El problema de la vivienda en España. Desafíos y propuestas para un bien de uso esencial

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17/11/2023 – Álvaro Mazorra (UNED)

Introducción

Resulta difícil recordar una crisis de vivienda tan aguda como la que enfrentamos en la actualidad. Solo han transcurrido algunos años desde la crisis hipotecaria que hundió a millones de hogares, y ahora nos enfrentamos a una nueva oleada de especulación inmobiliaria que se extiende a nivel global (Madden y Marcuse, 2018).

En España, a pesar de que la Constitución Española de 1978 declara en su Artículo 47 el derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada, la realidad ha convertido en papel mojado el mandato constitucional, ya que los síntomas de la crisis de la vivienda son cada vez más evidentes en todas partes: la carestía de la vivienda no ha dejado de incrementarse, el sinhogarismo se ha generalizado, los desahucios y ejecuciones hipotecarias han aumentado exponencialmente, la gentrificación y la turistificación se han convertido en fenómenos inherentes a la dinámica de las grandes ciudades y la expansión de la segregación está generando la conformación de territorios cada vez más polarizados y desiguales. Todo ello ha provocado que los problemas de acceso a la vivienda y la inseguridad residencial se sitúen entre las principales preocupaciones de la sociedad española (CIS, 2022), especialmente en las grandes ciudades, ya que los precios, sobre todo en lo concerniente a la vivienda de alquiler, han experimentado un incremento continuo en los últimos años (Observatorio de Vivienda y Suelo, 2019).

El concepto de vivienda digna se utiliza para indicar a aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad (ONU, 1991).  El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que una vivienda es digna cuando reúne los siguientes elementos: que sea fija y habitable, de calidad, asequible ―tanto en el precio de la vivienda como en alquiler―, accesible, ubicada en entornos adecuadamente equipados ―empleo, servicios sanitarios, escuelas etc.― y con seguridad jurídica sobre la tenencia. Es decir, nos plantea que es “digna” cuando cumple unos requisitos mínimos de habitabilidad, accesibilidad y seguridad jurídica. Se puede considerar, por tanto, que una vivienda es digna cuando tiene la superficie, las condiciones ambientales ―calidades, aislamiento térmico y sonoro, etc.― y las instalaciones y los servicios mínimos ―electricidad, agua, gas, etc.― que la hacen apta para cumplir su función residencial. 

Esta definición debe ser entendida en el marco de lo que es actualmente una vivienda. Esta ha sido conceptualizada, básicamente, en dos dimensiones analíticas. Aguinaga (2015), como muchos otros, la conceptualiza por cómo la utilizamos; por su utilidad o función. Es el “lugar donde las personas tienen cubiertas sus necesidades primarias, como son el descanso, la alimentación y la higiene”. La estructura que llamamos vivienda lo es por la función que cumple, por el uso que necesitamos hacer de ella, por la necesidad social que cubre. Sin embargo, la vivienda en nuestra sociedad es también un producto, una mercancía producida a fin de ser vendida o alquilada a aquel que pueda pagarla y la necesite (Harvey, 2014). Ha adquirido un valor de cambio. Se ha convertido en una propiedad mercantil.

Ambas son dos dimensiones distintas que evolucionan según factores diferentes y que afectan a cómo son las viviendas en cada momento histórico. Pero, en un sistema social cualquiera puede llegar a ser más relevante el valor de uso, y en otros el valor de cambio, a la hora de definir como son las viviendas y quienes las habitan. El proceso de mercantilización de la vivienda supone sistemas sociales en los que se aliena el valor de uso de la vivienda para transformarla en un valor de cambio regido por las dinámicas del mercado. Cuando ello ocurre, una vivienda digna comienza a hacerse difícil de alcanzar para todos. La historia de la vivienda en España en las últimas décadas es la historia de su persistente mercantilización. 

El problema de la vivienda en España. Una panorámica de la situación actual

En estas circunstancias, son muchas las personas, las organizaciones e incluso los organismos oficiales que han realizado análisis y estudios sobre el problema de la vivienda que emerge en la sociedad actual y que, aunque ha existido siempre, no alcanzaba los niveles de dramatismo de hoy. No solo por la visibilidad e impacto del gran número de expulsiones y desahucios de personas de sus domicilios, sino por la diversidad de situaciones que se han dado en los casos en los que se ha terminado con el lanzamiento de la vivienda a sus habitantes.

