el contexto idóneo para que las democracias afrontarán esta crisis sanitaria atendiendo y respetando los derechos y libertades civiles, sin olvidar que esta situación permite a democracias y dictaduras por igual una oportunidad perfecta para el abuso de poderes, mayores restricciones y por ende mayor control social. Por ello, cualquier violación de las libertades debe ser temporal y proporcional, delimitando y definiendo sus términos y condiciones de uso. Por el contrario, corremos el riesgo de caer más hondo en ese estado de vigilancia permanente sostenido sobre estrategias de seguridad internacional. Donde la heterogeneidad representa la globalización, mientras que la homogeneidad responde a planes estratégicos contra los enemigos globales, como el COVID19, que socava y hiere de muerte las libertades civiles. Este desgaste de las libertades y derechos civiles pueden aceptarse como daños colaterales de una pandemia mundial, pero debemos pensar cual es la situación que queremos una vez termine el confinamiento, y empecemos a recuperar nuestras libertades de forma escalonada. Para entonces, ¿la corriente que habrá dejado el autoritarismo en nuestras instituciones permitirá las protestas sociales que se avecinan?, ¿se seguirán persiguiendo las opiniones que generan desafección con el gobierno?, ¿seguiremos teniendo la cárcel en nuestras propias casas?

Estrategias culturales de identidad nacional en la gestión de la pandemia por COVID-19

/0 Comentarios/en , , /por

30/03/2020 – Fátima Anllo es patóloga y doctora en sociología y antropología. Dirige el Observatorio de Creación y Cultura Independiente.

El discurrir de vida global se ha visto súbitamente interrumpida por un enemigo externo. La amenaza que nos envuelve y confina ha tomado todo el protagonismo y ha situado a los datos, los hechos y la eficacia en el centro de la opinión pública y la acción política. De repente, necesitamos de ellos para construir una idea comprensible de lo que nos está pasando; de repente toda las decisiones políticas han de responder ante unos datos que dan cuenta día a día de sus efectos; de repente, pareciera que estamos ante “una vuelta al conocimiento”.

Sin embargo, la objetividad de los datos en que nos movemos pudiera ser aparente y estar modulada, interferida o utilizada por procesos de construcción de identidad continental, nacional o regional con importantes implicaciones políticas, sociales y – por supuesto – económicas.

En este sentido, quiero poner en contraste cómo están discurriendo la producción y distribución de datos y conocimiento dentro del ámbito científico de la salud, y en la órbita pública, para extraer algunas ideas sobre sus diversas estrategias y consecuencias.

El itinerario científico de los datos y el conocimiento

El 27 de diciembre de 2019 el Departamento de Neumología del Hospital Provincial de Hubei, comunicó a las autoridades sanitarias chinas que se había detectado un cluster de enfermos con neumonía atípica de origen desconocido. Tres días después, se notificó a la oficina local de la Organización Mundial de la Salud que el día 5 de enero lanzó una alerta internacional.

Ese punto fue la lanzadera de una maquinaria científica global con el objetivo común de evitar la infección y la muerte de personas. Ese momento disparó una actividad científica que sienta sus bases en el método científico: identificar regularidades en los fenómenos de forma tal que se puedan prever los resultados que sucederán a determinadas acciones.

Los logros en el plazo de tres meses han sido impresionantes. En diez días el virus fue aislado y su genoma secuenciado. Se han descrito en detalle mecanismos fisiopatológicos, manifestaciones clínicas, comorbilidades, mediadores, factores predictores y pautas terapéuticas. Al mismo tiempo, están en marcha diversos proyectos de vacuna.

Los datos producidos y su distribución a través de las mejores revistas científicas han generado en tiempo record un conocimiento aplicado que está salvando muchas vidas.

El itinerario público de los datos

La fuerte relación causa-efecto que permite la investigación biomédica básica disminuye a medida que ponemos en juego las ciencias sociales. La epidemiologia y la gestión de la salud pública introducen en la ecuación cuestiones de comportamiento humano, decisiones políticas, elementos sociales y rasgos cultuales que hacen enormemente complejo el establecimiento de regularidades que orienten la acción.

El itinerario recorrido por los datos científicos sobre el COVID-19 en el espacio público es, pues, otro. Plataformas nacionales e internacionales utilizados de forma masiva por medios de comunicación ofrecen datos por país, región, comunidad o ciudad que cambian minuto y a minuto y dan la impresión de una enorme transparencia de la información. Pero, cuando se intenta descender al detalle para indagar de forma precisa cómo las instituciones los producen, todo se vuelve mucho más opaco. Los datos que reportan los centros de referencia siguen diversas definiciones y estrategias de testeo. La falta de acceso a datos los primarios, la resistencia de algunas instituciones a responder de forma precisa a determinadas preguntas, sugieren que, tras lo que parecen datos objetivos y hechos con valor científico, se están librando batallas y estrategias culturales con importantes implicaciones políticas y económicas. Los hechos apuntan a que la gestión de la crisis por COVID-19 está teniendo una enorme capacidad de atribución simbólica en términos de construcción de identidad nacional.

Apuntamos algunos ejemplos

Una oportunidad para el país que quiere liderar el mundo  

La reacción inicial de China ante las primeras señales del brote fue la ocultación. Los dos médicos que levantaron las primeras sospechas fueron fuertemente amonestados y censurados.

