Garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales
Joaquín Sarrión Esteve
Curso de última actualización (2026/2027)
Concepto y función
Las garantías de los derechos y libertades constituyen una parte esencial del Derecho constitucional puesto que, tal y como ya proclamaba el art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la sociedad en la que «la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, carece de Constitución»; lo que sigue vigente en el constitucionalismo racional-normativo contemporáneo pues una correcta configuración y aplicación de las garantías es esencial para el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas.
Ahora bien, cuando se habla de garantías, esto es, de mecanismos de protección de los derechos y libertades, para realizar una correcta aproximación, habrá que atender al instrumento de regulación de estas, de cobertura jurídica y desarrollo. Este instrumento puede ser interno, de diferente categoría normativa (como la Constitución, una ley…) o bien externo en el caso de los derechos, y reconocidos, junto a sus garantías, en los tratados internacionales ratificados por España, y también con diferente categoría normativa (piénsese, por ejemplo, en el ámbito del Derecho de la Unión Europea que podemos encontrar garantías en los Tratados, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en Reglamentos, Directivas, etc.)
A nivel interno, la Constitución regula de forma específica las garantías de las libertades y los derechos fundamentales en el Capítulo IV del Título I. Sin embargo, podemos encontrar garantías en la Constitución fuera de este capítulo, así como podemos encontrar garantías situadas incluso fuera del texto constitucional, como hemos anticipado.
Clasificación de las garantías
Pueden existir, y podemos encontrar en la dogmática, diferentes criterios para clasificar las garantías de los derechos y libertades, atendiendo a su ámbito o nivel (garantías internas, garantías externas -internacionales y de la Unión Europea-), a los derechos objeto de protección (garantías genéricas y garantías específicas), atendiendo a su carácter (sustantivo o procesal), atendiendo al sujeto frente al que se imponen para proteger al individuo (garantías frente al legislador, como la rigidez constitucional y los procedimientos de control constitucional de la ley; garantías frente a la Administración y el Poder Judicial, como son las reservas de ley y el principio de legalidad), o, bien atendiendo al título o institución de cobertura, ya se encuentren en una norma, deriven de la propia jurisdicción o respondan a una institución en si misma (garantías normativas, jurisdiccionales e instituciones de garantía).
Si bien cada uno de ellos puede tener su específica relevancia, como criterio general vamos a seguir el criterio del ámbito interno o externo de las garantías, con una atención especial -en el ámbito externo- al europeo y, en segundo lugar, vamos a realizar una aproximación específica en cada ámbito atendiendo a los diferentes tipos de garantía normativa, jurisdiccional o institución de garantía.
Ámbito interno
- Garantías normativas. Se identifican como garantías normativas, es decir, garantías que se encuentran en las propias disposiciones, en el propio Derecho, previniendo la posible vulneración de un derecho o libertad: la rigidez constitucional, las garantías de desarrollo legislativo (la reserva de ley), las garantías sobre el contenido de los derechos y libertades, los derechos-garantía, las exenciones de obligaciones, las obligaciones y prohibiciones en la actuación de los poderes públicos.
- Garantías jurisdiccionales. Se trata de las garantías que se realizan ante los órganos jurisdiccionales. Por un lado, tenemos la garantía de protección jurisdiccional genérica, que protege tanto los derechos como los demás intereses y bienes jurídicos constitucionales, dentro de la que se encuentra la tutela judicial efectiva sin indefensión y el proceso con todas las garantías (art. 24 CE), así como también el control de constitucionalidad. Por otro lado, está la protección jurisdiccional específica, que incluye el procedimiento preferente y sumario (o amparo ordinario), y el recurso de amparo constitucional.
- Instituciones de garantía. Aquí encontramos las instituciones de garantía de los derechos y libertades. Podemos considerar el Parlamento (garantía parlamentaria), el Ministerio Fiscal, y el Defensor del Pueblo (a nivel autonómico podemos encontrar las respectivas asambleas parlamentarias y, en su caso, la figura del defensor autonómico).
Ámbito externo europeo
- Garantías normativas. Como hemos dicho antes, se trata de garantías que se encuentran en las propias disposiciones, en este caso en el ámbito europeo, incluyendo tanto el marco jurídico del Consejo de Europa como el Derecho la Unión Europea.
- Garantías jurisdiccionales. Se trata de los mecanismos de garantía que se realizan en ámbito europeo, tanto del ámbito del Derecho de la Unión Europea, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (cuestión prejudicial, recurso de anulación, recurso de omisión, recurso por incumplimiento, etc.), como en el ámbito del Consejo de Europa, a través de la demanda, una vez agotada la vía interna, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
- Instituciones de garantía. En el ámbito de la Unión Europea cabe señalar el Parlamento Europeo (garantía parlamentaria), la Comisión Europea, atendiendo a sus funciones, así como la figura del Defensor del Pueblo Europeo; y en el ámbito del Consejo de Europa, el Comisario para los Derechos Humanos -que se ocupa del fomento de la educación, sensibilización y el respeto de los derechos humanos-, el Comité de Ministros -que se encarga de velar por la ejecución de las sentencias del TEDH-, y el Comité Económico y Social respecto a la Carta Social Europea.