Ampliando el debate sobre las consecuencias del cambio demográfico: ¿qué pueden aportar las nuevas narrativas sobre vejez y dependencia?

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18/12/2019 – Celia Fernández-Carro (UNED)

El cuidado a la dependencia se ha convertido en un asunto de interés público de primer orden en un tiempo récord. Teniendo en cuenta que su origen como objeto de estudio se sitúa en las investigaciones feministas que hace más de medio siglo analizaron las desigualdades de género provocadas por la división sexual del trabajo, ¿por qué es ahora cuando el cuidado ha logrado un lugar estelar en la agenda política, medios de comunicación y opinión pública? Sin duda, la respuesta está en su visibilización como actividad de mercado. La creación de sistemas públicos de atención a la dependencia, en un contexto demográfico que apunta a un aumento sin precedentes de población por encima de los 65 años, hizo que las administraciones se preocuparan por cuantificar el valor monetario de esta actividad, que hasta entonces permanecía oculto por tratarse de un trabajo reproductivo y feminizado.

En este escenario cabe preguntarse si el imaginario colectivo sobre el cuidado a la dependencia refleja fielmente la compleja constelación de personas que cuidan y son cuidadas. La respuesta es que no. O no totalmente. El alcance de la denominada “crisis de los cuidados” – desajuste entre el volumen de población que potencialmente va recibir y dar cuidados – ha hecho que el foco se centre, sobre todo, en la ayuda que prestan hijos e hijas, fundamentalmente estas últimas, a sus padres y madres mayores. Ese protagonismo del cuidado intergeneracional alimenta una imagen sesgada de los flujos de apoyo, en los que las personas mayores aparentan ser meros receptores. En último término, la dependencia se dibuja como una condición inherente a la última etapa de la vida, reforzando los estereotipos negativos que correlacionan vejez e improductividad, aislamiento y declive.

Llama la atención la persistencia de esta equiparación dados los cambios que están experimentando las dinámicas de apoyo. Por un lado; la población que tradicionalmente ha asumido la atención a las personas mayores está descendiendo. Por otro, las condiciones que permitían dicha atención también se están transformando. Si bien es indudable que la persona cuidadora de mayores arquetípica en España sigue siendo una mujer, con una edad comprendida entre los 50 y los 60 años, casada, con estudios primarios y sin empleo remunerado (Durán Heras 2016), fenómenos como el descenso de la fecundidad, la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, la importancia creciente de las aspiraciones y elecciones individuales o la mayor movilidad geográfica de las generaciones jóvenes, están dando paso a la aparición de nuevos perfiles de personas cuidadoras dentro del ámbito informal. Uno de estos perfiles son las personas mayores que cuidan de otros mayores.

Ya a principios de la década de los 90 se observó que una importante proporción de los familiares que atendían a personas mayores tenían también una edad avanzada (Wenger, 1990). Desde entonces, la edad media de los y las cuidadoras informales, así como el porcentaje de población mayor que asiste a alguna persona de edad similar, ha aumentado. Los pocos datos existentes en España muestran que entre un 20% y un 33% de personas mayores de 65 años estaban cuidando a una persona mayor con problemas de salud (Fernández Carro et al., 2019; Sundström et al., 2018). En países como Reino Unido, EE.UU. o Australia el panorama es muy similar (Age UK, 2016; Carers Trust, 2015).

Para lograr una visión realista del papel que tienen las personas mayores en las dinámicas de cuidado es imprescindible reflexionar sobre qué entendemos por dependencia y qué hay de cierto en su equiparación como sinónimo de vejez. En este sentido, una serie de propuestas teóricas que Fernández Ballesteros (2011) integró en la denominada Red Nomológica del Envejecimiento Positivo[1] abrieron el camino para reconocer el potencial de las personas mayores como agentes sociales y revertir el significado negativo de la vejez. Herederas de estos enfoques son las nuevas narrativas que proponen superar “la noción cerrada, estrecha, universal y sin visión temporal del análisis de las necesidades de cuidados que tenemos las personas. Además, se proponen dar un giro en las connotaciones negativas con que la noción aparece en la esfera pública y en la vida política” (Martín Palomo, 2011: p. 58). Se trata de que la dependencia deje de ser considerada un proceso que únicamente experimentan las personas mayores, dado que en todas las etapas de la vida los seres humanos interaccionamos con otras personas para tomar decisiones o realizar actividades. El que la autonomía sea un valor en alza en las sociedades contemporáneas y permanezca contrapuesta a la dependencia, convierten esta última en un estado poco deseable, vergonzante incluso, que estigmatiza a la persona y la excluye. Superar la dicotomía autonomía-dependencia permitiría conceptualizarlos como estados relativos, que pueden solaparse en el tiempo, a veces incluso hasta siendo reversibles. En segundo lugar, el axioma vejez-discapacidad-dependencia debe ponerse en duda cuando esas experiencias son presentadas como estadios de un mismo proceso. Reconociendo que el envejecimiento biológico implica un irremediable deterioro de la salud, la incidencia de factores psicológicos, sociales, culturales y ambientales en el continuum salud-enfermedad hace que la discapacidad no solo tenga que ver con la gravedad y cronicidad de las limitaciones, sino con la imposibilidad de adaptación al medio y la sociedad en que se produce. Así, la dependencia, más que un atributo personal, es una construcción social surgida de las dimensiones psicológica (autopercepción), social (percepción de los demás), médica (diagnóstico clínico), y administrativa (Durán Heras, 2006).

La eclosión del cuidado a la dependencia como uno de los ejes del debate sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar ha amplificado la repercusión de los discursos en torno al envejecimiento, la vejez y las personas mayores. El estigma de la dependencia y la inactividad surgido en un plano estructural ha señalado a los mayores como personas incapaces de hacer elecciones propias, constantemente necesitados de ayuda y que suponen, o supondrán, una carga tanto para las administraciones como para las familias. Sin embargo, la realidad se muestra mucho más compleja. Es ahí donde las reflexiones propuestas por estas nuevas narrativas pueden ayudar a ofrecer una visión más acertada sobre el cuidado y los mayores. Primero, porque reconoce la diversidad, reciprocidad y simultaneidad de roles que estos ejercen. Segundo, porque ese cambio de paradigma hace visible su participación en la vida social. No se trata de obviar el papel de las personas mayores como receptoras de cuidado, ni de negar los retos que esto plantea a nivel estructural, sino más bien de ampliar los debates sobre vejez y cuidados hasta conseguir una visión real de conjunto.