La circulación de rumores relacionados con el SARS hacía resonar la epidemia de 2002 que China ocultó durante tres meses a la OMS. Un nuevo brote desacreditaría su imagen de nación moderna; reforzaría la idea de China como fuente de potenciales pandemias futuras por zoonosis debido a la persistencia de tradiciones culturales ancestrales que motivan el comercio de animales salvajes vivos en mercados de dudosa higiene y nula supervisión. De ahí la repuesta inicial de negación, ocultación y censura.

Pronto las autoridades chinas dieron un giro copernicano a su estrategia. La China de 2020 no es la de hace dieciocho años. China compite hoy con Estados Unidos por la hegemonía del mundo; en 2021 celebrará su centenario y quiere hacerlo como una gran potencia mundial. La lucha contra la epidemia adquirió un alto valor simbólico: había que contener el brote, dominar la epidemia. Demostrar su capacidad tecnológica y científica junto a una política de transparencia y cooperación internacional. Así, el gobierno chino tomó unas medidas de control férreo de la población, puso a disposición de la OMS toda la información disponible y equipos científicos comenzaron una carrera contra el tiempo para producir una vacuna y la mayor parte del conocimiento que hoy tenemos sobre el COVID-19, y que está ocupando las portadas de las publicaciones científicas más reconocidas, la mayor parte de ellas de Estados Unidos.

En el plazo de tres meses un país con 1.400 millones de personas ha doblegado la epidemia. Ello le está permitiendo recuperar su actividad económica y productiva, defender ante el mundo su eficacia y mostrarse benevolente ante Occidente como el gran proveedor de recursos que viene en su socorro.

La batalla por la eficacia y el control de las negociaciones europeas

En medio de la Gran Recesión, seis de los principales periódicos europeos realizaron un estudio sobre los estereotipos de sus respectivos países: Irlanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Italia y España. Posteriormente, cada país comentaba el suyo. En todos los casos los estereotipos estaban constituidos por rasgos negativos menos en el caso alemán, en el que casi todas las características eran favorables. Ningún país se identificó con su imagen menos Alemania que se reconocía en ella –“es verdad, hemos sido altamente eficientes, diligentes y disciplinados como para asegurar el mantenimiento adecuado de estos clichés”– dejando entrever su valor y que le reporta beneficios. El estereotipo de Alemania seguramente sería extensivo a los países nórdicos y, en conjunto, sea uno de los elementos de sostén de la división norte-sur.

En el marco de la pandemia por COVID-19, cabe preguntarse en qué medida los países han sido conscientes del impacto que en términos de imagen podrían producir sus datos y han acomodado sus metodologías para no resultar penalizados por ellos. Al principio de la crisis, la disonancia entre los datos de unos países y otros provocaba cierta extrañeza, pero no fue objeto de especial atención en los medios. A medida que se han ido conociendo los efectos devastadores que tendrá la pandemia en las economías y el empleo de los distintos países, y se han endurecido las negociaciones sobre el plan de choque europeo, se ha ido prestando mayor atención a la calidad de los datos.

Hay una evidente dificultad para conocer las definiciones que clarificarían con precisión qué y cómo se están construyendo los indicadores por países. En la página de la agencia europea Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades se advierte que los datos ofrecidos de cada país dependen de las “definiciones aplicadas y las estratégicas de testeo de cada uno de ellos”, pero no se hace ningún esfuerzo por clarificarlas. Tampoco se encuentran respuestas en las instituciones nacionales correspondientes, como el Robert Koch Institute (RKI).

El número de test realizados, los criterios de conteo de casos positivos (mediante criterios clínicos o con test positivo) y qué muertes se asignan al COVID-19 influyen en los principales indicadores que se están utilizando: grado de extensión de la enfermedad y tasa de mortalidad. Poco a poco se ha ido conociendo que algunos países solo registran las muertes que tienen lugar en el ámbito hospitalario –al menos Francia y Alemania– con lo cual las muertes en residencias de mayores (una de las poblaciones con mayor mortalidad) quedarían fuera del recuento. Existen dudas sobre la forma en la que se están asignando las causas de muerte en personas con patologías previas. En Alemania el director del RKI no despeja las dudas –“Las cifras oficiales de mortalidad del RKI incluyen tanto a las personas que han muerto por el virus como a las personas infectadas y con problemas de salud subyacentes, donde no se ha podido determinar la causa precisa de la muerte”. Tampoco se realizan test postmortem a las personas fallecidas en las que se sospecha infección por coronavirus.

Frente estos datos, España ha establecido criterios bastante estrictos de registro: se incluyen todas muertes con test positivos, independientemente de donde se produzcan; se realizan test postmortem de casos sospechosos y, en los casos de personal sanitario afectado, todos los profesionales a su alrededor son testados y se les considera positivos. No sería descabellado pensar que España ha asumido un registro exhaustivo y transparente, entre otras cosas, para reforzar frente a terceros su imagen de país serio y con altos estándares de accountability, aunque la estrategia se le puede estar volviendo en su contra.

Empieza a resultar evidente que las cifras disponibles hasta ahora están siendo utilizadas por los países del norte para apuntalar los clichés de una Europa del sur indolente y una Europa norte disciplinada, diligente y eficaz como elemento de apoyo a sus estrategias de negociación dentro de la Unión Europea.

A buen seguro, análisis futuros retrospectivos de las series de datos originales, con sus respectivas definiciones y criterios de notificación, darán cuenta de la dimensión exacta de la pandemia en cada país. Pero será demasiado tarde. Lo que está presente en el actual tablero de la imagen pública y lo que quedará en la memoria serán esas cifras gruesas que sitúan a Italia y España –de nuevo los países del sur– como los dos con peores cifras de extensión y mortalidad de la enfermedad en Europa.