Cuando hablamos del problema de la vivienda en España nos referimos a la enorme dificultad que encuentra una proporción significativa de la población para acceder a una vivienda digna. ¿Cómo se manifiesta está problemática? Sin duda, el desahucio es la representación más explícita de este fenómeno y su elevada prevalencia desde el inicio de la crisis económica de 2008 da cuenta de la enorme gravedad que reviste esta contingencia. Según los datos de Observatori DESC (2020), entre 2008 y 2019 hubo en España más de 600.000 desahucios, sobre una población aproximada de 47 millones de habitantes.  Esta tendencia presenta dos fases muy diferenciadas: la primera, de 2008 a 2014, tuvo lugar durante los años de crisis y se concentró en torno a la vivienda en propiedad; por su parte, la segunda fase se inició en 2014 y se caracteriza por la creciente prevalencia del número de lanzamientos derivados del impago de vivienda arrendada (Consejo General del Poder Judicial, 2020). Ello remarca que lo que en principio fue una situación de emergencia habitacional se ha convertido finalmente en un problema social estructural de la sociedad española.

Sin embargo, el conflicto adopta muchas más expresiones y también se encuentra reflejado en la tardía emancipación de los jóvenes españoles, en la elevada proporción de ingresos que conlleva para los trabajadores precarios, en la discriminación residencial de los grupos minoritarios, en la falta de viviendas adaptadas para personas en situación de discapacidad o en el hacinamiento al que se ven empujados los colectivos desfavorecidos (Provivienda, 2023). Todos estos grupos de población padecen una situación de precariedad habitacional, un contexto de inestabilidad vital provocado por los problemas derivados de la falta de recursos para acceder o mantenerse en una vivienda en condiciones dignas.

A pesar de que el perfil sociológico de estas situaciones es diverso y heterogéneo, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2023, el problema de la vivienda afecta especialmente las personas no propietarias y los hipotecados, especialmente aquellos empleados en trabajos precarios y/o en situación de desempleo. Asimismo, hay que destacar también el fuerte componente de clase y género que caracteriza a estos perfiles, concentrándose principalmente entre las clases populares y en los hogares monoparentales encabezados por una mujer trabajadora que son, entre todos, los que padecen una mayor situación de inestabilidad (Bosch, 2020).

Reflexiones finales y propuestas políticas para una asignatura pendiente de la sociedad española

Ante este panorama, es fundamental recuperar y fortalecer una política estructural de vivienda pública. Sin embargo, esta medida es, por sí sola, insuficiente. Las políticas para promover y adquirir vivienda son lentas y caras, difíciles de sostener con los recursos limitados y precarios del sector público. De este modo, si bien resulta esencial impulsar una política estructural de vivienda pública, resulta también necesario combinar esta política con otras acciones puntuales y estructurales para abordar el problema de manera integral.

En primer lugar, es fundamental mantener la vivienda pública exclusivamente para el mercado de alquiler y bajo el control de la Administración, ya que es el medio de acceso más común para los grupos sociales vulnerables. En España, a menudo ha ocurrido lo contrario, y muchas de las viviendas promovidas por las Administraciones han terminado siendo vendidas a sus inquilinos y, en algunos casos más graves, a fondos de inversión internacionales. Como resultado, ese parque de viviendas ha pasado al mercado inmobiliario privado y se ha vuelto inaccesible para los grupos económicos más desfavorecidos.

En una situación de escasez de vivienda pública, esa vivienda debe ser destinada fundamentalmente a quienes más lo necesitan en cada momento. Y, probablemente, quién más lo necesita no sea quién más lo vaya a necesitar durante toda su vida. Entonces, la vivienda pública debe tener una cierta rotación, y eso implica que no se debe vender. Preservar la vivienda pública para el mercado de vivienda de alquiler aparece, por tanto, como una primera medida con la que mitigar algunas de las situaciones de exclusión residencial más extremas y acuciantes.

