17/04/2023 – Emilio V. Silvestre González
Hace unas semanas éramos testigos de una serie de movilizaciones que culminaron en las jornadas de protestas por parte de nuestros vecinos franceses a consecuencia de que Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, aprobara la polémica ley que aumentaba la edad de jubilación a los 64 años de forma unilateral. Esto se dio gracias al artículo 49.3 de la constitución francesa donde se permite, previa aprobación por parte del senado, aprobar una ley sin el voto de la asamblea nacional. Esta aprobación está pensada únicamente para situaciones excepcionales y es por ello por lo que el presidente y su primera ministra (Élisabeth Borne) han sido tan duramente criticados, porque han impuesto una ley sin seguir los cauces democráticos a los que se han adscrito formando parte del tejido institucional francés.
Para frenar la reforma, a la oposición sólo le quedaba una última opción, presentar una moción de censura al gobierno. Sin embargo, esta última opción tampoco funcionó y, cómo no podía ser de otra forma, las calles de Francia se inundaron desde esta aprobación unilateral, hasta hace pocos días. Pese a que estas protestas se llevan gestando desde principios de año, tras su aprobación de forma antidemocrática, han tomado un plano más amplio que ir en contra de la reforma de pensiones. Estas protestas van en contra de las nuevas formas de imposición, en contra de una paulatina perdida de garantías democráticas en pro de una violencia institucional y unas instituciones cada vez más refinadamente autoritarias. Y, aunque las manifestaciones han sido pacíficas en su mayoría, ha habido algunos enfrentamientos con la policía y los disturbios en algunas ciudades que han mostrado una fuerte resistencia social. Y es que, toda relación de poder implica una estrategia de lucha que trate de romper ese vínculo paradójico entre sujeto y objetivación, luchando contra esa técnica de individualización que utilizan las relaciones de poder para mantener sus dispositivos.
Algo que claramente podemos ver en el gobierno francés, pues este ha respondido con una fuerte presencia policial, el uso de gases lacrimógenos y la prohibición de algunas marchas y protestas, además de algunos arrestos y juicios rápidos de manifestantes, individualizando así la lucha social. Como siempre, observamos como todas estas medidas, lejos de enmarcarse en ciertos ámbitos de la vida cotidiana, se encuentran tanto en la esfera pública como en la privada, lo que implica una influencia continua de prácticas discursivas y subjetividades que convierten a los cuerpos en sujetos, sumergiéndolos en relaciones de poder. Estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión porque se consideran una violación de los derechos civiles básicos y las libertades fundamentales de los ciudadanos a protestar pacíficamente.
De esta forma, todas estas noticias son recibidas en España con resignación y sorpresa a partes iguales, sin llegar a entender ¿por qué protestan los franceses si siguen teniendo 4 años menos que nosotros para acceder a la jubilación? Sin embargo, la pregunta no es tanto que está pasando en Francia, que tiene una historia de lucha y protesta muy arraigada en su historia social, sino más bien, ¿qué está pasando en España?
Podríamos responder a esta pregunta planteando la idea de que este contexto es consecuencia, al menos en parte, del auge del individualismo y el declive de las estructuras sociales tradicionales, sufriendo una paulatina objetivación de las personas y las relaciones. Dentro de este panorama encontramos una tensión entre la necesidad de cohesión social y el deseo de individualidad y autoexpresión que aumenta la cohesión a costa de incrementar la coacción entre iguales. El neoliberalismo marca una búsqueda activa de intereses y ambiciones propias, lo que implica una desvinculación y fragmentación del tejido social (Alastuey, 2005). Además, no podemos olvidar que la pandemia por COVID19 ha conllevado un aumento de las medidas formales e informales de control social que ya hemos normalizado e interiorizado. Poniendo así de manifiesto la complejidad de las estructuras de poder y las posibles implicaciones que las medidas de control pueden tener sobre la perdida de libertades individuales y principios democráticos.
Sin embargo, estos cambios sociales tienen implicaciones también en la sociedad francesa, entonces, ¿qué es lo que marca estas diferencias? ¿qué está pasando en el tejido social español? Para responder esta pregunta debemos primero hacer cierta retrospectiva en la historia de España, que goza de una larga tradición en el uso del castigo como medio de control social. Esta tradición se remonta a los tiempos de la inquisición y el periodo colonial, continuando posteriormente en formas cada vez más sofisticadas con la dictadura, y más tarde con la transición a la democracia (Sánchez, 2021).
Para ilustrar mejor esta evolución cultural, podemos ver cómo la falta de reforma de la Ley Mordaza refleja la resistencia al cambio y las ataduras del pasado, mostrando el bagaje punitivo de las instituciones españolas. Esta tendencia es algo que podemos observar aun a día de hoy con las últimas controversias que ha traído consigo el proyecto de reforma de la ley mordaza. Pues, esta ley ha sido una de las herramientas de las que se ha valido el gobierno español para imponer las medias restrictivas con las que ha hecho frente a la pandemia, utilizando el control social y el castigo para crear un estado policial cercano a una distopia de Orwell. Así, el aumento de la presencia policial durante la pandemia se tradujo en más de 1,1 millón de multas y más de 9.000 detenciones, una cifra superior al total de sanciones impuestas entre 2015 y 2018 en virtud de la «ley mordaza». Además, no podemos olvidar cómo los gobiernos locales han utilizado las fuerzas de seguridad para imponer el confinamiento en las zonas más “conflictivas”, algo que hicieron imponiendo un estado policial donde el castigo y la autoridad exacerbadas impusieron las medidas de confinamiento en los barrios más marginalizados.
