LA DEPENDENCIA, UN DERECHO PENDIENTE
XVII ANIVERSARIO DE LA LEY DE DEPENDENCIA
El 14 de diciembre de 1996 se aprobaba la Ley 19/1996 de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal. 17 años después, a pesar del avance que ha supuesto esta Ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, sus limitaciones de financiación y la complejidad de los procedimientos en algunas Comunidades hacen que su potencial siga sin desarrollar. 17 datos nos permiten realizar una radiografía de la Ley, tras sus 17 años de aplicación:
1.563.108 personas tienen reconocida actualmente en España su situación de dependencia. y otras 124.326 están pendientes de valoración. Esto supone que el 3,3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria.
162.411 personas se encuentran en el Limbo de la Dependencia en diciembre de 2023. Durante 2023 el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 15.019 personas. A este ritmo se tardarían 11 años en lograr la plena atención.
310.429 personas son el total de desatendidas, sumando el Limbo (162.411), las pendientes de valoración (124.326 expedientes) y aquellas con un PIA (Plan de Atención) aprobado pero que aún no es efectivo (23.692)
45.360 personas fallecen cada año en las listas de espera de la dependencia: 19.661 pendientes de resolución de grado y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos. Esto supone que 124 personas fallecen al día en las listas de espera de la dependencia (una cada 12 minutos).
323 días es el tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia, aunque en cuatro comunidades se superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia).
13,8% es el porcentaje de cuidadoras que están de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, cuatro años después de que se recuperase este derecho (76.606 personas)
316.215 empleos directos hay en España asociados a las atenciones de la Ley de la Dependencia. A ellos hay que añadir los empleos en las administraciones públicas en la gestión administrativa de esta Ley.
41 empleos directos se generan por cada millón de euros de gasto público en atención a la dependencia, lo que evidencia la elevada capacidad para generación de empleo. La tasa de retorno vía impuestos alcanza el 41,43% de la inversión en el sector.
6.321 millones de euros es el recorte acumulado tras el RD-Ley 20/2012 por parte de la Administración General del Estado, considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares. En 2021 finalizaron estos recortes.
98 millones de euros se redujo el pasado año la financiación a la dependencia en diez Comunidades, que hicieron cajacon el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado: Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Asturias, C. Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia.
10.234 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2022. Sigue existiendo una acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación. Las Comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.329 €), Extremadura (1.706 €) y Navarra (1.701 €), mientras a la cola continúan Canarias (801€) y Galicia (615€).
26% es lo que supone la aportación estatal en la financiación pública de la atención a la dependencia, habiendo incrementado esta financiación un 33% respecto al año anterior, aunque aún está lejos del pretendido 50%.
3.644 millones de euros es el incremento acumulado en los tres últimos años en la aportación estatal a la financiación de la atención a la dependencia, en el llamado Plan de Choque, que supone una nueva fase de recuperación del Sistema.
10,4% es lo que suponen las personas que se encuentran en el Limbo de la Dependencia (con derecho reconocido a la espera de recibir la prestación o servicio). El Plan de Choque incluía una reducción de esta lista de espera que, a pesar del notable incremento presupuestario por parte de la Administración General, sigue por encima del 10%
60% es el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que NO cuentan con Teleasistencia, a pesar de que el Plan de Choque marcó el objetivo de establecer este servicio como un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio.
0 El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social. Las personas dependientes y sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa: lenta, costosa, farragosa y nada garantista.
13 son los ministros o ministras que han pasado en los 17 años en los que lleva en vigor la Ley de la Dependencia, evidenciando la inestabilidad en los órganos de gestión del Sistema: Jesús Caldera, Mercedes Cabrera, Trinidad Jiménez, Leire Pajín, Ana Mato, Alfonso Alonso, de forma interina Fátima Báñez, Dolors Montserrat, Carmen Montón, María Luisa Carcedo, Pablo Iglesias, Ione Belarra y Pablo Bustinduy. También en las CC.AA. se han producido numerosísimos cambios en la dirección de las consejerías afectadas.
El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones.
José Manuel Ramírez Navarro. Presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia. e-mail directoressociales@hotmail.com