Además, la vivienda pública debe distribuirse equitativamente en las distintas zonas del territorio, a fin de prevenir la posible formación de comunidades marginadas y entornos vulnerables y desfavorecidos. Esta distribución geográfica equitativa no solo contribuye a garantizar el acceso igualitario a oportunidades y servicios, sino que también promueve la diversidad y la integración social. Al evitar la concentración de vivienda pública en áreas específicas, se fomenta un tejido social más cohesionado y se reducen las posibilidades de exclusión y estigmatización de determinadas comunidades. Esta estrategia no solo busca abordar las necesidades inmediatas de vivienda, sino también construir un entorno urbano más inclusivo y sostenible a largo plazo.

Sin embargo, es en el mercado privado de vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, donde se generan las tendencias especulativas y de inflación del mercado inmobiliario y, por ende, es ahí donde hay que actuar con mayor contundencia, desarrollando mecanismos de control que permitan atenuar los procesos negativos que se generan en el mercado. Junto a las medidas estructurales, también se defiende, por ende, la necesidad de implementar algunas medidas concretas que han demostrado ser efectivas en la regulación del mercado inmobiliario en el corto y medio plazo: la regulación del precio de la vivienda en alquiler y las políticas de control de las viviendas y alojamientos de uso turístico.

Con cada vez más personas con dificultades para pagar sus viviendas, garantizar el acceso a viviendas dignas y asequibles requiere regular el mercado inmobiliario privado. De hecho, ya está parcialmente regulado, como es el caso de las viviendas protegidas que se desarrollan para el mercado de propiedad, pero lo que se propone aquí es extender la regulación también al mercado de alquiler. Algo que ya sucede con otro tipo de bienes que ni siquiera son de primera necesidad, como sí sucede en el caso específico de la vivienda. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas indica que el costo de la vivienda no debería superar el 30% de los ingresos familiares para garantizar una vida digna. Sin embargo, en el caso de hogares que habitan viviendas de alquiler en las grandes ciudades españolas, este porcentaje puede ser mucho mayor que los estándares recomendados por los organismos internacionales.

A excepción de la Ley 11/2020, aprobada en Cataluña, actualmente el mercado de arrendamientos continúa sin ser regulado en España. Aunque que la nueva Ley de Vivienda aprobada en 2023 pretende dar pasos en este sentido, los interrogantes sobre su aplicación real son aún grandes. Este cambio se ha producido ya en países de nuestro entorno como Portugal, Francia o Alemania, e incluso en algunos estados norteamericanos ―California, Nueva York, etc. ― se han aprobado normativas dirigidas al control de las subidas desmesuradas de los alquileres. Si en el centro de la economía mundial se están habilitando mecanismos para controlar el incremento de los precios de los alquileres, no parece descabellado que medidas similares puedan aplicarse en las áreas más tensionadas contexto español.

La rápida expansión de viviendas y alojamientos de uso turístico en grandes ciudades, así como su fuerte impacto en los precios de la vivienda en áreas afectadas, ha desencadenado un importante debate social y político sobre la necesidad de controlar su crecimiento. El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) aprobado en Barcelona en 2017 marcó un avance significativo en este sentido. Aunque su impacto real ha sido limitado, ya que se esperaba reducir el número de alojamientos turísticos y esto no ha ocurrido de manera significativa, su aprobación por parte del ayuntamiento evidenció un cambio en la percepción pública sobre los efectos socioeconómicos del turismo masivo. Desde entonces, otros ayuntamientos, como los de Palma de Mallorca, Bilbao o Valencia, han implementado medidas restrictivas para abordar el desafío de armonizar los alojamientos turísticos con el avance hacia modelos urbanos más sostenibles e integradores.

En definitiva, el debate surgido en torno a la cuestión residencial es sumamente complejo y el reto es monumental. La amalgama de actores, intereses, demandas y conflictos que giran en torno al fenómeno dan buena cuenta del gran reto que supone regular la cuestión residencial en España. En este contexto, es esencial promover un diálogo inclusivo que involucre a la sociedad en su conjunto, incorporando perspectivas diversas para encontrar soluciones sostenibles y equitativa. La colaboración entre los sectores público y privado, así como la participación activa de la ciudadanía, serán elementos clave para abordar de manera integral este desafío y construir un sistema de vivienda que promueva la justicia social y el bienestar colectivo.

