Nuevas Tecnologías aplicadas a la investigación criminal: marco legal

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El decano de la Facultad de Derecho de la UNED, Manuel Díaz Martínez, ha dirigido el curso Medidas de investigación tecnológica y derechos fundamentales

Las Nuevas Tecnologías han sido aprovechadas por los delincuentes de forma habitual desde su aparición y, aunque esas mismas tecnologías pueden ser empleadas por los cuerpos de Seguridad del Estado, es necesario que exista un marco legal que lo permita. El Curso de Verano, organizado por la Fundación UNED, Medidas de investigación tecnológica y derechos fundamentales, codirigido por Manuel Díaz Martínez, catedrático de Derecho Procesal y decano de la Facultad de Derecho de la UNED, e Inmaculada López-Barajas Perea, profesora del Departamento de Derecho Procesal, focalizó su atención en los límites y alcance de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la grabación de comunicaciones orales, el registro de sistemas informáticos y el uso del dron como diligencias de investigación criminal. Díaz Martínez, encargado de abrir las ponencias de la segunda jornada con una charla sobre La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, expuso la necesidad de “que haya una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y no seguir parcheando la actual de 1882, sobre la que se han realizado hasta 36 reformas de mayor o menor calado, la última la LO 13/2015, de 5 de octubre”. Dicha reforma es, a juicio del experto, “imperiosa” por dos factores clave: “por la consagración del Derecho a la doble instancia, en primer lugar, y por dotar de un marco legal a las medidas de investigación tecnológica de las que se ocupa el curso, en segundo”.

En su ponencia, el decano abordó es aspecto más espinoso de la cuestión: los derechos fundamentales que se ven afectados por esta situación de ausencia de marco jurídico, a pesar de que la LO 13/2015 modifica parcialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otorga una nueva regulación a las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española. “Antes de 2015”, explicó el decano, “teníamos un único precepto legal, el 579, que solo hacía referencia a escuchas telefónicas pero que se extendía al resto de grabaciones, pero era insostenible porque había críticas tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo y quejas de Europa, porque no se establecían periodos, ni criterios de conservación o destrucción, etc… Es decir, al amparo de un precepto puesto en duda sobre escuchas telefónicas se realizaban otras medidas mientras se sucedían las Resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que decían que las escuchas orales afectaba a los Derechos de las Personas y que hacía falta una regulación específica”.

Esta situación se terminó de agravar con la declaración de ilegalidad por parte del Tribunal Constitucional de la sentencia 145/2014 que admitía la validez de un micrófono oculto que grabó conversaciones de detenidos en un calabozo con autorización judicial previa. El TC declaró la ilegalidad de la prueba de forma tajante apreciando que el artículo no tenía base jurídica, que el artículo 579 solo era válido para conversaciones telefónicas y que se vulneraba el artículo 18.3 de inviolabilidad de las comunicaciones. La sentencia “marca expresamente que se trata de una ausencia total y completa de ley porque el 579 solo se refiere a las escuchas telefónicas”, remarcó el experto. A la violabilidad del domicilio hizo referencia el ponente como uno de los derechos fundamentales que se ven afectados por esta situación, puesto que “a violabilidad del domicilio puede ser física o virtual, es decir, es igual entrar en el domicilio que grabar lo que pasa dentro”, pero señaló que “la situación más grave es la que afecta a la grabación y captación de comunicaciones orales e imágenes en domicilio privado (en cualquier estancia), pues aquí están afectados los tres principios de la ley. Los supuestos que permitan esto no pueden ser los mismos que los que permitan otras acciones. Porque además afecta no solo al investigado sino a todos los miembros del núcleo familiar y es una situación sumamente grave”.

 

Itziar Romera
Fotografías: José Rodríguez
Edición: Óliver Yuste

Comunicación UNED

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