Derecho al matrimonio

Derecho al matrimonio

Lluís Subiela Escat
Curso de última actualización: 2026/2027

  1. Introducción

El artículo 32 de la Constitución Española establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Asimismo, dispone que la ley regule las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los derechos y los deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

El artículo 32 se ubica dentro de la sección segunda del capítulo segundo del Título I de la Constitución y forma parte de los llamados derechos y deberes de los ciudadanos. Como la más amplia categoría de derechos fundamentales, estos derechos subjetivos cuentan con los siguientes elementos definitorios: tienen eficacia jurídica directa, vinculan a los poderes públicos, son indisponibles para el legislador, especialmente su contenido esencial, están protegidos por una reserva de ley, y pueden ser tutelados mediante el control judicial y constitucional (art. 53.1 CE). Cabe advertir, sin embargo este precepto no goza de las garantías especiales reservadas para los derechos fundamentales de la sección primera, esto es, la reserva de ley orgánica (art. 81.1 CE), la tutela mediante un procedimiento preferente y sumario y por medio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE), y la exclusión de reforma constitucional que no sea a través del procedimiento agravado (art. 168.1 CE).

La incorporación a la Constitución de un precepto dedicado al matrimonio cuenta con el precedente de la Constitución española de 1931, cuyo artículo 43 proclamaba la igualdad de los cónyuges y preveía la posibilidad de disolución. En perspectiva comparada, el matrimonio también ha sido incluido en textos constitucionales de nuestro entorno, así como en normas de derecho internacional como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 12) o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. II-69).

La ubicación del artículo 32 en el catálogo de derechos de los ciudadanos y su formulación primaria como derecho llevan a concebir esta norma constitucional prima facie como derecho subjetivo. Sin embargo, el contenido normativo de este precepto es más complejo, pues en él puede identificarse no solo un derecho subjetivo a contraer matrimonio, sino también una garantía institucional y un mandato de desarrollo al legislador (STC 198/2012, de 6 de noviembre).

  1. La garantía institucional en favor del matrimonio

En primer lugar, el artículo 32 contiene una garantía institucional en favor del matrimonio. Las garantías institucionales protegen determinadas instituciones o institutos sociales frente al legislador. En este caso, la garantía se compone de un objeto, el matrimonio, que es una institución social de origen histórico, anterior a la constitución, y al que se reconoce un valor moral o social que la hace merecedora de una protección especial. No toda la institución social goza de tal protección, sino solo el ámbito material concreto al que se otorga un significado jurídico-constitucional relevante (contenido mínimo). La identificación de este núcleo o contenido mínimo de relevancia constitucional no es una tarea sencilla, mucho menos en el caso del matrimonio, debido a su indudable componente moral, religioso e ideológico.

En segundo lugar, la garantía institucional está formada por un elemento adicional, la garantía en sí, es decir, la protección como tal que la constitución proyecta sobre el instituto. Por una parte, la garantía incluye una prohibición al legislador de desnaturalizar el instituto; en este caso, debe respetar el contenido mínimo del matrimonio, de forma que, al regularlo, no pierda su sustancia o identidad y deje de ser reconocible. Por otra parte, la garantía también incluye un mandato al legislador para que desarrolle jurídicamente y asegure la institución, dentro de los límites que la constitución haya establecido. En este caso, este mandato coincide con el que expresamente recoge el artículo 32 en su apartado segundo. Cabe señalar que el deber de proteger el matrimonio, como institución social constitucionalmente cualificada, ha llevado al Tribunal Constitucional entienda conforme con la Constitución que el legislador pueda establecer diferencias favorables a los matrimonios frente a los individuos u otras formas de convivencia more uxorio (p. ej. parejas de hecho) STC 93/2013, de 23 de abril).; cabe advertir que esta diferencia de trato es una opción abierta al legislador, no una obligación, y está sujeta a límites.

  1. El derecho fundamental a contraer matrimonio

En segundo lugar, el artículo 32 reconoce un derecho subjetivo a contraer matrimonio libremente cuando se cumplan los requisitos establecidos para ello.

Titulares de este derecho son todas las personas, aunque condicionadas a la edad y capacidad, determinadas por la legislación civil. Cabe destacar que el derecho al matrimonio es peculiar, ya que, en su vertiente positiva (derecho a contraer matrimonio), su titularidad es individual, pero su ejercicio es conjunto (Urías).

En relación con el contenido, debe señalarse que, en primer lugar, el artículo 32 reconoce la libertad de contraer matrimonio, así como de no hacerlo. Como advierte Urías, tan contrario a la Constitución es dificultar o impedir la decisión de contraer matrimonio como la de no hacerlo. Respecto a estas dos posibilidades, la Constitución se limita a asegurar la capacidad de elección, pero no asegura a quien la ejerce en un determinado sentido los mismos efectos que se atribuyen a quien lo hace en el otro.

En segundo lugar, el artículo 32 establece la igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges no solo en el momento de constitución del matrimonio, sino también a lo largo del mismo y hasta su extinción (STC 159/1989, de 6 de octubre). Así, la referencia expresa que la Constitución hace al hombre y a la mujer debe entenderse únicamente en el sentido de impedir cualquier tipo de desigualdad en detrimento de las esposas.

  1. El mandato de desarrollo al legislador

Como es inherente a toda garantía institucional, la Constitución establece un mandato al legislador para que desarrolle el régimen jurídico del matrimonio. En este caso, además, el artículo 32.2 establece expresamente un mandato para que el legislador concrete aspectos específicos del régimen matrimonial. Tal y como se desprende del tenor literal de este artículo, este debe regular las formas de contraer matrimonio, la edad y la capacidad para hacerlo, los derechos y los deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

El desarrollo normativo del matrimonio se ha llevado a cabo por medio del Código Civil, concretamente en el Capítulo II del Título IV del Libro I, en los artículos 44 y siguientes. Al respecto, deben destacarse las reformas llevadas a cabo con el objetivo de adaptar a la Constitución una institución anterior a ella; estas reformas han incidido especialmente en el régimen económico del matrimonio (Ley 11/1981, de 13 de mayo), la separación y el divorcio (Ley 30/19871, de 7 de julio; Ley 15/2005, de 8 de julio, y Ley 15/2015, de 2 de julio), y la posibilidad del matrimonio de las personas del mismo sexo (Ley 13/2005, de 1 de julio).

 

Referencias

GARCÍA ORTEA, ENRIQUE, «Comentario al artículo 32 de la Constitución española», en Portal de la Constitución Española, Congreso de los Diputados, 2026. Disponible en: https://constitucion.congreso.es/detalle-articulo?numero=32 [Recuperado: 11/11/2026].

URÍAS, JOAQUÍN, “El régimen constitucional del matrimonio”, en CASAS BAAMONDE, M. E., y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. (Dirs.), Comentarios a la Constitución española: XXX aniversario, Ed. 1. Fundación Wolters Kluwer. 2008. ISBN 978-84-936812-0-3, Pag. 883-898. Disponible en: https://personal.us.es/urias/matrimonio%28Urías%29.pdf [Recuperado: 11/11/2026].