25/01/2021 – Anabel Garrido Ortolá (UCM)
En 2020 se cumplieron veinte años de la aprobación de la Resolución 1325, que iniciaría la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se trata de uno de los grandes logros conseguidos por las organizaciones de mujeres en el mundo. Esta herramienta jurídica supuso un hito internacional al abordar el género en los contextos de violencia organizada mediante dos vías: atendiendo al impacto diferencial de la violencia en las mujeres e instando a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a adoptar medidas para aumentar la presencia y participación de las mujeres en todos los procesos de construcción de paz. Posteriormente, distintas resoluciones y varios informes del Secretario General han reforzado el marco normativo de protección de los derechos de las mujeres durante y después del conflicto, como la satisfacción de sus necesidades en el proceso de paz. Así pues, las resoluciones 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2242 (2015) y 2467 (2019) señalan de manera específica a la violencia sexual contra las mujeres como táctica de guerra. Y las Resoluciones 1889 (2009), 2122 (2013), 2106 (2013) y 2493 (2019) refuerzan la voluntad de Naciones Unidas y de los Estados firmantes de involucrar a las mujeres en los procesos de paz, la gobernabilidad y la recuperación postconflicto. También la agenda MPS se establece como eje fundamental en otras iniciativas como en la de Acción para el Mantenimiento de la Paz (A4P) del Secretario General de Naciones Unidas.
¿Cuáles han sido los avances y las estrategias feministas veinte años después?
Tras veinte años y diez resoluciones, la agenda MPS ha logrado varios avances que han sido posibles gracias al trabajo de las mujeres y de las organizaciones de mujeres y feministas. El trabajo de ellas ha sido cardinal, no solo para el impulso de la agenda MPS, sino también en su implementación. La perseverancia de las mujeres por la paz ha mostrado que, al margen de los obstáculos que se deriven de su incidencia, han conseguido trastocar estos procesos principalmente masculinizados.
Muchos son los ejemplos en esta línea. En Liberia las mujeres irrumpieron en las conversaciones de Accra para presionar en la firma de un acuerdo de paz (2003). Este movimiento de mujeres liderado por Leymah Gbowee contribuyó al fin de la guerra civil y la promoción de elecciones en 2005, en las cuales se eligió la primera mujer Jefa del Estado, Ellen Johnson Sirleaf. En Somalia, Asha Hagi Elmi fue la primera mujer en el país en firmar un acuerdo de paz, que puso fin a la guerra civil entre los clanes rivales y líderes militares (2004). Su táctica fue la creación de un Sexto Clan donde se reclamaba la participación femenina ausente en los cinco clanes existentes (Magallón, 2010). En Darfur el acuerdo de paz entre el gobierno y una facción de rebeldes contó solo con un 10% de mujeres entre sus delegados/as (2006). No obstante, la participación de ellas consiguió diseñar e impulsar una plataforma que influyó en los acuerdos. En Colombia el inicio de las negociaciones con las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos se caracterizaron por discurrir en un espacio exclusivamente masculino (2012). Por este motivo, a iniciativa de ocho organizaciones de mujeres y feministas del país, se celebraron la I y II Cumbre Nacional de Mujeres (2013 y 2016), espacios de incidencia que bajo el lema “no queremos ser pactadas, queremos ser pactantes” lograron revertir el proceso. En esta línea, se incrementó la participación de las mujeres y se creó la subcomisión de género, encargada de aplicar una perspectiva de género e interseccional a los Acuerdos de Paz con las FARC-EP (2016). La apropiación de la Resolución 1325 en las organizaciones de mujeres y feministas en Colombia se ha evidenciado también como una herramienta no solo jurídica, sino política que ha permitido la transformación a un proceso más equitativo. En Sudán la activista Alaa Salah se convirtió en un icono de las protestas contra el presidente Omar al Bashir (2019). El papel de las mujeres en estas revueltas fue predominante, liderando varios comités de resistencia. Aunque fueran excluidas en la formación del nuevo gobierno, consiguieron garantizar la referencia a la Resolución 1325 en la Declaración Constitucional, comprometiéndose a una representación de mujeres de al menos un 40% en el Consejo Legislativo y el compromiso con la protección de los derechos de las mujeres.
Estos ejemplos ilustran que el impulso colectivo e individual de muchas mujeres, junto al marco normativo internacional, ha generado un contexto de avances. En términos generales se ha observado un incremento en la participación de las mujeres en los procesos de paz de distintos países. Tras la desaparición del régimen talibán, cuatro mujeres, de un total de 36 delegados/as, participaron en la conferencia en Bonn (Alemania) para buscar un gobierno provisional (2001). En Filipinas se eligió a una mujer, Miriam Coronel-Ferrer, para dirigir las negociaciones de paz (2014) con el grupo insurgente Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI). En Sierra Leona las mujeres han ocupado los puestos de presidencia, registro, fiscalía y defensa de los tribunales internacionales e híbridos, sentando jurisprudencia sobre justicia de género. Además, coincidió con el nombramiento de la primera mujer fiscal en jefe de la Corte Penal: Fatou Bensouda. En Colombia la tercera parte de los/as delegados/as de La Habana eran mujeres y miles de mujeres del país participaron en consultas, foros nacionales y regionales, así como en el acuerdo de paz.