Referencias:

Age UK (2016) Invisible army of oldest carers saving state billions. [En línea] [08-11-2018]- Disponible en: http://www.ageuk.org.uk/latest-news/invisible-army-of-oldest-carers-saving-statebillions/

Carers UK and Age UK. (2015) Caring in later life. The growing pressure on older carers. London: Carers UK.

Durán Heras, M Á. (2006). Dependientes y cuidadores: el desafío de los próximos años”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 60, pp. 57-73

Durán Heras, M. A. (2016). El futuro del cuidado: El envejecimiento de la población y sus consecuencias. Pasajes: Revista de Pensamiento Contemporáneo 50, pp. 114-127.

Fernández Ballesteros, R. (2011). Positive Ageing. Objective, subjective, and combined outcomes. Sensoria: A Journal of Mind, Brain & Culture, 7(1), pp. 22-30.

Fernández Carro, C., Gómez-Redondo, R., y Cámara-Izquierdo, N. (2019). The availability of carers for older disabled people in Spain: demographic insights and policy implications. International Journal of Care and Caring, 3(3), 323-337.

Fine, M., y Glendinning, C. (2005). Dependence, independence or inter-dependence? Revisiting the concepts of ‘care’ and ‘dependency’. Ageing and Society, 25(4), pp. 601-621.

Martín Palomo, M. T. (2011). Autonomía, dependencia y vulnerabilidad en la construcción de la ciudadanía. Zerbitzuan: Revista de Servicios Sociales, 48, pp. 57-69

Sundström, G., Jegermalm, M., Abellán, A., Ayala, A., Pérez, J., Pujol, R., y Souto, J. (2018). Men and older persons also care, but how much? Assessing amounts of caregiving in Spain and Sweden. International Journal of Ageing and Later Life, 12(1), pp. 75-90.

Wenger, G. (1990). Elderly Carers: The Need for Appropriate Intervention. Ageing and Society, 10(2), 197-219.

[1] La Red Nomológica del Envejecimiento Positivo engloba las siguientes propuestas teóricas: Activity Theory (Havighurst et al., 1968), Successful Ageing (Baltes y Baltes, 1990; Rowe y Khan 1987), Productive Ageing (Butler y Gleason, 1985; Morrow-Howell, Hinterlong y Sherraden 2001), Active Ageing (OMS, 2002) y Optimal/Healthy Ageing (Comisión Europea, 2007).

En las calles del mundo (y en las urnas…), ¿qué está pasando?

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23/11/2019 – Marisa Revilla Blanco (Universidad Complutense de Madrid)

Complejizar la comprensión de nuestros procesos políticos populares no implica privarnos de asumir decisiones ético políticas claras, por el contrario, esa complejidad (que implica consideración de las múltiples napas históricas, de las fragmentaciones de las clases, de la superposición entre las jerarquías raciales, clasistas, de género) es el sustrato definitorio de la asunción ética”. María Pía López, Página 12, 21 de noviembre de 2019.

En los días en que escribo esta contribución al Blog del GESP están teniendo lugar en diversos lugares del mundo, con especial protagonismo de diversos países de América Latina, luchas en las calles que manifiestan quiebras sociales y políticas y un profundo malestar social.

Entre octubre y noviembre de este año, las convocatorias de protestas en Ecuador, Bolivia y Chile se han constituido en manifestaciones de “reventón social” (como analiza Gabriel Salazar lo que está ocurriendo en Chile). Colombia acaba de tener (21 de noviembre) una convocatoria de paro nacional contra las políticas económicas anunciadas por el presidente Iván Duque y, en Haití y Nicaragua, que tan escasa presencia tienen en nuestros medios y en nuestros análisis, se están convocando protestas contra sus presidentes (Jovenel Moise y Daniel Ortega, respectivamente) desde hace más de un año.  Ampliando el foco, en estos mismos meses, contamos las protestas en Cataluña por la Sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés, la llamada “revolución de WhatsApp” en Líbano o la sostenida confrontación de estudiantes universitarios en Hong Kong para la retirada del proyecto de ley de extradición a China. Además, en los últimos días, en algunas ciudades de Emilia-Romaña (Italia) se han convocado concentraciones en los lugares donde acudía Salvini, a quien recibían entonando el Bella Ciao.

Sin duda, cada uno de esos fenómenos de movilización social responde a situaciones específicas y momentos concretos en cada país. Las diferencias no se limitan a los contextos en los que emergen, sino que también se aprecian en las formas y los desarrollos que adquieren, desde episodios más vinculados a los repertorios no contenciosos[1], como son los casos de las manifestaciones de “las sardinas” en la Emilia-Romaña o el paro nacional de Colombia, a las dinámicas contenciosas que se desarrollan por la represión policial y militar de las convocatorias de protesta (Chile, claramente[2]) o en el golpe revanchista (Bolivia[3]) de quienes se habían visto desplazados del poder por las presidencias y las políticas de Evo Morales, masacrando sus bases populares. Finalmente, encontramos las dinámicas contenciosas realizadas con las autoridades y el poder institucional de su parte (independentismo catalán).

