24/02/2026 – Alejandro Osorio-Rauld, Universidad de Alicante
Cuando hablamos de crisis democrática solemos mirar hacia abajo. Encuestas, índices, gráficos: cuánto apoyo conserva la ciudadanía, cuánta desafección crece, cuánto aumenta la polarización. Los datos comparados muestran una brecha persistente entre el apoyo abstracto a la democracia y la satisfacción con su funcionamiento. Sabemos bastante sobre cómo piensan los votantes. Pero sabemos sorprendentemente poco sobre cómo entienden la democracia quienes concentran poder económico.
Y esa omisión no es trivial.
La democracia no es un concepto unívoco. La investigación ha demostrado que muchas personas pueden declararse demócratas y, al mismo tiempo, sostener concepciones muy distintas sobre lo que significa que un sistema sea democrático. Hay una amplia literatura que demuestra la naturaleza polisémica de este concepto (König y otros, 2022). Para algunos, democracia es ante todo elecciones libres y libertades civiles; para otros, participación directa; para otros, igualdad social o justicia distributiva. Bajo la misma palabra conviven modelos diferentes, a veces compatibles, a veces en tensión.
Pero cuando desplazamos la mirada hacia las élites económicas, el vacío es evidente. Y, sin embargo, estos actores no son observadores neutrales. Influyen en políticas públicas, en marcos regulatorios y en procesos de reforma institucional. En contextos de crisis política o cambio constitucional, su concepción de la democracia puede convertirse en un factor decisivo para estabilizar o bloquear transformaciones.
Un estudio cualitativo reciente basado en entrevistas a altos dirigentes empresariales de España y Chile permite iluminar esta zona poco explorada. El patrón que emerge es consistente y, al mismo tiempo, incómodo.
En ambos países, las élites económicas expresan un respaldo claro a la democracia liberal: elecciones libres, Estado de derecho, libertades civiles, previsibilidad institucional. En España, ese apoyo se vincula con la memoria positiva de la transición democrática y con la integración europea. La democracia aparece como sinónimo de normalización, modernización y apertura. En Chile, se asocia sobre todo con orden institucional y estabilidad normativa tras décadas de crecimiento económico.
Hasta aquí, todo parece alinearse con el consenso liberal.
El problema —si queremos llamarlo así— no está en el apoyo al régimen, sino en el modelo de funcionamiento de toma de decisiones que se considera deseable.
Cuando la conversación pasa de la arquitectura del sistema a su dinámica cotidiana, emerge con claridad una preferencia por decisiones tomadas por actores “competentes”, “preparados”, “con experiencia”. La política es valorada cuando se ejerce como gestión técnica eficiente. La participación amplia, el conflicto social intenso o los procesos deliberativos abiertos, en cambio, suelen generar incomodidad.
Esta orientación encaja con lo que Hibbing y Theiss-Morse (2002) denominaron stealth democracy: una democracia en la que la ciudadanía delega y los expertos gestionan, minimizando el conflicto visible. No se trata de rechazar el régimen representativo, sino de reducir su dimensión conflictiva y participativa.
En el caso chileno, tras el proceso constituyente, esta inclinación se expresó con particular nitidez. La representación parlamentaria fue descrita como la vía legítima para cualquier reforma institucional profunda. Los mecanismos asamblearios o deliberativos amplios fueron presentados como riesgosos, emocionales o fácilmente capturables por minorías activistas. El conflicto social intenso se percibe más como amenaza que como componente inherente al pluralismo democrático.
En España, como ya lo habían demostrado hace más de una década Font y otros (2012), el tono es menos abrupto, pero el patrón es similar. Se elogia la política ejercida por perfiles meritocráticos, por “los mejores”. La legitimidad se asocia con competencia técnica más que con inclusión amplia. El conflicto es algo que debe gestionarse, no algo que deba expandirse.
Nada de esto implica una defensa abierta del autoritarismo. Al contrario, el respaldo al régimen liberal es explícito. Pero sí revela una concepción de democracia donde la estabilidad y la previsibilidad ocupan el centro, y donde la participación es legítima siempre que esté encauzada y no desborde los márgenes institucionales.
Hay además un silencio significativo. La desigualdad, la redistribución o el conflicto entre capital y trabajo apenas aparecen cuando estas élites definen qué es la democracia. A diferencia de amplios sectores ciudadanos —que en muchos países asocian democracia con justicia social— aquí predomina una comprensión procedimental a lo Schumpeter: reglas claras, instituciones fuertes, competencia política y orden. La democracia se evalúa por su capacidad de producir estabilidad, no necesariamente por su capacidad de transformar estructuras sociales.