Los rasgos culturales identitarios que sostienen la imagen y la reputación de países son difíciles de desmontar o modificar. Tanto en sentido positivo como negativo.

Hace tiempo que se sabe que la última gran pandemia de 1918, que recibió el nombre de Gripe Española y mató a 50 millones de personas en el mundo, no surgió en España. Investigaciones recientes apuntan un probable origen chino llegado a Europa debido a la movilización de casi 100.000 trabajadores chinos para apoyar en la retaguardia de las líneas inglesa y francesa de la I Guerra Mundial. Sin embargo, ni tan siquiera un siglo ha servido para borrar la vinculación española.

En sentido inverso, a pesar del engaño sobre sus emisiones de las marcas de coches alemanas más prestigiosas –Volkswagen, BMW y Audi– sus acciones, empleo y producción a nivel mundial mantuvieron en los años siguientes una asombrosa estabilidad.

¿Podría España haber evitado esta situación o jugado mejor sus cartas? Al menos podría haber forzado desde el comienzo de la crisis el establecimiento de criterios comunes y una comisión científica de seguimiento en la Unión Europea. Pero a toro pasado todos somos profetas.

¿Terminar un doctorado para seguir con la incertidumbre y la precariedad? El malestar en la carrera académica en España

/0 Comentarios/en , /por

24/02/2020 – Gomer B. Nuez (UNED)

En los últimos años venimos aconteciendo a un fenómeno relativamente nuevo que cuestiona de fondo el relato meritocrático académico con el que nos habíamos socializado quienes estudiamos nuestras carreras en el cambio de siglo: “si haces un doctorado, vas a tener trabajo en la universidad”. Hay, al menos, tres grandes factores contextuales han cambiado el marco de la carrera profesional en la universidad: los efectos de la crisis económica de 2008 en la (des)regulación y disminución de los presupuestos universitarios; la integración de la enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior; la adaptación de patrones anglosajones en la certificación de la carrera académica.

Estos tres grandes factores están muy bien engrasados entre sí y, para el caso español, se añade una circunstancia adicional: el aumento de las matriculaciones en los doctorados cuando la crisis económica empieza a ser más palpable allá por el 2010 (gráfico). El resultado más visible a corto plazo: una inflación de doctores en pocos años que tienen que replantearse su trayectoria laboral, al haber poco sitio para desarrollar una carrera académica en la universidad española. Incluso en países de la OCDE ha habido algunas dinámicas compartidas, principalmente para las mujeres y los doctores/as más jóvenes, que se encuentran en una situación relativamente peor en cuanto a las tasas de empleo que antes de la crisis (Auriol et al., 2013). Obvio que cabe la posibilidad de que un doctor/a se integre en el mercado laboral fuera de la universidad y los centros de investigación, pero con el jurásico sistema de I+D+i español, las opciones de inserción y estabilidad profesional en la empresa privada de personas con doctorado no son halagüeñas.

Gráfico 1. Número de tesis doctorales leídas en España (2008-2013)

Fuente: Estadística de tesis doctorales (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)

De estos factores contextuales, vamos a centrarnos en la interrelación de las implicaciones de los nuevos programas de doctorado con respecto a la adopción de patrones anglosajones en la certificación de la carrera académica. Lo que llamamos en círculos informales la dictadura ANECA. Lo voy a plantear someramente desde mi propia experiencia, una suerte de autoetnografía de andar por casa, digamos. Quienes estamos en investigación predoctoral y postdoctoral y nos planteamos hacer carrera académica, vivimos una ansiedad constante por la exigencia impuesta (e interiorizada disciplinariamente) de la “necesidad” de ir haciendo méritos todo el tiempo parar abrirnos paso en la academia, a veces hasta el punto de ser incompatible con el sostenimiento de nuestra propia vida (Ávila et al., 2018).

El tránsito de la tesis

Una vez estamos realizando el doctorado y tenemos el tema de tesis doctoral elegido, ya empezamos con las sugerencias de cómo hacer el trabajo de campo y publicar las investigaciones relacionadas. “Elige un tema publicable”, “intenta sacarte un JCR”, “llévalo a un congreso para que te den feedback”, “la puedes hacer por artículos y ya sales con publicaciones” … son frases recurrentes que uno recibe cuando ya está a medio camino del doctorado (y ya ha pasado esa criba de miles de personas que deciden abandonar el doctorado por falta de dinero, por no poder conciliar vida y academia…). Pero claro, como señalan Gómez et al. (2015), las posibilidades de realizar investigaciones críticas (en su sentido amplio) muchas veces dependen del formato donde publicas (el jotacerrismo), y del tiempo disponible que tengas. Si el formato que valida la Essaylamba.com investigación va a ser una revista con un formato concreto y el tiempo es muy limitado, el carácter crítico, riguroso e interdisciplinar de la investigación puede verse mermado.