Sin embargo, a pesar de las especificidades, caben las preguntas por lo que comparten, entre otras cosas, por la coincidencia en algunos de esos casos en la existencia de “una chispa, cualquier chispa” que provoca el reventón (Salazar). Por ejemplo, el anuncio de una subida en el precio de los combustibles (Chalecos Amarillos en Francia, 2018 o, como en el caso de Ecuador en octubre de 2019, el anuncio de la retirada de los subsidios a los combustibles que llevaría a su encarecimiento) o en el precio del billete de metro (Chile). Que esa chispa prenda depende de que haya suficiente “combustible”: malestar, descontento, privaciones que construyan un marco de injusticia. Como plantean Espasandín e Iglesias[4] (2007), “[d]esde la Primera Declaración de la Selva Lacandona, los encuentros intergalácticos y la sucesión de movilizaciones globales iniciadas en Seattle, Praga y Portoalegre, el planeta en su conjunto se ha configurado como espacio posible para el antagonismo político”. Aunque el análisis de esa posibilidad trasciende con mucho el espacio y el objetivo de esta publicación, quiero señalar algunos factores que se pueden explorar para comprender este contexto en el que prenden las chispas de la indignación social.

En primer lugar, es imprescindible atender al desmantelamiento del Estado de bienestar llevado a cabo desde la década de los 70 con el cambio de paradigma económico hacia el neoliberalismo, el papel mínimo que reserva a los estados, básicamente como garantes del orden público y las reformas estructurales de primera y segunda generación que consisten básicamente en privatizaciones y liberalizaciones económicas[5]. Chile, el alumno aventajado de los Chicago Boys, puede ser ahora el exponente de la polarización social, de un sistema de privilegios para unos pocos, de la exclusión social. En palabras de Dante Contreras, en Chile hoy “…hay tres ejes que son claves, […] desigualdad, movilidad social y educación. Si me permiten una metáfora, la situación que vive el país hoy día, es de una olla a presión, donde tiene tres válvulas y las tres están cerradas. Movilidad social es una, desigualdad de ingreso es otra, y el diseño de nuestro modelo educativo es el tercero». Lo que se ha venido limitando desde hace décadas es el acceso de la clase trabajadora, y ahora también de las clases medias, a la garantía de protección ante contingencias como la enfermedad, el desempleo, la jubilación, etc.[6] La esperanza de que las generaciones futuras vivirán mejor que la propia y las anteriores ya no se sostiene, para empezar porque estamos al borde de hacer inviable la vida en el planeta. No es extraño, así, que sean las generaciones de jóvenes en todo el mundo quienes muestran gran actividad en estos estallidos y, en general, en las movilizaciones.

En segundo lugar, el desmantelamiento del Estado de bienestar, en su modelo keynesiano, también ha contribuido a la eliminación de espacios de canalización de intereses y demandas políticas de la ciudadanía y de concertación y de diálogo de grupos con intereses en potencial conflicto. Por ejemplo, para empleados y empleadas por cuenta ajena, se dan dos situaciones: en el caso de que se mantengan los sindicatos y se den condiciones para la negociación colectiva, las dificultades de acceso al empleo y la precariedad limitan su capacidad de representación. Por otro lado, en muchos países las condiciones de trabajo y legales hacen prácticamente imposible la representación sindical o la limitan a determinados sectores de actividad.

Llegamos finalmente al sistema político, a las características de la democracia liberal en nuestros días y a la crisis de representación política. En palabras de Guilluy, “Una sociedad sana integra económicamente a los más modestos, los representa políticamente y, culturalmente, los respeta”. Las dificultades de representación política que tienen los partidos en unas sociedades más complejas tienden a resolverse con la simplificación de la política en mensajes que se dirigen a públicos muy concretos y limitados, sectorializando los mensajes y los públicos. La política parece hoy exclusivamente un problema de comunicación política, no tanto de acción. La representación se torna aún más compleja cuando las instituciones financieras internacionales, los poderes financieros y los capitales tienen capacidad de influir en los gobernantes mucho más allá de lo que es visible. Así, tenemos poderes ejecutivos fuertes hacia dentro, se podría decir que impermeables a las demandas sociales, y débiles hacia fuera, pendientes de cuotas de aprobación exterior representadas en los valores obtenidos en las agencias calificadoras de riesgos.

El descontento, la desconfianza política de la ciudadanía, se manifiesta en las calles, en los estallidos, pero también en las urnas a través de resultados electorales imprevistos: el éxito de políticos “antipolítica”, el auge de la ultraderecha, el vuelco conservador en muchos países de América Latina, la volatilidad del voto en determinados contextos…  Habiéndose celebrado las elecciones generales el 10 de noviembre pasado, me resulta difícil sustraerme al influjo de los debates y abstenerme de hacer algún comentario. En el caso español, tomaría la entrada en el Congreso de abril y el ascenso de noviembre de VOX como el mejor ejemplo de cómo el malestar social radicaliza el voto. Por otro lado, considero que ni el mejor análisis sociopolítico puede explicar cabalmente que en 48 horas se haya firmado un acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que no fue posible en meses. Me temo que toda la información solo las tienen los propios actores (quienes son más que los que firmaron el acuerdo) y no sé si están en condiciones de compartirla.

Hay tan solo una cosa más que quiero añadir respecto de las elecciones. En diversos medios de comunicación y los partidos de derecha, que se hable del “nacionalismo” significa que se habla de “los independentistas”. A mi parecer, una clave fundamental para explicar los resultados electorales del 10 de noviembre en comparación con los del 28 de abril es la activación del eje del nacionalismo en el último mes con dos acontecimientos que han generado efectos polarizantes: la sentencia al procés del Tribunal Supremo (15 de octubre) y el traslado de los restos de Franco (24 de octubre). El eje del nacionalismo no se representa con una escala 0 (nada nacionalista) a 10 (muy nacionalista) sino en el eje que sitúa en un extremo el nacionalismo centralizador (en este caso, el español) y en el otro extremo, los nacionalismos periféricos (para la ocasión, fundamentalmente, el catalán). Los dos hechos señalados han contribuido a potenciar la combinación en el voto del 10N del eje ideológico y del eje nacionalista, activando el factor territorial. Nuestro sistema político muestra deficiencias importantes en el reconocimiento de la otredad e, indudablemente, en el establecimiento de cauces para el diálogo político. Este es el modo específico en el que se manifiestan en España las dificultades para encauzar las chispas de indignación.

[1] Tarrow, S. 1997. El poder en movimiento. Madrid: Alianza Universidad. Página 304.

[2] Amnistía Internacional ha llegado a la siguiente conclusión: “La intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día”.

