23/06/2020 – Alejandro Osorio Rauld (UCM)
Sin duda alguna, la propagación de la pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la fortaleza, logística y liderazgo de los Estados y gobiernos de todo el mundo, en distintos grados, pero sin excepción. Ciertamente, el efecto negativo de la emergencia sanitaria ha sido de tal magnitud en todas partes, que las élites dirigentes han tenido que optar en forma excluyente entre dos bienes fundamentales para el funcionamiento de la sociedad: la salud de la población o la economía. Así, las políticas implementadas por los gobiernos han fluctuado desde confinamientos restrictivos (España, Italia, Francia, etc.) hasta (bio)políticas de “dejar morir” a la población, como bien ha ocurrido en países como USA, Brasil o Gran Bretaña, cuyas dirigencias pueden ser encuadrables en lo que ha sido denominado como “populismo conservador”.
Desde luego, el “clivaje” entre protección sanitaria y salvaguarda económica permite estudiar un interesante aspecto de los sistemas políticos, el de la relación entre las elites económicas y los poderes públicos. Y ello porque la “autonomía relativa” de la que gozan los gobiernos para tomar decisiones (Lindblom, 1999) se ha visto permeada y, en algunos casos, constreñida por la influencia heterogénea de demandas provenientes de distintos actores que estructuran la sociedad: desde oposiciones políticas obstructivas, pasando por la intervención de expertos y organizaciones internacionales, hasta la presión de actores sociales como es el caso de sindicatos y también de quienes dirigen la actividad económica y son propietarios de los medios de producción.
En efecto, aunque la presión ejercida por algunas organizaciones en este contexto de emergencia sanitaria sea tal vez más visible que en otras coyunturas, en verdad, se trata al decir de Evans, Rueschmeyer y Scokpol (1985) de un fenómeno “regular” y “connatural” a las democracias desarrolladas (embedded), como es el caso de varios regímenes europeos en curso. En éstos, los sistemas políticos han establecido relaciones más estrechas con los grupos de presión y de interés, y prueba de ello ha sido la histórica articulación entre sindicatos y partidos de centroizquierda o de empresarios con partidos de derechas; situación opuesta a lo que ha venido ocurriendo con la democracia estadounidense, más reguladora y vigilante respecto a la imbricación entre grupos sociales e instituciones políticas (Schmitter, 1991).
Sin embargo, pese a los distintos modelos de democracia expuestos, el fenómeno de “autonomía” política frente a los grupos de presión no siempre se cumple, y en ocasiones, los gobiernos encuentran serias dificultades para salvaguardar el “interés general”, algo que ha sido nítido de observar en situaciones excepcionales, como ha sido la suspensión de la actividad económica en pos de permitir la adecuada implementación de cuarentenas totales en la población.
Un lugar donde se puede apreciar bien esta tensión es Chile, ya que allí, las organizaciones empresariales, en calidad de “grupo de presión”, han ejercido una coordinada acción a través de los medios de comunicación para que no se suspendiera la actividad económica, influyendo en el gobierno de Sebastián Piñera para impedir el confinamiento total de la población (Osorio y Reig, 2020). Incluso, sus dirigentes elucubraron destempladas declaraciones, como que de “[…] paralizar el país pasaríamos a ser el país más pobre de Latinoamérica”[1] hasta la polémica frase del presidente de la CCS: “No podemos matar la actividad económica por salvar vidas, después lamentaremos que la gente muera de hambre”[2]. Así, los empresarios chilenos han dejado en claro la ausencia de un imaginario de “interés general”, que de haber existido, podría haber reculado de su insistencia en mantener la actividad económica funcionando, calculando las consecuencias de dicha acción en el advenimiento de un escenario dantesco, tal como está ocurriendo hoy día en Chile, que concentra más contagios que España e Italia y es uno de los países con mayor cantidad de fallecidos por número de habitantes[3].
Si bien es cierto, la presión empresarial ha ocurrido en la mayoría de los países que han implementado confinamientos, el caso chileno es particularmente llamativo y sorprendente, porque su élite reúne condiciones extraordinarias como grupo de poder, al contar con una trayectoria de intensa intervención pública a través de recursos y mecanismos institucionales e extrainstitucionales para influir en los asuntos políticos, situación que ha venido ocurriendo desde la transición a la democracia hasta la fecha.
Se trata de un grupo que desde el cambio de régimen ha tenido una enorme influencia en la política chilena, ya que desde fines de la dictadura ha ostentado un exacerbado poder y riqueza en el país. De hecho, los grandes empresarios, que pertenecen al 1% más rico, concentran el 35% de la riqueza (Piketty, 2015). Y como bien sabemos, la riqueza no es sólo una posición privilegiada, sino que además confiere poder social y político a quien la posee. Una prueba de ello, fue la excesiva influencia que ejerció el empresariado sobre la clase gobernante durante más de dos décadas a través del financiamiento ilegal de campañas políticas. Desde luego, no es casual que el porcentaje de riqueza y de poder en Chile sea muy similar, y que el 1% que acumula más de un tercio de la riqueza total, también acumule el 31,7% del poder en el país (Cárdenas, Vidal y Olivares, 2015). Lo curioso es que, como indica Mayol (2016), se trata de un “fenómeno histórico, contingente (…) ya que muchas clases o castas comerciantes han tenido mucho dinero y, sin embargo, no han concentrado poder político equivalente a su dinero” (p.49-50).