Ese desplazamiento no es inocente. Define una democracia de intensidad social limitada: plenamente legítima, aunque conviva con desigualdades persistentes, siempre que preserve reglas previsibles y límites claros al conflicto.
La tensión se vuelve visible cuando contrastamos esta concepción con otras visiones democráticas más participativas o más orientadas al cambio estructural. Si una parte de la ciudadanía entiende la democracia como ampliación de voz y capacidad de redefinir el contrato social, mientras una parte significativa de la élite económica la concibe como estabilidad institucional y gestión competente, la disputa deja de ser simplemente política. Es una disputa o una batalla cultural sobre el significado mismo del régimen.
Y esta diferencia conceptual adquiere un peso especial en el contexto global actual.
En distintas regiones del mundo, las tendencias conservadoras y nacionalistas han ganado terreno. El liberalismo político y las poliarquías enfrentan cuestionamientos tanto desde movimientos populistas que erosionan contrapesos institucionales como desde sectores que priorizan orden y autoridad sobre deliberación plural. Como han advertido Levitsky y Ziblatt (2018), la erosión democrática contemporánea rara vez adopta la forma de un quiebre abrupto; suele avanzar de manera gradual, a través de cambios en normas informales, discursos legitimadores y equilibrios institucionales.
En ese escenario, la posición de las élites que detentan el poder económico resulta crucial. Si su modelo preferido converge con una democracia menos conflictiva, más habermasiana que agonista, más tecnocrática y más restrictiva en términos participativos, puede contribuir —aunque no sea su intención explícita— a reforzar dinámicas de cierre institucional. No por convicción autoritaria, sino por búsqueda de estabilidad y control de la incertidumbre. El ejemplo de lo ocurrido en Chile es tremendamente ilustrativo sobre esta cuestión, cuando los poderes fácticos organizados se inclinaron por clausurar la posibilidad de un cambio institucional.
El punto no es demonizar a las élites económicas. Tampoco idealizar a la ciudadanía. La democracia liberal necesita reglas, necesita previsibilidad y necesita cierto grado de profesionalización política. Pero también necesita conflicto social legítimo, competencia real y apertura a demandas sociales emergentes.
La cuestión central es reconocer que bajo la etiqueta “democracia” conviven modelos distintos. Y que el consenso retórico puede ocultar desacuerdos profundos sobre qué grado de participación es deseable, qué nivel de conflicto es aceptable y qué tipo de transformación es legítima.
Las élites económicas pueden defender sinceramente la democracia liberal y, al mismo tiempo, preferir una democracia donde la participación esté filtrada, el conflicto social moderado y la decisión concentrada en actores competentes. No es una contradicción. Es un modelo específico, coherente con su posición estructural y con su valoración de la estabilidad.
Pero cuando ese modelo se articula en un clima global de repliegue conservador y desconfianza hacia la deliberación pública amplia, la pregunta deja de ser meramente académica.
Quizá el debate más relevante hoy no sea cuánto apoyo tiene la democracia en abstracto, sino qué versión concreta de democracia están dispuestos a sostener los distintos actores con poder. Porque la erosión democrática no siempre comienza con la negación frontal del régimen. A veces empieza cuando el conflicto se redefine como problema, la participación como riesgo y la política como mera gestión técnica.
Y en ese desplazamiento sutil —entre el pluralismo y la tecnocracia, entre la inclusión y el filtrado— se juega buena parte del futuro democrático.
Referencias bibliográficas
Font Fábregas, J., Navarro, C. J., Wojcieszak, M., & Alarcón, P. (2012). ¿“Democracia sigilosa” en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos (Opiniones y Actitudes, No. 71). Centro de Investigaciones Sociológicas. https://doi.org/10.5477/cis/opyac.71.132
Hibbing, J. R., & Theiss-Morse, E. (2002). Stealth democracy: Americans’ beliefs about how government should work. Cambridge University Press.
König, P. D., Ackermann, K., Wuttke, A., Rooduijn, M., & Steenbergen, M. R. (2022).
Conceptualizing and measuring citizens’ preferences for democracy: Taking stock of three decades of research in a fragmented field. Comparative Political Studies, 55(12), 2015–2049. https://doi.org/10.1177/00104140221082109
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown.
