{"id":13981,"date":"2026-08-11T19:19:55","date_gmt":"2026-08-11T17:19:55","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/?p=13981"},"modified":"2026-08-11T19:22:15","modified_gmt":"2026-08-11T17:22:15","slug":"derecho-a-la-vida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/derecho-a-la-vida\/","title":{"rendered":"Derecho a la vida"},"content":{"rendered":"\t\t
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Derecho a la vida<\/strong><\/span><\/p>

Juan Oc\u00f3n Garc\u00eda<\/span><\/p>

Curso de \u00faltima actualizaci\u00f3n (2026\/2027)<\/span><\/p>

El art\u00edculo 15 CE dispone que \u201cTodos tienen derecho a la vida y a la integridad f\u00edsica y moral, sin que, en ning\u00fan caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra\u201d.<\/span><\/p>

Reconoce as\u00ed, en un mismo precepto, dos derechos fundamentales estrechamente conectados, pero con objetos y contenidos propios: el derecho a la vida y el derecho a la integridad f\u00edsica y moral.<\/span><\/p>

El derecho fundamental a la vida se dirige a garantizar el valor o bien jur\u00eddico de la vida humana, y act\u00faa, por ello, como \u201cel prius <\/em>l\u00f3gico y ontol\u00f3gico para la existencia de los dem\u00e1s derechos\u201d (STC 53\/1985, de 11 de abril). El objeto del derecho se identifica con una realidad biol\u00f3gica \u2014la vida\u2014 dotada de una cierta incertidumbre cient\u00edfica y que se enfrenta a retos cada vez mayores que plantean los avances biom\u00e9dicos.<\/span><\/p>

Se trata de un derecho de titularidad universal (\u201ctodos\u201d, dice el art. 15 CE), cuya estrecha e innegable vinculaci\u00f3n con la dignidad impone su igual reconocimiento a todas las personas con independencia de su nacionalidad.<\/span><\/p>

En cuanto al contenido del derecho se advierte claramente su doble dimensi\u00f3n como derecho subjetivo y principio objetivo del ordenamiento.<\/span><\/p>

Desde la primera vertiente, nos encontramos ante un derecho subjetivo reaccional o defensivo frente a agresiones o amenazas de la propia existencia f\u00edsica y que impone al Estado el deber de no lesionar la vida, lo que encuentra su principal expresi\u00f3n en la abolici\u00f3n de la pena de muerte, tambi\u00e9n suprimida para tiempos de guerra desde la Ley Org\u00e1nica 11\/1995. Pero, adem\u00e1s, incluye la obligaci\u00f3n positiva de investigar y perseguir las muertes ocasionas por agentes al servicio del Estado (por todas, SSTEDH de 20 de mayo de 1999 [Ogur c. Turqu\u00eda] o de 24 de febrero de 2005 [Khashiyev y Akayeva c. Rusia]).<\/span><\/p>

Por su parte, la dimensi\u00f3n objetiva del derecho exige al Estado la efectiva protecci\u00f3n de la vida tambi\u00e9n frente a agresiones producidas por particulares, lo que requiere habitualmente la tipificaci\u00f3n penal de conductas que atenten o amenacen la vida humana (delitos de homicidio, asesinato, inducci\u00f3n o cooperaci\u00f3n al suicidio, aborto, lesiones al feto, etc.).<\/span><\/p>

Las principales dificultades que plantea el derecho fundamental se encuentran en los momentos inicial y final de la vida, esto es, en su compatibilidad con la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo (aborto) y con la prestaci\u00f3n de ayuda a morir (eutanasia activa directa).<\/span><\/p>

En el primer caso, el Tribunal Constitucional considerado tempranamente que la titularidad del derecho fundamental a la vida corresponde exclusivamente a los nacidos, sin que sea predicable por tanto de los concebidos pero no nacidos (SSTC 53\/1985, de 11 de abril y 44\/2023, de 9 de mayo). Sin embargo, en tanto que la vida es un proceso o devenir progresivo que comienza con la gestaci\u00f3n y termina con la muerte, tambi\u00e9n su protecci\u00f3n constitucional debe proyectarse progresivamente. De este modo, si bien el nasciturus<\/em> no es titular del derecho fundamental, la vida humana en formaci\u00f3n s\u00ed es un bien jur\u00eddico constitucionalmente protegido.<\/span><\/p>

Con estas premisas, el Tribunal Constitucional (STC 53\/1985, de 11 de abril) aval\u00f3 la conformidad constitucional de la despenalizaci\u00f3n parcial del aborto (LO 9\/1985) al considerar que la existencia de importantes derechos fundamentales o bienes constitucionales (principalmente la vida y dignidad de la mujer) justificaba enervar la protecci\u00f3n del nasciturus<\/em> en los supuestos o indicaciones previstos por la ley: aborto terap\u00e9utico, \u00e9tico y eugen\u00e9sico.<\/span><\/p>

La Ley Org\u00e1nica 2\/2010 modific\u00f3 sustancialmente el tratamiento legislativo de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, sustituyendo el sistema de indicaciones por un sistema de plazos en los que la mujer puede abortar libremente. La resoluci\u00f3n del recurso contra la ley en STC 44\/2023, de 9 de mayo, cambia la perspectiva de enjuiciamiento. Considera que la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, como manifestaci\u00f3n del derecho de la mujer a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad f\u00edsica y moral.<\/span><\/p>

En segundo lugar, y en relaci\u00f3n con el momento final de la vida, el Tribunal Constitucional afirm\u00f3 que el art\u00edculo 15 proclama un derecho de protecci\u00f3n positiva de la existencia f\u00edsica de las personas, lo que impide configurar el derecho fundamental a la vida como un derecho de disposici\u00f3n o libertad que incluya un derecho a la propia muerte (STC 120\/1990, de 27 de junio). No obstante, ello no supone atribuir un car\u00e1cter absoluto a la vida o la imposici\u00f3n ex constitutione<\/em> de un deber de vivir, impidiendo con ello el reconocimiento constitucional de decisiones aut\u00f3nomas sobre la propia muerte.<\/span><\/p>

De este modo, al enjuiciar la conformidad con la Constituci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 3\/2021 de regulaci\u00f3n de la eutanasia, afirma el TC que la disposici\u00f3n voluntaria de la propia muerte o la facultad de autodeterminaci\u00f3n de la propia vida encuentra fundamento constitucional principalmente, y adem\u00e1s de en la libertad como valor superior (art. 1.1 CE) o en los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), en el derecho a la integridad f\u00edsica y moral tambi\u00e9n reconocido en el art\u00edculo 15 CE. Por ello, ese derecho de autodeterminaci\u00f3n exige que el Estado habilite v\u00edas legales para permitir que un tercero auxilie a quienes se encuentren en situaciones de sufrimiento extremo (contexto eutan\u00e1sico) a decidir sobre su propia muerte en condiciones de libertad y dignidad, obligaci\u00f3n estatal a cuyo cumplimiento se dirige la prestaci\u00f3n de ayuda a morir prevista por la ley (STC 19\/2023, de 22 de marzo).<\/span><\/p>

En definitiva, aunque el aborto y la eutanasia apelan a los contornos del derecho a la vida, la actual interpretaci\u00f3n del Tribunal Constitucional configura su ejercicio como facultades inherentes al derecho fundamental a la integridad f\u00edsica y moral.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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