[3] Para el caso de la represión en Bolivia, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expuso que “La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo. Los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos”.

[4] Jesús Espasandín y Pablo Iglesias (2007): “Prefacio”, en Espasandín, J.; Iglesias, P. (coords.): Bolivia en movimiento. Acción colectiva y poder político. Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo. Página 10.

[5] Recomiendo la lectura de este informe, especialmente, entre las páginas 9 y 15.

[6] Para el caso de Estados Unidos, enfermedades y declaraciones de quiebra.

Las hogueras de Barcelona y otras hogueras

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30/10/2019 – María Jesús Funes (UNED)

¿Recuerdan aquello de que uno señala a otro la luna y el otro en lugar de mirar la luna sólo mira el dedo? De alguna manera eso es lo que está pasando en nuestro país, últimamente (tal vez hace mucho), en relación con Cataluña.

La noche del viernes 18 de octubre unas decenas de encapuchados se aplicaron duramente a “quemar Barcelona”. Mientras tanto, varias cadenas de televisión y emisoras de radio se aplicaban, intensamente,  a “quemar” el país. Los primeros quemaban en sentido literal, los segundos, ¡claro! en sentido figurado. Ambas son formas de irresponsabilidad política, pero el grado de responsabilidad social esperable de unos y otros es muy distinto. Si unos ciudadanos que se sienten agraviados e intensamente airados (otros calificativos son posibles, desde luego) forman hogueras en calles llenas de árboles y de pisos en los que viven decenas de personas su responsabilidad es ineludible. Están poniendo en riesgo vidas y gastando mucho dinero de las instituciones que tendrán que dejar de atender necesidades de los barceloneses para reponer material urbano y reconstruir todo lo destruido y, en consecuencia, estos grupos merecen la penalización correspondiente de las autoridades y el descrédito de la sociedad.

Pero los medios de comunicación no son ciudadanos particulares tienen una responsabilidad mucho, muchísimo mayor, son creadores de opinión, generadores de estados de ánimo y conformadores de los umbrales de tolerancia de la ciudadanía. Responsables, en buena medida, de los niveles de cohesión social y entendimiento, o de crispación y odio; de aumentar más y más la temperatura emocional de este país.

Ese día hubo dos acontecimientos muy importantes en Barcelona. Por un lado, una gran manifestación de personas que, una vez mas, se manifestaban pacíficamente reclamando unos derechos que  pueden gustar a unos mucho y a otros nada pero que legítimos son. Por otro, el que ya hemos descrito, altercados, no solo pero principalmente en Barcelona, apedreamientos, intercambio de ataques y hogueras que nos asustaron a todos.

¿Es posible que durante horas y horas,….y horas no hubiera otra noticia que mereciera la atención mediática, de forma que sólo se vieran las hogueras de Cataluña en varias cadenas televisivas? ¿Ayuda algo esta insistente atención? Pero, pasan los días y las imágenes de esa Barcelona ardiendo son casi ubicuas. Hay otras cosas, claro, que le importan a muchas personas, problemas de cada día realmente graves, pero es más rentable la imagen del fuego. Por supuesto que no podían dejar de prestar atención a estos hechos, pero, ¿era el tratamiento adecuado? ¿No supone excitar la opinión pública en una determinada (peligrosa) dirección?

Desde la Sociología del Conflicto existe una amplia experiencia en analizar este tipo de fenómenos que creo que ayuda. La teoría del proceso político permite entender que tanto la manifestación pacífica como los disturbios no dejan de ser dos repertorios de protesta, es decir, dos maneras de expresar un fondo, fondo que no debería ocultar el exceso de atención a las formas. Porque las imágenes del fuego están ocultando muchas cosas, no sólo el hecho político que, evidentemente, no está siendo bien gestionado como demuestra este ciclo de protesta que vive en la actualidad uno de sus momentos álgidos. Se ha extendido un tratamiento que podríamos llamar evasivo (lo de sólo mirar el dedo) y hay muchos ejemplos de ello. En primer lugar, muy serio, la criminalización de la desobediencia civil. Desobedecer las leyes tiene consecuencias, bien lo saben los voluntarios de Green Peace cuando obstaculizan con sus cuerpos el entierro de residuos nucleares; lo sufría Gandhi cuando sus sentadas impedían el paso y recibían los apaleamientos de la policía. Fue lo que hizo Rosa Parks cuando se negó a respetar la ley que le obligaba a ceder el asiento a una persona blanca en el autobús,… y muchos más casos de este estilo son desobediencia civil. Criminalizarla evidencia un retroceso de las libertades civiles. Siempre que se lleve a cabo sin violencia es una estrategia que la evolución de la civilización ha convertido en legítima acción política. Usar la violencia transforma el repertorio, es otra cosa.

Algunos de los más reputados representantes de la teoría del proceso político muestran cómo gestionar la violencia insurgente (pero también de la de las autoridades) en una sociedad democrática es altamente delicado. Della Porta y Tarrow nos explican hasta qué punto es fácil escalar los conflictos, en los momentos álgidos de un ciclo de protesta como es éste, si enfocamos de manera prioritaria las tácticas violentas de los insurgentes y la atención pública y política en la represión de las mismas, máxime si hay alguna duda sobre la legalidad de éstas lo que puede provocar un abanico de retroalimentación cada vez más violento (Amnistía Internacional ha denunciado abusos en algunas actuaciones policiales que habrá que investigar). Pero es igual o más grave crear un estado de opinión que predispone al consentimiento de medidas que intensifican la espiral del conflicto, al fomentar la emotividad de la población y privilegiar marcos de odio y rechazo. Las imágenes televisivas conducen a una naturalización de la represión que es altamente peligrosa y gratuita; gratuita sí, porque los encuadres se eligen y se pueden trabajar las imágenes de distintas maneras. Los últimas días hemos escuchado noticias sobre cargas policiales en las que el periodista olvidaba explicarnos qué fue lo que ocurrió para que dichas cargas se produjeran, la gente llegará por sí misma al peligroso argumento del “algo habrán hecho”. Como nos enseñaba Tilly, la violencia es un repertorio de acción colectiva directamente relacionado con la interacción de los actores en conflicto a lo largo del tiempo, conviene repasar estas interacciones y su grado de acierto.

