{"id":12131,"date":"2026-06-20T11:56:17","date_gmt":"2026-06-20T09:56:17","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/?p=12131"},"modified":"2026-06-20T11:57:35","modified_gmt":"2026-06-20T09:57:35","slug":"garantias-procesales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.uned.es\/derechoyconstitucion\/garantias-procesales\/","title":{"rendered":"Garant\u00edas procesales"},"content":{"rendered":"\t\t
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Garant\u00edas procesales<\/strong><\/span><\/p>

Juan Manuel Goig Mart\u00ednez<\/em><\/span><\/p>

Curso de \u00faltima actualizaci\u00f3n (2025\/2026)<\/span><\/p>

El art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n, en sus dos ep\u00edgrafes, prev\u00e9 dos supuestos \u00edntimamente relacionados entre s\u00ed, pero que merecen un tratamiento diferenciado, ya que el segundo apunta a las llamadas garant\u00edas procesales, mientras que el primero, establece una garant\u00eda previa al proceso. Ahora bien, aun admitiendo esta diferencia, en la pr\u00e1ctica, la violaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales supone una aut\u00e9ntica violaci\u00f3n del derecho a la tutela judicial, puesto que la tutela efectiva consiste en el derecho a que se abra y se substancie un proceso en el que, adem\u00e1s, se deber\u00e1n cumplir todas las garant\u00edas procesales (SSTC 147\/2020 y 147 2021).<\/span><\/p>

Dentro de estas garant\u00edas constitucionales podemos distinguir entre aquellas que son requisito previo para que el proceso iniciado se desenvuelva eficazmente y otorgue una tutela eficaz (derecho al juez ordinario o derecho a la asistencia letrada), y aquellas otras que se van a producir a lo largo del proceso y que deben permitir, no s\u00f3lo una decisi\u00f3n fundada en derecho, sino que esa resoluci\u00f3n pueda ser cumplida, y, a trav\u00e9s de cuya ejecuci\u00f3n, pueda ser satisfecho el inter\u00e9s leg\u00edtimo tutelado.<\/span><\/p>

El derecho a un proceso con todas las garant\u00edas no debe ser entendido en un sentido restrictivo. Son garant\u00edas las enumeradas expresamente en el propio texto constitucional, pero no s\u00f3lo estas, puesto que el proceso judicial est\u00e1 sometido a unas reglas de obligado cumplimiento para los \u00f3rganos jurisdiccionales.<\/span><\/p>