En realidad, la primera criba es normativa y está en Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado y que nos obliga. Este nuevo formato de doctorado (que no lleva una década y deriva del Espacio Europeo), lo que hace es acortar el tiempo para realizar la tesis (trampas incluidas de varias prórrogas y figuras oxímoron de “bajas temporales” con “alta de matrícula”), y obligar al doctorando a tener al menos una publicación en los índices Scopus o JCR, o bien un capítulo de libro en índices de alto impacto. Y el “consejo” de la mención internacional en el título de doctor, para lo cual uno necesita estar 3 meses en un centro de investigación extranjero (si consigues financiación o te lo puedes permitir, claro), el aval de dos personas doctoras fuera de España, que un experto internacional en la materia esté en el tribunal de la tesis. El mensaje es claro: “si quieres doctorarte entra primero por el aro. No tardes mucho en hacer la tesis que es un trámite, internacionalízate, publica en revistas indizadas, si puede ser en inglés mejor”. Y así de paso que podamos fomentar la “movilidad exterior” de jóvenes doctores/as, si no encuentran empleo al doctorarse.

Al finalizar la tesis doctoral

¿Y después de la tesis, qué? Buena pregunta… Hemos pasado de la pregunta de “cuándo depositas la tesis” a “qué hacer al terminarla”. La felicidad de terminar la tesis dura lo que tardas en plantearte qué hacer ahora. Lo habitual es que todo el mundo te pregunte si vas si te has acreditado en la ANECA, si vas a optar a una postdoc, si te vas a la empresa privada, etc.

La etapa de la finalización de la tesis, con el simbólico y performativo acto de la defensa ante tribunal, abre una dura encrucijada a miles de investigadoras. La incertidumbre y las inseguridades se disparan. La pregunta de qué hacer viene realmente determinada por las posibilidades reales a las que optar en el corto plazo (pero pensando en el medio-largo plazo). Ciñéndonos al mundo universitario, ¿qué posibilidades ofrece la universidad y los centros de investigación en España? Fundamentalmente, hay dos vías a corto plazo: 1) postular a un contrato o beca postdoctoral, o bien 2) intentar la vía de la docencia-investigación en la universidad. Vamos a contemplar estos dos escenarios (hay muchos otros).

Escenario 1, postular a un contrato postdoctoral. Los contratos postdoctorales están diseñados para esa transición entre doctorarse e insertarse en la carrera académica para los doctores (salvo las Ayudas para contratos Torres Quevedo, que son las únicas destinadas a “la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial”). De forma que quedan, al menos a nivel estatal, los contratos Ramón y Cajal (que fomentan la “incorporación de investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria destacada en centros de I+D”) con 200 ayudas anuales. Y los contratos Juan de la Cierva formación para recién egresados doctores/as que son 225 ayudas anuales y, los contratos Juan de la Cierva incorporación, otros 225 anuales. En total, unos 650 contratos al año para doctores que quieran seguir la carrera académica, de los cuales para los recién doctorados solo 225 de los Juan de la Cierva formación, porque los otros se enmarcan en la narrativa de la excelencia investigadora que requiere de años investigando y publicando.

A ello se añade una amalgama de contratos públicos de diferentes comunidades autónomas con poco nivel de armonización normativa a nivel estatal y de diferentes disciplinas científicas, como se puede ver en el último mapa publicado de la carrera investigadora en España.

Atendiendo a los últimos datos del Ministerio, que arrojan 17.286 egresados doctores/as en 2017 (último año disponible de la estadística de tesis doctorales del MCIU), no parece que las cifras sean muy motivadoras para optar a este tipo de contrato posdoctoral, una vez se finaliza el doctorado. Cálculos propios a partir de la visualización de la última convocatoria desvelan que, para las 225 ayudas de la Juan de la Cierva Formación, postularon más de 600 solicitantes. Para la Juan de la Cierva incorporación hubieron más de 1000 solicitudes. Otras fuentes indican que en la postulación a estos contratos la tasa de éxito ronda el 10%. Parecen pocos contratos, y de las solicitudes que tenemos datos que se realizan, con una criba considerable.

Otras posibilidades para continuar en la investigación después de finalizar el doctorado es postular a diferentes tipos de contratos vinculados a proyectos de investigación, de personal de apoyo a la investigación etc. No hay datos públicos suficientes para hacernos una idea de estos, pero sí testimonios suficientes para concluir que se plantean como contratos postdoctorales (y con tareas postdoctorales) contratos pensados para que sean de apoyo a Proyectos de I+D+i (Castillo y Moré, 2018: 64-70). Más allá del dumping salarial y ocupacional de esto, las consecuencias para la persona investigadora es tener responsabilidades altas y con mucha presión, no revertidas en el salario directo ni en el salario indirecto (el que alude a acumular méritos -acreditación de ese postdoc, tareas no reconocida- para un supuesto contrato público a futuro).

Escenario 2: abrirse camino como docente en la universidad

Para quienes hayan terminado recientemente el doctorado, la posibilidad de abrirse camino como docente dentro de la universidad se ha complicado en los últimos años a partir de la irrupción de la crisis económica, que implicaba la subsiguiente infrafinanciación de universidades públicas. Lo que se ha venido traduciendo, en esta materia, en una bajada considerable de la contratación de profesorado. Pero también en la búsqueda de todas las fórmulas posibles de trampear en la contratación tras la congelación de oferta de empleo pública de 2012 (menos docentes, fomento de la investigación para acreditarse, más horas de clase…).

Esto implica la multiplicación de las figuras precarias en la transición a una hipotética plaza en la universidad: figuras de (falsos) asociados, colaboradores, ayudantes, profesores-tutores, “consultores” etc. Y se abre la vía a que entre por vía privada lo que el Estado deja de financiar, siendo el Banco Santander alumno ávido con la fórmula mágica de “la investigación que no financia papá Estado, la pago yo. Y ya de paso, limpio mi imagen pública de esos rumores de especulación, clausulas hipotecarias abusivas, desahuciar a familias sin alternativas habitacionales…”.