Encontramos otra interpretación equivocada y muy extendida: “El referéndum no pretendía la independencia de Cataluña, era sólo un farol” ¿???? Esto sólo puede ser una opinión de parte, el análisis nos dice que fue una táctica dentro de una estrategia política de transformación, que engloba tácticas con objetivos a corto plazo y otras con objetivos a medio plazo. Se ejerce presión desde diversos puntos intentando avanzar hacia el objetivo deseado, es un eslabón más de una cadena en un proceso que busca transformación. Los cambios en la historia se han conseguido así, colectivos que sienten lesionados sus derechos presionan de diversas formas para empujar a las autoridades a cambiar las leyes, poco a poco. Y así se consiguió el voto de las mujeres, el matrimonio igualitario, …. Se repite que el referéndum fue un engaño pero es, sin más, otro repertorio mal interpretado.

Vivimos lo que Palacios denomina “dilema de orden público” las autoridades se enfrentan a un problema complejo: deben garantizar la paz y el orden pero, a la vez, la gestión de la violencia que aplica la fuerza puede tener costes de legitimidad asociados, no es fácil oponerse a una violencia tan intensa sin generar heridos y, previsiblemente, no sólo de los actuantes. El endurecimiento de la represión sobre una población que demuestra un alto grado de empoderamiento, unos intereses definidos y una sólida estructura comunicativa bien experimentada, puede incrementar agravios y multiplicar los motivos insurgentes en un círculo infernal de difícil salida. Tilly, Tarrow y Della Porta, entre otros, han estudiado a fondo estas escaladas de acción/represión cuyas consecuencias pueden ser las contrarias de las esperadas.

Vivimos un conflicto político de libro, según la concepción de Tilly este caso cumple todos los requisitos. Pero, siguiendo a este autor, hemos dado un paso más y nos encontramos, ya hace tiempo, en una situación revolucionaria que en sus palabras requiere la existencia de: dos bloques diferenciados con aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, y una fracción importante de la población apoya las aspiraciones de ambos. El apoyo de las bases se une a poderosas elites aliadas y la aparición de estos núcleos opositores evidencia una debilidad del Estado. El grado de división de la comunidad política es clave, tanto en las élites como en las bases sociales. La mayoría de las veces una situación revolucionaria no termina en resultado revolucionario, la gestión de la disidencia y la atención a las razones del conflicto darán un resultado u otro.

En este caso ¿qué es la luna y qué es el dedo? Volviendo al 18 de octubre, el tratamiento mediático de dos repertorios de protesta simultáneos hizo que uno de ellos eclipsara al otro, no hay más que ver los titulares de la prensa al día siguiente,… o cuantificar las horas en las que la imagen de las hogueras monopolizaba la televisión. Aquella noche, incluso en los momentos en que se mostraba la manifestación pacífica en un cuadradito pequeño se mantenía la imagen del fuego. A pesar del fuego, o por el fuego, conviene poner orden en las ideas y, por tanto, habrá que decir que estos repertorios son el dedo y el conflicto político: la ubicación de Cataluña en España y/o las relaciones mutuas, eso es la luna. Y la luna,… está extremadamente difícil como para utilizar estrategias evasivas con intereses espurios que fomentan la confusión, lesionan muy gravemente la cohesión social y dificultan el entendimiento.

Referencias Bibliográfica:

Della Porta, Donatella (1998) Policing Protest. The control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis/London. Minnesota University Press.

Palacios, Diego (2011) “Sin efusión de sangre. Protesta, policía y los costes de la represión” en Funes, María Jesús. A propósito de Tilly: conflicto, poder y acción colectiva. Madrid: CIS, 247-266.

Tarrow, Sidney (1995) “Ciclos de acción colectiva: entre los momentos de locura y el repertorio de contestación” en Traugott, Mark. Protesta Social. Barcelona: Hacer, 99-130.  

Tilly, Charles (1995) Las revoluciones europeas 1492-1992. Barcelona: Crítica.

Seguridad, política y sociedad

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23/09/2019 – Laura Fernández de Mosteyrín (UDIMA) y Marisa Revilla (UCM)

Durante el curso académico 2018-19, en el GESP hemos desarrollado un nuevo método de trabajo, un seminario temático impulsado por el interés común en profundizar en un tema sobre la base de lecturas organizadas y sesiones de debate en el grupo. En esta ocasión, el tema elegido fue el de seguridad, política y sociedad y el foco del análisis estuvo guiado por tres cuestiones principales: el concepto de seguridad, sus políticas y sus dinámicas sociales.

Para el desarrollo de las sesiones establecimos cuatro ejes principales de análisis, derivados de los puntos de intersección del tema propuesto con nuestras diversas áreas de especialización, todas englobadas en una visión multidisciplinar desde la sociología política. Para empezar, inevitablemente, analizamos los conceptos de seguridad, revisando las diversas aristas de un concepto poliédrico, su evolución conceptual en el tiempo y en las políticas. A continuación, nos centramos en la revisión de materiales que ahondan en los discursos y las prácticas de la seguridad (seguridad ¿de quién y para quién? ¿quiénes la producen?), lo que nos dirigió hacia un eje fundamental en nuestra perspectiva de sociología política, situando el foco en la ciudadanía y los modelos de ciudadanía derivados de las políticas de seguridad aplicadas y de las resistencias que generan. Por último, delimitamos el área de las resistencias, esto es, de los discursos y de las prácticas contrahegemónicas.

