{"id":12791,"date":"2026-08-09T14:51:58","date_gmt":"2026-08-09T12:51:58","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/?p=12791"},"modified":"2026-08-09T14:53:30","modified_gmt":"2026-08-09T12:53:30","slug":"la-potestad-reglamentaria-del-gobierno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/la-potestad-reglamentaria-del-gobierno\/","title":{"rendered":"La potestad reglamentaria del Gobierno"},"content":{"rendered":"\t\t
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La potestad reglamentaria del Gobierno<\/strong><\/span><\/p>

Mar\u00eda Acracia N\u00fa\u00f1ez Mart\u00ednez<\/em><\/span><\/p>

Curso de \u00faltima actualizaci\u00f3n (2026\/2027)<\/span><\/p>

El art\u00edculo 97 de la Constituci\u00f3n dispone que: \u201cEl Gobierno dirige la pol\u00edtica interior y exterior, la Administraci\u00f3n civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la funci\u00f3n ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con\u00a0la Constituci\u00f3n\u00a0y las leyes\u201d.<\/span><\/p>

As\u00ed, la Carta Magna diferencia entre la funci\u00f3n ejecutiva y la potestad reglamentaria de manera concisa. No es este el \u00fanico art\u00edculo en el que la Norma Suprema alude a la potestad reglamentaria del Gobierno, el art\u00edculo 116 en sus apartados segundo y tercero tambi\u00e9n lo hace. En el apartado segundo se dispone que \u201cEl estado de alarma ser\u00e1 declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo m\u00e1ximo de quince d\u00edas, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorizaci\u00f3n no podr\u00e1 ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinar\u00e1 el \u00e1mbito territorial a que se extienden los efectos de la declaraci\u00f3n. En este caso nos encontramos ante los denominados reglamentos de necesidad <\/em><\/strong>cuya derogaci\u00f3n expresa no es necesaria, dado que su declaraci\u00f3n se encuentra vinculada a que se produzcan determinadas circunstancias, por lo que si est\u00e1s no persisten o transcurre el plazo de vigencia dejan de tener sentido.<\/span><\/p>

Por su parte en el apartado tercero se refiere al estado de excepci\u00f3n que \u201cser\u00e1 declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorizaci\u00f3n del Congreso de los Diputados. La autorizaci\u00f3n y proclamaci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n deber\u00e1 determinar expresamente los efectos del mismo, el \u00e1mbito territorial a que se extiende y su duraci\u00f3n, que no podr\u00e1 exceder de treinta d\u00edas, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos\u201d.<\/span><\/p>

El Gobierno tiene la potestad de dictar disposiciones normativas de rango infralegal, que en ning\u00fan caso pueden contravenir las leyes o normas con rango de ley. Las leyes tienen capacidad derogatoria sobre los reglamentos, pero los reglamentos no pueden ni modificar ni derogar a las leyes, dada la superioridad jer\u00e1rquica de \u00e9stas frente a aquellos. La relaci\u00f3n del reglamento con la Constituci\u00f3n y con la ley es de subordinaci\u00f3n jer\u00e1rquica indiscutible, por lo que son nulos los reglamentos que contravengan una norma de rango jer\u00e1rquico superior, siendo de aplicaci\u00f3n el principio de jerarqu\u00eda constitucionalmente establecido.<\/span><\/p>

El principio de reserva de ley implica que la regulaci\u00f3n de determinadas materias debe ser realizada por los representantes del pueblo soberano, pero \u00a0no se \u00a0excluye, la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero s\u00ed que tales remisiones hagan posible una regulaci\u00f3n independiente y no subordinada a la ley, lo que supondr\u00eda una degradaci\u00f3n de la reserva formulada por la Constituci\u00f3n a favor del legislador (Sentencia del Tribunal Constitucional 83\/1984, de 24 de julio). Cuando la Constituci\u00f3n contiene reserva para la regulaci\u00f3n por ley de diversos \u00e1mbitos, esta materia queda, sustra\u00edda a la normaci\u00f3n reglamentaria, m\u00e1s no en el sentido de que las disposiciones del Gobierno no puedan, cuando lo requiera la ley, colaborar con \u00e9sta para complementar o particularizar, en aspectos instrumentales y con la debida sujeci\u00f3n, la ordenaci\u00f3n legal de la materia reservada, pues esta colaboraci\u00f3n que, en t\u00e9rminos de pol\u00edtica legislativa, habr\u00e1 de resultar pertinente en muchos casos, no ser\u00e1 contradictoria con el dictado de la Constituci\u00f3n cuando la remisi\u00f3n al reglamento lo sea, para desarrollar y complementar una previa determinaci\u00f3n legislativa. \u00a0Habr\u00e1 de ser s\u00f3lo la ley la fuente reguladora de las materias se\u00f1aladas por la Constituci\u00f3n, con las consecuencias de que la potestad reglamentaria no podr\u00e1 desplegarse innovando o sustituyendo a la disciplina legislativa, no si\u00e9ndole posible al legislador disponer de la reserva misma a trav\u00e9s de remisiones incondicionales o carentes de l\u00edmites ciertos y estrictos, pues ello entra\u00f1ar\u00eda un desapoderamiento del Parlamento a favor de la potestad reglamentaria que ser\u00eda contrario a la norma constitucional creadora de la reserva. Con relaci\u00f3n a los \u00e1mbitos reservados por la Constituci\u00f3n a la regulaci\u00f3n por ley no es imposible una intervenci\u00f3n auxiliar o complementaria del reglamento, pero siempre que estas remisiones \u00absean tales que restrinjan, efectivamente, el ejercicio de esta potestad (reglamentaria) a un complemento de la regulaci\u00f3n legal, que sea, indispensable por motivos t\u00e9cnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constituci\u00f3n o por la propia ley\u00bb, de tal modo que no se llegue a \u00abuna total abdicaci\u00f3n por parte del legislador de su facultad para establecer reglas limitativas, transfiriendo esta facultad al titular de la potestad reglamentaria, ni fijar ni siquiera cuales son los fines u objetivos que la reglamentaci\u00f3n ha de perseguir\u00bb (Sentencia del Tribunal Constitucional 87\/1999, de 11 de junio). Estos reglamentos la denominaci\u00f3n de reglamentos ejecutivos.<\/em><\/strong><\/span><\/p>

