La movilización en el trabajo atípico: de la invisibilización al centro del debate del trabajo

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23/12/2020 – Francisco Fernández-Trujillo Moares (UNED) y Silvia Martínez García-Jiménez

Los retos y realidades generadas en los últimos años han reactivado los debates sobre la necesidad de reformular el contrato social. Como señalan las feministas, las crisis destapan las costuras del sistema; no sólo agravan las brechas de desigualdad que estratifican la sociedad, sino que, además, ponen al descubierto los procesos de vulnerabilidad social a los que están expuestos grandes mayorías sociales cuando las protecciones públicas son deficitarias. Así es, que, de nuevo, nos encontramos pensando en cuál debe ser el suelo sobre el que se fragüe un pacto social renovado, inmersos en los ritmos acelerados que impone la vigente crisis.

Sabemos, como planteaba ya Castel (1997), que la acción social del Estado exige la reciprocidad de los sujetos a través del trabajo. El problema de que la contrapartida de la acción protectora del Estado sea el trabajo, radica en que el alcance de los mecanismos colectivos de solidaridad queda supeditado a las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores.

Aceptando esta premisa teórica, se entiende que, cuando quienes trabajan se movilizan por la mejora de sus condiciones laborales, articulan simultáneamente una lucha por la mejora de sus condiciones de ciudadanía. De facto, operan como sujetos políticos que se reclaman como sujetos de derechos específicos.

Si asumimos –y así lo hacemos– que las condiciones laborales y las condiciones de ciudadanía operan como vasos comunicantes (Alonso, 2007) y que, por tanto, de la existencia de posiciones laborales diferenciales al interior del mercado de trabajo se deriva la existencia de franjas sociales débiles; aceptamos que es preciso ocuparse de examinar los procesos de reproducción de distintos modos de precarización laboral.

La efervescencia que han tomado los debates sobre la profusión de formas de empleo atípicas o, dicho de otro modo, de figuras de empleo que alteran la norma asalariada, debe ser especialmente cuidadosa la atención que se presta a las particularidades de los procesos de transformación que se están dando en el contexto de las relaciones laborales y que afectan a los lugares sociales de negociación del contrato social.

En este sentido, las trabajadoras y los trabajadores que desde la crisis de 2008 están inaugurando modos de movilización renovados y que lo hacen desde posiciones sociolaborales subalternas no son la experiencia de conflicto más frecuente, sino una excepcionalidad entre quienes tienen diferentes dificultades para organizarse y poner en marcha respuestas en el ámbito del trabajo. Dadas las condiciones de estas formas laborales ha sido fundamental para estos grupos situar su conflicto en la agenda pública y que fuera tratado como un problema social, ejerciendo presión así a la patronal y a las entidades político-institucionales para solventar sus problemáticas específicos, mejoraran sus condiciones laborales y, por tanto, su situación como parte de la ciudadanía.

El trabajo atípico en conflicto

En este proceso de ampliación de las vulnerabilidades y brechas sociales que están asociadas al trabajo, en particular a las formas de trabajo atípico –cada vez más frecuentes, por otro lado– las percepciones, atención y conocimiento de estas cuestiones son distintas, lo que lleva a que muchas de estas problemáticas estén invisibilizadas. Sin embargo, otras tantas han gozado de atención y relevancia pública, entrando en ocasiones en las agendas políticas e institucionales.

Entendemos que, entre otros factores, son los procesos de movilización y las acciones de protesta y conflicto de quienes trabajan en estos ámbitos lo que ha sido capaz de otorgar relevancia y atención a los asuntos. Como veremos, estas movilizaciones han estado caracterizadas por algunos rasgos distinguibles de otras formas de acción sindical y estos conflictos se distinguen de otros que no han disfrutado de tanta atención a pesar de su peso también importante en los procesos de transformación del trabajo.

Las movilizaciones reseñadas a continuación están caracterizadas por ser un conflicto laboral en el que la entrada de los sindicatos ha sido tardía, son procesos protagonizados por sectores considerados frecuentemente como vulnerables en el mercado laboral (mujeres, migrantes, jóvenes, etc.) y habitualmente han estado atravesadas por otras dimensiones más allá del estricto conflicto laboral (empleos tradicionales feminizados, la transformación tecnológica o lo novedoso de sus formas laborales que les sitúa en una difícil generación y adaptación de marcos regulatorios); sin embargo, todas se han situado en el centro del debate debido a las conflictividades generadas y a los procesos de movilización que les han atravesado.

El primero de estos casos sería el de las Kellys o camareras de piso, el cual es el que ha tenido hasta la fecha los resultados más importantes en términos de presencia en el debate público: académico, mediático y político-institucional. Desde 2016, año en el que se constituyeron, el colectivo de Las Kellys puso en marcha la articulación de una organización para la defensa de sus intereses y condiciones laborales y el desarrollo de acciones y movilizaciones que ponían en la agenda sus problemáticas, presionaban a la patronal hotelera y les permitía establecer negociaciones y diálogos con los diferentes gobiernos e instituciones con respecto a su conflicto laboral. A través de esto han conseguido reuniones con diferentes gobiernos, recursos, la participación activa de los sindicatos a su conflicto, la entrada en el debate público como un problema que iba más allá de su problema específico y la presencia fundamental en las redes de solidaridad entre colectivos que se han movilizado.

Otro ejemplo de un sector feminizado, en ese caso con una fuerte presencia migrante, son las diversas acciones relacionadas con las trabajadoras de la recogida de la fresa que tuvieron lugar en 2018, en su mayoría llevado a cabo por mujeres marroquíes. Durante este año se denunciaba la situación de las trabajadoras de la fresa en Huelva, en la que las temporeras habían sufrido agresiones sexuales por parte de los empleadores y graves situaciones de explotación laboral. Esta situación ha llevado a la movilización de diferentes colectivos feministas y el apoyo de sindicatos como el SAT o CNT. Así, el asunto alcanzó gran relevancia mediática –con gran presencia en los telediarios y diferentes reportajes televisivos y escritos– y la puesta en marcha de inspecciones de trabajo de oficio.

En el último año, también han puesto en marcha estructuras con un fuerte carácter auto-organizativo las trabajadoras del hogar quienes se han visto desprovistas históricamente de muchas de las coberturas y garantías asociadas al trabajo. Este es, sin duda, un caso interesante, debido al carácter invisibilizado de su trabajo y la complicada inspección y regulación de su trabajo dado el carácter privado y doméstico de su ámbito de trabajo y la atomización de sus relaciones laborales, es decir, que sean los hogares de sus contratadores sus centros de trabajo. La entrada de las plataformas digitales en este ámbito ha dificultado y complejizado sin duda sus relaciones laborales.

Como se puede observar en estos procesos, la movilización, la articulación de respuestas sindicales (sea con el apoyo de las estructuras sindicales tradicionales o no) y la organización nacida e impulsada desde las mismas trabajadoras que han activado y desarrollado su conflicto consiguiendo progresivas victorias es lo que ha hecho a estos grupos ganar la relevancia y presencia pública obtenida en los últimos años. Resulta evidente que en los ejemplos propuestos –obviamente de manera intencionada– estos serían ámbitos de trabajo fuertemente feminizados y situados en la esfera de la reproducción o el cuidado –los cuales ya de por sí mismos cuentan con una mayoritaria presencia de mujeres– (Pérez Orozco, 2014). Es importante tener esto en cuenta, ya que tanto el sindicalismo para el desarrollo de la acción sindical, las instituciones para desarrollar marcos legislativos más garantistas, estables y seguros para las trabajadoras y los trabajadores y las ciencias sociales para comprender los procesos de transformación del trabajo ante los que nos situamos deben tener en cuenta estos procesos de invisibilización.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas problemáticas no cuentan con una desatención constante y que en algunas ocasiones sí que se le ha prestado atención. Por ejemplo, las recientes investigaciones desde los ámbitos académicos estadounidenses –aunque estas investigaciones hayan tenido un largo recorrido, han sido recuperadas gracias a movimientos como fight for 15– han determinado el surgimiento de una serie de nuevos procesos de movilización en el ámbito laboral, dentro y fuera de Estados Unidos (Meyer, 2017). Como ha sido señalado, estos procesos han respondido a condiciones específicas de mercados de trabajo en transformación, una situación complicada para los sindicatos en los últimos años y unas condiciones concretas de la movilización alrededor del mundo. Procesos similares habrían venido ocurriendo en España, donde se han dado una serie de condiciones para que se vengan produciendo cambios en el panorama de la movilización laboral.