Atendiendo a todo ello, nos encontramos ante un contexto definido por un aumento de la coacción entre iguales y la fragmentación de un tejido social cada vez más debilitado tras normalizar las medidas adoptadas durante la pandemia por COVID-19. Es necesario recalcar el impacto que la pandemia ha tenido en la sociedad española, que ha acatado una serie de medidas a lo español: por encima de sus posibilidades. Esto es, no sólo han cumplido con las restricciones impuestas para contener el virus, sino que se han encargado de controlar y vigilar que sus convecinos también las cumpliesen. De esta forma, y siguiendo una lógica excepcionalista propia del neoliberalismo, podemos ver como en todas estas medidas se ha reforzado la responsabilidad individual, justificando el castigo como respuesta al fracaso moral. Esta moralización, presente ya en la época inquisitoria, ha provocado un aumento de la punitividad y la expansión del control social a todas las esferas de la vida social, algo que se ha normalizado tras la pandemia. Sirviéndose de políticas neoliberales basadas en principios como las “ventanas rotas” o la “tolerancia cero” en la creación subjetiva el castigo en la sociedad española, que entiende este como una respuesta natural y necesaria ante los problemas sociales (Sánchez, 2021). Es más, siguiendo la lógica económica, estas respuestas políticas son las más eficaces y eficientes para mantener el orden social, que dispositivos únicamente basados en el control formal ejercido desde las instituciones puesto que permiten utilizar dispositivos de control en ámbitos a los que antes no tenía acceso.
Estas políticas, además, se basan en la idea de que los problemas sociales pueden ser resueltos mediante coerción y fuerza, sin entender que la solución más efectiva a la marginalidad y la exclusión social requeriría un enfoque más integral que aborde las causas estructurales de la pobreza. Alejándonos de individualizar y objetivar los problemas estructurales en sujetos, ya que el proceso de normalización de las conductas conlleva la promulgación de leyes que tipifican, penalizan y excluyen otras formas de vida que no siguen estos cánones. En este horizonte, estamos siendo testigos de cómo los gobiernos utilizan el castigo como método de gestión del riesgo y control de las poblaciones indeseables, normalmente relacionadas con los grupos en situación de exclusión social. Además, como vemos en la mayor parte de las sociedades occidentales, la expansión penal, con ejemplos materializados en la criminalización de la inmigración, el uso del sistema de justicia penal para hacer frente al malestar social y la disidencia política refuerza las desigualades sociales y perpetua la marginación de ciertos grupos de la sociedad.
Una de las últimas actividades que podríamos enmarcar dentro de estas prácticas para construir un nuevo “estado securitario”, donde el control informal toma un papel cada vez más importante, es el control policial encubierto. O lo que es lo mismo, a la infiltración policial en movimientos de base (mayoritariamente libertarios) para controlar y desvirtuar la lucha social desde sus cimientos. Este tipo de prácticas son la culminación de una línea securitaria y de control que ha ido cristalizando nuevos dispositivos cada vez más refinados, dando un papel más relevante al control informal. Así, estas infiltraciones no suponen una amenaza por sí mismas, sino que “tiene como componente inherente la guerra psicológica que va implícita a estas técnicas policiales y ‘de inteligencia’ que pretenden hacerse con el control de las asambleas y espacios, pero también, de los estados mentales de los compañeros y las relaciones de horizontalidad “ (Cultura de la Seguridad, 2023, p.12).
Estas nuevas formas de control son acumulativas al resto de brazos del Estado y, particularmente en España, se suma al aparato punitivo que recoge una de las tasas de encarcelamiento más altas en Europa pese a tener una tasa de criminalidad baja. Tanto es así que ocupamos el puesto 29 de los países considerados más seguros en el ranking del informe Global Peace Index 2022. Algo que no refleja nuestra tasa de encarcelamiento, que se encuentra todavía por encima de la media europea y con condenas más largas que nuestros vecinos europeos. Admitamos pues que todas estas realidades materializadas en la expansión de la represión han provocado que la legalidad sea cada vez sea más punitiva contra la disidencia política y donde cada vez más se dan nuevas formas de violencia institucional más sofisticadas, que van erosionando el tejido social español, y por lo tanto, generando una desmovilización que ha conllevado una pasividad casi absoluta ante los dictados cada vez más autoritarios del gobierno. Ante esta situación tan sólo queda preguntarnos ¿Qué podemos hacer para cambiar este rumbo? ¿Cuáles son los nuevos horizontes a los que nos enfrentaremos sin cohesión social y con un estado cada vez más punitivo?
BIBLIOGRAFÍA
Alastuey, E. B. (2005). La cultura del horror en las sociedades avanzadas: de la sociedad centrípeta a la sociedad centrífuga. Revista Espanola De Investigaciones Sociologicas, 110, 53. https://doi.org/10.2307/40184683
Cultura de la Seguridad (2023) – Fanzine – Sobre la infiltracion y la delacion en los entornos de lucha. Autoeditado. https://culturadelaseguridad.noblogs.org/files/2023/02/Sobreinfiltracionculturaseguridad.pdf
Foucault, M. (1979). El sujeto y el poder. Primera traducción al castellano por Santiago Carassale y Angélica Vitale. 1–31.
García Roca, J. (2012). Reinvención de la exclusión social en tiempos de crisis. Cáritas Española Editores.
González Sánchez, I. (2021). Neoliberalismo y castigo. Bellaterra Edicions.