Pero no nos desviemos con los “daños colaterales”. El objetivo más frecuente de quien se plantea acceder a la carrera académica es postular a una plaza de ayudante doctor, básicamente porque es la que ofrece en España la estabilidad de seguir la carrera académica en adelante de forma mucho más regulada y estable (después de contratado doctor y después la de titular). Ahí entra el calvario que exige la ANECA: acreditarse y hacer todos los méritos posibles.  Acreditarse requiere de semanas para rellenar una aplicación infame, teniendo que certificar cualquier mérito que minuciosamente puede determinar que esa agencia (o la homóloga autonómica) te digas si eres apto/a o no a concursar para esa plaza de ayudante doctor-a. Enmarcado todo ello en una dinámica de prácticas asumidas cotidianamente que (nos) vulnerabilizan a la par que convierten el trabajo en la academia en una labor individual y de competición (Pérez y Montoya, 2018).

La otra parte son los méritos, delimitados también por la ANECA. Aquí puntúa un 60% la experiencia investigadora (artículos, libros, proyectos, contratos, congresos) y un 35% la formación y experiencia docente (formación académica de calidad, estancias, experiencia docente). En la práctica, es disciplinar la investigación y devaluar la docencia (Fernández-Savater, 2016). Y que facilita el efecto Mateo en la ciencia. Si una persona entra para hacer el doctorado en un grupo de investigación puntero, con un investigador/a principal con una trayectoria consolidada, podrá tener con mayor facilidad y rapidez acceso a publicaciones de impacto, entrar en proyectos competitivos, posibilidad de contratos de investigación, asistencia a congresos internacionales con precios prohibitivos etc. Lo que viene siendo consolidar una elitista y reproductiva estratificación de la comunidad científica, como señalaban Merton (1968) y Bunge (2002). Y conseguir en menos tiempo acceso, mediante ese capital relacional consolidado, a publicaciones y méritos importantes para no salir de la carrera.

En cambio, quienes no han tenido esa posibilidad o han estado encadenando contratos precarios de ayudante, asociado, asociado parcial, tutor… no solo no tienen esa posibilidad, sino que además destinan gran parte de su tiempo a preparar la docencia, que a su vez puntúa menos en los concursos. Y tienen que hacer equilibrismos para poder hacer los méritos más puntuables que filtran de facto el acceso a una plaza estable. Si son mujeres, migrantes, de clases trabajadoras, las dificultades se van solapando en una carrera interminable que consigue con frecuencia el efecto de filtrar y sacar del camino a esos candidatos-as.

En el medio-largo plazo, la inestabilidad laboral se hace acuciante, cuando se junta con la etapa de formar una familia, con desigualdades de género, con pocas expectativas a largo plazo y con la alta carestía de la vivienda en las principales ciudades donde están las universidades.

La politización de algunos malestares

La historia es caprichosa y nos habla, como decían los Kortatu, de algunas batallas que no puedes encontrar en los mapas, como el caso de la lucha de los/as profesores/as no numerarios (coloquialmente PNNs). Estos profesores también reclamaban en la Transición una regulación clara y unas condiciones dignas de contratación laboral en el marco de un control permanente de profesores de la universidad, también con la reclamación de fondo de democratización universitaria (más radical en esa otra época).

Esos malestares crecientes en el colectivo de investigadores vienen arrastrados de años y algunos colectivos han conseguido politizarlos y llevar sus demandas a la consideración sindical, política y legislativa. Desde hace años, diversos colectivos de investigadores/as llevan movilizándose para conseguir un estatuto laboral que regula las condiciones laborales de los investigadores universitarios predoctorales, consiguiendo aprobar el Estatuto el Personal Investigador en Formación (EPIF) hace casi un año.

Nada es fácil. Por un lado, ese estatuto tardó años en debatirse, consensuarse y aprobarse. Por otro lado, la mayoría de las universidades han estado reticentes a aplicarlo debido principalmente a las subidas salariales que conlleva (ya sabemos, el discurso del déficit…), consiguiendo su aplicación solo a partir de las movilizaciones de los colectivos de investigadores/as. En Catalunya, los predocs siguen todavía en lucha para que se armonice la norma estatal del EPIF en la comunidad, y que implique así un cuarto año de contrato en los contratos derivados de la comunidad o de universidades catalanas, algo que la Generalitat de momento no aplica. La escala del conflicto continúa, y en alianza con la CGT, el colectivo Doctorandes en Lluita lleva meses protagonizando la lucha y presionando para esta aplicación, utilizando para ello repertorios desobedientes como la impugnación de la convocatoria de doctorados o el bloqueo de reuniones institucionales de equipos rectorales catalanes. La conclusión es clara: solo una amplia base social, mucho trabajo en redes sociales y el uso de repertorios desobedientes en reuniones estratégicas (con la cobertura de prensa) va a sentar al gobierno catalán a aceptar las demandas (legales, por lo demás), del colectivo.

Por la parte de los postdoc, parte de los investigadores que politizaron la lucha del EPIF han conseguido, con el apoyo de una transversal Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, consensuar el homólogo al EPIF para los postdoc: la propuesta de una suerte un de convenio sectorial para el personal investigador no estabilizado. De manera se podrían asegurar mejoras salariales sin pérdida de poder adquisitivo. Y equiparar esas condiciones a ocupaciones sin convenio claro, como investigadores, gestores y técnicos de laboratorio.

