25/09/2022 – Javier Gil (Uppsala University)
Todos los veranos lo mismo. Los discursos contra la okupación que se escuchan a lo largo del año, se desbocan en julio y agosto. Algunas de las grandes cadenas de televisión dedican horas a este fenómeno. Es el momento perfecto, porque es cuando las personas se encuentran de vacaciones. Si no estás preocupado, deberías estarlo, y ahí están los tertulianos para recordarte que mientras estás en la playa, en el pueblo o has bajado a por pan, puede haber alguien al acecho para okuparte la casa. Obviamente, esto no sucede así. Es mentira. Pero han conseguido que muchas personas vivan con ese miedo. Se trata de un miedo con fuertes implicaciones políticas y económicas.
Durante los últimos años el “problema de la vivienda” ha ocupado el primer plano de la agenda política y mediática del país. Alquileres abusivos, desahucios, vivienda vacía y fondos buitre son ya lenguaje común. Pero es solo una cara de la realidad. En el mismo periodo, invertir en vivienda para ponerla en alquiler se ha convertido en un mercado extremadamente rentable a nivel internacional, lo que ha disparado las inversiones hacia este sector desde todas las partes del mundo. Lo que para algunos era una crisis, para otros estaba siendo un proceso de enriquecimiento abismal.
La polarización social en torno a la vivienda no se ha producido de forma natural. El Gobierno de Rajoy intervino el mercado entre 2012 y 2013 de diversas formas para producirla. Todo auspiciado desde Europa, porque si los bancos españoles no se deshacían de todo el “ladrillo tóxico” que acumulaban, la crisis bancaria pondría en peligro a Europa y al Euro. Este proceso, junto a la reforma laboral y la política de austeridad, fueron los elementos clave de la reestructuración político-financiera realizada en España como respuesta a la crisis del 2008.
El objetivo de este arreglo fue impulsar un nuevo ciclo inmobilario, basado en conectar el entorno construido español con los mercados de capitales. Con las propiedades inmobiliarias completamente devaluadas, los tipos de interés en mínimos históricos y la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo inundando los mercados de liquidez, una enorme masa de capital comenzó a desplazarse hacia el sector inmobiliario español. El arreglo funcionó a la perfección. Creció la inversión, subieron los alquileres y empezó a subir el precio de la vivienda. Una vez más, el ladrillo se convertía en el motor de la economía española.
Pero esta situación también ha sido contestada de múltiples formas. Han aparecido nuevos actores, como los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, y nuevas políticas, como la regulación del precio de los alquileres o diversas leyes por el derecho a la vivienda, que han conquistado el primer plano de la política estatal y autonómica. Estas medidas buscan garantizar en mayor o menor medida una vivienda digna para la población, al margen de su situación económica. Pero al hacerlo, también reducen los beneficios del sector inmobiliario y las posibilidades de extraer rentas por medio de propiedades inmobiliarias. Y este es el verdadero problema, porque como nos recordó el antiguo ministro José Luis Ábalos, “la vivienda es un derecho pero también un bien de mercado que genera actividad económica”. Entonces, para garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna, hay que poner límites a su función económica o especulativa, algo que a los reyes del ladrillo no les gusta.
Esa es la razón por la que estas políticas producen tanto revuelo entre el sector inmobiliario y sus aliados políticos y mediáticos. Regular el precio de los alquileres significa limitar los beneficios del sector, pero sobre todo, limitar las expectativas de revalorización de sus propiedades inmobiliarias. Esta medida constituye un ataque al carácter de activo financiero que cumple la vivienda en alquiler, ya que pone límites a posibles ingresos y revalorizaciones futuras. Es una medida contraria a la financiarización de la vivienda, algo que los impulsores del modelo no se pueden permitir. De hecho, necesitan todo lo contrario: que la vivienda sea un activo extremadamente líquido, que facilite la circulación del capital a la mayor velocidad posible, ya que la extracción de rentas depende del ritmo de circulación. Regular los precios es levantar barreras y ralentizar el proceso de rotación del capital, lo que obstaculiza la función de las viviendas como medio para la acumulación de capital en las sociedades financiarizadas. Por eso estas medidas son tan disputas desde el sector inmobiliario y sus aliados, porque hay mucho dinero en juego y este tipo de políticas entorpecen la especulación.
