24/04/2020 – Emilio V. Silvestre González (GESP)
El impacto mediático del COVID19 ha provocado que durante estas últimas semanas hayan aumentado las noticias y las búsquedas en internet relacionadas con esta pandemia. Esta situación se presenta como el caldo de cultivo perfecto para la invención y divulgación de noticias falsas. Son muchas las dudas que nacen a título individual, dudas que se reproducen y se regeneran en una colectividad digital, ¿por qué China no evitó, desde un principio, que se propagase el virus?, ¿acaso el virus ha sido creado o ha sido modificado genéticamente en un laboratorio para hacerlo más fuerte y contagioso?, ¿ha sido el ejército estadounidense el que llevó el virus a China?, ¿o son las ondas radiales de la nueva red inalámbrica 5g las responsables de esta pandemia? Estas son solo algunas cuestiones frente a la batería de preguntas que surgen en el imaginario colectivo después de vivir uno de los fenómenos de sobreinformación (y desinformación) más fuertes de las últimas décadas. Pero ¿cuánto hay de cierto en estos bulos?, y algo más importante, ¿a quién benefician este tipo de fake news?
La información que rodea el coronavirus está infectada por la desinformación y el bulo, con el fin de alcanzar ciertos objetivos geopolíticos. Podemos observar 3 grandes tendencias en las fakes news que rodean al COVID19. En primer lugar, toda una serie de teorías conspiranoicas acerca de la creación del virus como un arma biológica, en segundo lugar, noticias falsas acerca de la gestión de la pandemia por los distintos Estados, y finalmente, una tendencia a descubrir remedios, curas, y falsas informaciones acerca de cómo se transmite o cómo podemos prevenirlo. Tal ha sido la cantidad y el peso que han tenido este tipo de noticias falsas, que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en su último barómetro especial de abril de 2020, centrado en entender las opiniones de la ciudadanía respecto de la crisis del COVID19, ha materializado esta preocupación en la pregunta 6 del cuestionario. Donde se pregunta explícitamente por la restricción en el acceso a la información con el objetivo de acabar con la divulgación de estos bulos, lo que ha desatado la polémica. La pregunta es la siguiente: «¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?». A lo que el 66,7% de los encuestados (con una muestra de 3.000 personas) contesta que «Cree que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información», frente a un 30,8% que «Cree que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información». Es decir, que, si esto representará el total de la población española, más de la mitad de la población renunciaría a uno de los derechos y libertades fundamentales recogido en la constitución, la libertad de expresión. Esto representa un indicativo del momento en el que nos encontramos, la oposición entre libertad y seguridad. En este escenario, vemos cómo mientras la noción de seguridad se expande y se hace más latente, la libertad no deja de presentarse como un seguro conceptual para un supuesto futuro mejor. Pero ¿por qué rechazamos nuestros anhelos de libertad?, ¿es necesario rechazar nuestras libertades en pro de la seguridad? ¿La pandemia ha cambiado las prioridades de la sociedad? ¿Y de ser así, estas prioridades volverán a cambiar después de la crisis del coronavirus?
Como señala Tedros Adhanom, director general de la OMS, el mayor enemigo no es el COVID19 sino la desinformación, los rumores y la situación de incertidumbre y miedo. Por ello, y frente a la guerra de información en la que estamos sumidos, las reacciones colectivas de miedo e indefensión aprendida han propiciado el rechazo a las libertades más fundamentales a favor de la seguridad colectiva. Esto lo podemos ver en la actitud general de nuestra población, pues se ha mantenido un clima de aceptación de las medidas, pese a las prohibiciones extremas que se siguen dilatando en el tiempo y que determinadas clases sociales sufren mucho más que otras. Sin embargo, toda esta sobreinformación e incertidumbre ha ido moldeando la opinión pública a favor de medidas represivas por parte del Estado hacia las personas que no cumplan las normas, bajo el pretexto de paliar al virus. Si a todo ello le añadimos tratar esta emergencia sanitaria en términos bélicos estaríamos provocando ese sentimiento de inseguridad que justifica y legitima estas medidas represivas.
Toda esta especie de psicosis colectiva generada por el desasosiego que provoca esta situación de (des)información, ha explicitado conductas que van en contra de nuestra propia colectividad como sociedad. Ejemplo de esto son los llamados «policías de balcón», quienes se dedican a vigilar y controlar a sus vecinos, muchas veces con suposiciones infundadas. Llegándose a constatar iniciativas que señalan a quienes tienen permiso para salir a la calle durante el confinamiento, forzando el uso de distintivos que estigmatizan a las víctimas para que los vecinos al acecho puedan reconocerlos desde sus ventanas: como si el problema fuese la mirilla y no el arma. Además, en un grado mayor, encontramos a esos vecinos que salen puntuales a las ocho a sus balcones, pero que luego en el garaje rallan el coche de sus vecinos sanitarios por ser «ratas contagiosas». Esta es la solidaridad que vivimos en nuestro país, una solidaridad caracterizada por conductas contrarias que aumentan la cohesión a costa de incrementar la coacción social. Estas acciones denotan el reflejo de los sentimientos y preocupaciones de nuestra sociedad, marcadas por el pánico colectivo que se ha creado en torno al virus, consecuencia de la sobreinformación y sugestión. Lo que hace preguntarnos, ¿realmente no hay medios para el COVID-19 o para el pánico que impregna al virus?, y de haberlos, ¿cuáles son los medios para combatir este pánico desinformado? ¿Son la punitividad y la coacción el único camino?