Por último, por el lado de profesores/as precarias venimos asistiendo a diversas protestas dispersas y fragmentarias que nos ilustran del malestar de profesores y profesoras sin estabilidad en la universidad. Hasta el punto de reconocer un Ministro el escándalo de la alta precariedad del profesorado en la universidad española. Nos quedamos sin dedos si empezamos a contar los casos. Hace poco se dio una huelga en la Universitat de Valencia por el malestar de los profesores asociados, sobre todo por la figura del falso asociado, tan utilizada en los últimos años para sacar plazas temporales de forma rápida en algunas universidades. Los profesores/as asociados/as, una figura pensada para que expertos/as del mundo profesional pudieran compaginar su expertise profesional impartiendo un limitado número de horas en la universidad española, ha subido hasta un 30% del total de profesorado universitario. Un auténtico escándalo que habla por sí mismo de prácticas chapuceras de universidades para cubrir plazas estables de profesorado.

O figuras como profesores-tutores, muchos de los cuales tienen dedicación completa a esa docencia y no están dados de alta en seguridad social ni le cuenta la docencia en la ANECA, y que recientemente empiezan a politizar sus demandas laborales. Siguiendo con la neolengua académica, esa misma figura de tutor o colaborador/a docente se denomina en la UOC consultor, y son profesionales que cobran la docencia solamente a final del cuatrimestre, sin derecho a vacaciones remuneradas. Orwell se quedó corto…

La nueva legislatura ha echado a andar con la separación de los ministerios de Ciencia y de Universidades. No parece lo más adecuado para la universidad, según palabras del propio ministro Castells. El foco de la protesta y de las demandas tendrá que esperar para ver las competencias concretas de cada ministerio. El ministro Castells se ha comprometido a trabajar en un Estatuto del Personal Docente Investigador, veremos… Como con el EPIF, las posibilidades de que ese hipotético Estatuto sea la más garantista posible y que contemple la regulación y dignificación de tantas situaciones como las descritas anteriormente va a depender, además de la voluntad política, de nuestra capacidad de presionar y politizar el asunto para que las demandas de los colectivos de investigadores/as y precarias sean atendidas.

Referencias:

Auriol, L., Misu, M. y Freeman, R.  (2013). Careers of Doctorate Holders: Analysis of Labour Market and Mobility Indicators». OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2013/04, OECD Publishing, Paris.

Ávila, D., Ayala, A. y García, S. (2018). La Universidad y la vida…, o cómo mantenernos vivos en medio de la neoliberalización de la Universidad. Disparidades. Revista de Antropología, 73(1), 55-61.

Bunge, M. (2002). El efecto San Mateo. Polis, 2. Disponible en https://journals.openedition.org/polis/8033

Castillo, J. J. y Moré, P. (2018). Universidad precaria. Universidad sin futuro. Madrid: FUHEM Ecosocial.

Fernández-Savater, A. (2016). “Disciplinar la investigación, devaluar la docencia: cuando la Universidad se vuelve empresa”, El Diario (19/02/2016), disponible en https://www.eldiario.es/interferencias/Disciplinar-investigacion-devaluar-docencia-Universidad_6_486161402.html

Gómez, L., Jódar, F. y Bravo, M. J. (2015). Gubernamentalidad neoliberal y producción de conocimiento en la universidad. Genealogía de una configuración subjetiva. Universitas psychologica, 14(5), 1735-1750.

Merton, R. K. (1968). The Matthew Effect in Science. Science, 159 (3810), 56-63.

Pérez, M. y Montoya, A. (2018). La insostenibilidad de la Universidad pública neoliberal: hacia una etnografía de la precariedad en la Academia. Disparidades. Revista de Antropología, 73(1), 9-24.

 

De dimes y diretes, de rojos, azules, cuñades, indepes, progres, señoros y fachas. O de cuando la ‘partitocracia’ enfanga tus relaciones sociales y la sociedad civil

/0 Comentarios/en , , /por

16/01/2020 – Rubén Díez García (Universidad Complutense de Madrid), Ariel Sribman Mittelman (Universitat de Girona) y Graciela Merigó Puig (Doctoranda en la Universidad Rovira y Virgili)

Durante el largo período que supuso la dictadura, marcada por una fuerte represión política, primero, y por una rápida industrialización y urbanización impulsadas por el Estado, después, se desarrolló un nuevo modelo de relaciones entre los movimientos sociales de oposición al régimen y los partidos políticos, en particular el PCE, que emergió como el referente organizativo e ideológico (Álvarez Junco, 1994; Laraña, 2011). Los movimientos de oposición aparcaron las metas revolucionarias —antipoliticistas— de sus predecesores y desarrollaron un nuevo marco, de carácter más pragmático, politicista. Este nuevo marco perseguía la reforma democrática del Estado, el desarrollo de un Estado democrático y social, y el reconocimiento de los derechos civiles (Ibíd.).

Este programa, no obstante, se consolidó en las décadas de los sesenta y setenta en un ambiente cultural antifranquista, contestatario y semiclandestino muy heterogéneo, en el cual las diferencias y dificultades de entendimiento entre nuevas formas de activismo y las viejas tradiciones y corrientes ideológicas representaron la normalidad. Lo singular de tal contexto, sin embargo, señala Álvarez Junco, fue la aceptación de la necesidad de una “vanguardia obrera” por parte de una amplia pluralidad de actores. Las estrategias quedaron subordinadas al partido como actor fundamental que debía asumir el liderazgo de la transformación y del cambio, a excepción de algunas organizaciones de “nueva izquierda” que a finales de los sesenta mostraba un marco muy radical y crítico contra los partidos y sindicatos tradicionales, cuyas organizaciones estudiantiles adquirieron gran relevancia en otros países (Laraña, 2011).

