Ciudadanía
Ana Caparrós Gadea
Curso de última actualización (2025/2026)
La ciudadanía es el concepto jurídico que a lo largo del tiempo ha vinculado al individuo con una comunidad política determinada. Ser ciudadano o ciudadana manifiesta un estatus jurídico-político, el poder de disposición sobre un conjunto de facultades y la sujeción al cumplimiento de una serie de obligaciones. En la tradición occidental, es también la cualidad de ser miembro de una comunidad política en virtud de su reconocimiento (pertenencia).
Está estrechamente ligada al lento progreso de emancipación política hacia la autonomía y la independencia: la conquista de la voluntad popular. Es el consentimiento de los gobernados lo que confiere legitimidad a la autoridad del gobierno, con base en el respeto a sus derechos individuales. La ciudadanía expresa la posibilidad de desarrollar libremente y sin interferencias un plan de vida personal y propio. Este estatus de ciudadanía capacita a los individuos para cambiar su situación, posición o condición jurídica. Por ello, en Occidente, ciudadanía y democracia son indisociables.
La noción de ciudadanía representa históricamente la consagración de las libertades en el siglo XVIII. A partir de la Ilustración adquiere su significación actual: el ejercicio efectivo de la libertad política en un Estado de Derecho. Es importante resaltar la concurrencia del concepto moderno de ciudadanía, así como de los conceptos de derechos fundamentales y Estado de Derecho. La ciudadanía permite la imputación de un conjunto inédito de derechos y libertades a los miembros de una forma política en la que los poderes actúan divididos, garantizando una nueva legalidad: el imperio de los derechos de los ciudadanos. Estos derechos constituyen el fundamento de legitimidad del propio Estado de Derecho y son el contenido de la ciudadanía.
Su ejercicio presupone la acción de los derechos fundamentales, la participación en el curso y determinación de la política. Ser parte de la comunidad se traduce en la capacidad de influir en su desarrollo y contribuir al bienestar común. La participación en la vida política y cultural es hoy un derecho humano reconocido (artículos 21 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Sin embargo, ha sido un logro reciente. El Estado liberal burgués negaba el pleno ejercicio de la ciudadanía y discriminaba jurídicamente a mujeres, analfabetos y pobres (sufragio censitario). Aún hoy subsisten formas de exclusión de su titularidad, fundadas en otras desigualdades: extranjeros e inmigrantes.
Más allá de sus facultades concretas, la ciudadanía indica quién tiene derecho a reclamar y ejercer la impugnación vinculada al poder, quiénes son los actores en el proceso de definición de los problemas sociales comunes. Plantea la posibilidad de extender la igualdad social a nuevos sujetos de derechos con acceso a la seguridad social, la salud, la educación, la residencia, la propiedad o el empleo, y la reivindicación de otros nuevos. Si algunos individuos no reciben la totalidad de los beneficios de la ciudadanía, los patrones de discriminación en las sociedades se perpetúan: minorías, refugiados, desplazados.
Durante largo tiempo la ciudadanía se ha equiparado restrictivamente al concepto de nacionalidad, identificándose con la pertenencia exclusiva al Estado-nación en virtud de la integración total de los individuos en estructuras homogeneizadoras (territorio compartido, cultura común, rasgos étnicos e históricos, etc.). Sin embargo, la narrativa nacionalista va quedando obsoleta, a la vez que el concepto de ciudadanía se amplía.
La participación en el gobierno ya es realizable a distintos niveles, dentro y fuera del Estado. La comunidad política engloba el marco local, nacional, regional e internacional (ciudadanía multilateral). Sigue avanzando el proceso de integración política y jurídica de Europa y, desde 1992, significa que la ciudadanía europea se afianza y dispone de más derechos compartidos.
Adquirir conciencia de ciudadanía es reclamar un espacio propio en el sistema de derechos y deberes de que los individuos disponen en las sociedades democráticas. Las democracias se alimentan de las cualidades y actitudes de sus miembros: respeto, participación, responsabilidad, solidaridad. Una buena educación cívica incrementa la cultura política de la sociedad por el ejercicio informado y consciente de los derechos de una ciudadanía activa y comprometida, multicultural y multinacional.