A continuación, presentamos las ideas nucleares de cada uno de estos ejes. El concepto de seguridad presenta dos características: es polisémico y se localiza en un amplio espectro de lugares sociales (Stampnitzky, 2013). Acotando la polisemia a dos núcleos, obtenemos una definición negativa de seguridad, como ausencia de amenaza (“libre de”) opuesta a una definición positiva de seguridad (“libre para”), como habilitadora, la que permite que algo sea posible (McSweeny, 1999). La transición histórica y política del concepto ha derivado hacia la preeminencia de la definición negativa de seguridad, asociada al concepto de vulnerabilidad. Siguiendo con McSweeny, este tránsito culmina en el contexto de la Guerra Fría, cuando la noción de seguridad se aleja del carefree y de las personas, para pertenecer exclusivamente al Estado, siendo las personas sus instrumentos y, potencialmente, sus enemigos. Así, resulta pertinente la pregunta de Neocleus (2008) sobre la posibilidad de que, en el corazón de la lógica de la seguridad, subyazga no una visión de libertad y emancipación sino un medio para modelar toda la sociedad humana alrededor de una visión particular del orden. Si la seguridad no será solamente un agujero negro semántico y semiótico que permite a la autoridad inscribirse profundamente en la experiencia humana. En este sentido, para este autor, la seguridad es una forma de gobernar, una tecnología política a través de la que los individuos, los grupos, las clases y el capital moderno es reordenado y reconfigurado.

Si la seguridad es un discurso que se inscribe en instituciones y prácticas atravesadas de poder, desentrañar estos discursos es un ejercicio esencial al análisis del poder. La investigación reciente viene trabajando sobre discursos oficiales, enfoques mediáticos y narrativas públicas de la seguridad. Algunos de estos temas se encuentran normalizados a nivel europeo y occidental; otros cobran formas específicas y singulares en cada país. Entre los primeros están, por un lado, el discurso criminalizador de las migraciones, los desplazamientos y el refugio y, de manera vinculada, aquellos que sostienen una visión militarizada del control de la fronteras, especialmente en la UE (Guillaume y Huysmans, 2013). También las visiones hegemónicas del contraterrorismo que, aunque existen especificidades según el caso, presentan consensos esenciales en torno al problema y a la solución (Kundnani and Hynes, 2018). Finalmente, y desde hace más de dos décadas, el marco de la ‘seguridad nacional’ viene asentándose en buena parte de los países occidentales a partir del paradigma norteamericano. Este marco parece evolucionar en combinación con el avance neoliberal y presenta diferencias sustantivas con el marco de la seguridad social difundido en el orden de posguerra (Brodie, 2009).  No obstante, los contextos específicos de cada país hacen brotar temas que entran en las agendas políticas y mediáticas produciendo discursos con componentes singulares. Es el caso, por ejemplo, de la centralidad de la seguridad ciudadana en la gestión del conflicto en la España post-austeridad (Fernández de Mosteyrín y Limón, 2018) o el caso de la islamofobia institucionalizada en el Reino Unido (Massoumi et al., 2017). Por sus características y su poder performativo, estos discursos contribuyen a dar forma a los poderes de los Estados y a las fuerzas de los mercados. Pero, también, predican formas de ser y de estar como ciudadanos/as. Y por ello hemos explorado el nivel de la ciudadanía.

En las últimas décadas, personas en todo el mundo están siendo vigiladas y monitorizadas por sus respectivos gobiernos y también por empresas en nombre de la seguridad nacional. Sea vigilancia electrónica o ‘cara a cara’, su normalización viene erosionando los derechos ciudadanos a la privacidad y a la expresión individual y colectiva de distintas formas. Esto ocurre, además, en el marco de una cultura individualizadora que señala a cada persona como ‘co-responsable’ de su existencia, de su seguridad y de su resiliencia, en sentido amplio (desde su salud y su dieta, hasta el aseguramiento de sus condiciones materiales y, finalmente también la seguridad colectiva), ocasionando como efecto lo que Engin ha llamado ‘ciudadano neurótico’ (Engin 2004). Contamos con evidencias sobre experiencias difundidas en otros países sobre los efectos de las políticas antiterroristas en colectivos específicos, como la juventud y las comunidades musulmanas (Grasso and Bessant, 2018). Son experiencias ciudadanas de autocensura, de alienación y desafección. Además, si como dijimos al inicio, la definición de la amenaza es consustancial a la securitización, cabe preguntarse en qué medida lo que ocurre no es una adaptación de los niveles de protección a la percepción de amenazas, sino que se modula la percepción de amenazas para justificar el endurecimiento de los niveles de protección, de tal modo, que la protección en sí misma se convertiría en una amenaza (Stevens & Vaugham-Williams 2016).

No obstante, como recuerda Foucault, donde hay poder hay resistencia y, por ello, abrimos una reflexión sobre formas alternativas y contrahegemónicas de designar la seguridad.

Distinguimos entre las resistencias epistémicas que se producen en el mundo académico y las resistencias sociales que cobran forma en el actuar colectivo de los grupos sociales y en las prácticas ciudadanas. Entre las primeras se encuentran formas de abordar el conocimiento desde la Teoría Crítica; iniciativas que, desde ámbitos académicos, formulan problemas de investigación alternativos a la seguridad y a las amenazas oficiales; las que enfocan los efectos societales de las políticas securitarias y las que ponen a la ciudadanía en el centro del análisis. Especialmente iluminadoras son las teorías feministas que desvelan las lógicas patriarcales que subyacen a los consensos y ‘sentidos comunes’ de la seguridad y de sus políticas. A la vez, aquellas que, mirando desde los márgenes del sistema-mundo, señalan la racialización de los problemas y de sus políticas, dando voz al ‘otro subalterno’ que planteara Spivak (2003).

Pero, evidentemente, la resistencia existe mucho más allá de la academia, e incluye los proyectos colectivos que se orientan a desnaturalizar los discursos oficiales y securitizadores que despolitizan los problemas sociales neutralizando las posibilidades de un reparto distinto de poder. Dichas iniciativas vienen de la sociedad civil organizada en forma de prácticas de defensa de los derechos civiles y de los derechos humanos, pero también a través de la politización de problemas diferentes – como la justicia alimentaria o el medio ambiente- que también afectan a nuestra seguridad.

Los conceptos y los discursos sobre la seguridad (las amenazas y los riesgos de la vida social) son representaciones que dan forma al mundo social a través de intervenciones políticas. Con ello predican formas deseables de ser y estar en el espacio público y delimitan el espacio del poder. Hacer inteligible cómo esto atraviesa las relaciones que la ciudadanía establece con sus gobiernos, es precisamente lo que hemos querido explorar a lo largo del curso.