La aparición de estos colectivos está íntimamente ligada a uno de los principales retos del sindicalismo y de la movilización laboral en el momento actual: «formar alianzas estratégicas con otras organizaciones y movimientos sociales, mediante las que ampliar la intervención sindical más allá del ámbito laboral, reforzando su dimensión socio-política para la defensa y promoción de los derechos sociales y de ciudadanía» (Beneyto, 2017, p. 25). Asimismo, aunque el marco económico de extensión de las políticas neoliberales en el ámbito del trabajo y la situación generalizada de formas sindicales desprestigiadas y percibidas como ineficaces ante las políticas neoliberales pueden ser compartidas con el contexto estadounidense, los precedentes de la movilización social hacen particulares las experiencias de estas formas en España.

Asimismo, en los últimos meses podemos encontrar algunos espacios de carácter académico y militante que sitúan en el centro estos conflictos como una prioridad a la hora de abordar los procesos de transformación en el trabajo y las dinámicas de desigualdad a través de lo laboral. Uno sería el caso de las jornadas organizadas por La Laboratoria en las que se trataron y tuvieron la voz protagonista diferentes grupos presentes en el conflicto laboral. Otro ha sido el caso, de las jornada de sociología del trabajo organizada por el Comité de la FES (aquí se pueden ver las presentaciones en las que se hablan de diversas de estas problemáticas). Sin ir más lejos, la anterior entrada del blog del GESP, abordaba María Martínez algunas de estas problemáticas en el ámbito de la prostitución y el trabajo sexual.

Un reto también para las ciencias sociales

Como sabemos, nos encontramos en un escenario de transformación e incorporación de nuevas formas laborales, que no solo son nuevas para los marcos legislativos, sino ante las que se ven dificultadas algunos de los hábitos y prácticas la acción sindical tal y cómo hasta ahora habían estado siendo llevadas a cabo. Además estas suelen tener un carácter complejo e imbricado entre otras problemáticas, lo que hace una necesaria comprensión de las dinámicas que tienen lugar. Así, lo que nos planteamos aquí, es que debemos tener en cuenta, no solo que a algunos conflictos se les presta más atención que a otros, sino cuáles son los factores que han llevado a que esto ocurra. Es, sin duda, una tarea urgente de las ciencias sociales atender y comprender el conjunto de nuevas problemáticas asociadas a los nuevos escenarios del empleo para poder comprender los procesos de transformación del trabajo que afectan al contrato social.

Para comprender esto podemos atender a algunos procesos de movilización emergidos y articulados en los últimos años. Estos procesos han estado fuertemente marcados por darse en ámbitos con unas características específicas, las cuales hacía difícil la acción sindical en términos tradicionales, suponía un reto y un ámbito complejo para los marcos regulatorios o la creación de estos o una situación de complejidad en el debate social en torno a la relación y condiciones de estas formas laborales debido a su situación de ser formas de trabajo habitualmente invisibilizadas o con una presencia pública ignorada. Es decir, que por sí mismas, estas nuevas movilizaciones se sitúan en el abordaje de las características que le son propias.

Referencias

Alonso, L. E. (2007) La crisis de la ciudadania laboral. Barcelona: Anthropos.

Beneyto, P. (2017). Crisis y renovación del sindicalismo. Arxius de Ciènces Socials, 36-37, pp. 15-34.

Castel, R. (1997) La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Barcelona: Paidós.

Meyer R. (2017) Precarious Workers and Collective Efficacy. Critical Sociology. 43(7-8):1125-1141. doi:10.1177/0896920516655858

Pérez Orozco, A. (2014) Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.

¿Qué derecho(s)? Las prostitutas y trabajadoras del sexo como actoras colectivas

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25/11/2020 – María Martínez (UNED)

En agosto de 2018 se inscribe en Barcelona el sindicato OTRAS (Organización de TRAbajadoras Sexuales). Su constitución provocó un revuelo en el gobierno y buscó por todos los medios la forma de anularlo. Así, y tras sólo 3 meses después de su inscripción oficial, sus estatutos fueron invalidados por la Audiencia Nacional. Era la primera vez que se registraba en España un sindicato de trabajadoras sexuales de ámbito estatal. Ahora bien, no era la primera sección sindical ni la primera organización de prostitutas y trabajadoras del sexo en este país. De hecho, unos meses antes, en mayo del mismo año, se había constituido en Cataluña una sección sindical de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Y desde la década de 2010, trabajadoras del sexo y prostitutas han venido conformando en España organizaciones propias: AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) en Madrid; Aprosex, Putas Indignadas y Putas Libertarias del Raval en Cataluña; Colectivo de Prostitutas de Sevilla; o el colectivo Caye, formado por trabajadores sexuales, en Asturias. La novedad está, entonces, en la auto-organización de las prostitutas, pues desde 1995 con la constitución de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo) en Madrid, o más tarde, ya en los años 2000, la creación de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia, o de Genera en Barcelona se venía constituyendo una red de apoyo a este colectivo. En parte fueron esas redes de apoyo las que propiciaron primero algunas acciones colectivas (en Montera la primera manifestación de prostitutas se organizó ya en 2003 y probablemente ha habido más que no están registradas), y han servido de apoyo para la ahora auto-organización de las trabajadoras del sexo.

Las teorías de los movimientos sociales tendrían mucho que decir sobre la organización autónoma de este colectivo, pero han estado silentes, al menos en nuestro país; lo mismo sucede con la movilización en general de las mujeres (Martínez, 2019), especialmente las situadas en los márgenes (víctimas, trabajadoras del hogar, mujeres racializadas…) y de otros colectivos subalternos[1]. La primera pregunta que desde los estudios de los movimientos sociales nos podemos hacer es: ¿por qué ahora la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo? ¿por qué no hace 10, 20 ó 30 años? Esta pregunta tiene, además, su sentido si analizamos cómo a nivel internacional la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo tiene más largo recorrido —recordemos la ocupación de iglesias por prostitutas que comenzó en Lyon (Francia) en 1975 y se extendió por ese país— y ha sido analizada en varios trabajos (por citar algunos: Mac y Smith, 2020; Mathieu, 2009; Osborne, 1991; Pheterson, 1989). Así, Lilian Mathieu (2009) hace uso de la Teoría de la Movilización de Recursos para explicar por qué el movimiento de prostitutas surgió en Francia en 1975 y concluye que en ese momento consiguieron acumular los recursos políticos —conocimiento práctico de las formas de la protesta, los canales de comunicación con las autoridades o los medios de comunicación, etc.— gracias, en parte, a las redes que habían desarrollado, lo que les permitió organizarse y empezar a actuar colectivamente. Y esos recursos fueron eficaces incluso ante una Estructura de Oportunidades Políticas, como afirma también Mathieu, cerrada. Esta explicación es plausible para el caso de España. Por poner un ejemplo, el colectivo AFEMTRAS surge precisamente en reacción a la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), contra las multas que la policía les estaba imponiendo auspiciada bajo esa ley y un movimiento abolicionista de la prostitución con una creciente proyección pública —esto se podría considerar una Estructura de Oportunidad Política cerrada—. En este contexto el papel de algunas organizaciones de apoyo a las prostitutas, en concreto de Hetaira, fue clave para acumular esos recursos políticos y apoyar su auto-organización.