Referencias

Aguinaga, M.J. (2015). “Vivienda: de necesidades humanas y de altas finanzas”. En A, Lucas, M.D, Cáceres y E., Morales (Eds.), Madrid ante los desafíos sociales actuales: La realidad social de Madrid (pp. 83-110). Fragua.

Bosch, J. (2020). “La vulneración del derecho de la mujer a la vivienda en España (2008- 2018)”. En XIII International Conference on Virtual City and Territory: Challenges and paradigms of the contemporary city.

Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS] (2022). Barómetro de Julio 2023. Estudio nº 3413. https://bit.ly/477Iu37

Consejo General del Poder Judicial (2020). Las ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 36,5 por ciento en 2019 y, con un total de 17.411, alcanzaron la cifra más baja de los últimos doce años. https://bit.ly/477Ikc1

Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Traficantes de Sueños.

Madden, D. J. y Marcuse, P. (2018). En defensa de la vivienda. Capitán Swing.

Observatori DESC (2020). L’ evolució dels desnonaments 2008 – 2019: de l’emergència a la consolidació de una crisi habitacional. https://bit.ly/47vmgbi

Observatorio de Vivienda y Suelo (2019). Boletín especial. Alquiler residencial, 2019. Ministerio de Fomento.

ONU (1991). El derecho a una vivienda adecuada. https://bit.ly/3sxI0UZ

Provivienda (2023). La casa a cuestas: el problema de la vivienda asequible en España. http://bit.ly/3QJaIum 

La ciudad plataforma. La nueva fórmula del capitalismo urbano

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Jorge Sequera (UNED e Investigador Principal del proyecto Likealocal)
Pablo Martínez (UNED e investigador del proyecto Likealocal)

La progresiva digitalización de las ciudades mediterráneas, con un nuevo urbanismo empresarial importado del modelo «Silicon Valley» está capitalizando un flujo constante de capital tecnológico hacia ciudades como Madrid, Barcelona o Lisboa. Una nueva organización espacial en (de) las ciudades que se apoya en un cambio de paradigma, que apuesta por un capitalismo tecnológico. Se dispone así un espacio híbrido entre «lo urbano» y «lo digital». Estos ensamblajes y desensamblajes complejos en la ciudad están teniendo profundas consecuencias en el comercio, la movilidad, la concentración del control sobre los recursos comunes urbanos, así como los flujos de información y la inversión de capital, como elementos centrales de un entorno urbano en constante proceso de cambio. Nos referimos a los impactos urbanos que la economía de plataformas está teniendo sobre la forma en que nos relacionamos en nuestra vida cotidiana en/con la ciudad.

El turismo urbano, de algún modo, personifica esta reorganización de la ciudad entorno al capitalismo de “app”.  Como hemos visto durante estos último 3 años en el marco del proyecto Likealocal, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el turismo urbano en las grandes ciudades del sur de Europa se ha convertido en un elemento central de la transformación espacial, económica, social y cultural, no tanto por las dinámicas económicas fruto del turismo en sí, sino por la vertebración de nuevas formas de encontrarse en el espacio urbano: ciudadanía como cliente o usuario del espacio urbano, vivienda como alojamiento efímero, fijación espacial de la reputación digital, la plataformización de nuestras necesidades y consumo urbanos o la algoritmización del encuentro social.

Este proyecto ha querido durante este tiempo analizar algunos de los impactos del capitalismo de plataforma que representa Airbnb sobre el espacio urbano, el trabajo, la vida cotidiana y la vivienda. No se ha tratado tanto de una sociología del turismo, como pudiera parecer, sino de una mirada socioespacial sobre la acentuación de éste sobre las vidas urbanas. Tampoco de unos estudios urbanos críticos que se basara en la operatividad «clásica» de la exploración de los procesos de cambio residencial/poblacional y urbano/espacial en «la ciudad turística» bajo las dos dicotomías clásicas (especulación-expulsión y gentrificación-desplazamiento) más utilizadas en los últimos años. Entre nuestros objetivos se encontraba el identificar, examinar y evaluar las transformaciones espaciales y los cambios sociales derivados de los procesos de turistificación urbana en barrios céntricos de cuatro ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Palma y Sevilla), a través de los discursos y prácticas sociales de los distintos actores implicados en el ecosistema Airbnb. Aquí, algunos apuntes de lo aprendido estos años.