Este marco politicista persistió hasta los ochenta, cuando emergen movimientos pacifistas y estudiantiles contra el gobierno socialista de Felipe González (Álvarez Junco, 1994; Díez García y Laraña, 2017). Las primeras redes del movimiento pacifista, que emergieron durante la transición a principios de los setenta ya manifestaban algunos rasgos de estas nuevas formas de acción, como en el caso de las organizaciones estudiantiles, si bien con un mayor grado de latencia. Los grupos y organizaciones pacifistas, muy abiertos a otros movimientos, mostraban un amplio pluralismo y un grado de autonomía que los alejaba del principio de subordinación respecto de los partidos, ya que sus fundamentos culturales también chocaban con los de las organizaciones políticas del movimiento de oposición al régimen, en las que no se contemplaba ni la autonomía de acción, ni el pacifismo, ni el antimilitarismo o la no violencia (Díez García y Laraña, 2017).

Dicho marco politicista perdió peso en la década de los ochenta, con la consolidación de dos elementos novedosos que afianzan el proceso de modernización política en la vida diaria de los ciudadanos (Laraña, 2011). Por un lado, nuevas formas de acción colectiva —que para Álvarez Junco suponen una (tercera) etapa de transición hacia los NMS o postmoderna—, y por otro, el surgimiento, primero, y consolidación, después, de una esfera o tejido asociativo en España, conformado por organizaciones voluntarias o de carácter civil; algunas de ellas organizaciones reflexivas con un alto poder de persuasión e influencia en la opinión pública que han dado a nuestro país muchas alegrías y avances, para la consecución de una sociedad más abierta, respetuosa, plural, libre e igualitaria.

Algunas de estas organizaciones alcanzaron un considerable poder de definición y persuasión colectiva a través de movilizaciones sobre importantes controversias públicas en torno a una amplia variedad de temas: desde el terrorismo y la forma de combatirlo, la democracia, los derechos civiles y la justicia social, hasta el pacifismo, la solidaridad internacional, el medio ambiente, los estilos de vida alternativos y la identidad sexual y de género, o el sistema educativo, la familia y el aborto. Estas movilizaciones son parte de un período contemporáneo que abarca desde las movilizaciones ya mencionadas, contra el ingreso de España en la OTAN y las promovidas por asociaciones de estudiantes contra la política educativa del Gobierno (en 1987 y 1993), hasta las que tuvieron lugar en 1996 y 1997 (por la indignación ciudadana ante los asesinatos de Tomás y Valiente y Miguel Ángel Blanco, un año y medio después), o las numerosas que prosiguieron con el cambio de siglo, por ejemplo, contra la Guerra de Irak, el terrorismo, el Prestige o la legalización del matrimonio homosexual y sus contrarias (Díez García y Laraña, 2017), y tienen continuación con la irrupción de los indignados y las movilizaciones feministas o contra el cambio climático, y de los pensionistas, en la actualidad.

La irrupción del 15M supuso un aldabonazo contra un orden político configurado sobre una democracia representativa de partidos políticos formalmente constituida que ha derivado en lo que muchos hemos coincidido en calificar como “partitocracia”. En la partitocracia española se ha dado un alto nivel de politización de las instituciones y estructuras, que por ejemplo, fue terreno abonado para la expansión de la burbuja inmobiliaria y del gasto desmesurado en infraestructuras que no obedecían a necesidades reales, sino a intereses de partido, corruptelas, redes clientelares y patrones de connivencia entre clase política y grupos económicos. La buena noticia es que las organizaciones de la sociedad civil que han venido impulsando nuestro proceso de democratización han sabido mantenerse al margen de su instrumentalización por parte de los partidos y de las élites políticas, y han sabido escapar a los tentáculos de los partidos, visibilizándose como experiencias transversales, autónomas e independientes respecto de los partidos, base, por otro lado, de su éxito.

Lo preocupante en los últimos años, y tras la aparición de nuevas organizaciones políticas que venían a profundizar nuestro proceso de democratización, y que nacieron precisamente para denunciar y plantear alternativas a la partitocracia, es que nos encontramos con que los partidos están siendo exitosos en instrumentalizar a la sociedad civil: desde las movilizaciones de Colón, arrogándose la representación moral del constitucionalismo, a las impulsadas por Podemos y su interés por apropiarse la representación moral de los marcos de los movimientos sociales de carácter más alternativo, junto con el PSOE, hasta la operación de las élites, partidos e instituciones catalanas para impulsar un proceso independentista. Una dinámica de instrumentalización reciente que solo puede tener un resultado, el de ahondar aún más en otro proceso de más amplio calado. En épocas en las que la sociedad se encuentra sujeta a tensiones como resultado de los intensos cambios que se dan en sus estructuras sociales y sistemas de valores, y la incapacidad de las instituciones políticas para acomodarse a dichos cambios, es más frecuente observar posiciones simbólicas que rivalizan entre sí. En ocasiones, en torno a cosmovisiones categóricas del mundo, y a cómo nos dotamos de una identidad, los sistemas normativos e instituciones que guían nuestra vida social, o la propia idea de democracia.