La segunda pregunta común cuando se analizan movimientos sociales suele ser: ¿cuáles son sus demandas? Y, junto a ella, ¿qué vías de reclamación (repertorios de acción) se utilizan? Aunque las propuestas de las organizaciones de prostitutas y trabajadoras del sexo son diversas, dos podemos indicar cómo las grandes demandas: la despenalización del trabajo sexual impidiendo que se multe, y por supuesto que se castigue penalmente, a las personas que ejercen la prostitución; y, el reconocimiento del trabajo sexual en sus diferentes formas como trabajo. La primera gran demanda se concretaría en la derogación de leyes y normativas que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, entre otras las ordenanzas municipales que tan impacto negativo han tenido (Bodelón y Arce, 2018). La segunda —reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo— implicaría el reconocimiento de derechos laborales. Aquí es donde las divergencias comienzan: algunas organizaciones (OTRAS) apuestan por diferentes modos de regulación laboral (por cuenta propia, por cuenta ajena), mientras que la sección sindical de la IAC tiene una postura más radical y sólo considera el trabajo realmente autónomo (para un debate sobre esta cuestión se puede consultar el siguiente vídeo). A pesar de esas divergencias, en un manifiesto firmado por la totalidad de las organizaciones de trabajadoras del sexo indicadas se afirmaba: “Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos.” (manifestó consultable aquí). Así, se está de acuerdo con que, en nuestras sociedades de ciudadanía laboral, de los derechos laborales dependen otros muchos en cascada: derechos sociales, derecho a una jubilación, derecho a paro, derechos sanitarios, derecho a la vivienda, derechos a un ingreso mínimo, etc. A estas demandas se suman otras como la distinción entre prostitución y trata con fines de explotación sexual y desarrollo de programas de atención específicos para las personas tratadas, la derogación de la ley de extranjería pues muchas prostitutas y trabajadoras del sexo son extranjeras viéndose afectadas de manera particular, y la concienciación social sobre el estigma que sufre quien ejerce la prostitución (Juliano, 2004).

Los repertorios de acción que usan para articular sus demandas no difieren mucho de los puestos en marcha por otros movimientos sociales: manifestaciones, concentraciones, performances, lobby político, talleres de sensibilización, participación en foros institucionales, el mantenimiento de la apertura de los clubes ahora que se ha pedido su cierre en tiempos de pandemia, etc. En el caso de las organizaciones que han tomado la forma de sindicatos, como OTRAS, a esto se une el trabajo sindical común: negociación y mediación entre trabajadoras y empresarios, la mejora de las condiciones laborales especialmente en trabajos por cuenta ajena. Pero hay un tipo de acción menos visible y quizás más comúnmente olvidado en los estudios de los movimientos sociales pues no tiene como objeto el “gobierno” o las instituciones y es la constitución misma de estas organizaciones como espacios colectivos en los que trabajar sobre el estigma que las atraviesa y apoyarse en la lucha por la supervivencia. Así, y en tiempos de confinamiento debido al covid-19, estas organizaciones han puesto en marcha, ante su exclusión de la Renta Mínima de Inserción, bancos de alimentos y recaudado fondos para ayudarse, para sostenerse, para cuidarse.

Me gustaría cerrar este texto con una última reflexión que saca el análisis de la organización y acción colectiva de prostitutas del terreno tradicional de los estudios de movimientos sociales. Es una pregunta sobre el sujeto colectivo que todo movimiento social requiere para articular demandas y desarrollar repertorios de acción. La pregunta se podría concretar en lo que sigue: ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos? Las prostitutas y trabajadoras del sexo están permanentemente siendo expulsadas (Maqueira, 2017) —del lugar donde ejercen la prostitución, sobre todo si es la calle, de la ciudadanía-laboral pues no se les reconoce como trabajadoras, etc.—, no son nunca reconocidas como sujetos individuales y mucho menos colectivos. Como afirma Georgina Arellano, líder del movimiento de meretrices argentino: “Las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos…” (extraído del muro de Facebook de la organización AMMAR el 18 de noviembre de 2020). En este marco adquiere sentido la pregunta por el “derecho a tener derechos” que he escuchado en varias conferencias sobre la auto-organización de prostitutas y trabajadoras del sexo (entre otras, esta). La primera vez que la oí vino a mi cabeza, como no, el trabajo de Arendt (2006/1951) con su discusión de la imposibilidad de conceder derechos a quien no pertenece, en su caso los apátridas, a un Estado-Nación, a quien no existe. Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos (Butler, 2017). Y ese es, por supuesto, el primer paso para su “reconocimiento como sujeto político” (Entrevista a Putas Libertarias del Raval, en la revista “Todo por hacer”, consultable aquí), como actoras colectivas.

 

Referencias

Arendt, H. (2006/1951). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Bodelón González, E., y Arce Becerra, P. (2018). La reglamentación de la prostitución en los Ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana. Revista Critica Penal y Poder, 15, 71-89.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica. Barcelona: Cátedra.

Mac, J., y Smith, M. (2020). Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Madrid: Traficantes de sueños.

Martínez, M. (2019). Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas. Madrid: CIS.

Mathieu, L. (2001). Mobilisations de prostituées. Paris: Belin.

Osborne, R. (1991). Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria Editorial.

Pheterson, G. (Comp.). (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

Piven, F., & Cloward, R. (1977). Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail. US: Vintage.

 

 

[1] Esto es algo que recorre los trabajos de movimientos sociales como ya pusieran sobre la mesa Piven y Cloward en 1977 al analizar por qué este ámbito de estudio no había analizado lo que ellos llamaban “movimientos de pobres” (movimiento de parados, de trabajadores industriales, de derechos civiles y del Estado providencia).

La voz y la participación de las mujeres jóvenes

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26/10/2020 – Marisa Revilla (UCM)

Una vez más en esta década que ya acaba, el pasado 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña de Naciones Unidas, en esta ocasión bajo el lema My voice, our equal future, poniendo uno de los focos en el liderazgo de una generación de activistas para generar el cambio social. El lema resuena, en el marco del proceso Beijing+25, con la campaña de Naciones Unidas Generation Equality: Realizing Women’s rights for an equal future.

La organización Plan International ha presentado este mismo año el informe Setting the Agenda: The Girls’ Platform for Action en el que publica los resultados de una consulta realizada durante el primer semestre de 2020 a 350 chicas con una edad entre 14 y 19 años en 12 países (Bolivia, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Kenia, Liberia, Nepal, Paraguay, Filipinas, Sierra Leona y Uganda), a lo que se suma la participación de otras 797 adolescentes a través de plataformas online. En él y sobre el tema que nos ocupa, se muestra que las adolescentes ya están implicándose y liderando procesos hacia una mayor igualdad de género en sus comunidades. También que, en muchas ocasiones, sufren burlas, reciben desánimo e, incluso, abusos físicos por su participación. Además, también aquí, la situación generada por la COVID-19 afecta negativamente a sus capacidades de organización debido a las restricciones de movimiento y dificultades de acceso a internet, lo que resulta en una limitación de posibilidades para acceder a centros de toma de decisiones (página 5 del citado informe).

La imagen de un grupo amplio de mujeres jóvenes y adolescentes con nociones tan claras acerca de su propia implicación en el avance de la igualdad de género en sus comunidades contrasta con la invisibilidad social y la apatía política con la que habitualmente caracterizamos (estereotipadamente) a estos colectivos. Invisibles y apáticas como jóvenes. Invisibles y con poco interés por la participación como mujeres. Solo visibles cuando el foco dirige su luz directamente hacia ellas. Y ni siquiera en esas ocasiones conseguimos que el foco no arroje sombras.

