{"id":8937,"date":"2024-12-10T09:54:57","date_gmt":"2024-12-10T08:54:57","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/?p=8937"},"modified":"2024-12-10T10:41:40","modified_gmt":"2024-12-10T09:41:40","slug":"inmunidad-e-inviolabilidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/inmunidad-e-inviolabilidad\/","title":{"rendered":"Inmunidad e inviolabilidad"},"content":{"rendered":"\t\t
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INFOGRAF\u00cdA sobre la INMUNIDAD E INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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TEST sobre la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Los diputados y los senadores est\u00e1n sometidos a un r\u00e9gimen jur\u00eddico espec\u00edfico, al que se ha denominado \u201cestatuto de los parlamentarios\u201d; se trata de un conjunto de derechos, deberes y prerrogativas que se establecen para garantizar que estos puedan desempe\u00f1ar libre y eficazmente las tareas que les corresponden.<\/span><\/p>

Las llamadas \u00abprerrogativas parlamentarias\u00bb son tres: la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial. Est\u00e1n reconocidas en el art. 71 CE y cuentan con su correspondiente desarrollo en los reglamentos parlamentarios (arts. 10 a 14 del Reglamento del Congreso y arts. 21-22 del Reglamento del Senado).<\/span><\/p>

Mediante ellas, se ha querido proteger de forma cualificada la libertad, autonom\u00eda e independencia de los parlamentarios, pero en tanto que reflejo de la que se garantiza al \u00f3rgano constitucional al que pertenecen. No se trata de derechos o privilegios personales, sino de instrumentos que protegen al parlamentario en el ejercicio de sus funciones; por eso, son de car\u00e1cter irrenunciable.<\/span><\/p>

Las tres prerrogativas tienen un sentido hist\u00f3rico que las justifica. Forman parte de los instrumentos construidos por el parlamento en momentos hist\u00f3ricos en los que eran frecuentes las interferencias de otros poderes en sus funciones, especialmente del monarca. En la actualidad, sin embargo, en el contexto de un Estado democr\u00e1tico de derecho cuyo dise\u00f1o ya impide ese tipo de interferencias, las prerrogativas han reducido su virtualidad y no falta quien opina que son residuos hist\u00f3ricos prescindibles. Dejando a un lado ese debate, lo cierto es que est\u00e1n reconocidas en la constituci\u00f3n y, por ello, han de ser aplicadas. Lo que s\u00ed se exige, a la vista del nuevo contexto, es que sean interpretadas estrictamente para no convertirse en privilegios que puedan lesionar derechos fundamentales de terceros.<\/span><\/p>

El fuero especial es una prerrogativa que no presenta dificultades ni problemas de interpretaci\u00f3n. Supone que las causas penales contra diputados y senadores solo podr\u00e1n ser seguidas por la sala de lo penal del Tribunal Supremo, el \u00f3rgano jurisdiccional superior en ese orden, como garant\u00eda de especial protecci\u00f3n para los parlamentarios.<\/span><\/p>

La inviolabilidad y la inmunidad, sin embargo, tienen de confundirse, por lo que conviene detenerse en sus rasgos definitorios y en sus diferencias.<\/span><\/p>

  1. Inviolabilidad<\/strong>

    El art. 71.1 CE se\u00f1ala que los diputados y senadores gozar\u00e1n de inviolabilidad<\/strong> por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, lo que significa que los parlamentarios no ser\u00e1n responsables jur\u00eddicamente por esas opiniones. Con ello se pretende proteger la libre discusi\u00f3n y debate de los parlamentarios, as\u00ed como la toma de decisiones por parte de las c\u00e1maras a partir de tal debate.

    Se protegen todas las opiniones siempre que se hayan manifestado en el ejercicio de las funciones parlamentarias, con independencia de si ha sido en el curso de un acto parlamentario o en actos desarrollados fuera de las c\u00e1maras, y la protecci\u00f3n tiene car\u00e1cter perpetuo, se mantiene aun cuando el parlamentario haya cesado en su mandado. No se protegen, como es obvio, las opiniones manifestadas antes de adquirir la condici\u00f3n de parlamentario, ni tampoco las que se emitan despu\u00e9s de perder tal condici\u00f3n.

    Esta prerrogativa est\u00e1 reconocida desde los or\u00edgenes del parlamentarismo, y se recoge en Espa\u00f1a ya en la Constituci\u00f3n de C\u00e1diz de 1812.<\/span><\/li><\/ol>
    1. Inmunidad<\/strong>

      El art. 71.2 establece que, durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozar\u00e1n de inmunidad<\/strong>.

      Esta prerrogativa tiene una doble manifestaci\u00f3n o un doble contenido que no debe confundirse. En primer lugar, supone que los parlamentarios no podr\u00e1n ser detenidos salvo en caso de flagrante delito, es decir, cuando sean sorprendidos cometiendo un delito (atracando un banco, conduciendo borrachos\u2026). En segundo lugar, supone que solo podr\u00e1n ser inculpados o procesados cuando se haya obtenido la autorizaci\u00f3n de la c\u00e1mara correspondiente, es decir, no impide que los jueces abran contra los parlamentarios un proceso penal, pero es necesario que antes la sala segunda (de lo penal) del Tribunal Supremo solicite y obtenga la autorizaci\u00f3n de la c\u00e1mara correspondiente para la inculpaci\u00f3n o el procesamiento de los parlamentarios (llamada \u00absuplicatorio\u00bb).

      Este privilegio no se extiende a las demandas civiles y, adem\u00e1s, tiene car\u00e1cter temporal, ya que solo existe durante el periodo del mandato parlamentario.

      En su origen hist\u00f3rico, esta prerrogativa proteg\u00eda a los parlamentarios frente a eventuales arbitrariedades del rey o del gobierno, que pod\u00edan expedir mandamientos de detenci\u00f3n para impedirles acudir al parlamento, por ejemplo, para asistir a una votaci\u00f3n relevante.

      Este privilegio no parece hoy justificable, porque el control judicial del poder ejecutivo y la independencia de los tribunales hace inimaginables maniobras orientadas a alterar la composici\u00f3n de las c\u00e1maras mediante la detenci\u00f3n de un parlamentario o la persecuci\u00f3n penal arbitraria de un miembro de las mismas. Por eso es com\u00fan que los suplicatorios se concedan, pese a que en algunas ocasiones haya existido un cierto corporativismo obstaculizador. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha exigido que las c\u00e1maras motiven la denegaci\u00f3n de un suplicatorio. Resulta por ello sorprendente que el art. 14 RCD prevea que la falta de pronunciamiento por parte del Congreso de los Diputados en un plazo de sesenta d\u00edas naturales tras el recibo del suplicatorio equivalga autom\u00e1ticamente a la denegaci\u00f3n del mismo.<\/span><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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      Autora de la entrada: Mar\u00eda Salvador Mart\u00ednez<\/span><\/p>

      Fecha de \u00faltima actualizaci\u00f3n: 10\/12\/2024<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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