Referencias bibliográficas:

Brodie, J. 2009. From Social Security to Public Safety: Security Discourses and Canadian Citizenship. University of Toronto Quarterly > List of Issues > Vol. 78, No. 2 > DOI: 10.3138/utq.78.2.687

Fernández de Mosteyrín, Laura, y Limón, Pedro. 2018. Controlling dissent through security in contemporary Spain. in Grasso, Maria. T., and Bessant, Judith. Governing youth politics in the Age of Surveillance. London: Routledge.

Grasso, Maria. T., and Bessant, Judith (eds). 2018. Governing youth politics in the Age of Surveillance. London: Routledge.

Guillaume, Xavier and Huysmans, Jef eds. 2013. Citizenship and Security: The Constitution of Political Being. PRIO New Security Studies. Abingdon: Routledge.

Kundnani, A., and Hynes, B. 2018. The Globalisation of Countering Violent Extremism Policies: Undermining human rights, instrumentalising civil society. Transnational Institute, TNI.

Massoumi, Narzanin., Mills, Tom., MIller, David. 2017. What is Islamophobia?: Racism, Social Movements and the State. London: Pluto Press.

McSweeney, Bill.1999. Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations. Cambridge University Press. (Introduction: The meaning of Security).

Neocleous, Mark. 2008. Critique of Security. Edinburgh University Press (Introduction).

Stampnitzky, Lisa. 2013. Toward a Sociology of “Security”. Sociological Forum, Vol. 28, No. 3.

Stevens, Daniel and Vaughan-Williams, Nick. 2016. Citizens and security threats: issues, perceptions and consequences beyond the national frame. British Journal of Political Science, 46 (1). pp. 149-175.

Spivak, Gayatri Chakravorty, 2002. ¿Puede hablar el subalterno? Revista Colombiana de Antropología Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH 12 No 2 -41

Jornada «Ciudadanía, seguridad y resistencias» el 26 de septiembre de 2019

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Tenemos el placer de invitaros a las jornadas del GESP «Ciudadanía, seguridad y resistencias» que tendrán lugar el 26 de septiembre de 2019.

Preocúpate más por mí y menos por mi voto. Participación ciudadana a través de la plataforma “Decide Madrid”

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15/07/2019 – Fátima Anllo (Observatorio de Creación y Cultura Independientes)

Desde que en los años 60 se extendiera la idea de la necesidad de incorporar a la ciudadanía en el gobierno de los asuntos que le competen más allá de la mera elección de sus representantes, se han diseñado numerosas experiencias para llevarla a la práctica. La mayoría de ellas en el marco de las ciudades. Sin embargo, está tan extendida y aceptada la conveniencia de introducir prácticas de participación ciudadana que se presta menor atención a las razones que las justifican y dan sentido, a la forma de llevarlas a cabo y, en definitiva, en los efectos y consecuencias que tienen sobre la calidad de la democracia.

Los beneficios de la participación ciudadana

Aunque muchos son los efectos positivos que se esgrimen para impulsar prácticas participativas, todos ellos pueden resumirse – aún a sabiendas de que la simplificación no recoge todos los matices de la realidad práctica – en dos grandes grupos. En cada uno de ellos cambian, en cierto sentido, los beneficiarios principales de la acción de participar.

Por un lado, la participación añade un plus de legitimidad a las decisiones tomadas por el poder. Cualquier política llevada a cabo por un gobierno, aumentará su legitimidad si, además de estar avalada por los votos de los ciudadanos en las elecciones, viene acompañada por los votos extra de la población que interviene en los procesos participativos. Así, a mayor número de participantes, mayor legitimidad y apoyo a sus decisiones. En este sentido, la participación tiene como uno de los beneficiarios principales a los que la promueven, ya que refuerzan y anclan su poder.

El otro grupo de argumentos para avalar la participación son aquellos que destacan su impacto sobre la competencia y la virtud cívica de la ciudadanía. La participación promueve poblaciones mejor informadas, aumenta la sensación de control y poder sobre el curso de sus vidas y produce mayor sentido de pertenencia e integración en la comunidad. Todos estos efectos tienen como beneficiarios directos a los participantes que enriquece sus competencias y aumentan su capacidad para incidir sobre el poder.

La importancia de la forma con la que se toman las decisiones

Que los efectos resultantes se orienten en mayor medida en una u otra dirección, o en ambas de forma equilibrada, guardará relación directa con los mecanismos de participación que se adopten en cada caso, pero, por encima de todo, con la forma mediante la cual se tomen las decisiones y se alcancen los acuerdos. Esta podrá orientarse básicamente en dos sentidos: hacia una toma de decisión agregativa o la deliberativa. En la primera, la decisión final se alcanzará mediante la suma de las preferencias o intereses individuales de cada uno de los partícipes, de las cuales prevalecerá la opción mayoritaria. Sin embargo, la toma de decisión mediante la deliberación se sustenta sobre el debate racional y argumentado entre las alternativas en juego. La participación deliberativa, partiendo de las posiciones individuales de los participantes, pretende construir y alcanzar una voluntad común basada en el razonamiento y la reflexión.

Por regla general, los procesos participativos que persiguen aumentar la legitimidad de las decisiones y del poder, recurren a formas de toma de decisión en las que prima la votación y en las que es fundamental el número de participantes. Por el contrario, la participación que otorga mayor importancia a promover una ciudadanía competente exige fórmulas deliberativas más intensas en las que las decisiones se tomen en un debate público basado en la reflexión y en la exposición racional de los problemas y en el que intervengan todos aquellos que defienden las alternativas posibles.

Es a la luz de estas reflexiones desde la que me propongo comentar la política de participación del Ayuntamiento de Madrid canalizada a través de la web Decide Madrid.