Por todo ello, considero que la ocasión es excelente para mejorar nuestras (cortas) agendas de investigación sobre la participación de las mujeres jóvenes. Sobre ello, tenemos que constatar tres hechos:

1) es un tema poco estudiado y del que sabemos poco;

2) cuando se aborda, suele ser en relación con el activismo feminista;

3) esto suele concluir señalando una cierta transición de un feminismo tradicional a algo, en lo que se refiere a las mujeres jóvenes, “más difuso y menos organizado” (Harris 2008: 1).

Como punto de partida, constatamos el problema bastante común de los estudios teóricos de la participación política, de los movimientos sociales o del activismo que, amparándose en la utilización de conceptos como ciudadanía, organizaciones, participantes, activistas o representantes, no abordan la existencia de situaciones distintas para hombres y para mujeres. Por ello, y porque sabemos que lo que no nombra la diferencia favorece la invisibilidad de las mujeres, básicamente, estos estudios se refieren a la participación de los hombres, casi siempre, adultos. Por otro lado, cuando se hacen estudios sobre participación de la “juventud”, rara vez se atiende de modo separado a las circunstancias y características de las mujeres jóvenes (Aapola et al 2005: 188).

En los estudios de caso, cuando se realizan análisis cuantitativos, al igual que en el estudio de otros fenómenos, empieza a ser imperativo incluir la variable “sexo” y se analiza la participación política, el activismo o la implicación en acciones colectivas atendiendo a su realización por parte de hombres o de mujeres. La conclusión en estos casos, invariablemente, y casi independientemente de dónde se hagan, es que las mujeres participan menos.

El problema que suele ocurrir es que, habitualmente, aplicamos al análisis de la participación de las mujeres los esquemas teóricos, las hipótesis y los modos de participación que se derivan del análisis de la participación de los hombres. De hecho, cabe esperar que la división sexual del trabajo y el funcionamiento de los estereotipos de género funcionen también en la esfera de la participación social, política y/o ciudadana y que, ser “mujer joven” u “hombre joven” establezca diferencias respecto de dónde podemos encontrar los mayores focos de participación e implicación (con mayor implicación de las mujeres en actividades comunitarias, en organizaciones de base y organizaciones de voluntariado). Un problema distinto es que el sesgo sexista se encuentre en nuestra propia interpretación de qué es político o de qué contribuye más a la política.

En los estudios que se han hecho enfocando específicamente en la participación de las mujeres jóvenes aparecen algunos elementos muy relevantes para seguir avanzando en esa agenda de investigación. El primero es la notable importancia que adquiere el uso de las tecnologías en la construcción de nuevas formas de compromiso político ligadas a la construcción de espacios propios (Brooks, 2008). En términos generales, para las generaciones más jóvenes, quienes tienen menos acceso a recursos y también a medios, internet (las aplicaciones, foros, plataformas, etc. que cobija) ha resultado ser una herramienta muy útil en la organización de modos de resistencia y protesta global (Aapola et al., 2005: 187).

La creación de comunidades online, el uso de redes sociales, la publicación de blogs personales y colectivos se constituyen en modos de comunicarse con otras y de discutir temas que pueden resultar sensibles, personales, íntimos pero que resultan clave para poner en cuestión las representaciones dominantes sobre las mujeres jóvenes. Estos espacios virtuales se constituyen, en palabras de Anita Harris, una de las autoras que más ha trabajado sobre la participación de las mujeres jóvenes, en “espacios fronterizos” que permiten simultáneamente la presencia y la ausencia; que combinan el deseo de organizarse junto a otras con la necesidad de evitar la vigilancia y la apropiación de su cultura y de su planteamiento político; que, en definitiva, les otorga la capacidad de decidir qué parte de su identidad quieren desvelar (Harris, 2003).

Estas ventajas que destacan en la organización de estos espacios de activismo online de las mujeres jóvenes y que podríamos resumir en torno a la idea de creación de espacios seguros para las chicas, presenta dos problemas añadidos. El primero, y más grave en sus consecuencias, es que ya no se constituye como un espacio seguro. El informe (In)seguras Online presentado con ocasión del Día Internacional de las Niñas, también por Plan International, revela que:

“Las niñas son objeto de acoso online por el simple hecho de ser jóvenes y mujeres, y los ataques son más graves si ellas expresan sus opiniones políticas, tienen discapacidad, son racializadas o se identifican con el colectivo LGTBIQ+. El acoso incluye desde el menosprecio por las opiniones expresadas hasta las amenazas violentas, así como el envío de imágenes pornográficas no deseadas. Al igual que el acoso callejero, es violento, suele provocar daños psicológicos y también desembocar en daños físicos reales…

… Sus voces, los problemas que les afectan, corren peligro de ser silenciados por el acoso; su activismo puede ser obstaculizado, y su confianza, dañada por la intimidación y humillación. Nada de esto se reconoce ni tampoco se responsabiliza a las empresas de redes sociales ni a quienes comenten los abusos”. (página 9).

En segundo lugar, el activismo online genera una cierta invisibilidad pública como generación y, también, una cierta invisibilidad dentro de los feminismos en relación a la generación de un espacio distinto de debate, encuentro y movilización del que utilizan las feministas de generaciones más mayores, lo que puede afectar a la comunicación inter-generacional (Schuster, 2013).

Para ampliar la agenda de investigación, podemos establecer que el problema está en que definimos teóricamente lo que es político y lo que es participación y, después, se lo aplicamos a las mujeres (jóvenes) para ver dónde se encuentran. Así, dejamos de observar todo lo que se está fuera de la lupa teórica con la que miramos. La propuesta, en términos de investigación, es que miremos, analicemos qué están haciendo, qué mueve a las “mujeres jóvenes”, entendidas como un sujeto plural (sobre qué temas, en qué ámbitos, con qué herramientas y medios, qué significados atribuyen, con quién se unen, etc.) y después, avancemos en la reflexión sobre lo que puede resultar político de esas prácticas.

Referencias:

Aapola, Sinikka; Gonick, Marnina & Harris, Anita (2005): Young Femininity. Girlhood, Power and Social Change. New York: Palgrave MacMillan.

Brooks, Rachel (2008): “Young People and Political Participation: An Analysis of European Union Policies”. Sociological Research Online, Volume 14, Issue 1. https://socresonline.org.uk/14/1/7.html

Harris, Anita (2003): Future Girl: Young Women in the Twenty-First Century, Taylor & Francis Group.

Harris, Anita (2008): “Introduction: Youth Cultures and Feminist Politics”, en Harris, A. (ed.): Next Wave Cultures. Feminism, Subcultures, Activism. New York: Routledge.

Schuster, Julia (2013): “Invisible feminists? Social media and young women’s political participation”. Political Science 65(1) 8–24.

Feminismo español hoy: el género de nuevo en disputa

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25/09/2020 – Almudena de Linos (UNED)

El feminismo español está viviendo un tiempo de gran tensión. Es posible que no sea algo nuevo, pero quizás, por el hecho de que han surgido fisuras en el seno de los partidos en el gobierno, la polémica está siendo más visible que nunca. Existen al menos dos posturas encontradas que se enfrentan en todos y cada uno de los temas de debate, que van desde la sexualidad, la pornografía o la prostitución hasta el sujeto mismo del feminismo. Los medios de comunicación con frecuencia etiquetan a un grupo como pro-sexo, pro-regulación y más cercano a posturas queer o trans y al otro como feminismo institucional, abolicionista o cercano al PSOE.