  1. Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. <\/strong>Presupuesto esencial para la tutela judicial efectiva es que el \u00f3rgano judicial encargado de proporcionar dicha tutela sea un juez natural, concepto que ha sido recogido en la Constituci\u00f3n como juez ordinario (STC 106\/2021). El derecho a un juez ordinario exige predeterminaci\u00f3n legal. Junto a los requisitos de predeterminaci\u00f3n, del juez ordinario se exige idoneidad e imparcialidad, garant\u00eda procesal que constituye la existencia misma de la funci\u00f3n jurisdiccional. En lo que al tribunal del Jurado respecta, todo lo dicho hasta este momento es de aplicaci\u00f3n a los jurados, puesto que se sit\u00faan en una posici\u00f3n semejante a los jueces y tribunales ordinarios, de forma que la designaci\u00f3n y requisitos de los miembros deben ser regulados por ley.<\/span><\/li>
  2. Derecho a la asistencia y defensa letrada. <\/strong>Los institutos de la justicia y la defensa deben ser los instrumentos que permitan generalizar la tutela judicial efectiva. El derecho a la justicia se complementa con el derecho a la defensa legal. El derecho a la defensa y asistencia abarca, desde la presencia f\u00edsica del abogado junto a su patrocinado en las actuaciones que as\u00ed lo requieran, el asesoramiento, consejo y direcci\u00f3n jur\u00eddica, hasta la representaci\u00f3n en su m\u00e1s amplio sentido.<\/span><\/li>
  3. Igualdad de partes en el proceso.<\/strong> El reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y la prohibici\u00f3n de todo tipo de discriminaci\u00f3n, ha tenido su transposici\u00f3n procesal en el reconocimiento como garant\u00eda de la igualdad de partes en el proceso. Desde el punto de vista estrictamente dogm\u00e1tico, las dos posturas procesales deben ser absolutamente equivalentes en cargas y expectativas.<\/span><\/li>
  4. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes<\/strong>. Este derecho, estrechamente vinculado a la prohibici\u00f3n constitucional de indefensi\u00f3n, es un derecho de configuraci\u00f3n legal, cuyo ejercicio, tanto en materia de proposici\u00f3n, como de admisi\u00f3n, ha de acomodarse a las exigencias y condicionantes impuestos por la normativa procesal (STC 19\/2001), que garantiza a las partes la aportaci\u00f3n de las pruebas necesarias para acreditar los hechos que sirven de base a sus pretensiones.<\/span><\/li>
  5. Derecho a un proceso p\u00fablico<\/strong>. Procesalmente se habla de publicidad como el derecho a la percepci\u00f3n inmediata de las actuaciones procesales ante el tribunal por quien no forma parte del proceso. La excepci\u00f3n principal a la regla constitucional de publicidad viene constituida por el secreto sumarial.<\/span><\/li>
  6. Derecho a la presunci\u00f3n de inocencia<\/strong>. El reconocimiento en el art\u00edculo 24 de la presunci\u00f3n de inocencia como garant\u00eda procesal ha elevado a la categor\u00eda de derecho fundamental un principio que ha informado la actuaci\u00f3n de los tribunales. Se convierte as\u00ed en una norma directa e invocable como derecho fundamental.<\/span><\/li>
  7. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas<\/strong>. Desde un punto de vista sociol\u00f3gico y pr\u00e1ctico, puede asegurarse que una justicia tard\u00eda equivale a una falta de tutela judicial, pero, desde una perspectiva jur\u00eddica, el derecho a un proceso sin dilaciones es un derecho distinto que ha de ser considerado separadamente y que puede ser objeto de distintas violaciones (STC 62\/1983).<\/span><\/li>
  8. Derecho a obtener una resoluci\u00f3n fundada en derecho<\/strong>. El art\u00edculo 24 CE no solamente reconoce el derecho de acceso a la jurisdicci\u00f3n y el derecho a un proceso justo con todas las garant\u00edas, tambi\u00e9n comprende el derecho a obtener una resoluci\u00f3n judicial que recaiga sobre el fondo del asunto, y suficientemente motivada.<\/span><\/li>
  9. Derecho a la ejecuci\u00f3n de las sentencias<\/strong>. El derecho a la tutela no se agota con el acceso a los tribunales. Exige tambi\u00e9n que el fallo judicial se cumpla y que las partes sean puestas en su derecho y compensadas, si hubiera lugar a ello, por el da\u00f1o sufrido.<\/span><\/li><\/ol>

    El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra estrechamente unido a la interdicci\u00f3n de indefensi\u00f3n. La tutela efectiva de los tribunales comporta la prohibici\u00f3n de indefensi\u00f3n como una exigencia, puesto que la indefensi\u00f3n deja sin contenido el derecho a la jurisdicci\u00f3n y constituye la tacha m\u00e1s grave de la que puede adolecer la tutela judicial, no s\u00f3lo para que sea eficaz, sino para que pueda ser considerada como tutela judicial en sentido m\u00ednimo (STC 105\/1995).<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Garant\u00edas procesales Juan Manuel Goig Mart\u00ednez Curso de \u00faltima actualizaci\u00f3n (2025\/2026) El art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n, en sus dos ep\u00edgrafes, prev\u00e9 dos supuestos \u00edntimamente relacionados entre s\u00ed, pero que merecen un tratamiento diferenciado, ya que el segundo apunta a las llamadas garant\u00edas procesales, mientras que el primero, establece una garant\u00eda previa al proceso. Ahora bien, aun admitiendo esta diferencia, en la pr\u00e1ctica, la violaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales supone una aut\u00e9ntica violaci\u00f3n del derecho a la tutela judicial, puesto que la tutela efectiva consiste en el derecho a que se abra y se substancie un proceso en el que, adem\u00e1s, se deber\u00e1n cumplir todas las garant\u00edas procesales (SSTC 147\/2020 y 147 2021). Dentro de estas garant\u00edas constitucionales podemos distinguir entre aquellas que son requisito previo para que el proceso iniciado se desenvuelva eficazmente y otorgue una tutela eficaz (derecho al juez ordinario o derecho a la asistencia letrada), y…<\/p>\n

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