Para tener en cuenta cual es la gravedad del problema, se ha prestado especial atención al caso de Hungría, donde el pasado 30 de marzo se aprobó una ley que tenía como objetivo «la protección contra el coronavirus». Sin embargo, esta ley también permitía al gobierno de Viktor Orban suspender leyes ya existentes, suspender la supervisión parlamentaria, introducir multas y penas de cárcel desproporcionadas por difundir bulos o romper la cuarentena y el toque de queda. Otro de los casos más sonados, ha sido el de Polonia, donde se ha aprovechado esta situación de confinamiento de una forma muy clientelar para tratar de aprobar dos leyes que han traído mucha polémica, y que se encontraban en stanby desde 2018. Estas leyes no corresponden a estrategias o planes concretos frente a pandemias mundiales, sino que atienden a las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo y los castigos hacia la educación sexual. Polonia también nos sirve de ejemplo para observar como si un estado se ve amenazado por una pérdida de legitimidad es muy probable que aproveche situaciones de emergencia o alerta para consolidar su poder, en este caso se baraja que será lo más conveniente para el gobierno actual si celebrar o posponer las elecciones, lo que es muy conveniente para afianzarse en las instituciones. En este sentido, ¿la crisis del coronavirus podría utilizarse como una herramienta para asegurar los intereses del estado? En el caso de España las medias coactivas y punitivas han sido materializadas en el Real Decreto por el cual entramos en Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. Pues, solo en el tiempo que llevamos confinados, hasta el lunes 20 de abril, las propuestas a sanción en base a ese decreto se han elevado a un total de 667.437, mientras que las detenciones ya han superado las 4.500 según fuentes del Ministerio del Interior. Desgraciadamente estos no son los únicos métodos de control puestos en marcha por el gobierno como consecuencia de la pandemia. De hecho, el gobierno ha encargado a las comandancias de la Guardia Civil recopilar y perseguir bulos que generen «estrés social y desafección a instituciones del gobierno». ¿Se entiende mejor ahora la pregunta del CIS?
A escala global, los gobiernos de la mayoría de los países han impuesto medidas de control centradas en mecanismos de Big Data, al igual que el estado español. Por ello algunas corrientes de pensamiento crítico se preguntan qué hay de cierto en que el coronavirus se haya desatado para poner en marcha las tecnologías de control social y poblacional que se han ido desarrollando hasta ahora. Estas medidas impuestas violan las libertades de la sociedad con el propósito de controlar los datos y poder frenar los contagios por coronavirus. Los casos más sonados son Rusia o China, quienes han invertido en sistemas de reconocimiento facial que además toman la temperatura. Pese a que en España no se han adoptado medidas tan drásticas (al menos hasta ahora), se han tomado medidas igual de peligrosas. En nuestro país se han puesto en marcha diferentes proyectos para frenar el avance del COVID-19 como la geolocalización, la tomografía y la detección de zonas geográficas de mayor riesgo. Esta geolocalización, a diferencia de otros países como China o Corea del Sur, utilizará datos agregados y no personales de los móviles de la población española para definir los flujos y aglomeraciones de gente. Este proyecto, bautizado como DATACOVID-19, busca entender los desplazamientos de las personas y anticipar los posibles cuellos de botella o aglomeraciones. Esta medida tuvo un proyecto piloto en Valencia, firmado por el INE con las principales teleoperadoras españolas (Telefónica, Orange y Vodafone). Una vez extrapolado al conjunto nacional se pretende extraer patrones de movilidad que se consideran claves para frenar el virus. En este sentido, otros países ya han usado herramientas de control poblacional sin cuidar la privacidad, teniendo una justificación para seguir utilizándolas. ¿Hemos reconceptualizado el significado de la libertad? ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra seguridad?
Los límites de la libertad y la seguridad, hoy más que nunca están extremadamente difusos. Podría ser el contexto idóneo para que las democracias afrontarán esta crisis sanitaria atendiendo y respetando los derechos y libertades civiles, sin olvidar que esta situación permite a democracias y dictaduras por igual una oportunidad perfecta para el abuso de poderes, mayores restricciones y por ende mayor control social. Por ello, cualquier violación de las libertades debe ser temporal y proporcional, delimitando y definiendo sus términos y condiciones de uso. Por el contrario, corremos el riesgo de caer más hondo en ese estado de vigilancia permanente sostenido sobre estrategias de seguridad internacional. Donde la heterogeneidad representa la globalización, mientras que la homogeneidad responde a planes estratégicos contra los enemigos globales, como el COVID19, que socava y hiere de muerte las libertades civiles. Este desgaste de las libertades y derechos civiles pueden aceptarse como daños colaterales de una pandemia mundial, pero debemos pensar cual es la situación que queremos una vez termine el confinamiento, y empecemos a recuperar nuestras libertades de forma escalonada. Para entonces, ¿la corriente que habrá dejado el autoritarismo en nuestras instituciones permitirá las protestas sociales que se avecinan?, ¿se seguirán persiguiendo las opiniones que generan desafección con el gobierno?, ¿seguiremos teniendo la cárcel en nuestras propias casas?
1 comentario
Buen artículo.