Los postulados de ambas propuestas han sido recogidos en sendas «escuelas feministas» durante el pasado mes de julio (2020). Por una parte, la Escuela Feminista Rosario de Acuña, en su edición XVII, organizada por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón recoge principalmente las posturas de la corriente abolicionista y, por otra, la Escuela de Pensamiento Feminista para Todas organizada por AMA Asturies, en la que ha sido su primera edición, engloba la corriente pro-sexo. Voy a repasar sucintamente algunos de los principales temas tratados para mostrar el punto en el que nos encontramos en la actualidad.

Comenzando con la sexualidad, el colectivo pro-sexo atribuye a las abolicionistas una idea de la sexualidad como una relación siempre de poder muy centrada en lo corporal. Las relaciones sexuales, desde su punto de vista, no tienen por qué ser necesariamente relaciones de poder; no hay siempre un sujeto y un objeto, sino que las relaciones se dan entre dos sujetos deseantes. Este punto es importante ya que esta corriente recibe este nombre, pro-sexo, por el especial hincapié que hace en la importancia del deseo o las fantasías en las relaciones sexuales defendiendo una concepción del sexo mas allá de la corporal-genital (Briz y Garaizabal, 2017).

Visto desde las posturas pro-sexo, parecería que el feminismo abolicionista no tuviera en cuenta el deseo o las fantasías en su discurso sobre la sexualidad, sin embargo, las posturas no son tan encontradas salvo en lo que tiene que ver con la pornografía. En este tema, el abolicionismo denuncia el acceso masivo de la sociedad a un tipo de pornografía muy violenta y vejatoria para las mujeres y alerta sobre la creciente «pornificación» (Ana de Miguel, 2015) de la sociedad, entendida como la tendencia a que cierta imagen sexual imitadora, aunque ablandada, del imaginario porno está siendo trasladada a la cultura popular, legitimando de paso a toda la pornografía. El abolicionismo se defiende de las críticas recibidas de puritanismo por el grupo pro-sexo argumentando que no se trata de prohibir o de no hablar de placer, tampoco se obvia que la pornografía sea solo una situación irreal y de fantasía, como defiende el colectivo pro-sexo, sino que, para las abolicionistas, denunciar un tipo de pornografía absolutamente denigrante para las mujeres es exponer una mirada crítica sobre lo que se está consumiendo y un deber del feminismo. Un tema sobre el que la sociedad debería reflexionar a tenor de los últimos datos conocidos sobre el consumo de pornografía por parte de los más jóvenes.

Las posturas divergen en mayor medida alrededor del tema de la prostitución. El léxico empleado por unas y otras ya nos da una pista de las posiciones de cada cual. Mientras las abolicionistas emplean el término «mujeres prostituidas» para poner el énfasis en la explotación del cuerpo de las mujeres, las no abolicionistas utilizan la expresión «trabajadoras del sexo» buscando otorgar la agencia a las mujeres y tratando de mitigar el estigma social que pesa sobre ellas. Para las abolicionistas, la expresión «trabajadoras del sexo» es un eufemismo que lejos de dignificar a las prostitutas, al final defiende a los proxenetas y traficantes.  Por el contrario, para las por-sexo, el termino «mujeres prostituidas» significa tratarlas como mujeres vulnerables, incapaces de tomar sus propias decisiones y negarles la individualidad.

El grupo pro-sexo, si bien reconoce que la prostitución es una institución patriarcal, sostiene que no toda prostitución es una explotación de las mujeres. Defiende separar la trata de la prostitución por voluntad propia y propone centrarse en ayudar a las prostitutas a empoderarse, liberarlas de la explotación y dignificar su profesión. Asimismo, sostienen que al negárseles a las prostitutas la individualidad, se están obviando sus derechos como trabajadoras y la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, critican que el abolicionismo está luchando desde una postura elitista sin darles voz a las propias prostitutas.

Para las abolicionistas la prostitución es el resultado del concepto patriarcal en virtud del cual los hombres tienen derecho al placer conforme al que se reservan el acceso a un grupo de mujeres que deben estar a su disposición: «una para mi y unas cuantas para todos». Es la explotación del cuerpo de las mujeres. No hay diferencia entre una prostitución sujeta a la trata y otra ejercida libremente. Sostienen que si se lucha solamente por la erradicación de la trata y no por todo tipo de prostitución no se está deslegitimando el privilegio del acceso al cuerpo de la mujer por un precio. En contra de los que aducen que es un tema complejo sobre el que se necesitan más datos, afirman que se conoce a fondo cómo son las dinámicas de captación, la preexistencia de engaño, las amenazas por las situaciones irregulares, si vienen o no de la pobreza, incluso la edad a la que son iniciadas en la prostitución, el 62% de ellas siendo menores de edad (APRAMP, 2017). Para las abolicionistas no hay medias tintas posibles; la lucha por la igualdad de hombres y mujeres implica necesariamente el desmantelamiento de la prostitución y no se puede llamar feminista a quien no comparta este objetivo. Para ellas, es absolutamente necesario cuestionarse el problema de fondo y proponer medidas de transformación social.

Al final, dejando a un lado otras muchas cuestiones en las que el feminismo español también se encuentra enfrentado, llegamos al punto más complejo del debate, el del sujeto del feminismo. El feminismo siempre ha vivido inmerso en diversas reflexiones sobre el origen y la naturaleza de la posición subordinada de las mujeres en la sociedad. Lo que complejiza actualmente esta controversia es el cuestionamiento de la dicotomía hombre/mujer como la única normalidad posible desarrollado por la teoría queer (Butler, 1990) y defendido por el grupo pro-sexo. Visto desde el punto de vista de la corriente abolicionista, este cuestionamiento significa de facto el borrado o desdibujamiento del sujeto mujer y, por tanto, es completamente contrario al feminismo al negar a la mujer la hegemonía en la lucha feminista.

En el fondo de este debate vemos que el feminismo vuelve de nuevo al planteamiento primigenio sobre el origen de la discriminación de las mujeres. Se vuelve a contraponer sexo y género; se vuelven a escuchar reflexiones en torno a si las diferencias morfológicas conllevan diferencias de comportamiento, de sentimientos o de deseos, entre hombres y mujeres, y se vuelve a reflexionar sobre si sexo y género son construcciones sociales y en qué medida (Gil, 2011).

¿Qué se puede decir sobre esta cuestión? ¿Qué significa ser mujer?

Asumiré el paradigma teórico de la construcción de la identidad como un proceso de interacción social, es decir, como un proceso vivo, en permanente revisión en el que la identidad colectiva sería el conjunto de significados compartidos por un colectivo, una visión común de una situación que impulsa un sentimiento de unión (Funes, 2003); la identidad individual sería una conciencia del yo en relación con una realidad percibida que se construye en la interacción social en un proceso más o menos consciente a lo largo de la vida; la identidad de género sería el conjunto de características, es decir, comportamientos, actitudes, valores, sentimientos, etc. que la sociedad entiende por «hombre» o «mujer» y que la persona siente que la representan, y la identidad sexual, finalmente, sería el conjunto de características relacionadas con la sexualidad que la sociedad asigna a dichos conceptos hombre o mujer y que la persona siente, de nuevo, que la representan.

Bajo estos supuestos, «mujer» sería la persona que se identifica con lo que la sociedad etiqueta como mujer y que siente que le representa. En este sentido, el concepto mujer es un constructo social que es asociado a una persona al nacer y con el que se va identificando a lo largo de su vida construyendo su yo individual.

A lo largo de la historia el movimiento feminista ha ido señalando a la sociedad las injusticias derivadas del concepto mujer que la sociedad tenía en cada momento, pero no se había cuestionado la existencia misma del constructo mujer. Ahora el concepto ha sido puesto en cuestión por el movimiento queer y recogido por las posturas pro-sexo para las que, en extremo, podría ni siquiera existir, al menos no en la forma dicotómica tal y como lo hemos entendido hasta ahora (Gil,2011).

