23/11/2019 – Marisa Revilla Blanco (Universidad Complutense de Madrid)
Complejizar la comprensión de nuestros procesos políticos populares no implica privarnos de asumir decisiones ético políticas claras, por el contrario, esa complejidad (que implica consideración de las múltiples napas históricas, de las fragmentaciones de las clases, de la superposición entre las jerarquías raciales, clasistas, de género) es el sustrato definitorio de la asunción ética”. María Pía López, Página 12, 21 de noviembre de 2019.
En los días en que escribo esta contribución al Blog del GESP están teniendo lugar en diversos lugares del mundo, con especial protagonismo de diversos países de América Latina, luchas en las calles que manifiestan quiebras sociales y políticas y un profundo malestar social.
Entre octubre y noviembre de este año, las convocatorias de protestas en Ecuador, Bolivia y Chile se han constituido en manifestaciones de “reventón social” (como analiza Gabriel Salazar lo que está ocurriendo en Chile). Colombia acaba de tener (21 de noviembre) una convocatoria de paro nacional contra las políticas económicas anunciadas por el presidente Iván Duque y, en Haití y Nicaragua, que tan escasa presencia tienen en nuestros medios y en nuestros análisis, se están convocando protestas contra sus presidentes (Jovenel Moise y Daniel Ortega, respectivamente) desde hace más de un año. Ampliando el foco, en estos mismos meses, contamos las protestas en Cataluña por la Sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés, la llamada “revolución de WhatsApp” en Líbano o la sostenida confrontación de estudiantes universitarios en Hong Kong para la retirada del proyecto de ley de extradición a China. Además, en los últimos días, en algunas ciudades de Emilia-Romaña (Italia) se han convocado concentraciones en los lugares donde acudía Salvini, a quien recibían entonando el Bella Ciao.
Sin duda, cada uno de esos fenómenos de movilización social responde a situaciones específicas y momentos concretos en cada país. Las diferencias no se limitan a los contextos en los que emergen, sino que también se aprecian en las formas y los desarrollos que adquieren, desde episodios más vinculados a los repertorios no contenciosos[1], como son los casos de las manifestaciones de “las sardinas” en la Emilia-Romaña o el paro nacional de Colombia, a las dinámicas contenciosas que se desarrollan por la represión policial y militar de las convocatorias de protesta (Chile, claramente[2]) o en el golpe revanchista (Bolivia[3]) de quienes se habían visto desplazados del poder por las presidencias y las políticas de Evo Morales, masacrando sus bases populares. Finalmente, encontramos las dinámicas contenciosas realizadas con las autoridades y el poder institucional de su parte (independentismo catalán).
Sin embargo, a pesar de las especificidades, caben las preguntas por lo que comparten, entre otras cosas, por la coincidencia en algunos de esos casos en la existencia de “una chispa, cualquier chispa” que provoca el reventón (Salazar). Por ejemplo, el anuncio de una subida en el precio de los combustibles (Chalecos Amarillos en Francia, 2018 o, como en el caso de Ecuador en octubre de 2019, el anuncio de la retirada de los subsidios a los combustibles que llevaría a su encarecimiento) o en el precio del billete de metro (Chile). Que esa chispa prenda depende de que haya suficiente “combustible”: malestar, descontento, privaciones que construyan un marco de injusticia. Como plantean Espasandín e Iglesias[4] (2007), “[d]esde la Primera Declaración de la Selva Lacandona, los encuentros intergalácticos y la sucesión de movilizaciones globales iniciadas en Seattle, Praga y Portoalegre, el planeta en su conjunto se ha configurado como espacio posible para el antagonismo político”. Aunque el análisis de esa posibilidad trasciende con mucho el espacio y el objetivo de esta publicación, quiero señalar algunos factores que se pueden explorar para comprender este contexto en el que prenden las chispas de la indignación social.
En primer lugar, es imprescindible atender al desmantelamiento del Estado de bienestar llevado a cabo desde la década de los 70 con el cambio de paradigma económico hacia el neoliberalismo, el papel mínimo que reserva a los estados, básicamente como garantes del orden público y las reformas estructurales de primera y segunda generación que consisten básicamente en privatizaciones y liberalizaciones económicas[5]. Chile, el alumno aventajado de los Chicago Boys, puede ser ahora el exponente de la polarización social, de un sistema de privilegios para unos pocos, de la exclusión social. En palabras de Dante Contreras, en Chile hoy “…hay tres ejes que son claves, […] desigualdad, movilidad social y educación. Si me permiten una metáfora, la situación que vive el país hoy día, es de una olla a presión, donde tiene tres válvulas y las tres están cerradas. Movilidad social es una, desigualdad de ingreso es otra, y el diseño de nuestro modelo educativo es el tercero». Lo que se ha venido limitando desde hace décadas es el acceso de la clase trabajadora, y ahora también de las clases medias, a la garantía de protección ante contingencias como la enfermedad, el desempleo, la jubilación, etc.[6] La esperanza de que las generaciones futuras vivirán mejor que la propia y las anteriores ya no se sostiene, para empezar porque estamos al borde de hacer inviable la vida en el planeta. No es extraño, así, que sean las generaciones de jóvenes en todo el mundo quienes muestran gran actividad en estos estallidos y, en general, en las movilizaciones.