Es interesante consignar que estas actitudes del empresariado chileno, distan bastante de lo que ha ocurrido en España, puesto que si tomamos como referencia de comparación el comportamiento de la CEOE frente al actual gobierno de coalición en el contexto de la pandemia, se pueden identificar diferencias que, sostengo, podrían haber sido decisivas para influir de otro modo en la actuación del gobierno chileno, por supuesto, con resultados menos transgresores respecto a los efectos negativos de la pandemia.
En España, las organizaciones empresariales también han tenido protagonismo, con reiteradas intervenciones públicas de sus líderes y declaraciones oficiales. No obstante, a pesar de este denominador común, la observación de los pronunciamientos y reacciones oficiales de la patronal arroja diferencias en el modo de influir en las decisiones políticas. Buena parte de esas diferencias pueden explicarse en términos de “cultura política” respecto al caso chileno, y parecen tener que ver con la distinta trayectoria del empresariado durante el tránsito a la democracia y, por supuesto, con la configuración del espacio público resultante de dichas transiciones: más netamente neoliberal en el caso chileno, más formalmente comprometido con un tipo “europeo” de “Estado social de derecho” en el caso español.
Así es como en España se ha logrado consolidar una “cultura” de pactos sociales y políticos que vienen desarrollándose desde la transición hasta la actualidad (Cabrera, 2003). Prueba de ello, fueron “Los Pactos de la Moncloa” (1977), como también la Asamblea que redactó su Constitución (1978). En tal sentido, parafraseando a Gaetano Mosca, la “fórmula política” de las concertaciones sociales, de alguna manera, con todas sus limitaciones y críticas, parece haber sido exitosa en el disciplinamiento de las fuerzas sociales para llegar a acuerdos orientados por el “interés general”. Esta situación, por cierto, tiene su expresión en la actuación de la CEOE en el contexto de las negociaciones con el gobierno de coalición y los sindicatos, ya que, en general, promovió una actitud colaborativa que se mantuvo con independencia del discurso político de la oposición conservadora y de la batalla parlamentaria que ésta emprendió en plena crisis sanitaria y económica. Protestó sin demasiada virulencia por la prohibición temporal de los despidos con causa en el Coronavirus y aceptó la muy favorable regulación de los ERTE o suspensiones temporales de empleo. Aun así, pese a las tensiones existentes, en todos esos momentos actuó en sintonía con la representación sindical y con el propio Gobierno.
En la acera de enfrente, la concertación social que tuvo lugar en España no hizo “carne en Chile” (salvo en su aspecto nominal), y lo que ha prevalecido ha sido el interés privado de unos pocos frente al bien común, lo que es muy propio de países con modelos de desarrollo de orientación neoliberal, que, en el caso del país sudamericano, tiene un carácter radical. No en vano, el destacado sociólogo Phillipe Schmitter (1991), veía en el neoliberalismo el principal enemigo de las concertaciones y los Estados del Bienestar, y el caso chileno sería un ejemplo acabado de esta situación, ya que el empresariado, desde el plebiscito de 1988 hasta el día de hoy, nunca ha actuado como un actor subordinado a la política en tanto que actividad que vela por el “interés general” de los ciudadanos.
Las consecuencias están a la vista, y al igual que en Estados Unidos, Brasil, Rusia o Inglaterra, el problema hoy tiene más bien un carácter “biopolítico”, porque son cientos de personas que están falleciendo diariamente; ciudadanos que confiaron en las decisiones de sus gobernantes para hacer valer algo tan elemental como es el cumplimiento del contractualismo hobbesiano: el sometimiento al pacto a cambio de protección de la población por parte del Estado, lo que no ha ocurrido ni nada presagia que pueda ocurrir en el futuro inmediato.
Referencias
C., Lindblom. 1999. Democracia y sistema de mercado. México D.F.: FCE/Instituto Nacional de Administración Pública/Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Cabrera, Mercedes. 2003. «Empresarios y políticos en la democracia. De la crisis económica a las incertidumbres de la transición.» Economía industrial nº5 51-62.
Cardenas, J., G. Vidal, y G. Olivares. 2015. «Complexity, Selectivity and Asymmetry in the Conformation of the Power Phenomenon. Analysis of the Chilean Society.» Networks & Heterogeneous Media,10,(1) 167-194.
Evans, P., D. Rueschemeyer, y T Skocpol. 1985. «On the Road Toward a More Adequate Understanding of the State.» En Bringing the State Back In, de P. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol. New York, Cambridge: Cambridge University Press.
Mayol, A. 2016. Autopsia: ¿de qué se murió la élite chilena? Santiago: Catalonia.
Osorio, A., y J. Reig. 2020. «It’s Always Been Business First: Breve análisis del discurso de las organizaciones empresariales españolas y chilenas ante las políticas para frenar el impacto del Covid-19.» Revista Ecuador Debate 110.
Piketty, T. 2015. El capital en el siglo XXI. Barcelona: RBA.
Schmitter, Philippe. 1991. «La concentración social en perspectiva comparada.» En Concertación social, neocorporatismo y democracia, de Alvaro Espina, 67-80. Madrid: MTSS.
Notas
[1] Entrevista a Juan Sutil, Radio ADN, 27 de marzo. https://www.adnradio.cl/economia/2020/03/27/presidente-de-la-cpc-y-cuarentena-total-si-paralizamos-chile-pasamos-a-ser-quizas-el-pais-mas-pobre-de-latinoamerica.html. Acceso: 27 de marzo 2020.
[2] Entrevista a Carlos Soublette, EMOL, 16 de abril:
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/16/983284/CCS-apetura-paulatina-malls.html Acceso: 2 de mayo 2020.
[3] Información disponible en Radio Bíobío. http://www.biobiochile.cl Acceso: 22 de junio de 2020.