El colectivo abolicionista considera que dinamitar el concepto de género es ir en contra del feminismo. Desde su punto de vista, la dialéctica sexo-género ha sido muy útil para el feminismo ya que le ha permitido hacer ver a la sociedad que las construcciones sociales derivadas de una determinada morfología biológica situaban a las mujeres en una posición subordinada injusta. Asimismo, el abolicionismo sostiene que, aunque los mandatos de género evolucionan, hoy en día siguen siendo desiguales y perjudiciales para las mujeres por lo que las reivindicaciones basadas en el género siguen siendo necesarias.

Desde mi punto de vista, aunque se siga reflexionando sobre el contenido del concepto mujer, la razón fundamental para defender la vigencia del género en la lucha feminista no es únicamente el hecho de que siga siendo útil al feminismo, sino que el género es el nosotras que da sentido y fuerza al movimiento social. Apostar por la individualidad de cada persona, como propone el movimiento queer, sería deshacer la identidad colectiva del movimiento. Ya no habría una colectividad agraviada sino individuos diversos y dispersos en la sociedad, posiblemente más indefensos todavía.

Referencias

APRAMP (2017): Menores y víctimas de Trata y Explotación. Descargar documento en https://apramp.org/download/menores-victimas-de-trata-y-explotacion-una-realidad-oculta-cada-dia-mas-visible/

Briz, M y C. Garaizabal (Coords) (2007): La prostitución a debate: por los derechos de las prostitutas. Madrid, Talasa Ediciones.

Butler, J. (1990): El género en disputa. El feminismo y la subversión de a identidad, Barcelona, Paidós.

Funes, M.ª J. y R. Adell, (2003), Movimientos sociales: cambio social y participación, Madrid, Uned.

Gil, S. (2011): Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dispersión. Una historia de trayectorias y rupturas en el Estado español, Madrid, Traficantes de Sueños.

Miguel (de), A. (2015): Neoliberalismo sexual: el mito de la libre elección. Valencia, Ediciones Cátedra.

Empresarios, concertaciones sociales y neoliberalismo: Una reflexión a propósito de la expansión del Covid-19 en Chile y España

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23/06/2020 – Alejandro Osorio Rauld (UCM)

Sin duda alguna, la propagación de la pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la fortaleza, logística y liderazgo de los Estados y gobiernos de todo el mundo, en distintos grados, pero sin excepción. Ciertamente, el efecto negativo de la emergencia sanitaria ha sido de tal magnitud en todas partes, que las élites dirigentes han tenido que optar en forma excluyente entre dos bienes fundamentales para el funcionamiento de la sociedad: la salud de la población o la economía. Así, las políticas implementadas por los gobiernos han fluctuado desde confinamientos restrictivos (España, Italia, Francia, etc.) hasta (bio)políticas de “dejar morir” a la población, como bien ha ocurrido en países como USA, Brasil o Gran Bretaña, cuyas dirigencias pueden ser encuadrables en lo que ha sido denominado como “populismo conservador”.

Desde luego, el “clivaje” entre protección sanitaria y salvaguarda económica permite estudiar un interesante aspecto de los sistemas políticos, el de la relación entre las elites económicas y los poderes públicos. Y ello porque la “autonomía relativa” de la que gozan los gobiernos para tomar decisiones (Lindblom, 1999) se ha visto permeada y, en algunos casos, constreñida por la influencia heterogénea de demandas provenientes de distintos actores que estructuran la sociedad: desde oposiciones políticas obstructivas, pasando por la intervención de expertos y organizaciones internacionales, hasta la presión de actores sociales como es el caso de sindicatos y también de quienes dirigen la actividad económica y son propietarios de los medios de producción.

En efecto, aunque la presión ejercida por algunas organizaciones en este contexto de emergencia sanitaria sea tal vez más visible que en otras coyunturas, en verdad, se trata al decir de Evans, Rueschmeyer y Scokpol (1985) de un fenómeno “regular” y “connatural” a las democracias desarrolladas (embedded), como es el caso de varios regímenes europeos en curso. En éstos, los sistemas políticos han establecido relaciones más estrechas con los grupos de presión y de interés, y prueba de ello ha sido la histórica articulación entre sindicatos y partidos de centroizquierda o de empresarios con partidos de derechas; situación opuesta a lo que ha venido ocurriendo con la democracia estadounidense, más reguladora y vigilante respecto a la imbricación entre grupos sociales e instituciones políticas (Schmitter, 1991).

Sin embargo, pese a los distintos modelos de democracia expuestos, el fenómeno de “autonomía” política frente a los grupos de presión no siempre se cumple, y en ocasiones, los gobiernos encuentran serias dificultades para salvaguardar el “interés general”, algo que ha sido nítido de observar en situaciones excepcionales, como ha sido la suspensión de la actividad económica en pos de permitir la adecuada implementación de cuarentenas totales en la población.

Un lugar donde se puede apreciar bien esta tensión es Chile, ya que allí, las organizaciones empresariales, en calidad de “grupo de presión”, han ejercido una coordinada acción a través de los medios de comunicación para que no se suspendiera la actividad económica, influyendo en el gobierno de Sebastián Piñera para impedir el confinamiento total de la población (Osorio y Reig, 2020). Incluso, sus dirigentes elucubraron destempladas declaraciones, como que de “[…] paralizar el país pasaríamos a ser el país más pobre de Latinoamérica”[1] hasta la polémica frase del presidente de la CCS: “No podemos matar la actividad económica por salvar vidas, después lamentaremos que la gente muera de hambre”[2]. Así, los empresarios chilenos han dejado en claro la ausencia de un imaginario de “interés general”, que de haber existido, podría haber reculado de su insistencia en mantener la actividad económica funcionando, calculando las consecuencias de dicha acción en el advenimiento de un escenario dantesco, tal como está ocurriendo hoy día en Chile, que concentra más contagios que España e Italia y es uno de los países con mayor cantidad de fallecidos por número de habitantes[3].

Si bien es cierto, la presión empresarial ha ocurrido en la mayoría de los países que han implementado confinamientos, el caso chileno es particularmente llamativo y sorprendente, porque su élite reúne condiciones extraordinarias como grupo de poder, al contar con una trayectoria de intensa intervención pública a través de recursos y mecanismos institucionales e extrainstitucionales para influir en los asuntos políticos, situación que ha venido ocurriendo desde la transición a la democracia hasta la fecha.

Se trata de un grupo que desde el cambio de régimen ha tenido una enorme influencia en la política chilena, ya que desde fines de la dictadura ha ostentado un exacerbado poder y riqueza en el país. De hecho, los grandes empresarios, que pertenecen al 1% más rico, concentran el 35% de la riqueza (Piketty, 2015). Y como bien sabemos, la riqueza no es sólo una posición privilegiada, sino que además confiere poder social y político a quien la posee. Una prueba de ello, fue la excesiva influencia que ejerció el empresariado sobre la clase gobernante durante más de dos décadas a través del financiamiento ilegal de campañas políticas. Desde luego, no es casual que el porcentaje de riqueza y de poder en Chile sea muy similar, y que el 1% que acumula más de un tercio de la riqueza total, también acumule el 31,7% del poder en el país (Cárdenas, Vidal y Olivares, 2015). Lo curioso es que, como indica Mayol (2016), se trata de un “fenómeno histórico, contingente (…) ya que muchas clases o castas comerciantes han tenido mucho dinero y, sin embargo, no han concentrado poder político equivalente a su dinero” (p.49-50).