Captura de pantalla de la plataforma Decide Madrid

Decide Madrid, la plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid

La llegada en junio de 2015 al Ayuntamiento de Madrid de la confluencia o candidatura ciudadana de unidad popular Ahora Podemos, firme defensora de fórmulas de democracia directa, supuso la puesta en marcha a los pocos meses del programa Decide Madrid. Se trata de un portal online cuya meta es, en palabras de sus promotores, ser “la plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid”. En ella pueden participar mediante debates y propuestas todas las personas mayores de 16 años empadronadas en la ciudad. Las propuestas que obtienen el apoyo mínimo del 1% de la población (27.662 apoyos) se someten a una votación ciudadana vinculante. Si son aprobadas, el Ayuntamiento las asume y las lleva a cabo. Decide Madrid canaliza también las votaciones ciudadanas del Ayuntamiento sobre asuntos municipales de especial interés y es, a su vez, la herramienta fundamental para la presentación y selección de proyectos para los presupuestos participativos. Por último, ofrece a la ciudadanía la oportunidad de intervenir en los procesos de elaboración y modificación de normativas que el Ayuntamiento tiene pensado llevar a cabo.

Desde 2015, los ciudadanos han realizado casi 20.000 propuestas, pero tan solo dos han superado el umbral del 1% y pasado a votación ciudadana vinculante: la iniciativa “Madrid 100% sostenible” y el “Billete único para el transporte público”.  Par dar una idea del nivel de participación en las propuestas, una de las que han recibido mayo atención recientemente es “No quitar Madrid Central”, lanzada dos días después de las elecciones del 25M. A pesar del enorme debate público que ha generado el asunto en las redes sociales y la atención que le están prestando los medios nacionales e internacionales, la iniciativa ha recibido únicamente 2.358 apoyos en 6 semanas, y ha merecido tan solo 57 comentarios por parte de 32 personas. Si ponemos estos datos en correlación con el número de asistentes a la manifestación en contra de la reapertura del centro – 60.000 para los organizadores y 10.000 para la Policía Nacional – que tuvo lugar bajo casi 40 grados de temperatura, o los comparamos con las 240.000 personas (a 14 de julio) que han apoyado una propuesta similar en Change.org los resultados no resultan muy halagüeños.

Hasta la fecha, se han completado tres ciclos de presupuestos participativos – 2016, 2017 y 2019 – que han distribuido 220 millones de euros entre los proyectos más votados presentados por la ciudadanía. Los datos extraídos de la plataforma ponen en evidencia la baja participación. En la edición de 2018 participaron en total 91.000 vecinos, poco más del 3% de la población con acceso al voto, para elegir los proyectos que se financiarían con los 100 millones de euros disponibles. Si analizamos los apoyos recibidos por cada uno de los proyectos ganadores, vemos que los que afectan a toda la ciudad han recibido 3.600 votos de promedio y que los de los barrios, en raras ocasiones han superado los 1.000 votos. Las más de las veces las cifras se situaron alrededor o por debajo de los 500 votos.

Captura de pantalla de la plataforma Decide Madrid

El Ayuntamiento, por su parte, ha promovido votaciones ciudadanas vinculantes sobre los planes de reforma de la Plaza de España, la movilidad en la Gran Vía y la remodelación de otras once plazas de la ciudad. Aunque han recibido mayor atención y número de votos, la remodelación de la Plaza de España no superó los 32.000 votos.

Si centramos la atención en las formas de deliberación y toma de decisión que ofrece Decide Madrid, vemos que el debate puede canalizarse a través comentarios o interviniendo en la “comunidad de usuarios” de cada propuesta. Los comentarios a las propuestas ciudadanas se asemejan al intercambio de opiniones que observamos en las redes sociales y raramente superan los cincuenta. Lo más frecuente es que la comunidad de usuarios esté constituida únicamente por la persona autora de la iniciativa y no haya participado nadie. En las votaciones ciudadanas vinculantes,  la documentación de la que ha dispuesto la ciudadanía para informar sus posiciones y articular las ideas en torno a las cuales organizar los debates antes de emitir su voto, ha consistido en informes elaborados por el Ayuntamiento, en memorias de ejecución de los planes de remodelación urbanística y, en algunos casos, vídeos promocionales de apoyo. Por lo general se trata de documentos técnicos muy extensos y farragosos, de difícil comprensión para legos en la materia, que resultan poco significativos para el ciudadano medio. En ningún caso se dota de espacio propio ni incorpora información o documentos que reflejen los argumentos de otros agentes o partes interesadas con posiciones divergentes respecto a los problemas a debate. Asimismo, cabe destacar la existencia de sesgos que pueden influir claramente en el resultado del voto, como que el orden en el que aparecen los proyectos sea siempre el mismo o los nombres vengan precedidos por las letras X e Y.

Partiendo del reconocimiento de que las políticas de participación puestas en marcha por Ahora Madrid en el Ayuntamiento han supuesto un enorme salto cualitativo, el análisis de la plataforma Decide Madrid en sus casi cuatro años de experiencia, brinda resultados por debajo de lo esperado. La eficacia de la participación resulta pobre. Por una parte, el bajo número de votos no consigue dotar de especial legitimidad ni a las decisiones tomadas ni a los que las impulsan.  Por lo que respecta a la forma en la que se toman las decisiones, el debate y la calidad de deliberación que ofrece la herramienta son de baja intensidad. Como señalaba recientemente Beth Noveck[i], directora del Governance Lab (Govlab) de los Estados Unidos, Decide Madrid no permite el establecimiento de un «una conversación entre Ayuntamiento y ciudadanos sobre nuevas propuestas posibles». Tampoco, a mi juicio, facilita una conversación polifónica, intensa, basada en la argumentación y la reflexión racional, capaz de incorporar al debate las voces de aquellos que representan posiciones alternativas. La forma en la que se accede a información, documentación y datos es poco útil para construir posiciones bien informadas. Así pues, el resultado son debates débiles, poco más que intercambio de opiniones, que a duras penas capaz de aumentar las competencias de los participantes ni la virtud cívica de la comunidad.

[i] Pérez Colomé, J. (2018): “El ejemplo de Madrid y por qué la participación ciudadana aún no funciona”, El País, Edición España, sección Tecnología, 10-12-2018.

Imagen de portada de Nemo Jo libre de derechos