{"id":14111,"date":"2026-08-11T20:02:59","date_gmt":"2026-08-11T18:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/?p=14111"},"modified":"2026-08-11T20:11:48","modified_gmt":"2026-08-11T18:11:48","slug":"principio-de-legalidad-sancionadora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/principio-de-legalidad-sancionadora\/","title":{"rendered":"Principio de legalidad sancionadora"},"content":{"rendered":"\t\t
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Principio de legalidad sancionadora<\/strong><\/span><\/p>

Gaspar Gonz\u00e1lez Represa<\/span><\/p>

Curso de \u00faltima actualizaci\u00f3n (2026\/2027)<\/span><\/p>

El art\u00edculo 25.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola recoge el principio de legalidad sancionadora, manifestaci\u00f3n del principio nullum crimen, nulla poena sine lege<\/em>, en virtud del cual se proh\u00edbe sancionar o condenar por una acci\u00f3n u omisi\u00f3n que en el momento de producirse no est\u00e9 tipificada como delito, falta o infracci\u00f3n administrativa. La ubicaci\u00f3n de este principio en el texto constitucional, secci\u00f3n segunda del cap\u00edtulo primero del T\u00edtulo I, otorga al principio de legalidad sancionadora la condici\u00f3n de derecho fundamental. Seg\u00fan el art\u00edculo 2.3. del C\u00f3digo Civil, las normas jur\u00eddicas pueden retrotraer o extender sus efectos a momentos previos a su entrada en vigor si lo indican expresamente. Sin embargo, el principio de legalidad sancionadora impide que esto ocurra con normas que impongan sanciones a los ciudadanos, consagr\u00e1ndose as\u00ed tambi\u00e9n el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras, as\u00ed como de aquellas lesivas de derechos fundamentales. Las normas sancionadoras no podr\u00e1n aplicarse a hechos cometidos previamente a su entrada en vigor, salvo cuando su aplicaci\u00f3n resulte favorable para el infractor, principio de retroactividad de la ley sancionadora m\u00e1s favorable que el Tribunal Constitucional no considera como parte del derecho fundamental.<\/span><\/p>

Contenido<\/strong><\/span><\/p>

El art\u00edculo 25.1 de la Constituci\u00f3n constituye una garant\u00eda jur\u00eddica fundamental al evitar cualquier posibilidad de arbitrariedad en el ejercicio del ius puniendi<\/em> por el Estado, garantizando el estricto sometimiento de los jueces al imperio de la ley, aunque no impide que la regulaci\u00f3n legal pueda llegar a ser complementada judicialmente. El principio de legalidad sancionadora plasma algunas exigencias m\u00ednimas y garant\u00edas necesarias para un Estado de Derecho, pues permite que los ciudadanos puedan conocer de antemano la legalidad de sus acciones y las consecuencias jur\u00eddicas de estas sin temer que estas acarreen en un futuro alg\u00fan tipo de sanci\u00f3n. El principio constituye una doble garant\u00eda. Por un lado, una garant\u00eda material, que el hecho sancionado est\u00e9 predeterminado por una ley (lex praevia<\/em>) y que esta defina de forma clara y con la mayor precisi\u00f3n posible las conductas il\u00edcitas y sus sanciones (lex certa<\/em>), no cabiendo interpretaciones extensivas ni sanciones por analog\u00eda y estando prohibidas leyes sancionadoras amplias, vagas o ambiguas cuya efectividad dependa de la libre decisi\u00f3n del juzgador. Por otro, una garant\u00eda formal, que las conductas prohibidas y sus sanciones deben estar previstas por una Ley (lex scripta<\/em>).<\/span><\/p>

Reserva de ley en materia sancionadora<\/strong><\/span><\/p>

La garant\u00eda formal del principio de legalidad sancionadora exige la existencia de una norma para la actuaci\u00f3n punitiva del Estado que tenga rango de ley. Se establece as\u00ed la reserva de ley para la creaci\u00f3n de infracciones y sanciones, que en el \u00e1mbito penal ser\u00e1 una reserva de ley con eficacia absoluta y reforzada y de ley org\u00e1nica cuando las sanciones sean penas privativas de libertad. Respecto a las sanciones administrativas, la reserva de ley ser\u00e1 relativa, teniendo una mayor incidencia la potestad reglamentaria, pudiendo la ley remitirse a reglamentos administrativos siempre que en ella se establezcan la definici\u00f3n b\u00e1sica de la conducta antijur\u00eddica y el tipo de sanci\u00f3n y sus l\u00edmites y que el reglamento no establezca una regulaci\u00f3n independiente de la ley ni se exceda de la habilitaci\u00f3n legal. Adem\u00e1s, en materia administrativa es posible la utilizaci\u00f3n del decreto-ley.<\/span><\/p>

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El principio de non bis in idem<\/em><\/strong><\/span><\/p>

El principio de legalidad sancionadora, penal o punitiva incluye adem\u00e1s otra garant\u00eda jur\u00eddica, el principio de non bis in idem<\/em>, que, aunque no se reconoce de forma expresa, la doctrina entiende que se deduce impl\u00edcitamente del art\u00edculo 25.1. Este principio s\u00ed est\u00e1 reconocido expresamente en textos internacionales de aplicaci\u00f3n en Espa\u00f1a, como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En virtud de este principio, queda prohibida la duplicidad de sanciones, administrativas y penales, cuando exista una identidad de hechos sancionados, de sujetos y fundamento. En caso de que existan dos procesos penales abiertos contra una misma persona por los mismos hechos, estos deber\u00e1n acumularse para impedir as\u00ed sancionar doblemente por una misma conducta. En aquellos supuestos en los que una misma conducta sea constitutiva de delito, pero tambi\u00e9n constituya una infracci\u00f3n administrativa, habiendo una duplicidad de sanciones penales y administrativas, este principio impide una doble sanci\u00f3n en ambas jurisdicciones, debiendo quedar subordinada la potestad sancionadora administrativa al orden jurisdiccional penal. Cuando exista esta identidad, la Administraci\u00f3n deber\u00e1 abstenerse de continuar con el procedimiento administrativo sancionador, debiendo ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal o la autoridad judicial. El procedimiento administrativo quedar\u00e1 suspendido hasta que recaiga resoluci\u00f3n judicial sobre el mismo en virtud de la prevalencia de la jurisdicci\u00f3n penal.<\/span><\/p>

Este principio, no obstante, admite una excepci\u00f3n en la que ser\u00eda constitucional una doble sanci\u00f3n administrativa y penal: cuando ambas sanciones respondan a fundamentos jur\u00eddicos distintos. Se trata de aquellos supuestos en los que exista una relaci\u00f3n de supremac\u00eda especial de la Administraci\u00f3n, como sucede, por ejemplo, con los funcionarios p\u00fablicos, que justificar\u00eda la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n penal y el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administraci\u00f3n al tener distintos fundamentos.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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