Es interesante consignar que estas actitudes del empresariado chileno, distan bastante de lo que ha ocurrido en España, puesto que si tomamos como referencia de comparación el comportamiento de la CEOE frente al actual gobierno de coalición en el contexto de la pandemia, se pueden identificar diferencias que, sostengo, podrían haber sido decisivas para influir de otro modo en la actuación del gobierno chileno, por supuesto, con resultados menos transgresores respecto a los efectos negativos de la pandemia.

En España, las organizaciones empresariales también han tenido protagonismo, con reiteradas intervenciones públicas de sus líderes y declaraciones oficiales. No obstante, a pesar de este denominador común, la observación de los pronunciamientos y reacciones oficiales de la patronal arroja diferencias en el modo de influir en las decisiones políticas. Buena parte de esas diferencias pueden explicarse en términos de “cultura política” respecto al caso chileno, y parecen tener que ver con la distinta trayectoria del empresariado durante el tránsito a la democracia y, por supuesto, con la configuración del espacio público resultante de dichas transiciones: más netamente neoliberal en el caso chileno, más formalmente comprometido con un tipo “europeo” de “Estado social de derecho” en el caso español.

Así es como en España se ha logrado consolidar una “cultura” de pactos sociales y políticos que vienen desarrollándose desde la transición hasta la actualidad (Cabrera, 2003). Prueba de ello, fueron “Los Pactos de la Moncloa” (1977), como también la Asamblea que redactó su Constitución (1978). En tal sentido, parafraseando a Gaetano Mosca, la “fórmula política” de las concertaciones sociales, de alguna manera, con todas sus limitaciones y críticas, parece haber sido exitosa en el disciplinamiento de las fuerzas sociales para llegar a acuerdos orientados por el “interés general”. Esta situación, por cierto, tiene su expresión en la actuación de la CEOE en el contexto de las negociaciones con el gobierno de coalición y los sindicatos, ya que, en general, promovió una actitud colaborativa que se mantuvo con independencia del discurso político de la oposición conservadora y de la batalla parlamentaria que ésta emprendió en plena crisis sanitaria y económica. Protestó sin demasiada virulencia por la prohibición temporal de los despidos con causa en el Coronavirus y aceptó la muy favorable regulación de los ERTE o suspensiones temporales de empleo. Aun así, pese a las tensiones existentes, en todos esos momentos actuó en sintonía con la representación sindical y con el propio Gobierno.

En la acera de enfrente, la concertación social que tuvo lugar en España no hizo “carne en Chile” (salvo en su aspecto nominal), y lo que ha prevalecido ha sido el interés privado de unos pocos frente al bien común, lo que es muy propio de países con modelos de desarrollo de orientación neoliberal, que, en el caso del país sudamericano, tiene un carácter radical. No en vano, el destacado sociólogo Phillipe Schmitter (1991), veía en el neoliberalismo el principal enemigo de las concertaciones y los Estados del Bienestar, y el caso chileno sería un ejemplo acabado de esta situación, ya que el empresariado, desde el plebiscito de 1988 hasta el día de hoy, nunca ha actuado como un actor subordinado a la política en tanto que actividad que vela por el “interés general” de los ciudadanos.

Las consecuencias están a la vista, y al igual que en Estados Unidos, Brasil, Rusia o Inglaterra, el problema hoy tiene más bien un carácter “biopolítico”, porque son cientos de personas que están falleciendo diariamente; ciudadanos que confiaron en las decisiones de sus gobernantes para hacer valer algo tan elemental como es el cumplimiento del contractualismo hobbesiano: el sometimiento al pacto a cambio de protección de la población por parte del Estado, lo que no ha ocurrido ni nada presagia que pueda ocurrir en el futuro inmediato.

Referencias

C., Lindblom. 1999. Democracia y sistema de mercado. México D.F.: FCE/Instituto Nacional de Administración Pública/Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Cabrera, Mercedes. 2003. «Empresarios y políticos en la democracia. De la crisis económica a las incertidumbres de la transición.» Economía industrial nº5 51-62.

Cardenas, J., G. Vidal, y G. Olivares. 2015. «Complexity, Selectivity and Asymmetry in the Conformation of the Power Phenomenon. Analysis of the Chilean Society.» Networks & Heterogeneous Media,10,(1) 167-194.

Evans, P., D. Rueschemeyer, y T Skocpol. 1985. «On the Road Toward a More Adequate Understanding of the State.» En Bringing the State Back In, de P. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol. New York, Cambridge: Cambridge University Press.

Mayol, A. 2016. Autopsia: ¿de qué se murió la élite chilena? Santiago: Catalonia.

Osorio, A., y J. Reig. 2020. «It’s Always Been Business First: Breve análisis del discurso de las organizaciones empresariales españolas y chilenas ante las políticas para frenar el impacto del Covid-19.» Revista Ecuador Debate 110.

Piketty, T. 2015. El capital en el siglo XXI. Barcelona: RBA.

Schmitter, Philippe. 1991. «La concentración social en perspectiva comparada.» En Concertación social, neocorporatismo y democracia, de Alvaro Espina, 67-80. Madrid: MTSS.

Notas

[1] Entrevista a Juan Sutil, Radio ADN, 27 de marzo. https://www.adnradio.cl/economia/2020/03/27/presidente-de-la-cpc-y-cuarentena-total-si-paralizamos-chile-pasamos-a-ser-quizas-el-pais-mas-pobre-de-latinoamerica.html. Acceso: 27 de marzo 2020.

[2] Entrevista a Carlos Soublette, EMOL, 16 de abril:

https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/16/983284/CCS-apetura-paulatina-malls.html Acceso: 2 de mayo 2020.

[3] Información disponible en Radio Bíobío. http://www.biobiochile.cl Acceso: 22 de junio de 2020.

Excepcionalidad, precariedad y dificultades en el conflicto: el caso del trabajo en las plataformas de reparto de comida y mensajería durante la crisis del coronavirus

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27/05/2020 – Francisco Fernández-Trujillo (UNED)

Desde el comienzo del estado de alarma en España las repartidoras y los repartidores de comida y mensajería han tenido una presencia asegurada por las calles casi vacías reservadas a los servicios considerados esenciales. Así, durante este tiempo, las problemáticas de quienes trabajan para las grandes plataformas de reparto de comida y mensajería han suscitado una gran atención mediática, han sido abordadas desde el ámbito académico, y, probablemente, ha generado una reflexión y atención por parte de los usuarios de los servicios de las plataformas digitales. Hace aproximadamente un año trataba en este blog cuáles habían sido las prácticas, respuestas y estrategias de quienes se habían movilizado en el ámbito de las plataformas de reparto de comida para poner en marcha resistencias a los procesos de precarización en este ámbito. Durante las semanas de cuarentena por el coronavirus se ha dado una mayor disconformidad y descontento entre muchas de las personas que trabajan en estas plataformas como consecuencia de que se hayan profundizado algunas de las agravadas condiciones de precariedad en estas plataformas. Por eso, en esta entrada se abordan algunas de las cuestiones que han afectado a esta forma de trabajo en un contexto de excepcionalidad que ha afectado de lleno a un ámbito ya de por sí precarizado como es el de las plataformas de reparto y mensajería y algunas de las respuestas que se han venido dando en este contexto de excepcionalidad.

Agudización de la precariedad en el trabajo de plataformas

Las problemáticas del trabajo en las grandes plataformas de reparto de comida y mensajería se han visto aceleradas y potenciadas durante la crisis del Covid-19 en España. Sin embargo, estas han de ser observadas dentro de una tendencia (Standing, 2011) y no de manera aislada, ya que estarían fuertemente relacionadas con algunas de las preocupaciones y retos que ya se venían dando en los últimos años a propósito de dichas cuestiones en torno a las transformaciones del trabajo.