En primer lugar, hemos encontrado una complejidad mayor de la esperable entre los actores y los discursos que rodean la economía de plataformas turísticas. Entre ellos, detectamos una serie de actores que identificamos como «resistentes» (que muestran resistencia a la turistificación relacionada con Airbnb), «adaptativos» (que muestran cierta adaptación), «los especuladores» (que hacen negocio con bienes inmuebles) y «los desplazados» (que son excluidos). Estos perfiles se atravesaban asimismo con otros cuatro vectores fundamentales en la compresión de la economía Airbnb y el turismo urbano contemporáneo: los vecinos/as (de los barrios turistificados), los trabajadores/as (dependientes de la economía de Airbnb), los anfitriones y los huéspedes. Ambos ejes han funcionado como un caleidoscopio analítico durante toda la investigación. De este modo, estos 4 últimos actores identificados (vecino/a, trabajador/a, anfitrión/a y huésped) pueden matizarse en ese movimiento caleidoscópico mediante cualquiera de los otros cuatro perfiles (resistentes, adaptativos, especuladores y desplazados) conformando un sociograma variable.

Asimismo, hemos observado que este despliegue de nuevas formas de “extracción digital” sobre el espacio urbano, viene acompañada del desembarco de grandes multinacionales tecnológicas – algunas pioneras revestidas de “sharing economy”- y que han supuesto la punta de lanza para esta nueva forma de producción urbana. Airbnb, como mejor expresión de lo que es y supone el capitalismo digital y de plataforma, abrió nuestras ciudades a través del turismo, a todo tipo de empresas digitales (Uber, Glovo, Deliveroo, Cabify, etc), generando nuevas formas de habitar (consumir, desplazarse, relacionarse, etc.) los espacios centrales de las ciudades y cada día más, de espacios metropolitanos ampliados.

Finalmente, vimos que el estallido de la crisis sociosanitaria a raíz de la Covid-19 hace 2 años, funcionó como catalizador de este capitalismo digital, con fuertes repercusiones sobre la vida urbana. Esta situación global aprovechada por las diferentes plataformas digitales, está desplazando al sistema productivo de la economía de servicios posfordista tal y como la conocíamos, provocando o acelerando nuevas dinámicas sociales y culturales en la era digital. En el centro de estas transformaciones del espacio digital y físico, encontramos los GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), los NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber), los BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) o las empresas del “capitalismo de app” como Deliveroo, Glovo, Tiktok o Instagram. Éstas son cada vez más poderosas en la configuración de la vida de la ciudad y el contexto pandémico no ha hecho más que extender su consumo y dominio sobre determinadas esferas laborales y sociales, tanto en lo que respecta a los usos como a los estilos de vida o a las nuevas formas de trabajo emergentes. En una investigación reciente de la socióloga urbana Sharon Zukin sobre las grandes transformaciones digitales que se están dando en la ciudad de Nueva York, muestra cómo el crecimiento – y de hecho, la supervivencia- de las ciudades está ahora  interconectado con el poder de la industria tecnológica. Estamos por tanto, ante un poder tecnoeconómico que liderado por las mayores empresas de tecnología digital (Apple, Amazon, Microsoft, Google / Alphabet y Facebook), nos lleva a la era de «la gran techificación del espacio urbano”, donde se darán las nuevas luchas entorno a las nuevas formas de configurar la vida en las ciudades, nuevas transformaciones del consumo colectivo o nuevas formas de estilo de vida y de trabajo.