En segundo lugar, el desmantelamiento del Estado de bienestar, en su modelo keynesiano, también ha contribuido a la eliminación de espacios de canalización de intereses y demandas políticas de la ciudadanía y de concertación y de diálogo de grupos con intereses en potencial conflicto. Por ejemplo, para empleados y empleadas por cuenta ajena, se dan dos situaciones: en el caso de que se mantengan los sindicatos y se den condiciones para la negociación colectiva, las dificultades de acceso al empleo y la precariedad limitan su capacidad de representación. Por otro lado, en muchos países las condiciones de trabajo y legales hacen prácticamente imposible la representación sindical o la limitan a determinados sectores de actividad.
Llegamos finalmente al sistema político, a las características de la democracia liberal en nuestros días y a la crisis de representación política. En palabras de Guilluy, “Una sociedad sana integra económicamente a los más modestos, los representa políticamente y, culturalmente, los respeta”. Las dificultades de representación política que tienen los partidos en unas sociedades más complejas tienden a resolverse con la simplificación de la política en mensajes que se dirigen a públicos muy concretos y limitados, sectorializando los mensajes y los públicos. La política parece hoy exclusivamente un problema de comunicación política, no tanto de acción. La representación se torna aún más compleja cuando las instituciones financieras internacionales, los poderes financieros y los capitales tienen capacidad de influir en los gobernantes mucho más allá de lo que es visible. Así, tenemos poderes ejecutivos fuertes hacia dentro, se podría decir que impermeables a las demandas sociales, y débiles hacia fuera, pendientes de cuotas de aprobación exterior representadas en los valores obtenidos en las agencias calificadoras de riesgos.
El descontento, la desconfianza política de la ciudadanía, se manifiesta en las calles, en los estallidos, pero también en las urnas a través de resultados electorales imprevistos: el éxito de políticos “antipolítica”, el auge de la ultraderecha, el vuelco conservador en muchos países de América Latina, la volatilidad del voto en determinados contextos… Habiéndose celebrado las elecciones generales el 10 de noviembre pasado, me resulta difícil sustraerme al influjo de los debates y abstenerme de hacer algún comentario. En el caso español, tomaría la entrada en el Congreso de abril y el ascenso de noviembre de VOX como el mejor ejemplo de cómo el malestar social radicaliza el voto. Por otro lado, considero que ni el mejor análisis sociopolítico puede explicar cabalmente que en 48 horas se haya firmado un acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que no fue posible en meses. Me temo que toda la información solo las tienen los propios actores (quienes son más que los que firmaron el acuerdo) y no sé si están en condiciones de compartirla.
Hay tan solo una cosa más que quiero añadir respecto de las elecciones. En diversos medios de comunicación y los partidos de derecha, que se hable del “nacionalismo” significa que se habla de “los independentistas”. A mi parecer, una clave fundamental para explicar los resultados electorales del 10 de noviembre en comparación con los del 28 de abril es la activación del eje del nacionalismo en el último mes con dos acontecimientos que han generado efectos polarizantes: la sentencia al procés del Tribunal Supremo (15 de octubre) y el traslado de los restos de Franco (24 de octubre). El eje del nacionalismo no se representa con una escala 0 (nada nacionalista) a 10 (muy nacionalista) sino en el eje que sitúa en un extremo el nacionalismo centralizador (en este caso, el español) y en el otro extremo, los nacionalismos periféricos (para la ocasión, fundamentalmente, el catalán). Los dos hechos señalados han contribuido a potenciar la combinación en el voto del 10N del eje ideológico y del eje nacionalista, activando el factor territorial. Nuestro sistema político muestra deficiencias importantes en el reconocimiento de la otredad e, indudablemente, en el establecimiento de cauces para el diálogo político. Este es el modo específico en el que se manifiestan en España las dificultades para encauzar las chispas de indignación.
[1] Tarrow, S. 1997. El poder en movimiento. Madrid: Alianza Universidad. Página 304.
[2] Amnistía Internacional ha llegado a la siguiente conclusión: “La intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día”.
[3] Para el caso de la represión en Bolivia, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expuso que “La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo. Los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos”.
[4] Jesús Espasandín y Pablo Iglesias (2007): “Prefacio”, en Espasandín, J.; Iglesias, P. (coords.): Bolivia en movimiento. Acción colectiva y poder político. Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo. Página 10.
[5] Recomiendo la lectura de este informe, especialmente, entre las páginas 9 y 15.
[6] Para el caso de Estados Unidos, enfermedades y declaraciones de quiebra.
