Protección de los emigrantes españoles en el exterior
Javier Sierra Rodríguez
Curso de última actualización (2026/2027)
En la Constitución se incluyó como uno de los principios rectores una referencia explícita a la emigración española en su artículo 42. El constituyente tenía conciencia de la diáspora española debido a la existencia de amplias masas de población de nacionalidad española en el exterior. Esta se componía de grupos heterogéneos que habían emigrado en las décadas precedentes y especialmente por causa de la guerra (exiliados) o por la situación económica para buscar un futuro mejor.
Pese a este motivo inicial, este percepto actúa con independencia de las razones que los llevasen a emigrar y también se proyecta sobre quienes ostentan la nacionalidad española y no son emigrantes directos sino sus descendientes, como también sobre aquellos cuya residencia en el extranjero es temporal
De este modo, el percepto se erige hecho como principio orientador y fundamento de la legislación y de la actuación administrativa sobre todo el colectivo de españoles en el extranjero en torno a dos vectores: 1º. La protección de los derechos económicos y sociales. 2º. Las políticas para facilitar el retorno.
Con relación al primero, la salvaguarda está destinada a que los ciudadanos españoles en el exterior mantengan preservados sus derechos sociales y económicos sin experimentar perjuicios por residir en el extranjero. Esto incluye un amplio catálogo de ámbitos en los que opera este principio como las prestaciones sociales, sanitarias y de la Seguridad Social.
Con relación al segundo, propicia que la legislación y la actuación administrativa contemple las medidas y actuaciones necesarias para hacer realidad las políticas de retorno mediante la eliminación de obstáculos y la prestación de facilidades, tanto para el proceso de retorno, como de normalización de la vida en territorio nacional una vez que se produce.
El Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior es uno de los principales instrumentos que sirven al cumplimiento de este principio rector y tiene entre sus objetivos regular los derechos y deberes de los españoles en el exterior, o delimitar el ámbito de la actuación protectora del Estado y de las Comunidades Autónomas (que se suma a la protección y asistencia consular).
Finalmente, cabe indicar que este principio rector se relaciona con otros artículos de la Constitución que tenían como objeto a la emigración española, particularmente, el artículo 68.5 que remite a la Ley para garantizar y favorecer el ejercicio del sufragio por los españoles en el exterior.