Salir del laberinto, una necesidad para nuestras ciudades

Las consecuencias del despliegue de este capitalismo digital en nuestras ciudades, ha llevado a diversos análisis sobre qué ha sucedido y sucede en el espacio urbano de las ciudades del sur europeo. En estos días tendrá lugar el encuentro LIKEALOCAL. Vidas itinerantes, rentismo turístico y trabajo en el capitalismo de plataforma, los días 23 y 24 de Junio en Madrid, donde se debatirá qué está ocurriendo en los espacios metropolitanos a partir de tres ejes concretos. El primero, la irrupción de las migraciones transeuropeas combinado con nuevas formas de trabajo -capitalismo digital- y las nuevas formas de uso de la vivienda que van más allá de las categorías establecidas de segunda residencia o alquiler turístico. El segundo, la exploración del mercado inmobiliario de plataformas, su financiarización, los conflictos políticos derivados de la apropiación de las rentas del suelo y el turismo, y la profesionalización y concentración de la gestión y la propiedad de la vivienda turístico. Y el tercero, las relaciones entre el capitalismo de plataforma y las modalidades de trabajo/empleo: desde los trabajadores móviles, teletrabajadores, trabajadores remotos o trabajadores globales, a la cara oculta de la plataformización del empleo, con la expansión de los «gig workers» y microtrabajadores.

En definitiva, una diversa y multifacética vida digital urbana en este nuevo escenario urbano tecnosocial, que debe seguir analizando con perspectiva crítica cómo se está pensando, diseñando e imaginando la sociedad digital urbana presente y futura, poniendo especial atención a los principales actores y grupos sociales involucrados, así como las nuevas formas de consumo urbano, de ocio, de cultura del trabajo o de estilos de vida urbanos.

¿Desigualdades en el siglo XXI? “The Times They Are Changing”

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31/01/2022 – Marisa Revilla (UCM)

Este siglo XXI que es aún muy joven tiene ya varias características que le otorgan personalidad: ha sido definido como el siglo de las mujeres, se plantea probablemente como el siglo de China, claramente tendremos que “hacer algo” con el cambio climático y, desde hace dos años, la década de los veinte nos viene enseñando que nada es más cierto en esta sociedad global que la incertidumbre, que toda planificación salta en pedazos ante los efectos de lo inesperado, como esta pandemia que, según dicen, puede ser la primera de las que vendrán. En estos días, pareciera que volvemos a las décadas de los 50, 60, 70 del siglo XX, reviviendo la confrontación de bloques y la escalada de un conflicto iniciado por Rusia en Ucrania. Salvo que ahora no se trata de bloques, por más que se intente evocar la Guerra Fría, ahora se trata más bien del progreso del autoritarismo en el mundo.

El siglo XX fue un siglo de grandes temas para el desarrollo de la sociología política: fue el siglo en el que el Estado nación se convirtió en la forma de organización política universal, en el que se terminó de forjar una organización mundial de Estados soberanos. Se desarrolló la globalización del capitalismo. La democratización pasó por olas y por transiciones a la democracia que actuaban de modo interrelacionado en contextos regionales: el sur de Europa, América Latina, Europa del Este… Todo ello, con el impulso de la movilización de distintos grupos sociales, contribuyó a la ampliación y redefinición de la ciudadanía, a nuevos procesos de inclusión social alimentados por la lucha contra la desigualdad. Todo ello nos permitía distinguir las fracturas sociales que, de modo intersectorial e integrado, establecen distintos destinos sociales para las personas y establecer políticas que supusieran avances en la igualdad. Este sigue siendo hoy el discurso, este sigue siendo aparentemente el objetivo, pero ¿es realista pensar en el siglo XXI como el siglo en que seguiremos avanzando en la lucha contra todas las desigualdades? ¿sigue siendo un objetivo social en el tiempo del individualismo exacerbado y de una supuesta ausencia de fronteras y límites por el espacio virtual? ¿no será que estamos pensando este tiempo con claves de un tiempo pasado?