Estas controversias generan una fuerte y profunda politización de nuestras vidas, conflictos cotidianos, discusiones, enemistades, guerras culturales y charlas tuiteras —de dimes y diretes, de rojos, azules, cuñades, indepes, progres, señoros y fachas—, que para colmo encuentran en los partidos, medios de comunicación y académicos de parte, argumentarios para proyectar sobre otras personas o grupos sociales, que simple y llanamente, tienen una forma diferente de pensar sobre algunos asuntos. Que ayudan poco a construir una sociedad más abierta, plural y tolerante, sin tener en cuenta que, como comentó Obama recientemente en un mensaje dirigido a los más jóvenes, “Las personas contra las que estas luchando pueden amar a sus hijos y compartir ciertas cosas contigo”.

En esta segunda fase de la modernidad —si seguimos a Beck, Giddens y Lash (1997)—, caracterizada por la fluidez de las interpretaciones de la realidad, los partidos se ven tentados a jugar con la construcción de nuevas ortodoxias políticas, es decir, conjuntos de doctrinas que no se discuten porque revelan verdades absolutas. Por supuesto, de acuerdo con nuestros tiempos, estas formas ideológicas dogmáticas son variables. Pero no por eso dejan de presentarse ante la sociedad como ortodoxias que nos dividen profundamente. Estas nuevas doctrinas, estas verdades absolutas, tienen algunos elementos neurálgicos en común con los dogmas religiosos tradicionales.

Primero, generan identidad. No se trata ya de identificarse con una serie de ideales y objetivos, como en la política tradicional (siglos xix y xx), sino de identificarse con un colectivo definido moralmente. Por lo tanto, quien no pertenece al colectivo no se encuentra más a la derecha o a la izquierda en una escala política (horizontal), sino por debajo en una escala ética (vertical). Segundo, se revelan como verdades (dogmas) incuestionables por los miembros de la comunidad. La identidad y la pertenencia implican la no disensión. Y a consecuencia de esto, tercero, se revelan como verdades morales, no políticas. Si bien estas se aplican al ámbito político, no se basan en criterios de mejora institucional, de eficiencia macroeconómica, de bienestar para el conjunto de la sociedad, etc., sino en una autocomplacencia y una descalificación ética de los rivales políticos.

A un tiempo, en estas nuevas doctrinas también destacan algunos elementos esenciales que las diferencian de los viejos dogmas: primero, son absolutas, pero muy móviles. Hoy pueden ser unas y mañana ser otras. No aportan la estabilidad de las doctrinas clásicas. Segundo, las viejas verdades absolutas de molde religioso aspiraban a integrar a toda la comunidad. Las nuevas —y sobre todo quienes las blanden— viven de la existencia del enemigo, son de tinte populista. Es decir, se alimentan de la existencia de un oponente. Por lo tanto, no consideran la posibilidad de que en algún momento toda la sociedad asimile el evangelio que ellos predican; siempre habrá un elemento maligno —la izquierda, la derecha, los vendepatrias, los enemigos del pueblo, la oligarquía, los progres, los fachas— al que no se pretende incorporar. Ni siquiera a nivel discursivo, o quizá deberíamos decir, ni mucho menos a nivel discursivo.

Los partidos han encontrado un hueco en las controversias identitarias. Desvanecidas las diferencias de criterio moral respecto de las grandes líneas definitorias de la modernidad, diferencias que produjeron conflictos en torno a cuestiones como la propiedad de los medios de producción, las relaciones internacionales centradas en la explotación colonial, el desarrollo industrial basado en la explotación de la naturaleza, el desarrollo de los estados del bienestar y de las democracias liberales, las organizaciones políticas se han ido orientando hacia las controversias que les plantea la sociedad civil con su acción colectiva. Los movimientos sociales estiran los límites del sistema señalando cuestiones que pasan de ser íntimas y privadas a tener relevancia pública con el objeto de modificar el orden normativo para permitir y legitimar nuevos comportamientos. Los partidos se han hecho eco de esta realidad posicionándose a favor o en contra de las nuevas demandas con tal intensidad que se han apropiado del lenguaje de los movimientos, de sus definiciones de la situación con sus nuevos significados.

La realidad ante la cual los analistas de movimientos sociales deben permanecer alerta es este entrelazamiento entre partidos y movimientos —o la infiltración en los segundos por parte de los primeros, incluso la subordinación de los segundos a los primeros—. Es cierto que en muchos casos tales procesos de infiltración o subordinación no se han producido. Pero en muchos otros, sí. En estos casos, seguir observando la acción colectiva a través de ese microscopio que deja fuera el elemento partitocrático, la penetración del poder partidista en la sociedad civil, es observar la realidad con los ojos cerrados.

Referencias:

Álvarez Junco, J. 1994. “Movimientos sociales en España: del modelo tradicional a la modernidad postfranquista”, en E. Laraña, H. Johnston y J. Gusfield (eds.). Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad. Madrid: CIS.

Beck, U. Giddens, A. y Lash S. (comp.). 1997. Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno. Madrid: Alianza.

Díez García R. y Laraña E. 2017. Democracia, dignidad y movimientos sociales. El surgimiento de la cultura cívica y la irrupción de los «indignados» en la vida pública. Madrid: CIS.

Laraña, E. 2011. “Los movimientos sociales y la transición a la democracia en España”, en R. Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (ed.). La sociedad española en la transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador. Madrid: Siglo XXI.