Límites de los derechos fundamentales
Jorge Alexander Portocarrero Quispe
Curso de última actualización 2026/2027
Una restricción a un derecho reconocido en la Constitución española de 1978 (CE) es toda actuación de los poderes públicos o de los particulares que impide o dificulta a su titular el ejercicio de aquello que el derecho protege. La posibilidad de restringir un derecho se explica porque los derechos se ejercen en sociedad. En abstracto, cada derecho está concebido para desplegar su protección en la mayor medida posible[1]. En la práctica, sin embargo, su ejercicio coincide con los derechos de otros titulares y con intereses colectivos como la salud pública o la seguridad nacional. Si la protección de cada derecho fuese absoluta, el derecho de un titular excluiría el de los demás y su ejercicio simultáneo sería imposible. El Tribunal Constitucional lo expresó tempranamente al declarar que «no existen derechos ilimitados»[2]. Ciertamente, el enunciado de algunos preceptos no admite excepción, dado que si bien aparecen dentro del catálogo de derechos, su estructura es la de una regla perentoria; así el art. 15 CE establece que la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes «en ningún caso» están permitidas. Incluso ahí el Tribunal Constitucional ha tenido que delimitar qué conductas quedan comprendidas en esos conceptos, con independencia de los fines que persiga la medida[3].
Las restricciones tienen dos orígenes. Algunas están previstas expresamente en la propia Constitución. Así, el art. 16.1 CE somete las manifestaciones de la libertad ideológica, religiosa y de culto al mantenimiento del orden público protegido por la ley, y el art. 20.4 CE fija como límite de las libertades de expresión e información el respeto a los derechos del Título I y, en especial, al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Otras restricciones carecen de previsión expresa y se generan en los casos concretos, cuando el ejercicio de un derecho interfiere en otro derecho o en un bien protegido por la Constitución (salud pública, seguridad nacional, etc.), de manera que ambos se imponen restricciones mutuas. La jurisprudencia constitucional española recoge esta distinción desde sus primeras sentencias[4].
Para entender el contexto en el que puede producirse una restricción a un derecho reconocido en la Constitución, es preciso tener en cuenta que esta distingue entre derechos fundamentales y derechos constitucionales, y lo hace por motivos de protección. La Sección 1.ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29) lleva por rúbrica «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas». Estos derechos, junto con la igualdad del art. 14 y la objeción de conciencia sobre obligaciones militares del art. 30.2 CE, pueden tutelarse ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE)[5]. El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas exige además ley orgánica (art. 81.1 CE), y la reforma de la Sección 1.ª sigue el procedimiento agravado del art. 168.1 CE. Los restantes «derechos constitucionales» de la Sección 2.ª (arts. 30 a 38), como la propiedad privada o la libertad de empresa, carecen de estas garantías reforzadas. La lógica de cómo operan las limitaciones es la misma para ambos tipos de derechos, ya que el art. 53.1 CE extiende a todo el Capítulo II la vinculación de los poderes públicos, la reserva de ley y la garantía del contenido esencial[6]; lo que cambia es el nivel de garantía, una es reforzada y la otra ordinaria.
El examen de una restricción sigue un orden. Primero se determina el ámbito de protección del derecho, es decir, el conjunto de conductas, estados de cosas o posiciones jurídicas que el derecho protege, y se comprueba si la persona y la conducta del caso quedan comprendidas en él. Después se establece si existe una afectación de ese ámbito y en qué consiste. Por último, se pregunta si la restricción es constitucionalmente aceptable, lo que depende de que la misma sea aceptable conforme los límites establecidos en la Constitución.
Estos límites constitucionales a la restricción son de dos clases. Los primeros son formales y derivan de la reserva de ley, que exige que la restricción tenga cobertura en una ley aprobada por el órgano competente y conforme al procedimiento previsto. Los segundos son materiales y consisten en la garantía del contenido esencial y en el análisis de proporcionalidad. El contenido esencial es aquello que hace reconocible a un derecho y permite distinguirlo de los demás. Cuando se afecta, el derecho deja de proteger su objeto y de cumplir su función. El Tribunal Constitucional lo identifica por dos vías complementarias: la primera atiende a las facultades sin las cuales el derecho deja de pertenecer a su tipo; la segunda atiende a «los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos». En ese sentido, el contenido esencial se vulnera cuando las limitaciones impuestas vuelven impracticables el derecho, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la protección necesaria[7].
Por su parte, el análisis de proporcionalidad es el esquema con el que se comprueba si una restricción está justificada. Su punto de partida es que la medida restrictiva persiga un fin constitucionalmente legítimo, como la protección de la salud pública, la prevención de delitos o la salvaguardia de los derechos de los demás, y que el medio elegido para alcanzar tal fin sea también constitucionalmente legítimo. A partir de ahí, la medida debe superar tres exámenes sucesivos: (1) El test de idoneidad pregunta si la medida es apta para alcanzar ese fin. (2) El test de necesidad pregunta si existe otra medida igualmente eficaz e idónea pero que sea menos gravosa para el derecho afectado. (3) El test de proporcionalidad en sentido estricto, o ponderación, pregunta si la intensidad con que se limita un derecho o bien colectivo consagrado en la Constitución está justificada por la importancia de satisfacer el derecho o bien constitucional que se le opone en el caso concreto[8]. Si la intensidad de la limitación no encuentra justificación en la importancia de promover el otro derecho o bien constitucional, la restricción es desproporcionada y, por ende, contraria a la Constitución.
Como puede verse, la garantía del contenido esencial y el análisis de proporcionalidad se complementan. Ambos son parte de las limitaciones materiales que un derecho o bien consagrado en la constitución puede experimentar en casos concretos. La primera señala lo que debe quedar a salvo en toda restricción, y el segundo ofrece el método para comprobar si efectivamente ha quedado a salvo. Una restricción desproporcionada incurre en el exceso que la garantía del art. 53.1 CE prohíbe[9].
[1]R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, 3.ª ed., trad. de C. Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2022, pp. 77 y ss, donde los principios se caracterizan como mandatos de optimización.
[2]STC 2/1982, de 29 de enero, FJ 5.
[3]Art. 15 CE. El Tribunal Constitucional las trata como «nociones graduadas de una misma escala», cualesquiera que sean los fines perseguidos (STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 9).
[4]STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7. En la doctrina, Alexy distingue en el mismo sentido entre restricciones directamente constitucionales e indirectamente constitucionales (Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 258 y ss). La misma distinción se encuentra en la STC 2/1982, FJ 5, antes citada.
[5]El art. 53.2 CE extiende además el recurso de amparo a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30 CE. Véase también el art. 161.1.b) CE.
[6]Art. 53.1 CE.
[7]STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 8.
[8]R. Alexy. Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 148. SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5, y 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 E).
[9]R. Alexy, «Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad», trad. de J. A. Portocarrero Quispe, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 91, 2011, pp. 11-29. Sobre la garantía del contenido esencial como restricción a las restricciones, R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, cit., pp. 267 y ss.