En este contexto aparecen los discursos contra la okupación. Estos discursos no buscan proteger a la población, ni mucho menos. Por el contrario, son una forma de reacción contra la amenaza que suponen ciertas políticas de vivienda. Incluso desde el sector inmobiliario reconocen que los precios de los alquileres han subido abruptamente durante los últimos años y que se debe intervenir públicamente. Para estos, la solución no consiste en regular los precios (según ellos, traería el efecto contrario), sino aumentar la oferta y garantizar mayor seguridad jurídica a los propietarios, lo que en última instancia significa facilitar los procedimientos de desahucio y desalojo. Para ellos la supuesta inseguridad jurídica produce situaciones de escasez: los propietarios perciben riesgos de alquilar la vivienda, y prefieren no alquilarla, lo que reduce la oferta y hace que suban los precios, lo que además alienta la okupación. Google está repleto de entradas que reproducen estos discursos: “Más del 80% de los españoles cree que la ocupación ilegal de viviendas es un freno para el alquiler[1]”. Y así es como establecen el nexo entre inseguridad jurídica, okupación y precios de los alquileres.
En esta situación agitar el fantasma de la okupación permite desplazar el marco sobre las posibles causas de la crisis de vivienda y las respuestas públicas a las mismas. El objetivo es que cuando se hable de vivienda, no se hable de alquileres abusivos, fondos buitre o desahucios, sino de okupación. Esto se observa con claridad en los debates electorales cuando llega el bloque de vivienda, y determinados candidatos solo hablan de okupación. De hecho, el Partido Popular, que lleva una década votando en contra de todas las políticas de vivienda en incluso recurriéndolas ante el Tribunal Constitucional, acaba de registrar una “ley antiokupas”. Esta es la única propuesta de la segunda fuerza parlamentaria ante la crisis de vivienda.
El poder de estos discursos reside en que producen una [1] cultura en torno a la situación de la vivienda, basada en alinear las preocupaciones e intereses de la población con los del sector inmobiliario. Para ello extienden la idea de que toda la población es susceptible de que le okupen la casa en su ausencia, cuando bajan a hacer la compra o se van de vacaciones, por ejemplo. Pero judicialmente es imposible. Si alguien entra en la vivienda de una persona en su ausencia, será desalojada y detenida de inmediato. Así lo establece el delito de allanamiento de morada, que será efectivo cuando se trata de la morada de la persona, es decir, del lugar de residencia de la persona o su segunda residencia (sí, tu casa, la de la playa, la del pueblo e incluso otra que puedas tener en la montaña). En cambio, si estamos ante un inmueble abandonado, que no constituye morada, el delito será de usurpación. En este caso, la pena es más baja y el procedimiento judicial para ejecutar el desalojo más largo. La legislación española diferencia entre los delitos de allanamiento de morada y usurpación, que son tipos penales distintos y su comisión depende de la naturaleza del inmueble en el que se ha entrado[2].
Por lo tanto, una condición necesaria para que a alguien le puedan okupar la casa, es que tenga una vivienda en propiedad en situación de abandono y desuso. Pero la mayoría de la población no cumple esta condición, porque la gente corriente no se puede permitir tener una vivienda en desuso, sino todo lo contrario. De hecho, según el CIS, solo el 2,9% de los hogares tienen una vivienda sin habitar[3]. De esta manera, quienes acumulan mayoritariamente vivienda en desuso y son susceptibles de sufrir una okupación, son las entidades financieras, las inmobiliarias, los multipropietarios o aquellas personas que se pueden permitir tener viviendas en desuso. ¿A cuántas conoces? Por eso la mayoría de pisos okupados son propiedad de grandes tenedores, y principalmente de bancos (que llevan años vacíos porque el banco no los ha vendido ni alquilado tras desahuciar a la familia que los habitaba, esperando a una subida de los precios para movilizar la vivienda).
Aunque la población no se vea afectada por el fenómeno de la okupación, se ha creado un relato y una cultura donde grandes grupos de población viven atemorizados porque su vivienda sea okupada, cuando en realidad no cumplen las condiciones para que esto suceda. Algunos de los grandes medios de comunicación y sus tertulianos han sido los responsables. Han dedicado largas horas de sus programas a difundir comentarios y reportajes sin base jurídica, distorsionando la realidad al confundir los delitos de allanamiento de morada y usurpación. Una confusión creada intencionadamente, para hacer creer que los intereses de la población coinciden con los de los grandes propietarios de vivienda. Y lo han logrado. Porque el anciano que se manifiesta contra la okupación por miedo a que le okupen la casa, en realidad se está manifestando en favor de los intereses de los bancos, porque él no cuenta con las condiciones socioeconómicas necesarias para sufrir una okupación.
