Derecho al trabajo

Derecho al trabajo

Lluís Subiela Escat
Curso de última actualización 2026/2027

  1. Introducción

El artículo 35 de la Constitución establece el derecho al trabajo. En concreto, dispone que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, así como a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Además, en un segundo apartado establece que será la ley la que regule un estatuto de los trabajadores.

Este precepto se ubica en la sección segunda del capítulo segundo del Título I de nuestra Carta Magna, por lo que ha sido catalogado como un derecho de los ciudadanos y un derecho fundamental sin garantías especiales (a diferencia de los derechos y libertades de la sección primera). Como tal, cuenta con las garantías previstas en el artículo 53.1 de la Constitución, a saber: eficacia directa, vinculación a todos los poderes públicos, reserva de ley de su contenido esencial y tutela judicial ordinaria, además de la que ejercen instituciones de garantía específicas como el Defensor del Pueblo.

  1. El deber de trabajar

Como se desprende del tenor literal del artículo 35, la Constitución reconoce un derecho al trabajo al tiempo que exige un deber de trabajar. La doctrina ha entendido que este último es jurídicamente inexigible (Rubio Llorente); la razón para ello es que tal exigencia solo sería admisible en la medida en que el propio Estado contase con los medios suficientes para proporcionar un puesto de trabajo a cada individuo. En primer lugar, este supuesto es materialmente imposible; y, en segundo lugar, a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional cabe deducir que en el orden de la Constitución la tarea de proporcionar un trabajo a las personas ha sido atribuida al mercado.

Así pues, la virtualidad del deber de trabajar consagrado en la Constitución radica no en la exigencia de tal obligación ni en el deber de cada ciudadano de ocupar un determinado puesto de trabajo, sino en la posibilidad de que el legislador establezca un trato desfavorable a la «holgazanería» (Díez-Picazo), así como obligaciones específicas de trabajar (Nogueira).

  1. El derecho al trabajo

Como ya se ha adelantado, el artículo 35 reconoce un derecho subjetivo al trabajo. En este precepto puede identificarse un derecho básico al trabajo, que viene a ser complementado por una serie de derechos suplementarios que contribuyen a delimitar su contenido y alcance, pero que también gozan de cierto significado propio (Nogueira).

Por objeto del derecho, esto es, el ámbito concreto de la realidad sobre el que el derecho se proyecta, debe entenderse la vita activa, es decir, el despliegue de las energías individuales a fin de producir bienes y servicios de toda índole; y ello tanto para ganarse el sustento como, más en general, para desarrollar la propia personalidad (Díez-Picazo). Como se ve, el derecho reconocido por el artículo 35 se proyecta sobre un concepto de trabajo entendido en sentido amplio y no restringido únicamente al trabajo asalariado por cuenta ajena.

En cuanto al contenido, en primer lugar, el derecho al trabajo reconoce una libertad de trabajar y de no hacerlo, que se concreta en una libertad para elegir la propia profesión u oficio, aunque sometida a los límites que la propia Constitución prevé, como en el caso de las profesiones colegiadas (art. 36 CE). Además, contiene el derecho a ocupar un determinado puesto de trabajo, el cual se concreta, en una perspectiva individual, por un lado, en (i) un derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo cuando se den los requisitos profesionales y la capacitación necesaria para desempeñar el puesto de trabajo (o, en palabras del Tribunal Constitucional, «el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación»; STC 22/1981, de 2 de julio); y, por otro lado, en (ii) el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, que implica el derecho a no ser despedido si no existe una causa justa e impide la contratación temporal no causal y el establecimiento por el legislador de barreras excesivas a la libre dimisión del trabajador. Asimismo, el artículo 35.1 reconoce un derecho a obtener una remuneración, sin que pueda hacerse discriminación por razón de sexo; y un derecho a la promoción en el puesto de trabajo y a través de él.

Por otra parte, este derecho específico, como ya se ha visto, no implica un derecho del ciudadano a que se le asigne un empleo; sin embargo, se ha interpretado que, en una perspectiva colectiva, contiene un mandato a los poderes públicos para que desarrollen y adopten políticas de pleno empleo que eviten que los trabajadores tengan que competir entre ellos por los mismos puestos e impida que haya individuos que se queden sin poder trabajar si así lo desean. En ese sentido, puede considerarse un derecho social de prestación que implica una acción estatal activa.

En cuanto a los titulares, el artículo 35 reconoce este derecho a todos los españoles. Ello implica que en España los extranjeros solo podrán acceder al trabajo de acuerdo con lo que establezcan las leyes y los tratados internacionales. Que la titularidad de este derecho pertenezca a los españoles plantea también la cuestión de la admisibilidad de tratos desiguales entre estos y los extranjeros en materia laboral. En ese sentido, solo es admisible un trato desigual en el acceso al trabajo, en la medida en que – como se ha señalado – los extranjeros tendrán que atenerse a lo establecido en las leyes y normas de derecho internacional. Una vez un extranjero ha accedido a un puesto de trabajo legalmente, esta diferencia de titularidad en ningún caso ampara tratos discriminatorios hacia este, pues ello sería contrario a la garantía de la dignidad humana (art. 10 CE) y al principio de igualdad (art. 14 CE).

  1. El mandato al legislador

Por último, el párrafo segundo del artículo 35 contiene un mandato al legislador para que regule un estatuto de los trabajadores con la finalidad de que, así, se protejan las condiciones de ejercicio del derecho subjetivo. De acuerdo con el artículo 149.1.7ª CE la legislación laboral es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas. Este mandato legislativo se cumplió con la promulgación de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores; la norma que regula dicho estatuto actualmente es el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Cabe señalar, no obstante, que la legislación laboral no se agota con dicha norma.

 

Referencias

Díez-Picazo, L.M. (2025). Sistema de Derechos Fundamentales. Tirant lo Blanch.

García Ortea, E. (2026). «Comentario al artículo 32 de la Constitución española», en Portal de la Constitución Española, Congreso de los Diputados. Disponible en: https://constitucion.congreso.es/detalle-articulo?numero=35 [Recuperado: 16/11/2026].

Nogueira Guastavino, M. (2018). Artículo 35. En Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, M., Casas Baamonde, M., Comentarios a la Constitución, Tomo I, pp. 1185-1209. Madrid: Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia.

Rubio Llorente, F. (2001). Los deberes constitucionales. Revista española de Derecho constitucional, 62.