Si bien durante este periodo han seguido vigentes algunos de los asuntos más relevante en torno al trabajo en las plataformas digitales, en general, y las de reparto de comida y mensajería, en particular, como son el empleo encubierto (o como es popularmente conocido, de falsos autónomos), la siniestralidad laboral por accidentes de circulación y otras características propias de esta forma de trabajo atípico, algunas de las que están suponiendo un mayor agravamiento son el de la salud y seguridad en el trabajo, las bajas remuneraciones por los servicios que son prestados y la pérdida de derechos que implican esta forma de relación laboral en términos sindicales y de organización de las trabajadoras y los trabajadores. Y es que todas estas dinámicas estarían enmarcadas de manera generalizada en que estas formas de trabajo y la aparición de estas formas atípicas de relación laboral suponen una erosión para los sistemas de bienestar y seguridad vinculados al trabajo (Alonso, 1999; Laval Y Dardot, 2013).

Si bien, la tendencia hacia la erosión de las distintas formas de seguridad en el trabajo es una característica fundamental de la precariedad de estas formas laborales en las plataformas digitales (Fernández-Trujillo, 2020) en este contexto se han visto profundizadas en tanto que durante la crisis del coronavirus estas trabajadoras y trabajadores han sido de los más expuestos. Esto se da en distintos términos, como la calidad y condiciones de trabajo o la peligrosidad ante la exposición a la pandemia al encontrarse en un constante contacto con muy diferentes personas, entre otras cuestiones de desarrollo del trabajo diario que se han visto afectadas como ha sido señalado por grupos como Riders x Derechos, Free Riders o distintos sindicatos. Sin embargo, estos dos puntos mencionados puede que hayan sido de los más importantes y mayores consecuencias impliquen. Por una parte, las plataformas han llevado a cabo un cambio de las condiciones a la baja durante el periodo de cuarentena. Esto es especialmente grave en un contexto en el que están dificultadas o directamente imposibilitadas las alternativas laborales por el estado de alarma y la posibilidad única del desarrollo de la actividad por aquellos trabajos que han sido considerados servicios esenciales (entre los que se encontraba la actividad del reparto y la mensajería). En otras palabras, difícilmente se pueden encontrar puestos de trabajos alternativos en un mercado laboral afectado por esta crisis que también se manifiesta en lo económico. Como han señalado quienes trabajan en estas plataformas, éstas no han facilitado o lo han hecho de manera suficiente material de seguridad y EPIs para el desarrollo del trabajo. Sería extremadamente difícil hacer una contabilización, aunque sea aproximada de las personas afectadas por la Covid-19 que trabajan en las plataformas digitales, debido a su relación atípica con la empresa y los numerosos casos de trabajadoras y trabajadores en una situación no regulada o reconocida legalmente. Pero podríamos hacernos una idea de cómo ha afectado a este ámbito con menor protección que otros del sector de la mensajería y paquetería con mayor estabilidad y seguridad, como Correos, en el que sindicatos han denunciado numerosos casos de personas afectadas por el virus. Asimismo, y como ha sido señalado, las plataformas habrían reducido el pago por los servicios de reparto durante el periodo de cuarentena. Como señala José Miguel Sánchez Ocaña, Investigador del equipo de la Cátedra de Economía Colaborativa en el informe Crónica Del Trabajo De Los Riders Durante El Estado De Alarma: Los 50 Primeros Días, algunas plataformas como Glovo habrían reducido el pago de cada servicio hasta la mitad en algunos casos.

Respuestas ante una mayor precariedad

Como se señalaba, estas condiciones han implicado cierta respuesta en el sector, dándose una agitación en colectivos ya activos y con un largo recorrido desde el inicio de la actividad de las plataformas en España como Riders x Derechos o Free Riders, pero también la generación de respuestas más o menos espontaneas como la manifestación que tuvo lugar en Madrid el 16 de abril. Este sería un hecho de gran importancia atendiendo a las problemáticas de la movilización, ya que debemos tener en cuenta el marco y dificultades que implica en el que se produce ésta. Estas expresiones de disconformidad, desafección y conflicto con las plataformas por parte de trabajadores y trabajadores se han manifestado fundamentalmente a través de la mencionada manifestación y una convocatoria para el 1 de mayo en Valencia no autorizada por la delegación del gobierno.

Asimismo, durante este periodo se ha dado el encuentro con otros colectivos o sectores precarizados. Algunos de los ejemplos más claros serían el del colectivo Trabajadoras en Acción –colectivo creado para la lucha contra la precariedad- o el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Hostelería de Madrid. Un ejemplo de cómo estas alianzas se hacen patentes en la práctica a través de herramientas como la caja de resistencia puesta en marcha para las contingencias derivadas de la organización.

Otra de las respuestas que se han dado desde estos colectivos de trabajadoras y trabajadores de las plataformas de reparto ha sido la provisión de EPIs y para la seguridad en el trabajo para todas las repartidoras y repartidores que quisieran acceder ante la escasa provisión de las empresas. Estos repartos se han dado en distintas ciudades, siendo el ejemplo más claro Valencia en los que se han venido dando de manera periódica por parte del colectivo Riders x Derechos.

Asimismo, ha sido de gran importancia la tarea de difusión del conflicto, apareciendo en muy distintos medios de comunicación y a través de las redes sociales. Pero esta tarea también se ha llevado a cabo a través del encuentro y acercamiento con diferentes sindicatos y partidos que han venido atendiendo a la problemática específica de este conflicto.

La dimensión global de este tipo de plataformas tiene su reflejo en las respuestas (Dufresne, 2019). Así, se han venido dando diversas respuestas en múltiples países, especialmente en Europa y en América Latina.

En este último, se han dado algunos procesos de movilización especialmente relevantes, donde hay que señalar una especial importancia de la coordinación internacional entre trabajadores organizados del continente, una serie de movilizaciones especialmente reseñables y una gran respuesta represiva ante la movilización llevada a cabo. Durante estas movilizaciones se han producido diferentes manifestaciones en varios países y alguna huelgas y paros. En una de éstas, algunas repartidoras y repartidoras de diferentes ciudades de España participaron.

Sin duda, encontramos una contraposición clara entre el planteamiento y el abordaje de esta problemática por parte de las grandes plataformas y de las cooperativas de reparto y mensajería (Scholz, 2016). Diferentes cooperativas generadas como respuestas y a partir de la salida de diferentes trabajadores de las grandes plataformas –como La Pájara y Black Kvrier en Madrid y Mensakas en Barcelona-, han desarrollada su actividad bajo la reflexión y debate y bajo las mayores condiciones de seguridad posibles. Así, es posible observar la diferencia de trabajadores de un mismo sector bajo lógicas de respuesta a la crisis totalmente diferenciada.

Así, si bien se han visto aceleradas muchas de las dimensiones de cómo se manifiesta la precariedad en estas plataformas, también se han agudizado y puesto en marcha respuestas adecuadas a las condiciones y el contexto excepcional en el que se da este conflicto. Sin duda, en los próximos meses veremos cómo se seguirán dando estos procesos ante una realidad compleja para este conflicto laboral.

Referencias

Alonoso, L. E. (1999) Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial. Madrid: Trotta

Dufresne, A. (2019). Les acteurs de la lutte: collectifs et syndicats Vers de nouvelles identités collectives? Gresea Échos, 98, 14-21.

Fernández-Trujillo, F. (2020). Precariedad e inestabilidad: contradicciones en el trabajo en las plataformas de reparto de comida. Teknokultura. Revista De Cultura Digital Y Movimientos Sociales, 17(1), 35-40. https://doi.org/10.5209/tekn.65189

Laval, C. y Dardot, P. (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Barcelona: Gedisa Editorial.

Scholz, T. (2016). Platform Cooperativism. Challenging the Corporate Sharing Economy. New York: Rosa Luxemburg Stiftung.

Standing, G. (2011) El precariado. Una nueva clase social. Barcelona: Pasado y Presente.