Esta alarma social basada en una distorsión jurídica con efectos socioeconómicos, ha llevado a algunos jueces a intervenir en los debates televisivos para desmentir esta cuestión e intentar poner fin a esta inquietud social. Tomemos una de las intervenciones más recientes del juez Joaquim Bosch, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. En una intervención en agosto, afirmó que en 16 años como juez instructor no ha tenido ni un solo caso de okupación de una vivienda habitada, y que esa es la regla general entre sus compañeros de otros juzgados. También afirmó que estadísticamente es más probable que a una persona la maten por la calle, a que entren okupas en la vivienda en la que reside y defendió que es irresponsable alarmar a la sociedad con la posibilidad de que uno vaya a la compra y le entren en su domicilio[4], como hacen muchos medios. Unos años antes, el mismo juez recomendaba detener estas campañas, al considerarlas poco saludables porque generan ansiedad en la población[5].
Producir y difundir discursos contra la okupación tiene fuertes impactos políticos y económicos, y afecta a los beneficios de los bancos y del sector inmobiliario en dos sentidos. De forma directa, porque ellos sí que se ven afectados por la okupación. Desde 2008 se han producido más de medio 750.000 desahucios. Los bancos desahuciaban a familias, pero mantenían la vivienda vacía bajo la expectativa de venderla en un futuro ciclo de recuperación de los precios. Muchas de estas familias vieron en la okupación la única forma de acceder a una vivienda, algo que contó con amplio apoyo social. Leyes más restrictivas contra la okupación facilitan que las entidades financieras puedan acumular vivienda vacía hasta que una rentabilidad determinada les anime a introducirlas en el mercado. De forma indirecta, porque desplazan el debate sobre el “problema de la vivienda” y las medidas necesarias que se deben adoptar. Estos discursos promueven que no se regule el precio de los alquileres, ni se apruebe un impuesto a la vivienda vacía ni se dificulten los desahucios. Por eso interfieren en los ciclos financieros-inmobiliarios y en la función que deben cumplir las viviendas en nuestras sociedades, manteniendo el carácter de activo financiero como su rasgo principal.
Es muy probable que estos discursos se multipliquen en el futuro. Por un lado, porque las políticas de vivienda cada vez son más centrales. Ahora mismo hay una Ley de Vivienda en proceso parlamentario y el movimiento por la vivienda acaba de lanzar una campaña para que el Gobierno regule los precios de los alquileres en el contexto de la nueva crisis (como ha hecho Escocia). Por otro, porque ha comenzado un ciclo de subida de las hipotecas, y muchos hogares que se hipotecaron durante los últimos años no podrán afrontar los pagos, lo que derivará en una ola de desahucios. Ante ambos fenómenos, la patronal inmobiliaria junto a sus aliados políticos y mediáticos agitarán los discursos contra la okupación para defender sus intereses.
De todas maneras, si alguien considera que la okupación es un fenómeno con el que hay que acabar, en vez de criminalizar a quien lo hace, debería preguntarse: ¿Por qué hay vivienda vacía? ¿Por qué hay familias que no pueden acceder a una vivienda y se ven obligadas a okupar? Estas preguntas llevan a la raíz del problema. Es decir, a la estructura de propiedad inmobiliaria. Pero claro, este es un tema que ni los bancos, ni el sector inmobiliario ni la mayoría de medios de comunicación están dispuestos a tratar.
[1] https://inmodiario.com/170/0/mas-del-80-de-los-espanoles-cree-que-la-ocupacion-ilegal-de-viviendas-es-un-freno-para-el-alquiler.html
[2] https://red-juridica.com/diferencia-allanamiento-okupacion/
[3] https://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3200_3219/3212/es3212mar.pdf
[4] https://www.youtube.com/watch?v=DJM6rOjBtWE
[5] https://www.cuatro.com/todoesmentira/diferencia-allanamiento-morada-usurpacion-okupacion_18_3007470262.html
Este artículo forma parte de una investigación en curso sobre los discursos en torno a las políticas de vivienda. El contenido ha sido elaborado para el blog de GESP y publicado en el diario El Salto.