Los reglamentos ejecutivos <\/em><\/strong>son reglamentos que requieren la aprobaci\u00f3n previa de una ley, por lo que deben su existencia a la actuaci\u00f3n parlamentaria previa, sin ley no existe reglamento ejecutivo. En primer lugar, los representantes del pueblo soberano legislan, para que, posteriormente, el Gobierno apruebe el reglamento ejecutivo que tiene por finalidad el desarrollo o la complementaci\u00f3n de la ley previa, sin ley no hay reglamento ejecutivo. Previa a la entrada en vigor del reglamento Ejecutivo es preceptivo que el Consejo de Estado emita un informe que, si bien no es vinculante, no puede ser omitido pues su omisi\u00f3n implicar\u00eda la nulidad de la norma. La Ley org\u00e1nica 3\/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, cuya \u00faltima actualizaci\u00f3n fue publicada el 02\/08\/2024 dispone en su art\u00edculo 22 apartado tercero que \u201cla Comisi\u00f3n Permanente del Consejo de Estado deber\u00e1 ser consultada en los siguientes asuntos: Reglamentos o disposiciones de car\u00e1cter general que se dicten en ejecuci\u00f3n de las Leyes, as\u00ed como sus modificaciones\u201d. Esta potestad reglamentaria deber\u00e1 ser ejercida por el Gobierno respetando lo dispuesto tanto en la Ley del Gobierno como en la del del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/span><\/p>

Jerarqu\u00eda reglamentaria <\/strong><\/span><\/p>

No todos los reglamentos dictados por el Gobierno ocupan la misma posici\u00f3n jer\u00e1rquica; los reglamentos con m\u00e1s alto rango son aquellos aprobados en Consejo de Ministros, o por el Presidente del Gobierno. Estos reglamentos reciben la denominaci\u00f3n de Reales Decretos, versando los aprobados en Consejo de Ministros sobre competencias propias del Ejecutivo, o desarrollando y ejecutando leyes aprobadas por las Cortes Generales. Para su entrada en vigor han de ser expedidos por el Jefe del Estado, debiendo contar con el refrendo del Presidente o de alguno de los Ministros. Por su parte los Reales Decretos aprobados por el Presidente del Gobierno son utilizados tanto para crear, como para\u00a0 \u00a0transformar o eliminar los diferentes Departamentos Ministeriales que conforman el Gobierno, as\u00ed como las Secretar\u00edas de Estado.<\/span><\/p>

En el escalaf\u00f3n jer\u00e1rquico a continuaci\u00f3n se sit\u00faan las \u00f3rdenes, disposiciones y resoluciones ministeriales, cuya regulaci\u00f3n se lleva a cabo en la Ley del Gobierno, no en sede constitucional.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La potestad reglamentaria del Gobierno Mar\u00eda Acracia N\u00fa\u00f1ez Mart\u00ednez Curso de \u00faltima actualizaci\u00f3n (2026\/2027) El art\u00edculo 97 de la Constituci\u00f3n dispone que: \u201cEl Gobierno dirige la pol\u00edtica interior y exterior, la Administraci\u00f3n civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la funci\u00f3n ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con\u00a0la Constituci\u00f3n\u00a0y las leyes\u201d. As\u00ed, la Carta Magna diferencia entre la funci\u00f3n ejecutiva y la potestad reglamentaria de manera concisa. No es este el \u00fanico art\u00edculo en el que la Norma Suprema alude a la potestad reglamentaria del Gobierno, el art\u00edculo 116 en sus apartados segundo y tercero tambi\u00e9n lo hace. En el apartado segundo se dispone que \u201cEl estado de alarma ser\u00e1 declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo m\u00e1ximo de quince d\u00edas, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorizaci\u00f3n no podr\u00e1 ser prorrogado…<\/p>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":7621,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[17],"class_list":["post-12791","post","type-post","status-publish","format-standard","category-entradas-articulos","tag-infografias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12791","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7621"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12791"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12791\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12803,"href":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12791\/revisions\/12803"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}