La participación de las mujeres ha sido clave en la transformación internacional y el respaldo de los organismos multilaterales. No obstante, aunque la participación de las mujeres ha sido significativa, los datos no muestran un gran avance en términos generales. Como señala el Informe del Secretario General (2019), en los últimos años se ha observado un retroceso de la agenda MPS. En 2015 las mujeres estaban presentes en 12 delegaciones, en 2016 han bajado a 11 y en 10 en 2017. En 2018 de los 52 acuerdos solo 4 (7,7%) contenían cuestiones relacionadas con el género, siendo una disminución con respecto al 39% en 2015. Esto ha estado marcado por una falta de compromiso político: solo el 0,2% de la ayuda bilateral se destinó a organizaciones de mujeres (2016-2017); tan solo el 41% de los Estados han aprobado planes de acción nacionales sobre MPS y el 22% de estos incluían un presupuesto aplicado (S/2019/800).
El auge de la extrema derecha y la crisis del COVID-19.
La agenda MPS se encuentra obstaculizada por dos problemas principales: el auge de la extrema derecha con discursos que han producido retrocesos en los derechos de las mujeres; y la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19 que tiene un impacto mayor en las mujeres.
El auge del de la extrema derecha se articula en torno a un discurso patriarcal que niega la violencia específica que sufren las mujeres, rechazan abiertamente el movimiento feminista y se estructura en torno a la familia tradicional (Mesa, 2019). El rechazo al feminismo y al movimiento LGTBIQ+ se ha realizado a través de la utilización del concepto “ideología de género”. En este sentido, el Vaticano se pronunció por escrito en 2019 condenando la teoría del género con el documento titulado Varón y Mujer los creó. En concreto, la agenda MPS ha sido atacada desde diversos espacios. En Colombia mediante la “ideología de género” se articuló la campaña contra el NO a los acuerdos de paz de Colombia. Aunque en el plebiscito ganó el No, con un porcentaje muy ajustado (50,21%), el enfoque de género se mantuvo, pero tuvo que negociarse entre las élites (Gómez, 2017). En la escena internacional, la Resolución 2467(2019) evidenció un escenario poco propicio para la agenda MPS en el mundo. Esto se debió a que tres de los miembros del Consejo de Seguridad (EEUU, Rusia y China) tuvieron una posición contraria a los avances en género, oponiéndose a la creación de mecanismos y rechazando la utilización de la expresión “derechos sexuales y reproductivos”, siendo finalmente eliminado del texto (Solanas, 2020). Este retroceso discursivo ha impactado también en la violencia, siendo 2019 el año en el que se han registrado mayores niveles de violencia política contra las mujeres.
Por otro lado, la crisis económica y sanitaria generada por la Covid-19 muestra un panorama de mayor vulnerabilidad para las mujeres y las niñas en el mundo. En consecuencia, se puede indicar que la agenda MPS se encuentra en riesgo por la pandemia, ya que mujeres y las niñas sufren más violencias de distinto tipo (violencia de género, matrimonio forzado, abusos y violaciones), peores condiciones para el acceso a bienes o servicios básicos, mayor precariedad laboral, la carga del trabajo de cuidado no remunerado, así como la vulneración de los derechos humanos en los contextos de conflicto, postconflicto o crisis humanitarias (Perianes, 2020). La crisis económica y social que deriva de la crisis sanitaria de la COVID-19 dará lugar a un escenario hostil para las mujeres, y de manera más acuciante aquellas que se encuentren en escenarios de violencia organizada. Por este motivo, las respuestas a la crisis de la COVID-19 han de: 1) ser sensibles al género en el conflicto para no perpetuar las distintas discriminaciones que se refuerza en los contextos de violencia; y 2) velar por que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones, incluidas en la elaboración de políticas e implementación de estas.
En consecuencia, ambos obstáculos se plantean como desafíos que han de abordarse y superarse para seguir avanzando en la construcción de paz en el mundo. Para ello, es fundamental mantener el compromiso político por parte de los Estados y de organismos internacionales para atender al género y a la participación de las mujeres y de organizaciones de mujeres y feministas como eje central de las políticas de paz. Porque solo con la participación de las mujeres en los espacios de decisión y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas podremos hablar de un verdadero pacto democrático.
Referencias
Gómez, Diana (2017). “Mujeres, Género y el Acuerdo de La Habana”, LASAFORUM, Vol. XLVIII, n.º I.
Magallón, Carmen (2010). “Decidir en los procesos de paz, un derecho de hombres y de mujeres. ¿Qué ha aportado la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad?”, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, Nº 109, pp. 45-56.
Mesa, Manuela (2019). “Educación y retos globales: promover la ciudadanía global en tiempos de involución”, en Mesa, Manuela (coord.). Ascenso del nacionalismo y el autoritarismo en el sistema internacional, Anuario 2018-2019 CEIPAZ, pp. 61-86. Madrid: CEIPAZ.
Perianes, Ana (2020). “COVID-19: La agenda de mujeres, paz y seguridad en riesgo” Impakter, [en línea]https://impakter.com/covid19-women-peace-security-risk/, último acceso, 19 de enero de 2021.
Solanas, M. (2020) “(Sin) Mujeres, Paz y Seguridad”. Real Instituto el Cano, [en línea]https://blog.realinstitutoelcano.org/sin-mujeres-paz-y-seguridad/, último acceso, 18 de enero de 2021.