En este siglo ya hemos pasado por dos crisis: la financiera desde 2008 y la pandémica desde 2019. Aunque tienen causas, efectos y alcances distintos, han tenido un mismo resultado: el aumento de las desigualdades. El informe de 2022 del World Inequality Report revela algunos datos que debemos tener en cuenta:

  • En relación con la distribución del ingreso entre la población mundial: el 10% más rico recibe el 52% del ingreso mundial. El 50% más pobre recibe el 8,2%. El primer grupo tiene un ingreso medio de 87.200 € por año, mientras que, en el segundo, el ingreso medio es de 2.800€ en el mismo periodo.
  • El nivel de ingresos medios nacionales es un mal indicador de la desigualdad porque algunos países de ingresos altos son muy desiguales en su distribución interior, como Estados Unidos, y otros son más iguales, en este caso nombran a Suecia. De la misma forma ocurre con países de ingresos medios o bajos.
  • Respecto de la distribución de la riqueza, si el 10% más rico de la población mundial acumula el 76% de toda la riqueza, el 50% más pobre solo posee el 2%.
  • La tendencia analizada para las dos últimas décadas indica que, a la vez que están aumentando las desigualdades en el interior de los países, están disminuyendo las desigualdades globales entre países.
  • Regionalmente, MENA (Medio Oriente y Norte de África) es la más desigual del mundo, seguida muy de cerca por América Latina: en la primera, el 10% más rico capta el 58% del ingreso; en la segunda, el 55%. En el caso de Europa, la región menos desigual, capta el 38% del ingreso.
  • Señalan un elemento de comparación histórica muy relevante: “Las desigualdades globales contemporáneas se acercan a los niveles de principios del siglo XX, en la cúspide del imperialismo occidental”.
  • Las desigualdades en el reparto de la riqueza también han aumentado en la parte más alta de la distribución: desde 1995, la participación en la riqueza mundial del 0,01% más rico ha aumentado desde el 7% al 11%. La pandemia provocada por la COVID, especialmente en 2020, ha exacerbado la concentración de la riqueza de los multimillonarios.

Estos datos se corroboran en otros informes, tanto regionales como mundiales. El recientemente publicado informe de OXFAM, Las desigualdades matan, indica que mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se habrían deteriorado a causa de la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo habrían duplicado su riqueza. Analizan como violencia económica el hecho de que estén aumentando las desigualdades económicas, raciales y de género porque “las decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos”.

La siguiente cita textual del World Inequality Report 2022 nos puede ayudar a entender la definición que hace OXFAM de la situación:

Las naciones se han vuelto más ricas, mientras que los gobiernos se han vuelto más pobres. Durante los últimos 40 años, los países se han vuelto significativamente más ricos, pero sus gobiernos se han vuelto significativamente más pobres. La participación de la riqueza en manos de los actores públicos es cercana a cero o negativa en los países ricos, lo que significa que la totalidad de la riqueza está en manos privadas. Esta tendencia se ha visto magnificada por la crisis del COVID, durante la cual los gobiernos tomaron prestado el equivalente al 10-20% del PIB, esencialmente del sector privado. La escasa riqueza actual de los gobiernos tiene importantes implicaciones para las capacidades estatales de abordar la desigualdad en el futuro, así como los desafíos clave del siglo XXI como el cambio climático (resaltado añadido).

Ambos informes, como tantos otros, establecen las medidas, las políticas, las transformaciones que se requieren para revertir la situación y eso solo se puede entender porque seguimos considerando que la lucha contra la desigualdad es una prioridad, un objetivo común. Pero ¿es realmente así? ¿nos permiten estos análisis, la situación descrita de la evolución de la riqueza y el ingreso en el mundo, pensar que estamos en condiciones de disminuir la desigualdad socioeconómica, racial y de género? Me parece que indican que los tiempos han cambiado y no hemos quedado pensándolos con claves del siglo XX. Si realmente queremos hacer de la lucha contra las desigualdades una prioridad global, tenemos que revertir estas tendencias. Desde la sociología política, hoy en día, al menos en España, un tanto abandonada –el análisis de esta situación desde luego supera con mucho el espacio y el objetivo de este post, pero es necesario–, tenemos todas las herramientas teóricas y analíticas necesarias para aportar un mayor conocimiento de esta realidad. Desde estas líneas abogo por retomar, revisar, renovar y revitalizar los estudios sobre el Estado, la globalización, la ciudadanía, los sistemas políticos, la calidad de la democracia, etc. porque son temas que inciden directamente en las desigualdades de género, racial y socioeconómica.